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martes, 6 de agosto de 2019

La incertidumbre y los inseguros

https://larepublica.pe/politica/2019/08/02/la-incertidumbre-y-los-inseguros/
La República
La mitadmasuno
2 de agosto de 2019
Por Juan De la Puente

La propuesta de adelanto electoral ha generado el uso desprevenido del concepto “incertidumbre”, especialmente aplicado a la economía, adjudicándole de plano, abusivamente, un significado concluyente solo por razones del debate público.
Desagregando nuestro modelo de desempeño institucional desde el año 2000, este presenta elementos a tomar en cuenta a la hora de apreciar los conflictos, como: 1) un riesgo país bajo para la región (considerando que el Índice Global de Riesgo, IGR, le da generalmente al Índice Político un 35% de peso); 2) una marcada separación entre la política y la economía, resumida en la imagen de las “cuerdas separadas”; y 3) una sostenida insatisfacción social sobre la economía, incluso a pesar de sus logros, lo que Latinobarómetro bautizó como “la paradoja peruana” hace 15 años, reportando en su última medición (2018) solo 9% de satisfacción por debajo del promedio regional de 18 países (16%).
Una definición abierta de incertidumbre sería que es un periodo en que los tomadores de decisión carecen de certezas sobre el resultado de sus movimientos y, por lo tanto, no pueden estimar sus logros o pérdidas debido a la falta de información sobre el curso de los hechos. Bajo esta premisa, es un exceso designar como incertidumbre los indicadores clásicos de riesgo, inestabilidad, desconfianza o conflicto, o, peor aún, ignorar la interacción de estas variables, especialmente cuando se agregan o desagregan en las coyunturas críticas.
En el caso peruano, hablaríamos de, por lo menos, tres tipos de incertidumbre, dos puras y una general o mixta. La económica “pura” fue muy escasa, y quizás la más significativa haya sido la de los efectos internos de la crisis financiera internacional (2008) con baja afectación de la economía debido al liderazgo del gobierno. Luego, tuvimos varias coyunturas de incertidumbre política “pura”, entre ellas las asociadas a las campañas electorales del 2006 y 2011 y la actual, la más larga, que dura desde diciembre del 2017. Estos episodios tampoco fueron decisivos en los resultados económicos. Hasta ahora.
En este periodo no hemos experimentado coyunturas de incertidumbre general, en la dimensión de los años 80. Es probable, sin embargo, que su ocurrencia en esta etapa vaya asociada a condiciones, como: 1) una larga disputa violenta, sin salidas, entre el Gobierno y el Congreso, que comprometa decisiones económicas públicas, como la aprobación del presupuesto, por ejemplo; 2) paralizaciones expresas y sostenidas de sectores claves de la economía o de regiones, produciendo una agregación de conflictos que escalen en intensidad; o 3) la irrupción de alternativas que desborden los cauces legales y promuevan salidas extralegales con cierto respaldo ciudadano.

De las posibilidades señaladas, la primera podría estar en ciernes, de modo que se impone una negociación para adelantar las elecciones, un pacto renovador de la democracia, propio de una transición política en la que ya tenemos experiencia. Por lo mismo, no existe una incertidumbre general, automática y obligatoria, menos un riego de recesión o de grandes pérdidas materiales, en un proceso que hasta ahora es esencialmente político. No invoquemos al diablo por gusto.

viernes, 25 de mayo de 2018

Reforma y/o populismo

https://larepublica.pe/politica/1240684-reforma-populismo
La República
La mitadmasuno
11 de mayo de 2018
Juan De la Puente
Hay varias maneras de evitar las reformas, por lo menos tres; una de ellas es no hacerlas; la otra es hacer lo contrario, es decir, inventar una contrarreforma; y la tercera, pugnar o realizar entusiastas cambios que no lo son a pesar de las apariencias.
Las dos primeras modalidades se consumaron en el Perú a propósito de la reforma electoral, una exigencia que no fue atendida por decisión de la mayoría de direcciones partidarias y bancadas parlamentarias entre los años 2008-2018, a pesar del interés y presión de los organismos electorales, en un momento articulados en la Plataforma por la Reforma Política Electoral (2010-2015). La revisión de los proyectos de ley presentados en la última década brinda una idea completa de cómo se ha evadido esta urgencia y, al mismo tiempo cómo la élite política pudo tejer sucesivas alianzas para evitar cambios cantados y demandados, una resistencia exitosa ayudada por el crecimiento económico qua hacía (¿hace?) prescindible todo cambio sustantivo.
Estas alianzas lideraron hasta tres movimientos de contrarreforma, con el siguiente ritmo: 1) elevar de 140 mil firmas a 560 mil el número de firmas para inscripción de los partidos (Ley Nº 29490, de 2009); 2) aumentar a 900 mil firmas este requisito y otros ajustes antidemocráticos como aumentar de 20% a 25% el porcentaje de invitados en las listas de candidatos a elección popular (Ley Nº 30414, de 2015); y 3) suprimir la fiscalización de los recursos financieros por parte de la ONPE (Ley 30689, de 2017) aunque acompañado de algunos reajustes positivos respecto al financiamiento, y la ley que permite postular a quien no viven en la circunscripción electoral, aunque haya nacido en ella (Ley Nº 30692 de 2017).
Con realismo, en esta etapa existe menos posibilidades de concretar una reforma ligeramente coherente, a tenor de la disposición de fuerzas parlamentarias y de la ausencia de un liderazgo político extraparlamentario activo e influyente. Desde la derrota del proyecto de Código Electoral elaborado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Patricia Donayre, queda claro que la agenda mínima de la reforma no será abordada en el mediano plazo. Esta convicción no implica “tirar la toalla” sino reorientar la estrategia para lograr los cambios, asumiendo que luego de una década de demandas y bloqueos se ha conformado que la reforma política y electoral no se hará con los partidos y con el Legislativo.
Por tal razón, y en ese contexto realista y desafiante, el principal riesgo actual es la distracción respecto de las claves de fondo. Esto acaba de ponerse de manifiesto con la propuesta de eliminar la relección parlamentaria. El respaldo abrumador a este planteamiento hace presumir que en esta medida se deposita gran parte del cambio.
No obstante, es un señuelo; es la parte populista de la reforma. Lo cierto es que desde el año 2001 la tasa de reelección parlamentaria peruana es la más baja de Sudamérica, una tasa que apenas superó el 20% en las elecciones del año 2016. Cuatro congresos “nuevos” en los últimos 16 años no han hecho mejor al Parlamento peruano, como tampoco mejoraran las regiones y municipios la muy aplaudida prohibición de reelección de gobernadores y alcaldes, o persistir en un Congreso unicameral y pequeño, otra idea popular.
La evidencia indica que existe una correlación entre la reelección parlamentaria y los partidos más institucionalizados y que, al contrario, existe otra correlación, perversa, entre los parlamentarios nuevos no militantes de sus partidos y la falta de institucionalidad de los grupos políticos, un escenario enmarañado donde la cohesión partidaria se bate en retirada empujada por el dinero y el independentismo legislativo, el virus disolvente del sistema. 

Si la mitad de emoción y demanda contra la reelección parlamentaria se pusiese en la exigencia de discutir el Código Electoral, o en poner sobre la mesa que solo 92 de los 130 congresistas están afiliados a los partidos por los que fueron elegidos, según los recientes datos de la Asociación Civil Transparencia, estaríamos en otro momento de esta batalla.

viernes, 11 de mayo de 2018

Inmunidad, impunidad y debilidad

https://larepublica.pe/politica/1226066-inmunidad-impunidad-y-debilidad
La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2018
Juan De la Puente
Entiendo el propósito del proyecto de ley presentado por la congresista Patricia Donayre para suprimir la inmunidad parlamentaria, y comparto su firmeza en la lucha contra la impunidad de los elegidos por el pueblo, un esfuerzo creciente de los sistemas políticos acosados por el crimen político. Sin embargo, estoy en desacuerdo con la iniciativa presentada. Aquí algunas razones:
Uno. La representación tiene dos momentos, la formación y el ejercicio. Al primero corresponden los derechos y libertades de elegir y ser elegidos y de participación en los asuntos públicos, regulados por la ley. Al segundo corresponde el desempeño de los elegidos y las instituciones que integran, igualmente regulados. En ese orden de ideas, llevamos más de una década postergando la reforma del primer momento, de la formación de la representación, que es la etapa de impunidad legalizada, socavada por voto preferencial, el fichaje de independientes con dinero, el financiamiento ilegal y el desprecio a los militantes de base de los partidos.
Sin reforma radical de esa etapa, que no implique colocar más requisitos, el Congreso seguirá abierto a los indeseables y quizás solo se mejore el proceso de desafuero. En tal sentido, si se trata de formar una voluntad de reforma para cambiar la representación, sería más conveniente utilizar esa posibilidad para expedir normas de rango inferior inclusive, congeladas por las mayorías parlamentarias hace tiempo.
Dos. Nuestro esquema de distribución de poderes, cada vez alejado de la tradición del check and balances, ha migrado a un esquema de debilidad paritaria del Ejecutivo y Congreso, y hacia una colaboración inorgánica. Suprimir la inmunidad parlamentaria debilitaría la función de control, al reducir el marco de autonomía del legislador, considerando que, en la última etapa, este control se ha ampliado hacia áreas no estatales, como lo demuestran las investigaciones parlamentarias desde el año 2001 en cumplimiento del artículo 97º de la Constitución sobre cualquier asunto de “interés público”.
Sin inmunidad, esa forma de control sería compleja, jaqueada por ejemplo por recursos judiciales personalizados en determinados legisladores. Si habría sido el caso, no me imagino que no hubiese tenido respuestas legales penales de los involucrados las conclusiones de la Comisión investigadora sobre los delitos económicos y financieros cometidos entre 1990-2001, suscrita por Javier Diez Canseco (UPD) Walter Alejos (PP) Máximo Mena (PP) Juan Valdivia (APRA) y Kuennen Franceza (PPC).
Tres. Desde la doctrina parlamentaria clásica, la inmunidad no es un derecho personal ni un privilegio individual del legislador, sino una garantía que descansa en el poder del Parlamento como cuerpo colegiado, como lo ha señalado en su momento el Tribunal Constitucional (Exp. Nº. 0026-2006-PI/TC).
Esto no implica que no existan alternativas que eviten el espíritu de cuerpo o el canje de votos por impunidad, apreciado recientemente. Una de las opciones sugeridas es que, en cada legislatura, el Parlamento delegue en un cuerpo externo altamente calificado –como delega la función legislativa- las funciones de la Comisión de Ética y el levantamiento de la inmunidad de sus miembros.

Hoy, como hace 300 años, la clave sigue siendo la independencia del congresista, el elemento constitutivo del Legislativo como cuerpo político, es decir: 1) representación de todo el pueblo; 2) no sujeción a mandato imperativo e inviolabilidad; y 3) elección periódica. En este mismo aspecto, tengo el temor de que los grandes poderes económicos y políticos, cuestionados por su falta de sensibilidad y respeto hacia los pueblos originarios, consumidores, trabajadores u otros sectores con demandas específicas, aprovechen la ventana de oportunidad que les brinda la ausencia de esta prerrogativa, y fomenten la salida del Congreso de los parlamentarios que consideran incómodos a sus intereses. Ahora que ya tenemos una política judicializada que se desenvuelve en carriles con límites cada vez más difusos, seria inconveniente la judicialización del ejercicio parlamentario.