miércoles, 6 de septiembre de 2017

Baja baja PPK (I) y (II)

La mitadmasuno
1 de setiembre de 2017
Juan De la Puente

La historia se repite. Ese es uno
de los errores de la historia.
Charles Darwin 
Prefiero analizar la política peruana actual como una sucesión de microciclos de tensión seguida por otra de cooperación, y no como una línea ascendente y ardiente de cara al abismo. El error de la agregación simple de hechos, frecuente en los análisis planos, conduce a predicciones rupturistas que fracasaron respecto de los tres últimos gobiernos. 
El deporte nacional de pronosticar caídas tiene sus reglas; las más importantes dicen: 1) que todo gobierno que se debilita, cae irremediablemente; 2) que los gobiernos se debilitan por errores del manejo cotidiano; 3) que la receta para que aumente la aprobación presidencial es cambiar de ministros; y 4) que para enfrentar las crisis, los gobiernos deben “hacer política”, una pócima que con solo tomarla, arregla las cosas.
Nada de esto funcionó en los casos de Toledo, García y Humala, pero la receta se repite a propósito de la caída de 13 puntos de la aprobación de PPK en la reciente encuesta de GfK. La popularidad descendente de los gobernantes es un problema estructural de nuestra democracia post Fujimori. Nuestro sistema opera con presidencias precarias frente a la sociedad, más que ante los otros poderes.
Específicamente, esta debilidad no está condicionada por la posición del Ejecutivo frente al Parlamento. Por esa razón, las mayorías parlamentarias que se fabricaron los gobiernos en 13 años del período 2001-2016, no mejoraron la percepción de los ciudadanos. La crisis de PPK es también la de nuestro presidencialismo sin reformas.
La desaprobación presidencial a la peruana está cocinada con varios insumos y entre ellos se incluyen los errores del día a día, qué duda cabe. Pero olvidamos con frecuencia que los ciudadanos no abordan la política como los medios, es decir, con intensidad y tenacidad (basta apreciar el bajo porcentaje de encuestados que declaran estar informados de hechos que los medios abordan todos los días), sino a través de expectativas, claramente jerarquizadas en función de sus intereses. De hecho, las angustias coyunturales de los medios y políticos, que viven febrilmente el corto plazo, son mediatizadas por la sociedad que mantiene convicciones más estables y generalizadas. Cinco puntos menos en la aprobación de un político les angustia menos, obviamente porque las masas no juegan necesariamente y todo el tiempo en el corto plazo político.
La secuencia lógica de la elite opinante que asegura que a menos aprobación presidencial es más cercana la caída del gobierno, carece de evidencia en los últimos 15 años. Aún más, las caídas de cuatro gobiernos entre 1962 y 1992 fueron por golpes de Estado (y un autogolpe) que no tuvieron relación directa con las aprobaciones presidenciales Y, al revés, tuvimos dos presidentes que recientemente gobernaron con el agua al cuello (Toledo y Humala) sin que el sistema se descosiese, ya no que se rompiese.
Siempre puede haber una primera vez; en tanto, una mirada regional indica que en la última década el abandono de presidentes del poder se debió a otras razones, como golpe de Estado tradicional (Honduras, 2009), renuncia por presión de la calle (Guatemala, 2015), o golpes “constitucionales” avezados contra gobiernos que no eran débiles en aprobación ciudadana (Paraguay, 2012; y Brasil, 2016).
Los porcentajes de PPK no desmienten su debilidad, pero resulta que no es el único dato de la realidad; al costado de las cifras presidenciales se encuentran siempre otros hallazgos sobre la debilidad del Congreso y las convicciones democráticas de los peruanos que también forman parte de nuestra gobernabilidad, estable pero conocida, y que expone un fenómeno: el sistema más fuerte de lo que pensamos y queremos. 

Lo dicho no significa que PPK tenga una presidencia 100% asegurada y que no necesite procesar cambios y desarrollar alianzas y acuerdos. Pero creo que el problema del país no es el cambio de presidente sino es el cambio; cierto que son los hombres, pero no solo sus errores personales, sino sus orientaciones.

http://larepublica.pe/politica/1094514-baja-baja-ppk-ii
La República
La mitadmasuno
8 de setiembre 2017
Juan De la Puente
Respecto al gobierno actual se insiste en algunos ángulos planos de análisis rupturistas que aprecian un escenario que prescinde del consenso a palos que amarra a los poderes y los obligan a microciclos de tensión y cooperación. El esquema de “caída inminente” tiene algunas reglas: 1) que todo gobierno que se debilita, cae irremediablemente; 2) que los gobiernos se debilitan por errores del manejo cotidiano; 3) que la receta para que aumente la aprobación presidencial es cambiar de ministros; y 4) que, para enfrentar las crisis, los gobiernos deben “hacer política”.
Una parte de la desaprobación de los gobiernos pos Fujimori está hecha de errores en el manejo cotidiano de lo público, ese conjunto de desaciertos que desnudan incoherencias dentro de los gobiernos, reacciones tardías, disidencias y la gestión deficiente de conflictos. Otra parte se debe a la acción de las fuerzas opositoras que cumplen su papel con los límites que el sistema tolera y manda, es decir, sin violar el pacto republicano de la competencia legítima.
La parte acaso más importante es la desaprobación de políticas y de las grandes realizaciones, que se traduce en la falta de ideas fuerza y la ausencia de liderazgo público. El presidencialismo peruano que debió ser reformado luego de la caída de Fujimori, no es el mismo que gobernó entre 1980-90. Fue herido gravemente por la antipolítica, el unicameralismo, el voto preferencial y el sacrificio de la política en el altar de la economía.
¿Se acuerdan del primer mandamiento que rezaba: que los políticos no se metan con la economía, y que mientras tengamos una buena economía, ¿qué importa la mala política? Era el argumento final del piloto automático.
Los valores que hacen un buen gobierno se fueron acumulando en las encuestas en el rubro “por qué desaprueba al gobierno”. Las respuestas eran y son: porque no cumple sus promesas, no combate la corrupción, no lucha contra la delincuencia, y no trabaja para los más pobres, entre otros. Ninguna respuesta hace alusión a las técnicas de manejo cotidiano del poder que tanto encandilan a ciertos estrategas.
Cuando se registran aumentos abruptos de aprobación al gobierno por algún hecho fortuito, estos tienen una cortísima duración porque la luna de miel no es aprovechada para un posicionamiento estratégico. Al mismo tiempo, los políticos que han gobernado en clave de reformas y de largo plazo, están entre los más reconocidos como exitosos.
No conocen a las masas quienes creen que están presas de la coyuntura y se deslumbran con poco. En la encuesta de GfK de julio, a la pregunta sobre qué temas debería abordar PPK en su mensaje de 28 de julio, la mayoría contestó: lucha contra la delincuencia, lucha contra la pobreza, reforma educativa, reformas en salud, lucha anticorrupción, sueldos y salarios, crecimiento económico, y programas sociales.
Ante esta mayoría social que pide cambios, la elite que hace y que opina se atrinchera en el corto plazo. Por ejemplo, he leído poco sobre la exigencia a los 6 grupos que participaron en las elecciones de que cumplan sus promesas electorales en el lugar donde los puso el voto ciudadano. En cambio, la política se llena de ideas, proyectos, leyes y programas que son formulados prescindiendo de un asunto clave en un régimen democrático: que hubo elecciones y compromisos asumidos de cara al país.

La furia del corto plazo les quita oxígeno al gobierno y a la oposición, y produce locuras en ambos lados, la última de ellas, por ejemplo, la resistencia a autorizar el viaje del presidente a la ONU y a ver al Papa. Esa furia loca que cubre lo público y coloniza los medios y la mayoría de análisis, está vacía, tiene política pequeña –micropolítica–, gestos idiotas que se quiere pasar por “política” y un enorme potencial destructivo de las opciones en mediano plazo, aún en la hipótesis de que los jugadores del corto plazo loco y furioso triunfen electoralmente.

La izquierda de todos los derechos


http://larepublica.pe/politica/1078292-la-izquierda-de-todos-los-derechos
La República
La mitadmasuno
25 de agosto de 2017
Juan De la Puente
La izquierda se ha empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la evaluación magisterial.
Un importante sector de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.
He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.
Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí, evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas (67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no trabajan (70%).
No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.
La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios; o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se desconocen los derechos de los consumidores.
En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y el pacto social entre los trabajadores y el Estado.

La agenda social irrumpe, contra todos

http://larepublica.pe/politica/1075340-la-agenda-social-irrumpe-contra-todos
La República
La mitadmasuno
18 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Si el primer año del gobierno de PPK estuvo marcado por la oposición política, un escenario donde la tensión entre los poderes fue el principal elemento de la gobernabilidad, el segundo se inicia con una atmósfera modificada y desafiante: la oposición social y su capacidad de ser la piedra angular de esa gobernabilidad.
Este tránsito de lo estrictamente institucional a lo social no es del todo convencional. Contiene elementos que hacen presumir una mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los grupos tradicionales y la escasa capacidad de estos y de los poderes públicos para abordar y asimilar este nuevo momento de la relación entre los ciudadanos y el sistema político.
Desde el año 2000 tuvimos contextos combinados o mixtos, donde la oposición política desde el Parlamento o fuera de él se trasladaba a las calles. En un sentido inverso, la movilización social generalmente autónoma se articulaba con la oposición política encontrando en su camino aliados y respaldos. Esto sucedió en los gobiernos de Toledo, García y Humala en conflictos como el “Arequipazo” (2002), Cerro Quillish (2004), Combayo (2006) “Moqueguazo” (2008), “Baguazo” (2009), Conga (2012) y Tía María (2015), entre otros.
Salvo la huelga de Salud del año 2014 –que duró 150 días y abrió el debate de la reforma en el sector– estos conflictos eran territoriales, con direcciones localistas y programas específicos. Lo nuevo de la huelga magisterial es que iniciándose como un movimiento macrorregional se ha convertido en un asunto nacional, con dirección nacional y un programa que al paso de los días se transforma en general. ¡Vaya que sí hay cambios!
Existe espacio y motivo para discutir la actitud del gobierno y la tardanza en resolverlo, aunque esta demora no es exclusiva de PPK. No entiendo, sin embargo, la resistencia de ciertos grupos políticos y especialistas a mirar dentro del movimiento, incurriendo en errores de apreciación y el abuso de la agregación y simplificación. No hay análisis más de chato de una gran huelga que reducirla a solo una huelga.
La movilización magisterial presenta un contexto que debería ser parte del análisis, y estar en la base de la solución: 1) es una huelga que forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) es un acto de confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) es un movimiento cuya dirección está ubicada en el extremo izquierdo del escenario; 4) se lleva a cabo en el contexto de la disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) prioriza la demanda económica, rechazando expresamente la reforma para mejorar la calidad de la educación.
La huelga tiene una base inicial salarial legítima, pero es más que eso. Ampliado el movimiento gracias a los errores del gobierno, no puede negarse que es “contra Lima”, contra los poderes que ignoraron las demandas salariales las últimas décadas, y contra la reforma de la carrera magisterial, el único esfuerzo serio realizado desde el Estado en favor de la educación pública luego del fracaso reformista de los años 70.
Si seguimos la lógica de los grandes conflictos desde el año 2002, la huelga se dirige a una capitulación del Estado, quedando pendientes los costos económicos y políticos de ese desenlace. Lo que no puede determinarse aún es si la autonomía del movimiento persistirá, o será derrotado por otra ecuación vigente los últimos años: demandas fragmentadas más demandantes igualmente fragmentados. La otra pregunta es si la irrupción de un nuevo radicalismo sindical y político –más allá del Sutep– desbordará a quienes hoy los aplauden o los miran desde el balcón.

Desde que el Apra fue desalojado de los sindicatos y gremios estudiantiles entre los años 60 y 70, el tránsito desde lo social a lo político partidario ha sido una operación realizada por la izquierda y casi de memoria. No sabemos si en este nuevo momento, un nuevo radicalismo social tomará su lugar en las instituciones.

El luminoso sendero social

         http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social
La República
La mitadmasuno
11 de agosto de 2017
Juan De la Puente
En los años 80, Sendero Luminoso asesinaba a los dirigentes populares porque sostenía que la única función de los sindicatos y organizaciones sociales era anunciar y sostener la “guerra popular”. Quienes demandaban mejores salarios y bienestar eran traidores que merecían ser aniquilados. Con ese pretexto fueron asesinados centenares de dirigentes del SUTEP y profesores universitarios. Me acuerdo ahora de tres de ellos, amigos míos y compañeros: Cirilo Meza Porta, sutepista y alcalde de Tantamayo (Huánuco) asesinado en 1984 frente a sus alumnos; Fermín Azparrent, antiguo dirigente magisterial, alcalde de Huamanga, asesinado en 1989; e Iván Pérez Ruibal, asesinado cuando preparaba sus clases en la universidad del Cusco, en 1991.
El terrorismo, derrotado militarmente, se ha reinventado políticamente. Y tiene éxito. Sendero Luminoso es ahora la fuerza más dinámica y en alza en el movimiento sindical peruano; forma parte de una tendencia amplia y radical en la que caben otras expresiones maoístas o posmaoístas cuyos rasgos son: 1) una firme recusación de las dirigencias sindicales de la izquierda tradicional; 2) un programa extremadamente economicista que aborrece las políticas públicas de mejora de la prestación de los bienes públicos; y 3) una política de alianzas pragmática, de pactos inimaginables contra el enemigo común, según sea el caso.
Esta práctica tiene como resultado la formación de una nueva representación sectorial y local que se ha hecho nacional con la huelga magisterial actual, la más importante movilización social autónoma de los últimos años, y que consolida una penetración sostenida en universidades, minería informal/artesanal, grupos cocaleros y sindicatos en el sector público.
Frente a este fenómeno, algunos intentan apreciar la huelga magisterial con el esquema convencional de la correlación interna del SUTEP, celebrando los reveses del partido político que dirige este sindicato. Otros, entre ellos el Frente Amplio y otros grupos de izquierda y parlamentarios, respaldan su economicismo basados en las legítimas expectativas salariales de los maestros, sin exigir a sus dirigentes un compromiso con los estudiantes y con la calidad de la educación. Es la micro-política llevada al conflicto social.
Este es un momento de ruptura y redefinición en los movimientos sociales, donde se aprecia por un lado la afirmación de tendencias con enfoques de derechos –sobre todo ambientales y de género– y, por el otro, la recreación de opciones populistas desinteresadas de reformas; populares, claro, pero que no dejan de ser populistas.
Esa debería ser la matriz del debate respecto a los conflictos actuales. La simplificación de algunos análisis (diálogo vs. no diálogo, SUTEP oficial vs. bases) impide una reflexión sobre ciertas tendencias regresivas. Si bien es injusta la acusación de que todos los maestros en huelga son simpatizantes del MOVADEF, un análisis objetivo debería indagar más sobre por qué grupos que se niegan a condenar el terrorismo como método político dirigen a miles maestros peruanos, y qué razones existen para que los maestros acepten esa dirección. En ambos hechos hay lugar para el asombro, a lo que se agregan otros como el respaldo de gobernadores regionales corruptos que no tienen ni idea de un proyecto educativo regional.
En 1972, en el Cusco, una ofensiva básicamente economicista y enfilada contra el gobierno de Juan Velasco, bajo el impulso del maoísmo, el aprismo y otros grupos, fundó el SUTEP como alternativa al otro sindicato magisterial, el FENEP, iniciando el bloqueo de los cambios que el gobierno militar pretendía en la educación. Ahora, 45 años después –con epicentro por coincidencia localizado también en el Cusco–, el maoísmo y posmaoísmo, derrotados militarmente y renacido sindicalmente, han descargado un golpe demoledor al SUTEP oficial, pero han dejado seriamente afectada la reforma magisterial, la más importante de las últimas décadas. Espero que lo sucedido no anuncie una refundación regresiva del sindicalismo y el abandono de una política pública de la calidad educativa.