Secreto, Defensa Nacional e interés público. El caso Panorama.

Por Juan De la Puente

Secreto no es lo que tú quieres, lo que yo quiero o lo que quiere el Estado o alguna autoridad. Los secretos son materia de regulación en un orden democrático. Son colectivos (nacionales) y privados. La ley establece procedimientos para resguardarlos y esta labor se hace más compleja en el caso de los secretos nacionales o mal llamados “de Estado”. Felizmente, a diferencia de hace 100 años, lo que es un secreto nacional ya no corresponde a la discrecionalidad de las autoridades y en eso el país ha avanzado de la mano del artículo 5° de la Constitución sobre la transparencia de la información del Estado y su ley de desarrollo constitucional.

El debate sobre la acusación de los periodistas de Panorama, de Panamericana TV, nos devuelve al debate sobre el “secreto de Estado”. El último reducto de ese secretismo son las FFAA que pretenden ensanchar el natural secreto que rodea a la Defensa Nacional a casi todos los actos castrenses.

Tengo un respeto patriótico por las FFAA y por eso creo que las perjudicadas con esa tendencia a absolutizar el secreto son ellas mismas. Si queremos ayudarlas librémoslas de las práctica corruptas que se esconden tras el secreto.

1.- Sostengo, en relación a la denuncia del Ministerio de Defensa (MINDEF) contra los periodistas Rosana Cueva, Karina Novoa y Jorge Ipanaqué por la supuesta infracción del artículo 330° del Código Penal, un artículo del Código Penal que pertenece a un capítulo denominado Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, que es un claro abuso de poder y reitero que un estudiante del primer curso de Derecho Penal sabe que ese artículo no se aplica a la labor periodística.

2.- El mencionado artículo 330° señala en su tipo básico: “El que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años”.

3.- El tipo objetivo de este delito, es decir, sus características reclama varias condiciones: 1) que exista un secreto definido de acuerdo a las leyes vigentes; 2) que este secreto sea “nacional”; y 3) que exista un interés de la República porque permanezca como tal. Estos elementos no son caprichosos. El Comercio publica hoy (6.7.2016) información relevante proporcionada por especialistas que abundan en el concepto de “secreto”, siendo el requisito esencial de su existencia que una resolución lo considere como tal y se inscriba de ese modo en un registro correspondiente.

4.- Queda claro que la condición de secreto no lo decide ni siquiera discrecionalmente una autoridad sino que adquiere esa condición en base a un procedimiento pre establecido. Preciso ahí que desde el artículo 5° de la Constitución, el secreto es una excepción y que la información pública es la regla general.

5.- Hay más sobre la relación entre el secreto y la defensa. No todo secreto militar es secreto nacional, no todo secreto está relacionado con la Defensa Nacional, no es lo mismo Defensa Nacional que orden interno, y finalmente no todos tenemos las mismas restricciones ante los tópicos reservados. El Tribunal Constitucional, cuando el año 2006 analizó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el  Colegio de Abogados de Lima contra el Decreto Legislativo N.° 961, Código de Justicia Militar Policial (STC N°0012/2006/AI) dejó sentada jurisprudencia sobre varios aspectos de este norma y del Código Penal.

6.- En la disputa planteada en este caso entre el CAL y el MINDEF, este interpreta el artículo 330° del Código Penal así: “Secretos de Estado, revelación: aquella conducta mediante la cual el agente obra por lucro o cuando hace accesible a un Estado extranjero secretos que el interés de la República exige guardarlos. El TC no contradice esta definición y en cambio precisa que el orden interno es concurrente, complementario y subsidiario tanto del orden público como de la Defensa Nacional, que consiste en aquella situación de normalidad ciudadana que se acredita y mantiene dentro de un Estado, y que el orden interno es sinónimo de orden policial. Como se ve, aquí no hay una visión de sinónimo automático entre el secreto y Defensa Nacional y que el artículo 330° está hecho para las FFAA.

7.- Hay más, en la contienda de competencia sobre el caso del traidor suboficial de la FAP Víctor Ariza (Resolución N° 37/2009 Sala Penal Permanente), la Corte Suprema define como secreto militar el ámbito referidos a los medios de defensa del país. No todo secreto es sobre la defensa.

8.- ¿A quienes se aplicaría el artículo 330° según esta jurisprudencia? De hecho no a los militares y policías que ya tienen su fuero para los delitos de función como lo ha demostrado el caso Ariza, sino a civiles que revelen un secreto que la República –no un sello- crea que lo es con arreglo a ley. ¿Quiénes son la República? Supongo que no se me dirá que es el MINDEF; la Republica son sus órganos constituidos (antes llamados poderes) que proceden de acuerdo al pacto republicano; gobierno elegido, gobierno alternado, gobierno previsible y gobierno responsable.

9.- Sería un retroceso para la legalidad que triunfe la idea de que en el Perú el secreto es automáticamente militar y su determinación solo depende de una orden no registrada legalmente.  Al contrario, ceo que los colegas de Panorama han procedido en función del interés público y más aún si es que como ya está acreditado no hubo ánimo de lucro y si desde el propio Ejército se ha levantado la reserva del caso cuando el oficial a cargo respondió a una entrevista.

10.- El interés público es un valor básico para la defensa de la legalidad y de la transparencia. El TC ha desarrollado el concepto de interés público (Exp. N° 1797/2002/HD) como una figura que fortalece el ejercicio de las libertades informativas. En relación al acceso a la información del Estado, señaló tempranamente que este tiene la obligación de probar que existe un apremiante interés público por mantener en reserva o secreto la información pública solicitada y, a su vez, que sólo manteniendo tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstitucionalidad. También significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado.

11.- Cuando se debatía la Ley de la Mordaza, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sistematizó el ámbito del interés público del siguiente modo: “Califican como materias de interés público: 1)Asuntos o materias que inciden en el funcionamiento irregular del Estado, 2) Materias que afectan derechos o intereses generales; 3) Aspectos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas; 4) Asuntos que incidan o afecten a funcionarios, servidores públicos o personas que bajo cualquier modalidad laboran o prestan servicios para el Estado, a propósito de sus funciones, 5)  Asuntos que incidan o afecten a personas que sin ser funcionarios o servidores públicos ni prestan servicios o laboren para el Estado, desempeñan cargos, profesiones o actividades de relevancia públicas, siempre que exista relación con tales cargos, profesiones o actividades; y 6) Asuntos sobre los que la sociedad en su conjunto tiene un legítimo interés en mantenerse informada, como por ejemplo, la comisión de delitos o conductas de manifiesta contrariedad ética.

Seis resultados electorales inéditos

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La República

La mitadmasuno

24 de junio de 2016

Juan De la Puente

Una campaña electoral está hecha de grandes y pequeños actos y procesos. No todos son decisivos, pero se eslabonan y catalizan en grandes resultados. Anotarlo es conveniente porque la victoria de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) es explicada desde un solo fenómeno o a lo sumo dos, el antifujimorismo y el caso Ramírez/Chlimper.

Tengamos cuidado con las explicaciones monocausales. En el análisis político abusar de la agregación o desagregación lleva a dejar caer razones cruciales; la idea de que los hechos políticos “se producen” y no solo “acontecen” no es un capricho semántico.

Hay que pelar la cebolla. El Perú acaba de pasar una pequeña gran revolución; en apenas ocho meses ha terminado de morir un viejo sistema político nacido hace 35 años con las elecciones de 1980 y que, herido, se restauró el año 2000 luego de la caída de Alberto Fujimori. Al sistema de 1980 lo han matado millones de votos y una política emergente, un tipo no clásico de hacer la política que instauró Fujimori en 1992, la antipolítica.

Este es el momento más feliz de esa antipolítica, aunque algunos académicos han buceado bastante para entregarnos una imagen distinta, idealizando una épica entre el fujimorismo, una formación grande, organizada y compacta, y el resto de grupos precarios. La forma como acabaron las dos vueltas electorales indican que la precariedad es común a todos y que lo que tuvimos ante nosotros fueron grandes movimientos y/o coaliciones sociales más que formaciones partidarias, en una elección azarosa donde la casualidad ha ido de la mano con la racionalidad.

Con su victoria total, la antipolítica podría haber llegado a su límite y carecer de fuerza para definir las reglas de una gobernabilidad marcada por los vacíos. Si se recomienda estudiar fenómenos, sugeriría partir de uno: durante las elecciones la crisis de la política se ha expresado a través de varias identidades “antis” –no solo una– poderosas y en algunos casos convergentes, ineludibles de cara al futuro. Antifujimorismo, antiizquierdismo, antialanismo, antisistema, antielitismo, anticorrupción, anticentralismo, antiprivatismo, antiestatismo son expresiones que en distinta identidad han definido la micropolítica electoral y la macropolítica, la de la gran escena.

En ese contexto, una épica antifujimorista permitió la irrupción del Frente Amplio, y otra épica antiizquierdista impidió que este pasara a la segunda vuelta. Una tercera épica que podría rotularse como democrática/antifujimorista (en ese orden) impulsó a PPK a ganar la elección en una pasajera polarización electoral.

No existe en el escenario una política programática y afirmativa sino una política contestataria. El reto hacia el 2021 no es incrementar los antis sino desarrollar las identidades. Curiosamente, ese es el desafío de la derecha y de la izquierda, aunque la identidad populista en su sentido más amplio es la principal tentación en ambas.

El resultado electoral deja un cuadro de efectos nuevos. Sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo. Son tiempos inéditos: 1) Nunca, en las cinco veces en las que se llevó a cabo segundas vueltas electorales, el candidato que obtuvo poco más de 20% de votos válidos en la primera vuelta había derrotado a quien obtuvo el 40%; 2) Nunca antes, la izquierda había sido tan decisiva para que una facción de la derecha le ganara a otra facción de la derecha; 3) Nunca antes, los herederos políticos de un golpe de Estado estuvieron 24 años después de ese hecho a las puertas de recuperar el gobierno por la vía democrática; 4) Desde hace 60 años, cuando se eligió a Manuel Prado, un candidato orgánico del mundo financiero no había ganado unas elecciones; 5) Desde ese año, las elecciones construyeron mayorías políticas, a excepción de la de 1963 (Fernando Belaunde) y del reciente proceso electoral; y 6) Nunca antes, el grupo que perdió las elecciones se había quedado con el 56% de los escaños parlamentarios, más allá de la mayoría absoluta, y el grupo ganador solo con el 13% del Congreso.

Nuevo dilema, pacto o proyecto

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La República
La mitadmasuno
17 de junio de 2016
Juan De la Puente

El Perú no tendrá un gobierno de coalición entre los que ganaron y perdieron la segunda vuelta. No tendrá un gobierno minoritario sobrellevado por la mayoría parlamentaria fujimorista. Y tampoco tendrá un gobierno respaldado por los otros grupos que perdieron en la primera vuelta, a excepción quizás de Alianza para el Progreso.

La futura gobernabilidad es hasta ahora una adivinanza cuya respuesta empieza apenas a elaborarse, un modelo a organizarse hasta que se constituya el gabinete y acuda al Congreso a reclamar el voto de confianza. En el proceso destacan por ahora tres elementos: 1) Fuerza Popular ha empezado a dejar de poner condiciones para el diálogo; 2) El Frente Amplio no será parte del gobierno y es probable que pasa a la oposición en el primer tramo del partido; y 3) sobran mediadores y bisagras para los pactos arriba/arriba.

El temor respecto de una cerrazón inicial del fujimorismo, que haga débil el inicio del gobierno de PPK, se ha conjurado en parte. Un simple saludo en pocos días entre el Presidente Electo y Keiko Fujimori podría no resolver ningún contenido por ahora pero habrá desbloqueado el proceso político.

En adelante, el gobierno que se instalará el 28 de julio puede tener ante sí hasta cuatro alternativas para procesar consensos: 1) el acuerdo de “líneas rojas”, una especie de pacto expreso sobre grandes temas públicos, luego de lo cual cada grupo tendría vía libre para oponerse o aprobar el resto; 2) la colaboración “llave en mano”, es decir, la delegación de facultades para políticas de inicio de gestión que podrían referirse a los temas sobre los que trabaja actualmente el equipo de PPK (reactivación y formalización, anticorrupción, seguridad e inversión social); 3) la colaboración “express” sobre temas específicos, puntuales y de consenso rápido; y 4) el consenso “a palos”, es decir, los acuerdos alcanzados luego de tensas negociaciones y roces en los que la mayoría del Congreso recorte y lime las iniciativas del Ejecutivo.

Es evidente que al gobierno entrante le serían convenientes las dos primeras fórmulas de relacionarse con el fujimorismo y con el resto de la oposición. En cambio si el proceso desembocara en las otras dos modalidades, el Ejecutivo tendría que buscar más apoyos sociales que le permitan enfrentar mejor su relación con el Parlamento. Más política de cara al país y a los medios.

En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que en el Perú los pactos expresos y tácitos son moneda corriente y que especialmente en los últimos 15 años se han acordado pequeñas y grandes normas e instalados mecanismos de concertación, sobre todo sectorial. No obstante, el foro más concertador que desde el año 2001 se llama Congreso y es poco probable que desde el 28 de julio haya veda de acuerdos.

Es justo decirlo que en nuestra política también existe vergüenza por el pacto aunque no parece ser la marca de los partidos sino de los caudillos. Esta vez sin embargo, dos realidades del posconflicto electoral condicionarán los acuerdos arriba/arriba: 1) el dilema entre pacto vs proyecto que toca al fujimorismo y al Frente Amplio; 2) y la necesidad por ahora insatisfecha de que los acuerdos sean para el cambio y no para la continuidad.

La rápida reubicación de Keiko Fujimori, que reorienta su relación con PPK con una mirada puesta en el 2021 y no en el 5 de junio hace prever que el fujimorismo ensayará una oposición pendiente de las demandas sociales, menos condescendiente con la inspiración económica del nuevo gobierno. En la misma línea, el Frente Amplio condicionará su relación con el Ejecutivo a la agenda social ahora poco visibilizada. En ese contexto, serían los grandes temas que la política se resistió a abordar los últimos 15 años  los determinantes de los alcances y límites de la gobernabilidad, los únicos que sirviendo para el consenso político también permiten a los actores políticos ganancias para el mediano plazo.

El país de las tres mitades

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La República

La mitadmasuno

10 d junio de 2016

Juan De la Puente

La división electoral del Perú en dos es una realidad. Toda segunda vuelta tiene ese efecto pero la reciente fue especial porque partió al electorado en dos mitades casi exactas y desafiantes. Keiko avanzó poco desde el 40% obtenido en la primera vuelta y PPK lo hizo en una mayor medida, desde el 22% alcanzado el 10 de abril. A ello se debe que la mitad vencedora sea más heterogénea que la que perdió.

Luego de las elecciones, el hecho es que las dos mitades no son enteramente dueñas de los votos alcanzados. La división electoral ha sido transitoria considerando el abismo de representación y puede ser engañosa a la hora de la búsqueda de la gobernabilidad. Visto el proceso en su conjunto, la división electoral ha dado paso a la división política que es la que contará en adelante, es decir, un país dividido en tres mitades (con el perdón de Pitágoras y Euclides): 1) la que ha ganado; 2) la que ha perdido; y 3) la que expresa los intereses de otros ámbitos del Estado, los otros grupos políticos y las expectativas sociales vastas y heterogéneas en juego, expuestas en brechas sociales, territoriales y generacionales, cuya magnitud se empieza a estudiar.

Seria inexacto afirmar que las candidaturas de PPK y Keiko no representaron una parte de esas expectativas, pero sería igualmente equívoco sostener que esa representación fue total y que entre ambos grupos cierran con candado la gobernabilidad. Una visión tan absoluta no consideraría el inédito escenario electoral, la cobertura de ambas formaciones, la escasez de sus militancias, la atípica elaboración de las listas parlamentarias, el clientelismo en la campaña y el decisivo peso de las contracampañas.

Repartirse la gobernabilidad entre las primeras dos mitades obviando a la tercera sería muy riesgoso. La viabilidad de los pesos y contrapesos elegidos no está garantizada en un país que ha perdido músculo institucional y donde todos los grandes conflictos sociales han terminado en capitulaciones del Estado. Un consenso arriba/arriba sin mirar a la sociedad sería una ofrenda a la crisis de representación.

Lo que el país tiene al frente es una nueva transición o la promesa de ella, ya no la que operó el 2001 desde el autoritarismo a la democracia –cancelada bruscamente por Humala– sino desde la precariedad hacia la institucionalidad, aunque la que pueda recobrarse sea mínima. Ese es el sentido de las reformas que entraron por la ventana al proceso electoral, ausentes en los iniciales planes de gobierno.

El modelo de gobernabilidad no podrá prescindir del juego gobierno-oposición y de allí que los llamados a hacer un “gobierno de hermanos” o un “gobierno de primos” integrando al fujimorismo al gabinete tienen pocas probabilidades de éxito.

En este modelo caben en cambio otras figuras del diálogo político sobre el que ya se refirió PPK. La primera es el pacto nacional sobre cuatro o cinco grandes temas de la agenda pública (acaso seguridad, crecimiento, corrupción, desarrollo sostenible y descentralización) planteados de cara al país y discutidos ante él, y que involucre a todo el arco partidario parlamentario, a los otros ámbitos del Estado y a la sociedad civil. Por ejemplo, un acuerdo por la seguridad no puede prescindir del P. Judicial y del Ministerio Público, en tanto que el relanzamiento de la descentralización no puede alcanzarse sin los gobiernos locales y regionales. El espacio ideal para procesar este pacto arriba/arriba/abajo es el Acuerdo Nacional.

El Perú necesita un pacto republicano, un acuerdo que incluya líneas rojas que no deben ser cruzadas y es lo mínimo que se les puede pedir a los grupos que perdieron las elecciones sin que esto signifique que renuncien a su papel opositor al que tienen derecho. Un pacto nacional no le impedirá al nuevo gobierno intentar luego acuerdos específicos con la fuerza mayoritaria en el Congreso o integrar al gobierno a grupos que desean asumir posiciones en el gabinete.

Brexit: un golpe a la democracia representativa

Por Juan De la Puente

Europa puede llenarse de referéndums que podrían marcar sucesivos golpes destructivos y masivos a la más avanzada experiencia integradora -no imperial y pacífica- de la historia. La ultraderecha europea y no pocos grupos de ultraizquierda excitados con el Brexit del Reino Unido (RU) quieren convertir su victoria en una revolución nacionalista a escala continental.

¿Cómo sucedió?

¿Cómo sucedió esto? Una parte de la tragedia se lo lleva en hombros el líder político más idiota en lo que va del siglo XXI, David Cameron, que en solo un día dividió a su país, debilitó a la Unión Europea (UE), perdió el poder y se suicidó políticamente.

La otra parte es más compleja pero en algún modo se refiere a cierto papel regresivo que pueden adoptar las formas de democracia directa en contextos de despolitización o extremada confrontación. No voy a cuestionar las formas de democracia directa que se articulan con la representativa –un modelo con el que estoy de acuerdo- sino recordar que la primera puede presentar tantos vicios como la segunda. O no ser siempre útil para dirimir las grandes cuestiones públicas.

La primera pregunta que se hace Europa es si el referéndum británico necesitaba ser convocado. Cuando los políticos no revisan la historia, son historia. Cameron debió aquilatar la relación conflictiva entre el RU y la UE si se basaba en los siguiente antecedentes: 1) El RU no aceptó integrarse a la recién fundada Comunidad Económica Europea (CEE); 2) Quiso formar un bloque alternativo en 1960, la Asociación Europea de Libre Cambio (AELC), que no fructificó; 3) Cuando solicitó su ingreso en 1961, Francia ejerció un veto que duró más de 10 años; 4) Apenas se adhirió a la CEE en 1973 planteó observaciones, las mismas que terminaron en los años 80 en el famoso “cheque británico”, un descuento de sus aportes a la EU por las subvenciones agrarias que disfrutan otros países.

 

Democracia directa y representación

Los pueblos suelen equivocarse. O decidir contra sus élites, que no siempre es lo mismo. Durante el auge democrático de Grecia se creía que el pueblo podía decidir directamente o casi directamente sobre todos los asuntos públicos. Sin embargo, ese pueblo sabio cometió grandes errores, entre ellos el destierro del más grande estratega de esa época, Temistócles (471 A. de C.), y la sentencia de muerte de Sócrates (399 A. de C.) Desde entonces, el principio de las decisiones a través de una representación más organizada –más organizada que los 6 mil heliastas griegos que cobraban 3 óbolos diarios para administrar justicia- ha sido una constante hegemónica de la política.

El modelo decisorio vía la representación política también ha sido puesto bajo crítica. Rousseau, su ácido crítico y específicamente de la representación inglesa anotaba en el Contrato Social:

“La soberanía no puede ser representada por la misma razón de ser inalienable; consiste esencialmente en la voluntad general y la voluntad no se representa: es una o es otra. Los diputados del pueblo, pues, no son ni pueden ser sus representantes, son únicamente sus comisarios y no pueden resolver nada definitivamente. Toda ley que el pueblo en persona no ratifica, es nula. El pueblo inglés piensa que es libre y se engaña: lo es solamente durante la elección de los miembros del Parlamento: tan pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser esclavo, no es nada. El uso que hace de su libertad en los cortos momentos que la disfruta es tal, que bien merece perderla”.

Sin embargo, la criatura póstuma de Rousseau, la Revolución Francesa, consagró el gobierno representativo de la mano de Emanuel Sieyès contra el ímpetu inicial de la Asamblea Nacional que demandaba una democracia más directa. Aun así, la segunda Constitución de la Revolución Francesa, la Constitución del año III que impuso el Directorio fue aprobada por un referéndum el 22 de agosto de 1795. Es el texto que tiene como preámbulo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

La doctrina

A propósito, la palabra referéndum se ha generalizado; el derecho y los medios ya no observan la clasificación doctrinaria, resumida del profesor Biscaretti di Ruffia quien sostiene que el plebiscito debería utilizarse cuando la consulta consiste pronunciarse sobre un hecho, acto político o medida de gobierno, y el referéndum respecto a un acto normativo[1].

La Constitución colombiana de 1991 si recoge la diferencia, cuando su artículo 103° dice:

“Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato”.

En Chile, como herencia pinochetista queda solitaria la figura del plebiscito. El artículo 5° dice:

“La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio”.

La Constitución peruana tampoco recoge la diferencia. El artículo 31° señala:

“Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes, de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por ley orgánica”.

Los sentidos históricos del referéndum

Luego de la Segunda Guerra Mundial (SGM) empezaron a ser más frecuentes las formas de democracia directa como el referéndum, en un sentido acentuadamente democrático, una práctica distinta al referéndum nazi del 19 de agosto de 1934 en el que Alemania “votó” (lo llamaron plebiscito) ratificando la conversión de Hitler en Führer; o el plebiscito sobre la anexión (“Anschluss”) de Austria a Alemania el 10 de abril de 1938; o el referéndum constitucional en Portugal de marzo de 1933 que dio paso al fascista Estado Novo.

Incluso luego de la SGM, Franco hizo lo suyo, convocó a dos parodias, el referéndum de 1947 para aprobar la Ley de Sucesión el de 1967 para aprobar la Ley Orgánica del Estado.

Cameron también debió recordar uno de los sentidos históricos que adoptó el referéndum, es el de la independencia, planteado en esos términos por la ultraderecha británica que desde hace años exigía la salida del RU de la Unión Europea. Quizás debió recordar que en los últimos 172 años hubo en el mundo 109 referéndums de independencia, desde el primero en Liberia (África) en 1846 hasta el de Escocia el 2014.

 

Europa y el referéndum

No hay duda que Europa es el continente del referéndum. Terminada la SGM varios países encontraron su viabilidad a través de él, incluso con angustia. No se habían disipado las llamas de la guerra y ya los franceses iban a las urnas el 3 de noviembre de 1945 para dar paso a la IV República. Luego, el 2 de junio de 1946, en otro referéndum, Italia escogió la república contra la monarquía con un resultado polémico (54% a 46%) que dividió el país entre el norte republicano y el sur monárquico.

Algo parecido sucedió con el referéndum belga de marzo de 1950 para decidir el retorno del Rey Leopoldo III: a pesar de que ganó el sí (57% a 43%) el resultado dividió el país en dos, Bruselas empatada, Flandes por el sí y Valonia por el no. El rey tuvo que abdicar e favor de su hijo porque el referéndum agravó la crisis.

El Reino Unido y el referéndum

El Reino Unido, con su emblemática historia de democracia representativa, tampoco ha sido ajeno al referéndum. En 1975 convocó a una consulta ciudadana que aprobó con el 67% su permanencia en la Comunidad Económica Europea (CEE) y el año 2011 otro referéndum rechazó la reforma electoral con el 67%. Antes, una consulta, el plebiscito de julio de 1937, consagró por estrecho margen la Constitución irlandesa (56.5% a 43.5%) que abrió paso legal a una Irlanda independiente separada poco antes del RU.

Hubo otras consultas territoriales británicas como el ya mencionado sobre la independencia de Escocia en setiembre de 2014, que ganó el no con 55%, y otros dos más sobre el Escocia para restablecer luego de más de 270 años el parlamento escocés; el de 1979 lo ganó el sí pero no alcanzó el 40% del electorado, que sí lo logró la consulta de 1997 donde el 60% votó a favor del retorno del parlamento. Luego, en mayo de 1998 otro referéndum en Londres, aprobó la creación de la Asamblea del Gran Londres como una zona de gobierno especial.

El referéndum constitucional

El referéndum legitimador del cambio constitucional o de grandes reformas estatales ha sido también común en Europa, desde que Charles De Gaulle convocara el referéndum constitucional de septiembre de 1958 donde el sí ganó con el 72% dando paso a la V República. Otro referéndum significó el fin de la carrera política de De Gaulle, el de abril de 1969 con el que quería reformar el Senado y regionalizar Francia, rechazado por el 52%.

Una de las consultas más épicas fue el referéndum en Grecia sobre la monarquía realizado en diciembre de 1974, convocada por el gobierno que había ganado las primeras elecciones desde 1964. El Rey Constantino – que en 1967 huyó luego de protagonizar un contragolpe militar- se dirigió al país por televisión desde Londres admitiendo que había cometido errores políticos pero llamando a los griegos a votar por la monarquía; esta fue derrotada por el 69% de los votos a favor de una “democracia no coronada frente al 31% por una “democracia coronada”.

La Constitución española fue ratificada en una consulta popular en diciembre de 1978 por el 88% de votos. Antes, el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política en diciembre de 1976 abrió las puertas al establecimiento de la monarquía constitucional, con el 94% de votos.

La Unión Soviética se desgajó de referéndum en referéndum. Si bien la consulta de marzo de 1991 recibió el 78% a favor de la existencia de una URSS reformada, varios de sus estados como Estonia, Letonia y Lituania, Armenia, Georgia y Moldavia boicotearon la consulta.

De allí todos fueron referéndums europeos independistas: Eslovenia (1990), Georgia, Uzbekistán, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Croacia, y Macedonia (1991) Bosnia-Herzegovina (1992), y Montenegro (2006).

Otros referéndums constitucionales en Europa del Este fueron el de Rumanía (1991). Lituania (1992), Estonia (1992), Serbia (1993). En Bielorrusia, Kazajastán Kirguizistán, Turkmenistan y Uzbekistán, los referéndums también han servido para prolongar el poder de sus dictadores.

El Breixt, el ostracsimo

Lo que ha sucedido en Reino Unido (RU) es una suerte de apuesta por un ostracismo moderno. Una ajustada mayoría compuesta sobre todo por adultos ha sacado a RU de la Unión Europea (UE) el más audaz proyecto donde se habían encontrado los pueblos que guerrearon entre ellos más de mil años, con millones de muertos civiles y militares. Se estima que las Guerras Napoleónicas (1799-1815) costaron 5 millones de vidas, la Primera Guerra Mundial (1914-1918) por lo menos 30 millones de muertos, y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) más de 60 millones.

A la UE no le ha ido bien con el referéndum y allí reside la falta de previsión política de Cameron. Los datos que se han mostrado en estos días dan cuenta que la UE es una creación de los pueblos europeos desconfiados pero impulsada por la audacia de sus líderes. La mayoría de veces que pudieron, los pueblos han votado contra eso líderes, quizás más contra estosy  los sistemas nacionales que contra la misma UE.  Dos veces, en 1972 y 1994, Noruega rechazó en las urnas su ingreso al proyecto comunitario; en 1982, Groenlandia decidió salir de la Comunidad Económica Europea (CEE); en 1992, los daneses rechazaron por un ajustado 50,7% el Tratado de Maastricht de la UE y la moneda única, y el 2000 volvieron a votar contra el euro; el 2001 Irlanda rechazó el Tratado de Niza sobre la inmigración a la UE y el 2008 votó contra el Tratado de Lisboa; el 2003 Suecia también rechazó el euro con el 56% de votos; y el 2005, Francia y Holanda rechazaron el proyecto de Constitución Europea.

 

Lo jurídico y lo político

El referéndum está en el corazón del sistema jurídico del mundo. No es cierto que sea un instrumento de manipulación del pueblo, por excelencia; los datos arriba consignados lo evidencian.

No solo es Europa. En América Latina se vive también la fiebre del referéndum y aunque han sido polémicos los referéndums venezolanos -el del año 2004 sirvió para que Hugo Chávez se quede en el poder- uno de ellos, el del 2007 fue crucial para que no  se cambie la Constitución, y es probable que el que en breve se realice a pedido de la oposición democrática acabe con Maduro. Ahora mismo, Colombia se propone hacer una consulta para legitimar los acuerdos entre el gobierno y las FARC.

Según la profesora Welp, en los ochenta años que van de 1900 a 1980, hubo 38 referendos en América Latina. En los treinta años siguientes (desde 1981 hasta el 2010), hubo 103. Es decir que las consultas populares casi se han triplicado en estas últimas tres décadas. Mediante referendums se han promovido o impedido reformas constitucionales, se han vetado leyes aprobadas por el Parlamento y se han ratificado acuerdos internacionales[2].

El referéndum es un instrumento delicado, una institución de manejo fino. Parece que el tosco Cameron no ha valorado sus posibilidades y riesgos en toda su dimensión. Nosotros, con un uso más reciente por el derecho, hemos sido más cuidadosos al igual que  otros países de la región, actuando bajo el prinipio que todo no puede ser sujeto de referéndum y limitando su uso para ponerlo a salvo del populismo en la medida de lo posible. Así, el artículo 32° de la Constitución dispone:

“Pueden ser sometidas a referéndum:

1. La reforma total o parcial de la Constitución;

2. La aprobación de normas con rango de ley;

3. Las ordenanzas municipales; y

4. Las materias relativas al proceso de descentralización.

No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales en vigor”.

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[1] Biscaretti de Ruffia, Paolo, Derecho Constitucional,  1987, Tecnos, Madrid.

[2] Welp, Yanina, El referendo en América Latina. Diseños institucionales y equilibrios de poder, en revista Nueva Sociedad No 228, julio-agosto 2010.

Vuelta de a tres: Keiko, PPK y Verónika

http://larepublica.pe/impresa/opinion/773495-vuelta-de-tres-keiko-ppk-y-veronika

La República

La mitadmasuno

3 de junio de 2016

Juan De la Puente

Esta campaña es también inédita, entre otros hechos porque la candidata que quedó en tercer lugar en la primera vuelta es una figura destacada de la segunda. Verónika Mendoza es una tercera en discordia en una disputa teóricamente reservada a Keiko Fujimori y PPK, un dilema revelado rápidamente como incompleto por el parecido inicial de ambos y porque su posterior diferenciación necesitaba de mayores contenidos y movimientos.

Verónika y la izquierda han ocupado el vacío que dejó la primera vuelta. Los sondeos de opinión luego del 10 de abril indicaban que un alto porcentaje de electores presionaba a Keiko y PPK desde el flanco del cambio. Por ejemplo, en la encuesta de Ipsos del 25 de abril, más del 50% pedía cambios moderados al llamado modelo económico y un 33% cambios radicales, aunque en el desagregado las demandas se matizaban entre la mejora de los servicios de seguridad, educación y salud y cambios más profundos para atajar la corrupción, todas ellas expectativas sobre la regulación pública, solo una de las partes del modelo. La misma encuesta, sin embargo, ya anunciaba la ruta de los nuevos discursos: el 52% decía que PPK era el mejor para fortalecer la democracia y el 49% que Keiko era mejor para combatir la delincuencia.

La izquierda ingresó a la campaña de la segunda vuelta sobre esa plataforma. No pudo evitar la operación audaz del fujimorismo que construyó el dilema abajo/arriba –colocando arriba a PPK y a Keiko abajo– pero le impuso a su irrupción electoral un discurso fuertemente republicano.

Mucho antes de que Verónika y el Frente Amplio anunciasen su voto crítico por PPK, la izquierda y los movimientos sociales a ella cercanos ya habían entrado en campaña. Su aporte, la memoria y el antifujimorismo, han terminado como el principal movilizador de la campaña del candidato; no más el cuy y la levedad de la narrativa electoral y más énfasis en la democracia, transparencia, instituciones y derechos. De algún modo, este impacto explica cierto desfase entre las formas políticas de PPK y sus nuevos contenidos, lo que llamaba a desesperación a sus votantes más duros.

Esta irrupción no es de menor cuantía. Los votantes originales de PPK no eran necesariamente antifujimoristas. Ahora lo son. El voto de la izquierda por PPK ha terminado de transformar esa propuesta política en período electoral y aunque no se sabe si esa identidad presidirá un probable gobierno de PPK no deja de ser curioso que la candidata satanizada por los grupos antisocialistas, entre ellos Peruanos por el Kambio (PPK), le haya transferido a este una parte de su ADN. En adelante no solo se recordará el apoyo de PPK a Keiko el año 2011 sino su militancia antifujimorista.

Respaldar desde la izquierda al liberalismo económico tiene sus costos y riesgos. Si PPK gana, la ecuación oposición/representación será compleja. Desde el poderoso fujimorismo parlamentario le será recordado al Frente Amplio su apoyo a PPK, lo que obligará a la izquierda a ejercer más presión desde la calle y a obtener más victorias parciales.

Pero también tiene sus beneficios. En las casas de Lima en las que el 10 de abril en la noche se descorcharon botellas de champán, se pensará que Verónika no es el monstruo rojo que pintó la contracampaña sino una líder sensata, desprendida y racional. Es más, si gana Keiko le habrá ganado a los dos, a PPK y Verónika, pero de ese dúo solo quedará en la escena la cusqueña. Y si gana PPK, se habrá demostrado la capacidad de endose de Verónika.

¿Por qué otros partidos no han hecho de esta campaña una épica política? ¿Por qué el Apra, PPC y Acción Popular no se colaron en la campaña de la segunda vuelta con su influencia a cuestas para impregnar en ella su discurso, líderes y programa? Más fácil entenderlo en el PPC que arrastra consigo la pesada cruz de malas decisiones anteriores y la desolación orgánica, pero el abstencionismo en el Apra y AP es increíble.

Hey tú, vota y cállate

http://larepublica.pe/impresa/opinion/771129-hey-tu-vota-y-cállate

La República

La mitadmasuno

27 de mayo de 2016

Juan De la Puente

Desde el sectarismo conservador o desde la ignorancia se ha cuestionado el apoyo crítico de organizaciones sociales y de grupos progresistas a Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con el argumento de una supuesta inconsecuencia. Se critica el apoyo de la izquierda a una formación de derecha o que este respaldo guarde reservas porque, se dice, es insuficiente y potencialmente desleal.

La verdad es que PPK y Keiko Fujimori desde el 10 de abril son objeto de apoyos críticos, un poco más el primero que la segunda. Es más, no se entiende la 2ª vuelta como mecanismo para la formación del poder si no se acepta que quienes se resistieron a votar por dos de los candidatos en la 1ª vuelta se avengan a hacerlo en la 2ª porque sus alternativas se han estrechado. La confirmación de la vigencia del voto crítico está encerrada en la frase “en la segunda vuelta no se vota a favor sino en contra”.

El voto crítico es una adhesión reticente en la que se equilibran el apoyo y la desconfianza, una forma del llamado “mal menor”, como lo ha recordado A. Álvarez Rodrich en este diario. Es una dinámica que le cuesta entender al pensamiento ultra, un procedimiento que asume la cultura democrática para la formación de mayorías y la superación de la fragmentación. No es inocente, lo que no significa que sea traidora porque al mismo tiempo es una táctica legítima que refleja una apreciación de los desafíos, adversarios y objetivos inmediatos y mediatos. Por eso, el apoyo crítico está emparentado con otras formas de tratamiento de los retos del binomio fuerza/consenso en la lucha por el poder como la oposición constructiva, el consenso a palos, la cohabitación y el compromiso histórico.

La crítica al voto crítico es poco informada. Desconoce que es un hecho común de la política peruana. Luego de dos períodos de mayorías parlamentarias sólidas –democrática en los años 80 y autoritaria en los 90– los últimos 15 años tuvimos mayorías precarias o relativas solo logradas gracias al apoyo crítico. La investidura de 17 gabinetes entre los años 2000-2015 se debe al concurso alternativo y en cada momento de todas las fuerzas del arco político peruano, desde el fujimorismo hasta la izquierda.

Vamos, ningún grupo que ha hecho política en estos 15 años puede afirmar que nunca votó críticamente o con reservas por alguna propuesta, desde gabinetes, leyes, delegaciones de facultades legislativas, hasta tratados de libre comercio, paquetes reactivadores, mesas directivas del Congreso, y un largo etcétera.

El rechazo al voto crítico resume una visión antidemocrática y la exigencia del acuerdo o desacuerdo completo, la cultura blanco/negro sin matices y grises, el si no estás conmigo 100% estás en contra, también 100%. Un llamado al vota y cállate o al vota por mí en silencio, sin preguntas, una suerte de fascismo electoral. La hipocresía proviene de quienes ya no recuerdan que llamaron a votar por Toledo, Alan, Keiko o Humala “tapándose la nariz” en las segundas vueltas de los años 2001, 2006 y 2011.

Los pactos mundiales, regionales y nacionales no se habrían logrado sin acuerdos con reservas o aceptaciones críticas. En nuestro caso, quienes organizamos el Acuerdo Nacional hace 14 años echamos mano de mecanismos como el acuerdo con reserva, el disenso silencioso y la aprobación de lo central pero no de lo accesorio. El resultado fue el consenso político más vasto de las últimas décadas. Dato añadido, el 2011, Keiko Fujimori y Ollanta Humala suscribieron el Acuerdo Nacional; con reservas y espíritu crítico.

En la presente coyuntura, el voto crítico refleja expectativas, certezas, dudas, y el mensaje inequívoco de que los votos que obtienen los candidatos no son enteramente propios. Es un voto de aviso, un llamado al control y un adelanto de la vigilancia. Sobre todo, es un acto de independencia y de no sumisión. Nada más libre que un voto crítico.

J. Ramírez y la política plutocrática

http://larepublica.pe/impresa/opinion/768981-j-ramirez-y-la-politica-plutocrática

La República

La mitadmasuno

20 de mayo de 2016

Juan De la Puente

En 15 días se sabrá cuánto afectó, si lo hizo, el estallido del caso de Joaquín Ramírez (JR) a la candidatura de Keiko Fujimori. Por lo pronto, su salida de la alta dirigencia de Fuerza Popular es una pequeña victoria del sector del país que pugna por una relación armoniosa entre el dinero y la política, y entre el poder y la transparencia.

Es de suma utilidad examinar los entresijos de la presencia de JR en la más alta ubicación del partido fujimorista. Para la elaboración de un relato sobre este azaroso caso importan ahora más el ascenso y auge que la caída del personaje.

Ramírez no expresa la épica fujimorista de los últimos 15 años, o no lo expresa en el nivel que representan, por ejemplo, Luz Salgado, Martha Chávez o Martha Moyano; tampoco resume al nuevo sujeto social fujimorista menos comprometido con la defensa del estado de cosas de los años noventa, pero interesado en los asuntos públicos.

Su poder no viene de la organización, de la doctrina o del programa. Es evidente que viene del dinero, es decir, de su capacidad de trasladar al partido sus recursos financieros. Esta condición para el ejercicio del poder es una de las variantes de la “plutocracia”, un término griego que tiene la misma edad que “democracia”, recreado hace años por el novelista portugués y universal José Saramago cuando dijo en Buenos Aires: “Vivimos en una plutocracia, un gobierno de los ricos, cuando estos, proporcionalmente al lugar que ocupan en sociedad deberían estar representados por una minoría en el poder”.

Hay sistemas más plutocráticos que otros. El nuestro es uno de los más extremadamente plutocráticos. No me refiero al natural deseo de los empresarios de hacer política a razón de lo cual han ingresado al Congreso un buen grupo de ellos, como que varios empresarios fueron elegidos alcaldes y gobernadores regionales, con notables resultados. Es el caso en el mismo fujimorismo por ejemplo del gobernador de Ica, Fernando Cilloniz, o de José Chlimper, cuyo papel es político, orgánico y de representación pública.

El de JR no es el único pero es el caso de ejercicio del poder desde el dinero, con el dinero, y con poca política y muchos recursos financieros; es la captura de un colectivo partidario con el único atributo del dinero. Se aprecia en este proceso un cambio respecto de las ya conocidas coaliciones distributivas que atenazan a gobiernos y políticos: del pacto entre políticos y financistas, subordinados los segundos a los primeros, se ha pasado a una alianza de iguales entre el dinero y la política. La difícil decisión de apartar a Ramírez del segundo cargo de importancia de Fuerza Popular resume la naturaleza de esta alianza, ajena a las convenciones.

Incluso en la hipótesis que se desvirtuaran las acusaciones contra JR, el suyo es un caso típico de infiltración del dinero en la política. ¿Es malo? Sí. La democracia en su acepción moderna puede ser de derechas o izquierdas, populista o programática, elitista o de masas, pero está obligada sobre todo a ser principista y meritocrática. El teórico liberal Robert Dahl sostenía que los ciudadanos deben tener igualdad de oportunidades para hacer realidad sus preferencias o pugnar por ellas públicamente entre sus partidarios, el gobierno y la sociedad.

La receta contra esta infiltración reside en la reconstrucción aun así sea mínima de reglas partidarias que igualen en lo posible las oportunidades de lo que tienen mucho y los que no tienen nada. Esto pasa por reconocer la precariedad de todas las formaciones políticas abandonando la contemplación de alguna de ellas como aparatos partidarios y de masas que cobijan grandes proyectos de país. Mentira, la debilidad de proyectos que muestra todos los días este proceso electoral es hermano y aliado de la precariedad de sus expresiones políticas. Es imposible, aun en nuestro país de inéditas experiencias, que un vigoroso movimiento para transformar o conservar conviva con un grupo político precario.

Reforma política sin cambio político

http://larepublica.pe/impresa/opinion/767058-reforma-politica-sin-cambio-político

La República

La mitadnasuno

13 de mayo de 2016

Juan De la Puente

La palabra más importante de la campaña electoral es continuidad. Esto no significa que el cambio esté ausente en las propuestas en lisa; sucede que los planteamientos innovadores se acotan a los cómo y muy escasamente a los qué. A diferencia de las elecciones de los años 2001, 2006 y 2011, los resultados del 10 de abril hacen de la estabilidad un discurso tácito, de modo que se predica el futuro pero no necesariamente el cambio.

No estamos consumiendo grandes recetas de Estado y en tanto el espacio público se achica. Lo que tenemos es una agenda frondosa versus un espacio público enano. Esta agenda está hegemonizada por tres elementos contradictorios: 1) el reclamo de logros rápidos contra el delito, congruente con varias intensidades de mano dura en seguridad; 2) la exigencia de transparencia y eficiencia pública y, al mismo tiempo, una alta tolerancia social frente a la corrupción; y 3) la necesidad de una reforma política, a secas.

Estas expectativas cruzadas resumen la coyuntura crítica de un país que no está polarizado sino fragmentado. En esta agenda, la parte más incómoda es la reforma política, un tema infiltrado. La mayoría de políticos y de medios hablaron de ella solo luego de la desastrosa ley de la exclusión de candidatos expedida cuando el proceso electoral estaba en marcha.

El único consenso alcanzado es que los problemas del sistema se deben a la ausencia de reformas; luego de esto, el callejón oscuro que será patente luego del 28 de julio porque o no hay reforma de calado aceptada por todos los actores, o existe consenso sobre el problema pero no sobre la solución.

Identifico hasta cuatro esquemas de entrada a las reformas. El esquema I hace énfasis en la modernización de los servicios y del mercado, una especie de reforma de 1ª generación y ½, a tono con el Decálogo de Gaebler/Osborne, de gobierno empresarial (expuesto en el famoso libro La reinvención del gobierno), acercando los servicios a los ciudadanos, recortando trámites, cambiando los  controles por los resultados y formalizando la economía. El cambio de fondo en ese esquema es la creación de nuevos ministerios.

El esquema II es en parte coincidente con el formato de reformas de 2ª generación resumido para el Perú por Moisés Naim en su última visita, es decir reforma judicial profunda, servicio civil, diversificar la economía, atajar la corrupción, mejorar calidad de la educación y actualización de las capacidades regulatorias públicas, entre otras. Este esquema está perdiendo peso aceleradamente a causa de las ofertas populistas en la segunda vuelta.

El tipo III es una reforma institucionalista mínima que propone reinstalar la bicameralidad, flexibilizar el mandato parlamentario individual y fortalecer las bancadas, eliminar el voto preferencial, establecer la segunda vuelta parlamentaria, aumentar la capacidad reguladora pública en los sectores financiero, salud, educación, renegociar los contratos extractivos y reducir el peso del MEF para fortalecer los entes rectores sectoriales.

El esquema IV es una reforma institucionalista máxima que propone cambios legales y constitucionales en cantidad y calidad para incorporar nuevos derechos, la elección paritaria en los cargos sujetos a sufragio, la muerte civil de los corruptos, el control de fusiones y adquisiciones, la revisión de los acuerdos comerciales lesivos, la promoción firme del crédito desde del Estado, el aumento de la presión tributaria, la reforma pensionaria y la universalización de derechos, entre otros.

Entre estos esquemas existen vasos comunicantes pero sobresalen las diferencias que remiten a opciones distintas de Estado y economía. El desafío de reforma política sin cambio político es inédito y no muy esperanzador, y por esa razón los primeros esfuerzos tendrían que venir desde la sociedad en una forma de diálogo político y social que deberá ser reinventado.

Dos antis en campaña, no asustarse. A cuatro días de las elecciones. Parte electoral N° 1

Por Juan De la Puente

La campaña para la segunda vuelta electoral llega a su fin con grandes transformaciones, demasiadas para las ocho semanas que median entre el 10 de abril y el 5 de junio. Las más importantes son: 1) la confirmación que las opciones de gobierno que ofrecen Keiko y PPK son distintas, diferentes y en varios aspectos divergentes; 2) la persistencia de dos grandes movilizadores electorales, el antifujimorismo y el dilema abajo/arriba; y 3) el estrechamiento de la agenda final que deja casi solas dos ideas fuerza en el escenario, mano dura vs democracia y libertades.

Los que creían que había ganado el modelo y que los dos candidatos eran gemelos políticos y que harían un gobierno de hermanos, se equivocaron. Con suerte habrá un gobierno de primos. En pocas semanas, se dibujaron las opciones de un gobierno tecnocrático desarrollista (PPK) y populista desarrollista (Keiko).

Hay más diferencias: ambos proponen más Estado pero Keiko más Estado abajo y PPK más institucionalidad arriba; Keiko se cierra a los “nuevos” derechos y pacta con una parte de grupos regresivos e ilegales, en tanto PPK cruza sus líneas rojas tradicionales y se lanza a la prédica de la transparencia pública.

El 11 de abril solo se tenía un movilizador electoral potente, el antifujimorismo que llevó a PPK del 22% de votos al 52%. El fujimorismo tentó varios y finalmente encontró su antídoto, el dilema abajo/arriba. A diferencia del 2011 donde Keiko era arriba y Humala abajo, ahora ella es abajo y PPK el de arriba, el de las grandes empresas, el del escritorio que no conoce el Perú. Así, como en 1990 Alberto Fujimori contra MVLL, esta vez el fujimorismo “vargaslloseó” a PPK.

Es el primer hecho que cambió el cariz de las encuestas, aunque quedan para PPK el pueblo del sur -con mucho D y E- donde todavía es mayoría, pero le ha servido a Keiko para atacar los conos de Lima y el centro del país, este último bastión donde ha recuperado puntos.

Como no podía ser de otro modo en una segunda vuelta, son dos antis en campaña. No asustarse.

Antes del debate de Piura, pero con más vigor desde Piura y el debate de Lima, se ha marcado un especial fin de campaña que estrecha la discusión a dos grandes mensajes muy poderosos a pocos días de la votación. El de Keiko es la mano dura contra el delito, los estados de emergencia, las FFAA a la lucha contra la delincuencia y todo el discurso de “no me temblará la mano”. El de PPK es la democracia y las libertades, la transparencia pública, la lucha contra la corrupción y la amenaza del retorno del pasado y la implantación de un narco-Estado.

Vistas las cosas, es el viejo dilema resumido por Jorge Basadre como un déficit de la república, la elección entre orden vs libertad, que en otros país no debería ser una disyuntiva. En este episodio, no son dos alternativas redondas sino con rendijas y grandes huecos, de modo que en algunos temas la mano dura es mano blanda y la defensa de los derechos se relativiza.

Así se llega al 5 de junio, con Keiko liderando las encuestas y con un teflón considerable, aunque habría que medir aún el efecto del caso Chlimper. PPK ha tenido un envión a su candidatura desde el debate del 28 de mayo aunque no se sabe si será suficiente. La verdad es otra y no le atañe a él -no eres tú, soy yo le dirían los peruanos- y se refiere a la pregunta sobre si el antifujimorismo del 2016 será como el año 2011 suficiente para derrotar a Keiko. Eso se sabrá el 5 de junio.