lunes, 18 de enero de 2016

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo
Por Juan De la Puente
Luego de tres años de gestación se ha concretado la contrarreforma electoral peruana, la más cínica de América Latina que contrariamente realiza esfuerzos para renovar su sistema político y sus liderazgos. Esta ley cierra el sistema político, aumenta el poder de las cúpulas, le quita el poco poder que tenían los militantes de los partidos y ensancha el poder  de los políticos invitados, y con dinero.
La insistencia
Esta contrarreforma es multipartidaria y es un legado de este Parlamento. La Ley N° 30414 publicada el domingo, modifica la Ley de Partidos, que pasa a ser ahora Ley de Organizaciones Políticas (¡que gran cambio!). El Congreso lo ha convertido en ley por insistencia luego de que el Ejecutivo lo observara. Ha insistido el Congreso a pesar de la opinión en contra de los organismos electorales, Proética, la Asociación Civil Transparencia, la Defensoría y una buena parte de la opinión pública.
La insistencia fue aprobada el 15 de diciembre cuando ya habían sido convocadas las elecciones.  Promulgada a pocos días del cierre de las listas parlamentarias es un ingrediente innecesario de inestabilidad. El JNE, en una decisión que lo honraría, debería inaplicarla para este proceso electoral.
Pequeña historia
Esa ley tiene su origen en un oscuro y casi secreto dictamen aprobado por la Comisión de Constitución durante la presidencia del Congresista Gastañadui el 6 de junio 2013. Ese dictamen (Dictamen Gastañadui) fue suscrito por Gana Perú, Fuerza Popular, PPC, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Acción Popular-Frente Amplio y uno de los congresistas que luego formaría parte de Unión Regional.
El siguiente Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Chehade, respaldó ese dictamen pero por acuerdo unánime de su Comisión pidió “desacumular” los proyectos de ley N° 1779 y N° 173 que versan sobre la  triada (lista alternada de género, eliminación del voto preferencial y elecciones internas a cargo de los organismo electorales) y el transfuguismo. En este caso, “desacumular” significa tocar esos temas aparte. El debate del Dictamen Gastañadui se inició en el pleno del Congreso el 3 de abril 2014.
El 11 de setiembre de 2014, el nuevo Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Llatas Altamirano, presentó un dictamen de cambios a la Ley de Partidos que no tenía mayores modificaciones respecto del Dictamen Gastañadui, salvo en fijar la valla en 7.5% para la alianzas como tope aun así tenga más de dos partidos. El debate continuó en base a este segundo dictamen -el Dictamen Llatas- hasta que el 6 de noviembre de 2014, se pasó a un cuarto intermedio. En la misma sesión, Llatas informó que dicho grupo de trabajo acordó “desacumular” los proyectos de ley N° 428, N° 433, N° 481 y N° 1546 referidos a la hoja de vida, que fue aprobado posteriormente.
Ofensiva contrarreformista
El 18 de agosto del 2015, con el Congresista Otárola en la Presidencia de la Comisión de Constitución, la Junta de Portavoces acordó debatir el Dictamen Llatas.  No obstante, en la sesión del 20 de agosto de 2015, Otárola, al parecer presionado por las bancadas, retiró el Dictamen Llatas y pidió que el debate se realice en torno al Dictamen Gastañadui, el anterior.
El 27 de agosto de 2015 se pasó a un cuarto intermedio. Días después la Comisión de Constitución aprobó dos dictámenes más, uno el 3 de setiembre del 2015 (Otárola I) y otro el 9 de setiembre del 2015 (Otárola II).
Los cuatro dictámenes se parecían mucho entre sí. Resumen 21 proyectos de ley presentados desde el año 2011 pero ignoran oficialmente el Proyecto de Ley N° 3060 presentado por los organismos electorales en diciembre del año 2013.
Estamos frente a una ley que solo modifica 9 artículos de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos. Se ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y e) el financiamiento. Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político.
Seis perlas y un caramelo
Estas son:
1.- El cierre del sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 4% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas. Se debe recordar que el requisito actual aprobad el año 2009, del 3% del padrón electoral, obliga a presentar 450 mil firmas. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso ha congelado el sistema político. Aún más los que quieren hacer un partido nuevo, ahora solo tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes.
2.- Los partidos pueden dejar de participar en una elección sin perder su inscripción. ¿Dónde quedan los militantes con expectativas de participar  en la competencia por el poder?
3.- Inicialmente se establecía una valla electoral para las alianzas políticas de 2,5% de votos por cada partido que se agregue a la alianza, de modo que una alianza de dos partidos políticos estaba obligada a obtener 7,5% de votos para mantener vigente su inscripción electoral. Eso se ha rebajado a 1% por cada partido aliado.
4.- Se anula el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; con el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.
5.- Incremento de la cuota de independientes invitados del 20% al 25% una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.
6.- Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, los congresistas pactaron para que sea efectiva el 2017 y en cambio han congelado una ley ya votada en el Congreso el 5 de noviembre del año pasado denominada “Ley que Modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos sobre el Financiamiento Público y Privado de las Organizaciones Políticas”.
Esa ley fue exonerada de la segunda votación pero ha sido retenida con argucias legales y no se ha convertido en autógrafa. Esta norma fortalecía el papel supervisor de la ONPE, establecía la Ventanilla Única de Aportantes y obligaba a bancarizar los aportes a los candidatos, poniendo un límite de 30 UIT para los aportes destinados a candidaturas personales.
7.- El caramelo es la supuesta prohibición de la entrega de dádivas. El artículo es muy genérico y dice: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente”
Como se aprecia, es una prohibición lanzada al desgaire. Imagínense que los organismos ni pueden ahora controlar el financiamiento y gasto personal de los candidatos y ahora tendrán que vigilar las dádivas, más extendida aún, sin recursos para ello. La pregunta cae sola: ¿Controlas dádivas sin eliminar el voto preferencial? Una locura.

domingo, 17 de enero de 2016

Movimientos y saltos en cámara lenta. La última encuesta Ipsos.

Juan De la Puente
Movimientos y saltos en cámara lenta
Por Juan De la Puente
Puede ser que una encuesta electoral sea la foto de un instante de la campaña pero el análisis no solo debe mirar la foto sino el movimiento, es decir, la tendencia. La encuesta de Ipsos de enero muestra un escenario que se sigue moviendo en cámara lenta, con signos por primera vez consistentes desde setiembre pasado cuando se anunciaron la mayoría de candidaturas.
I. Los signos de este escenario son:
1) La estabilidad de Keiko, Acuña y García, la primera en el tercio de intención de voto, el segundo en 13% (luego de trepar desde el 6% en octubre) y el tercero en el 8%;
2) La caída de PPK (de 16% en octubre y noviembre a 13%) y la de Toledo (de 5% a 3%); y
3) La irrupción de Guzmán, que salta del rubro “otros” a un expectante 5%, colándose entre los medianos, ganando este primer tramo de la pugna de los pequeños.
II. A diferencia de las dos encuestas difundidas esta semana, con tonos dramáticos y sísmicos, es consistente la idea de que estamos ante cambios en la segunda línea. Keiko se mantiene sobre el 30% detectado en abril del año pasado por Ipsos pero no debe perderse de vista que los cambios involucran a cuatro candidatos que intentan organizar distintos tonos de centro político para competir con ella en la segunda vuelta. Entre PPK, Acuña, García, Guzmán y Toledo suman 42% y es probable que las subidas y caídas sean trasvases de un electorado que pregunta, busca, deja, toma y retoma un candidato.
III. Cambios más significativos se aprecian en el rubro denominado antivoto (“definitivamente no votaré por él”). Keiko ha reducido 6 puntos de su antivoto respecto de los últimos meses (de 40% a 34%), PPK 10 puntos, Acuña 9 y García entre 4 y 8 puntos (69% de antivoto en diciembre y 65% en noviembre). En cambio, Guzmán solo tiene 27% de antivoto con un 47% de los que no lo conocen.
Estos cambios son el reflejo de que la campaña ha empezado y que por ahora "las" campañas son más eficaces que las contracampañas, aunque el resultado debe medirse en función del esfuerzo y de los recursos económicos desplegados por cada candidato. Calle y mensaje están en disputa y tal parece que por ahora la calle pesa más que la publicidad pagada.
Es este punto, una anotación: solo Keiko luce un aumento en el rubro “definitivamente votaré por él” de 27% a 32%.
IV. Otros elementos del sondeo de Ipsos son relevantes. Uno de ellos es que la mayoría (51%) se muestra de acuerdo con la exclusión de las listas parlamentarias de figuras emblemáticas del fujimorismo, a contracorriente de quienes señalaban que esa decisión de Keiko la alejaría del votante clásico fujimorista. Luego, también una mayoría desaprueba la alianza Apra-PPC aunque es probable que entre ese 51% se encuentren los que no votarán por ella. Por la misma razón, el 32% de los que se muestran de acuerdo con ese pacto, son cuatro veces más que el 8% de intención de voto de García, un espacio conquistable.
V. Tendencias. Seria equívoco pretender que un análisis serio señale que candidato caerá o quien tiene “más chance” de crecer (como escuché esta semana al jefe de una encuestadora). Sin chamanismos, las únicas tendencias son la rebaja del antivoto y que los trasvases en la segunda línea continuarán. La caída de la puntera de los sondeos, Keiko, debajo del 30% por ahora parece depender más de una conjunción adecuada de errores de campaña y contracampañas exitosas, lo que no está a la vista porque sus contendores todavía están peleando entre ellos.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/733705-que-hay-de-nuevo-viejo
La República
La mitadmasuno
15 de enero de 2015
Juan De la Puente
Se ha reinstalado una discusión saludable sobre la necesidad de renovar la política a partir de contar en la dirección del Estado con un político nuevo, diferente a los del elenco estable. Se presume que un recién llegado podrá hacer mejor las cosas por su falta de compromisos con el pasado y con las mañas de la vieja política.
La renovación del liderazgo es uno de los problemas más complejos de la sociedad. En sistemas con escasa institucionalización los partidos dejan de cumplir sus funciones de representación social que pasa a manos de líderes personalistas en tanto que la renovación de esos liderazgos no se realiza a través del reclutamiento y promoción de nuevos cuadros partidarios sino por la irrupción de alternativas de fuera del sistema que atacan al establishment.
Sostengo que siendo cierto que desde hace 25 años una parte de los ciudadanos busca un gobernante nuevo o que lo parezca, la tendencia de este fenómeno es decreciente. En 1990, dos tercios de los votos fueron para los nuevos o que lo parecían (Fujimori y Vargas Llosa), el punto más alto, reduciéndose a poco más de un tercio el 2001 (Toledo), a 30% el 2006 (Humala) y a 18% el 2011 (PPK).
La búsqueda de una representación personalista y no institucionalizada no tiene que ser racional. En ella juegan el carisma, la oferta a veces populista o como pasa en el actual proceso electoral, parecido en este punto al de 1990, el hartazgo y la crítica a los líderes conocidos.
Sería insensato predecir de plano que el voto por los nuevos se reducirá más en estas elecciones. Algunos “no nuevos” podrían hacer lo que con cierto éxito hizo PPK el 2011 y Toledo el 2001. Luego, existe un espacio para que candidatos con anterior desempeño convenzan a los electores de que son nuevos (Acuña, Reggiardo, Barnechea o Verónika) o que uno realmente nuevo gane adhesiones (Guzmán).
La discusión reside en tres asuntos cruciales: 1) en qué medida son nuevas las propuestas de los nuevos; 2) si al margen de las propuestas, lo más importante es que los nuevos lo sean o parezcan por un asunto de confianza; y 3) que si esa condición de político reciente es suficiente para gobernar/cambiar el país.
Mi impresión, luego de una revisión inicial de los planes de gobierno es que salvo Barnechea y Mendoza los nuevos y los tradicionales proponen lo mismo con algunos matices que no alteran una similitud general, de modo que es muy difícil que la diferenciación gire sobre los programas. No es una verdad de Perogrullo: las elecciones del 2006 y 2011 fueron las más ideologizadas desde 1980 atravesadas por el eje temático “cambio del modelo”. Eso no pasará ahora.
Siendo correcto seguir pugnando por un proceso electoral de contenidos, es cierto que se afirma la tendencia de una campaña donde la confianza personal hacia los candidatos será decisiva y excluyente de otras razones. Advierto que no se trata de una confianza moral sino política y a ello se debe que las encuestas arrojen que la mayoría está dispuesta a votar por líderes que consideran deshonestos.
Los próximos años exigen al mismo tiempo gobernabilidad y reforma y resultará insuficiente tanto lo nuevo-nuevo como lo viejo-viejo. Si habría que predecir sobre esto es que para organizar eficazmente la política en los próximos años se requerirá más relaciones horizontales que verticales, considerando que nuestro presidencialismo es muy moderado y que la debilidad de las instituciones limita al más carismático de los liderazgos.
No es suficiente ser nuevo. Los románticos de lo nuevo y los que buscan outsiders debajo de cada piedra deberían recordar que nuestro sistema lejos de reforzar a los caudillos en el poder los ha debilitado, y que salvo Fujimori –que para el efecto dio un golpe de Estado en 1992– los líderes nuevos no aumentaron su poder luego de haber tomado el gobierno. De ello dice el modo en que termina el gobierno de Humala y la forma como culminó el de Toledo, de lo que fui testigo privilegiado.

lunes, 11 de enero de 2016

Política sin partidos. Y sin políticos

http://larepublica.pe/impresa/opinion/731993-politica-sin-partidos-y-sin-políticos
La República
La mitadmasuno
8 de enero 2016
Juan De la Puente
La repetición aumentada del rito tránsfuga o el masivo fichaje de independientes en la campaña electoral marcarán el Gobierno y Congreso nuevos. Al legitimarse los procedimientos de “jale”, giro y abjuraciones no explicadas de ideología y programas como una normalidad de la actividad pública, se consolida la antipolítica como la forma oficial de hacer política en el Perú. De paso, también se legitima a un hombre público “nuevo” aunque deberíamos esperar la inscripción de las listas parlamentarias para terminar de sorprendernos de los alcances casi infinitos del pragmatismo de nuestras mujeres y hombres públicos.
No hay duda de que la antipolítica ha cambiado a los políticos. No es el único cambio, desde los años noventa vivimos un quehacer público que ha escindido la política, dividiendo la militancia de la tecnocracia. A la realidad hartamente descrita de una democracia sin partidos habría que añadir otra, la de un poder con pocos políticos, una minoría en la vastedad de una tecnocracia cazurra, criolla  y fuertemente politiquera.
Sería un error pretender que este sea un problema solo nacional. A escala global se procesa la mutación de los poderes nacionales, de la mano de la personalización de la política, debilitando las teorías neoinstitucionalistas que subestiman la función de los líderes y de sus complejas personalidades. Las ciencias sociales le dedican ahora menos tiempo a las sociedades e instituciones y más a los “príncipes democráticos” y a las estrategias para descubrir las claves de su ascenso y controlar su poder (Sergio Fabbrini; 1999).
Aunque no todo es realmente nuevo. En la visión de Aristóteles, el político es un hombre que no se pertenece a sí mismo sino a la ciudad. Para Maquiavelo, en cambio, el político se pertenece a sí mismo en la medida que aproveche con fuerza su fortuna y con audacia su virtud, en tanto que para Weber este personaje es sobre todo el centro o epicentro de la movilización de las grandes identidades colectivas, emociones e intereses.
Parece que en el Perú hemos vuelto a Maquiavelo aunque en clave extremadamente individualista. La política ha cambiado su sentido social y se ha movido casi todo: el sujeto, el objeto y hasta la tabla de valores de análisis. En nuestro siglo XX, el ciudadano que recibía este título tenía el imperativo de ser un hombre de Estado. A inicios del siglo XXI lo era menos y ahora generalmente es un hombre de estadio. La mayoría de políticos ya no sueñan y hacen; solo hacen obras.
Los políticos austeros, con pocos soles en el bolsillo están en retirada. Esa imagen ha sido reemplazada por el candidato o elegido con dinero, suyo o de otros, una transformación que ha hecho de la política un oficio plutocrático. Conozco a varios que en las últimas elecciones no fueron candidatos o no pudieron serlo porque no estaban materialmente preparados para gastar 100 mil dólares en una campaña, o para pedirlos.
Esta forma y contenido de los hombres públicos no cambiará en el futuro cercano. La corriente de “políticos” antipolíticos es caudalosa y su variedad es creciente. Una clasificación tentativa implicaría reconocer que fuera de los políticos “de partidos” que pugnan gobernar el Estado y se aferran a las prácticas clásicas, se tiene: 1) a los políticos de cooptación, que son los que se agregan a la política, se fichan para una o dos elecciones; 2) los tecnócratas- hacedores, los que a decir de Alberto Vergara no nos gobiernan sino nos administran; 3) los políticos sociales-demandantes, activos sobre todo en la base del sistema, con conexiones intermitentes –coincidentes o conflictivas– con el Estado; y 4) los políticos intelectuales-reflexivos, los que en el esquema de Antonio Gramsci serían los intelectuales no orgánicos.
Seamos conscientes de hacia dónde se dirige el país, con más nitidez que en el pasado. El gobierno y el Congreso podrían no estar a cargo de colectividades integradas sino de decenas de personas que no le deben lealtad a ningún programa y a nada organizado.

domingo, 3 de enero de 2016

¿Ciudadanos bocasucias vs políticos limpios?

Para mí todo, para los otros la ley. Me parece increíble que algunos se atrincheren en una supuesta libertad de expresión y extra territorialidad de las redes sociales para, desde su espacio individual, ensuciar aún más una campaña que pedimos que sea limpia y decente.
Es una expresión más de la incoherencia social que le atribuimos solo a los políticos. Pedimos elecciones limpias pero insultamos a los candidatos que no son de nuestra preferencia, bajo el principio conocido de que sean otros los que se porten bien. Igual que sean otros los honestos mientras yo sigo coimeando policías y saltándome las colas.
Por lo demás, es también inconsecuencia política. Exigimos que los candidatos no se insulten y se dediquen a los contenidos, pero nosotros nos dedicamos a insultar a los que no nos gustan. De paso, ayudamos a los malos políticos; los criticamos que usen mal las redes sociales y eludan las ideas pero hacemos lo mismo, eludimos las ideas agrandando el círculo de esta evasión. La crítica a los partidos y a los políticos sobre que no respetan a los ciudadanos, es igualmente atendible cuando en nuestro caso rechazamos que el JNE intente adecentar la campaña.
La coartada es también conocida, la del falso liberalismo. Cuestionamos a los medios que usan mal la libertad de expresión, a los que acusamos de "libertinaje", pero hacemos lo mismo con nuestra libertad en las redes.
Lo de siempre, mi libertad vale más que la de otros o mi impunidad contra la justicia para el resto.

sábado, 2 de enero de 2016

Últimas elecciones del siglo XX

http://larepublica.pe/impresa/opinion/730161-ultimas-elecciones-del-siglo-xx
La República
La mitadmasuno
1 de enero de 2016
Juan De la Puente
Las elecciones de abril de este año serán las últimas del siglo XX. La idea de que con ellas terminará un ciclo, sobre lo que existe cierto consenso, debe ser precisada a partir de ciertos hechos sobre los cuales también existe un relativo acuerdo pero que a menudo evitamos referirnos como un parámetro de nuestro sistema.
Es innegable que el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 organizó un sistema que fue impactado por la caída del gobierno de Alberto Fujimori el 2000, dando lugar a 15 años de un régimen democrático que nos lleva por primera vez desde 1999 a una cuarta elección sucesiva de un gobierno constitucional. Imposible igualmente negar que durante este período se registraran logros inéditos como un largo crecimiento económico de más de 12 años, la rebaja de más de 30 puntos de pobreza y la mejora relativa de la distribución del ingreso.
Estos resultados se deben a una dinámica compleja del llamado modelo de economía impuesto en 1992, innovado por los tres gobiernos que sucedieron desde el 2001 (que incentivaron especialmente la demanda y la inversión pública) sin afectar su núcleo duro, y con efectos igualmente duros como una severa rebaja de la producción para el mercado interno y el debilitamiento de sectores cruciales como el de Manufactura y Agropecuario.
Menos complejo es el ámbito político/institucional que prácticamente no fue tocado. Las reglas para la formación y ejercicio de la representación son las mismas y tampoco ha variado la relación entre el Estado y la sociedad salvo el incremento de la regulación para determinadas actividades en el mercado. Al contrario, el modelo político instaurado en 1992 se ha profundizado, de modo que la antipolítica es más vigente que nunca.
Apreciando el largo plazo, no se pueden negar “las cosas sucedidas desde el 2000” aunque las rupturas entre el período 1992-2000 y 2000-2015 son menores que las continuidades. La crisis de las instituciones que preside el actual proceso electoral no se debe a las reglas establecidas en el período 2000-2015 sino a la falta de reformas de las reglas generales originadas en 1992, y a que el impulso de la transición del año 2000 fue ahogado.
Sobre ese escenario marcado por las continuidades se agolpan nuevos fenómenos que impulsan el señalado fin de ciclo a propósito de las elecciones de este año. Entre los más dinámicos se cuentan tres: 1) el fin del crecimiento conocido que ha pulverizado el consenso dentro de la ortodoxia y de la heterodoxia económicas; 2) la crisis de seguridad que ha desnudado el bajo estándar de los derechos de propiedad y de justicia; y 3) el estallido de la corrupción que ha reducido a mínimos la confianza de los ciudadanos en la política y en las instituciones.
Por otro lado, la relación entre lo nuevo y constante en este proceso está marcada por lo segundo. El fujimorismo, una candidatura fuerte en las elecciones de este año, fue hegemónico entre 1992 y 2000 y la principal fuerza de oposición a los 15 años de democracia 2000-2015. Asimismo, Humala, la única apuesta de cambio de los últimos años, ha sido sobre todo la continuidad en lo económico y sobre todo en lo político, en tanto que los principales animadores de las elecciones lo han sido de varios procesos electorales y gobiernos: Toledo fue candidato en 5 elecciones y presidente, García fue presidente y candidato en 3, Keiko en 2, PPK también en 2 y ministro y premier entre 2001 y 2006 y Acuña parlamentario, alcalde y gobernador regional.
El fin del largo ciclo no asegura que lo que venga sea necesariamente bueno. No sería sensato predecir que quien gane las elecciones no pueda iniciar una reforma que mejore los contenidos de una república que a pesar de su precariedad tiene cosas que defender porque la historia está poblada de hombres “viejos” que hacen cosas nuevas y buenas. Sin embargo, también es cierto que tenemos varias crisis que parecen no agregarse para producir un efecto de cambio político y que lo nuevo, eso sí, es la escasa demanda reformista desde la sociedad.

Gente como uno (GCU)

http://larepublica.pe/impresa/opinion/728617-gente-como-uno-gcu
La República
La mitadmasuno
25 de diciembre 2015
Juan De la Puente
La polémica sobre la agresión de una ciudadana a un policía en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, condenada a 6 años y 8 meses de prisión, es emblemática para otra discusión más crucial sobre el papel de las leyes y de la justicia en la lucha contra el delito. Como ya sucedió en México y otros países que experimentan el auge del crimen, se vislumbran dos fenómenos en pugna ante el delito, el populismo penal y el clasismo elitista.
El país lleva una década de cambios legislativos para hacer de esta regulación más severa en penas y menos garantista respecto de los infractores. Esta espiral se eleva por un impulso multiclasista con sed de venganza más que de sanción y es probable que no se detenga hasta la ampliación de la pena de muerte y la eliminación de todo beneficio penitenciario.
Parte de este populismo es la tolerancia con el gatillo fácil policial estimulado también legalmente, excepto la reciente Ley sobre el uso de la fuerza por la PNP (D. Leg. Nº 1186), de modo que, por ejemplo, era natural que en diciembre del año 2009 una encuesta de Ipsos revelara que el 47% aprobaba la existencia de escuadrones policiales que ejecuten a delincuentes.
El populismo penal no es el único fenómeno que se observa frente al delito. Se aprecia también un clasismo elitista que entiende que los secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes son siempre los otros, los de abajo, los peruanos de “color puerta”. Nos lo dice todos los días la falta de imaginación para bautizar a los detenidos como “cholo” “negra” o ”chino” o la historia sin fin de las bandas de “malditos” siempre de Cantogrande,  Bayóvar o Huáscar aunque se apresen bandas cuyos miembros vivan, todos, en Chacarilla, Camacho o La Molina.
En el caso del Aeropuerto Jorge Chávez han chocado populismo y elitismo con la justicia al medio, la que siempre paga los platos rotos. Y han salido chispas. La  agresión de una mujer de camioneta 4x4 a un policía mestizo no puede ser más simbólica de ambas subjetividades que actúan en lo público. Frente a la intervención policial por una infracción cierta la ciudadana manoteó y derribó el casco del policía, le dio una bofetada, lo insultó, le dijo que no lo habían enviado al colegio y luego arrancó su vehículo atropellando a los policías que estaban delante.
La condena a la infractora se vio rápidamente en disputa. Una página de Facebook que reclama por su libertad tilda de resentido social al policía agredido, sostiene que la acusada solo lo despeinó, que los policías del Perú son acomplejados y que este es un caso de abuso contra la minoría blanca del Perú, lo que involucra al juez.
El cuestionamiento jurídico de la sentencia empezó usando los vocablos desproporcionado y excesivo, escondiendo que el mar de fondo es la desordenada reforma penal a la que ha conducido la crisis de seguridad del país, uno de cuyos resultados es la obligada terminación anticipada de los procesos llamados “inmediatos” en casos de flagrancia, para lo cual se modificó otra vez el Código Penal (D. Leg. Nº 1194).
Varios abogados que hemos criticado desde hace años el populismo penal hemos sido enfrentados por quienes desde una visión conservadora se imaginan una justicia sin derechos operando bajo la lógica de “mientras el populismo penal no me afecte ¡Viva la pena! En esta ocasión, ese grupo social se ha sentido afectado por una norma que creía que jamás los alcanzaría basados en sus apreciaciones de que el delito no es propio de Gente Como Uno (GCU). La conclusión es la de siempre, un grupo contra una ley que acaba de descubrir que puede castigar severamente la prepotencia.
Los GCU han retrocedido y piden condenas benignas. Desde el gobierno han dicho con dramática sinceridad que la ley de flagrancia no fue pensada para las agresiones individuales sino para la resistencia a la policía en casos de marchas y desalojos. Tranquilos, así la cosa cambia; la justicia se había equivocado, es decir, había acertado; creía que era para todos. Qué ingenua. (Libertad para los presos políticos en Venezuela esta Navidad).

Pacto electoral o choque y fuga

http://larepublica.pe/impresa/opinion/726895-pacto-electoral-o-choque-y-fuga
La República
La mitadmasuno
18 de diciembre 2015
Juan De la Puente
Dos preguntas surgen del reciente acuerdo electoral entre el Apra y el PPC criticados porque Alan García le habría robado por lo menos una vez a Lourdes Flores el pase a la segunda vuelta y porque ésta en algún momento, hace 20 años, calificó de corrupto a García y a su primer gobierno: 1) ¿Es ético que los adversarios se alíen electoralmente; y 2) ¿Qué condiciones exige una alianza para que sea políticamente correcta?
Yo agregaría otras interrogantes:
1) ¿Por qué los partidos de izquierda, que se descalifican más enconadamente, tienen derecho a aliarse y no el Apra y el PPC?;
2) ¿Solo son aceptables los pactos fugaces en el Congreso para votar leyes económicas?;
3) ¿Son mejores para la democracia los pactos duraderos o los pactos “choque y fuga”?;
4) ¿Cómo jugará esta fobia al pacto cuando el nuevo gobierno necesite de acuerdos quizás más que los anteriores?
La historia, esa vieja señora, nos brinda algunas respuestas. Entre 1895 y 1980 el Perú fue gobernado 42 años por gobiernos de facto, 6 años por un gobierno civil de un solo grupo político (el primer gobierno de Manuel Prado) y 38 años por gobiernos surgidos de alianzas electorales o pactos políticos. Es decir el 86% de la vida democrática 1895-980 fue gobernada por pactos.
Es más, desde la Guerra con Chile y a lo largo del siglo XX no hubo partido significativo que no pactara incluso con sus adversarios más enconados, como fue la Coalición Nacional (entre el Partido Civilista y el Partido Demócrata, pierolista), la alianza entre el civilismo y el Partido Constitucional, cacerista; la Convención Nacional (alianza entre civilistas, liberales y constitucionalistas) que llevó al poder a José Pardo y Barreda en 1915; el Frente Democrático Nacional (Apra, Partido Comunista y Partido Socialista) para apoyar a José Luis Bustamante y Rivero (1945); la llamada “convivencia” del Apra y el Movimiento Democrático Peruano que hizo a Prado presidente nuevamente (1956) y la alianza de Acción Popular y la Democracia Cristiana que le permitió a Fernando Belaunde ganar en 1963.
También es cierto que desde 1980 los acuerdos electorales no ganan elecciones aunque sobreviven los pactos de gobierno postelectorales (AP-PPC 1980/84, PP-FIM 2001/05) y los acuerdos parlamentarios como el del Apra y el fujimorismo entre el 2006 y el 2011.
La mirada de los pactos forma parte de nuestra visión ideológica.  La izquierda denunció el pacto Apra-PPC en la Constituyente de 1978 pero defendió la Constitución de 1979. Por otro lado, nos horroriza menos que un gobierno elegido por la izquierda voltee a la derecha y que militantes de ideas políticas de una vida se pasen sin explicaciones a la otra acera. Del mismo modo, en Alemania, el SPD-socialdemócrata y el CSU-socialcristiano se tiran los trastos en la campaña pero se ven obligados a pactar un gobierno complejo, un consenso a palos a gusto de los alemanes, en tanto que en Grecia, el socialista Alexis Tsipras ha pactado sus dos gobiernos con el grupo Griegos Independientes, la derecha nacionalista ultrarreligiosa.
Creo que un pacto electoral es una decisión republicana; no creo que el acuerdo Apra-PPC sea contranatura –si el término se aplica a los valores intrínsecos no negociables– si ambos se parecen, se han acercado los últimos 5 años y se han besuqueado los últimos 2, aunque queda claro que allí sobran Chim Pum Callao y Fuerza Loretana con graves cargos de corrupción generalizada en las regiones que dirigieron.
Este acuerdo será histórico si lo quiere la historia. Si triunfa deberá luchar por sobrevivir y si no, pasará al desván de los pactos fallidos como Izquierda Unida (1980/89), el Fredemo (1988/90) o el Frente de Centro (2006). Por ahora, es un pacto obligado por las circunstancias; se parece más a la alianza entre el Apra y el odriísmo (1963/68) porque confirma el giro aprista hacia la derecha, aunque difiere de aquella porque el acuerdo Haya-Odría fue mucho más voluntario. No me queda duda sin embargo que es una decisión responsable a la que no habría que tirarle piedras, atrincherados en lo que sucedió hace 20 años.

Los peones del centralismo

http://larepublica.pe/impresa/opinion/724969-los-peones-del-centralismo
La República
La mitadmasuno
11 de diciembre de 2015
Juan De la Puente
Si pudiese sugerirles algo básico a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales es que eviten los acuerdos electorales con las listas nacionales para apoyar a un candidato presidencial a cambio de colocar a un representante suyo en el Congreso.
Esa experiencia ha sido nefasta y fallida. El actual Congreso tiene por lo menos 8 congresistas que alcanzaron sus curules incrustados en por lo menos tres listas presidenciales que compitieron el 2011. Es el caso de legisladores elegidos por Áncash, Huánuco, Loreto, Junín y Cusco, entre otras regiones.
La operación no les ha servido a las administraciones regionales. Como primer efecto, los que participaron en alianzas que no ganaron la Presidencia de la República vieron enajenada la voluntad del partido ganador o, si formaron parte del grupo ganador, fueron presionados sin éxito para lograr mejoras gracias a sus contactos con el nuevo poder. Así, en uno u otro caso, solo consiguieron desazón y decepción.
Ninguno de los presidentes regionales que se ufanaron de haber hecho el 2011 el negocio de su vida, se reeligió. Antes, a poco más de un año en funciones, “sus parlamentarios” se mimetizaron en el Congreso, no lograron casi nada en favor de sus regiones con las que además perdieron contacto, en tanto que renunciaron a sus bancadas en la primera oportunidad o les dieron la espalda a los jefes políticos que organizaron el acuerdo.
Advierto que ahora por lo menos tres gobernadores regionales y algunos alcaldes de capitales de departamento han llegado a acuerdos con partidos nacionales. Estos pactos se basan en la seguridad de que los líderes regionales pueden endosar a un candidato nacional los votos obtenidos el año pasado, algo debatible y relativo. Son los casos, por citar dos ejemplos, de los gobernadores de Arequipa y Tacna, que obtuvieron alrededor de 20% de votos en la primera vuelta y que difícilmente endosarán ese caudal luego de un año de complejas administraciones.
Desde el lado nacional, en los partidos creen que un pacto con grupos locales puede resolver sus problemas de implantación, y el suministro de militantes, activistas y operadores tan necesarios en una campaña electoral. Eso también es relativo; en la mayoría de regiones los grupos que ganaron las elecciones del año pasado se han desactivado, los vínculos se han debilitado y las autoridades se han autonomizado, de modo que un acuerdo con una autoridad es principalmente con su aparato de gobierno. Y nada más.
Es cierto que para un grupo nacional sin implantación local un pacto con una autoridad local es mejor que nada. De acuerdo, pero el asunto cambia cuando lo que se quiere es gobernar un país en serio, una tarea cada vez más enfrentada por la hostilidad de un Congreso donde escasea la disciplina partidaria y los legisladores recuperan su independencia rápidamente.
Los gobernadores regionales tienen problemas nacionales más serios que sentar a un enviado suyo en una curul. El más desafiante es el destino de la descentralización, acosada por dentro y fuera de las regiones. Dentro, por la corrupción y la precariedad institucional, al punto que un gobernador regional ha sido vacado y otros tres están en esa ruta; y fuera, por un movimiento que propone ir en reversa. En la reciente CADE 2015 he escuchado por lo menos tres exposiciones que sugieren recentralizar el país bajo la convicción de que la descentralización ha fracasado.
La campaña electoral necesita de una potente y unida voz política de las regiones más que de enjuagues electorales que hacen de los líderes regionales peones del centralismo. Por si acaso, casi todos los candidatos guardan silencio sobre qué hacer con la descentralización, un proceso suspendido en el aire hace varios años, otro rasgo inédito de este proceso electoral. Como hace 30 años, las ideas de la capital se aprestan para decidir por el resto del país mientras los líderes fuera de Lima se contentan ¡qué tal minimalismo!  con buscar una esquinita en el Parlamento. Qué favor tan caro para el centralismo.

Candidatos: ¿Se parecen demasiado?

http://larepublica.pe/impresa/politica/723791-candidatos-se-parecen-demasiado
La República
(Balance corto de CADE 2015)
6 de diciembre de 2015
Juan De la Puente
La idea general luego de las exposiciones de los candidatos presidenciales en CADE 2015 es que los aspirantes se parecen tanto en las propuestas como en sus omisiones. De los tres grandes problemas que dominan la campaña electoral –la desaceleración de la economía, la corrupción y la inseguridad– solo el primero fue abordado con cierta amplitud –aunque no en profundidad– en una medida que permite considerar la evolución del Perú si alguno de ellos ganara las elecciones.Esta coincidencia no es suficiente para generar un consenso sobre un nuevo ciclo de crecimiento. Localizadas en la inversión pública, las propuestas no abordaron dos reclamos actuales, la caída de la inversión privada y la diversificación productiva.
Ha faltado más coherencia dirigida a proyectar una imagen completa de ese pacto para una estabilidad macroeconómica que nos es necesaria.
Las diferencias están en su disposición a relacionarse con los ciudadanos. Dos ejemplos sobre ello: 
1) Alan García y AlejandroToledo apuestan por la política mientras que los otros tres reducen el gobierno a la gestión técnica; es la colisión entre la década de 2001-2011 con la de 1990-2000, de la que Humala es una síntesis desarmada. PPK llegó al extremo de prometer menos política, como si esa contra-política no nos estuviera matando. 
2) Dos candidatos, García y PPK, designaron ante cámaras a sus ministros de Economía, mientras Keiko guardó bajo siete llaves la identidad de su equipo.
La presentación en la CADE 2015 ha servido también para verificar otros límites. Los candidatos carecen por ahora de una visión que relacione un probable gobierno suyo con las reformas institucionales que el país necesita con urgencia, y ya no solo las 32 iniciativas presentadas por la Asociación Civil Transparencia, sino a otras referidas a la corrupción y a la inseguridad. Si esa carencia obedece a la convicción de que los próximos 5 años son una simple extensión de los últimos 15, tenemos problemas. 
Finalmente, también ha servido para fijar un techo conceptual al crecimiento de Acuña, que parece adolecer de la misma falta de calidad que su presentación.