sábado, 16 de diciembre de 2017

El auge de la política brutal

La República
La mitadmasuno
8 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
Una parte de la política nacional se ha transformado en guerra o en una aparente guerra. Los políticos han convertido los escenarios donde se desenvuelven, ellos y las instituciones, en espacios de confrontación extrema, esencialmente el Congreso, los medios y las redes sociales. Este voluntarismo antagónico no excluye la cooperación, particularmente en materia económica, pero ha establecido una plataforma de combate a bayoneta calada.
La política es una batalla cuerpo a cuerpo. Las elites políticas tradicionales tuvieron espacios de cooperación; las actuales –que no sé si deberían ser llamadas elites o solo cúpulas– ejercen una representación difusa de intereses que se ha deslegitimado en poco más de un año y solo existen gracias a la confrontación. En algunos casos, inclusive, la confrontación simulada y la sobreactuación.
Sin posibilidad de un debate de programa que atienda los principales temas de la agenda pública, esta batalla es sobre todo identitaria, un factor que le interesa a los ciudadanos muy poco como contenido. En esta guerra, o guerra simulada, la afirmación es más importante que las preguntas y las tesis, en tanto que las discusiones carecen de sentido práctico. Es la nueva representación del vacío, la hora de los duros, la política brutal o la contrapolítica.
La política brutal tiene sus propias leyes. Empodera a los brutales e histriónicos; premia la banalidad y la injuria; y exige nuevos extremismos renovados. En la TV y la radio se retroalimenta de la brutalización de la prensa. Hay un matrimonio entre los políticos brutales y los comunicadores brutales.
A pesar de su éxito en los medios, la política brutal es pequeña en varios sentidos. Sirve ciertamente para gratificar al personaje, que se hace conocido, popular y generalmente requerido. Quizás sirva también para garantizar una elección o reelección, si fuese el caso. Pero no sirve para nada más. Habría que revisar la lista de políticos con estas características –parlamentarios y ministros– que “brillaron” en el gobierno anterior, para concluir que su ostracismo es total. A algunos, que incluso intentaron una breve candidatura presidencial, les quedan un puñado de seguidores en Twitter y esporádicas invitaciones a los programas cómicos.
Además, la política brutal tiene sus trampas. Es posible que florezca en espacios de confrontación por excelencia, como Twitter, sobre todo si lo practican quienes tienen una menor demanda de responsabilidad pública. Pero quien, desde una posición política más elevada usan sus reglas, no puede pretender que estas no les alcance, que es lo sucedido recientemente con la congresista Yeni Vilcatoma.
Me pregunto si la política nacional retornará del estado actual de brutalización. Me temo que por ahora no será posible. El contexto del Lava Jato peruano es un envidiable caldo de cultivo ya no solo para los ejércitos de trolls, sino para los hombres públicos que fuerzan su radicalismo para llamar la atención de la prensa o para aliarse con causas extremas e injuriosas. El poder de los hashtags inflamados, los memes violentos o de ironía dura (no tengo nada contra la ironía, please), los fake news y gifs animados, es ilimitado.
Esta realidad relativiza la función y legitimidad de las instituciones. La reciente coyuntura, iniciada con la denuncia contra el fiscal de la Nación Pablo Sánchez en el Congreso, marca un hito que es preciso tener en cuenta: es la primera batalla que no se localiza en el Congreso, sino en un hemiciclo virtual y online, hegemonizada no por lo elegidos sino por la alianza entre los medios y las redes sociales. Las otras locaciones, la de los poderes públicos son secundarias y es probable que conforme avancen los días varias de las figuras estelares pasen a ser de reparto.

No habíamos imaginado este desenlace de la guerra política que se libra en el país en los últimos meses. Mientras las principales fuerzas discuten sobre cuál es el primer poder del Estado, su falta de contenido y su huida hacia adelante en esta coyuntura crítica, les está quitando el poder.

Evo Morales por siempre

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en América Latina.
A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009, inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo Morales.
El razonamiento del tribunal boliviano es impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la región.
El inciso 1) del artículo 23º de este tratado señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
El TCP ha señalado que esta redacción es preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”.
Nunca se había usado la Convención Americana sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él.
Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido.
Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado.

El fallo del TCP colisiona con la tradición constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder. Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y, aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de 1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo.

Corrupción, el espejismo brasileño

La República
La mitadmasuno
24 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
La lucha contra la corrupción ha entregado resultados en las últimas semanas. La información y las diligencias recientes representan un pequeño impulso del sistema de justicia hacia arriba y hacia adelante, suficientes para transformar el Lava Jato peruano en un proceso contra la clase política nacional, el resultado más significativo que emerge del balance del primer aniversario del estallido de la corrupción brasileña en el Perú.
Este rasgo del proceso es igual al registrado en Brasil, aunque otras similitudes escasean. El curso que ha tomado el proceso peruano indica la fortaleza del sistema para evitar grietas en sus muros de contención y, al mismo tiempo, soslayar los cambios. Increíble giro para una corrupción subsidiaria, considerando que el volumen de las denuncias hacía suponer procesos menos controversiales, pero con mayor efecto político. Al revés, lo que tenemos son menos consecuencias y más impugnación de las decisiones judiciales.
A estas alturas, Brasil es quizás un espejismo. A diferencia de nuestros vecinos, aquí no se ha producido un pacto de impunidad entre los políticos, sino que cada sector de la elite gobernante ha cavado su propia trinchera que opera con sus propias reglas, la más importante de las cuales es la denuncia y acción solo contra los adversarios, en tanto se protege a los partidarios. En el tablero general escasean los actores públicos que apoyan resueltamente la acción de la justicia. Como consecuencia, el Perú carece de una movilización social contra la corrupción, una ausencia que deja literalmente aislados a la Fiscalía y al Poder Judicial.
Desde que estalló la crisis no hemos visto a la sociedad civil en acción, de modo que, a diferencia de Brasil, no hubo aquí una transición anticorrupción. Modestamente, solo se aprecia un vacío institucional y social, un cuadro poco dinámico que evidencia la ausencia de liderazgo y de las grandes ideas para la reforma en favor de la transparencia, o por lo menos una discusión activa. La revisión de las agendas de los centros de pensamiento nacional muestra la falta de centralidad de la corrupción.
Por esa razón, a un año del estallido del Lava Jato peruano, el segundo rasgo de nuestro proceso es la falta de alternativa; contra los deseos de entonces, esa explosión no se ha transformado en un juicio resuelto contra el modelo de democracia sin cambios del ciclo 2001-2016. Al perderse el instante revolucionario que implicó las revelaciones de diciembre del año pasado, lo que se ha impuesto es un “que se vayan todos” en código pasivo.
Hemos pedido la oportunidad de una épica nacional anticorrupción. En cambio, las que relumbran son las guerras civiles entre “tu corrupción y la mía”. Esas guerras no han logrado alinear favor de algún bando a la opinión pública, la que se muestra mayoritariamente dispuesta a no creerle a nadie y a reclamar castigo para todos.
Entre los tres posibles desenlaces advertidos hace un año: el democrático-reformista que ataje la impunidad, sustituya al liderazgo y reforme las instituciones; el populista-penalista que sancione a medias a los responsables y que deje pasar la oportunidad de cambio; y el conservador-legalista que deje todo en manos de jueces y fiscales, a quienes luego responsabilizar; se ha impuesto el tercero, con un ligero cambio: la hostilidad ahora hacia la fiscalía y probablemente más adelante hacia los jueces.

No habría que descartar otros dos asuntos que atañen al proceso. El primero, que el sistema derrote este pequeño esfuerzo en favor de la transparencia pública, una tendencia que convive con los avances registrados cada cierto tiempo. La batalla por la colaboración eficaz es quizás la clave de la que depende el éxito o el fracaso de la lucha contra la corrupción, algo que en Brasil no estuvo en debate desde el inicio del Lava Jato. El segundo, la vigencia de los políticos y los partidos cuestionados; en eso sí Brasil nos enseña el camino; Lula, el más cuestionado de los líderes, encabeza las preferencias electorales.