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sábado, 16 de diciembre de 2017

Evo Morales por siempre

La República
La mitadmasuno
1 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia ha emitido una resolución que permite la reelección indefinida de todas las autoridades electas en los ámbitos nacional, regional y municipal, dejando un delicado precedente que puede convertirse en una epidemia reeleccionista en América Latina.
A pocas semanas de culminar su mandato, el máximo órgano de interpretación constitucional de Bolivia, objeto previo de prácticas injerencistas para cambiar su composición, ha modificado la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia, votada en el referéndum del año 2009, inaplicando cuatro de sus artículos que se refieren a la elección y reelección de cargos políticos por elección popular. Estos artículos ya fueron objeto de una interpretación forzada hace años para permitir un tercer mandato de Evo Morales.
El razonamiento del tribunal boliviano es impresionantemente inconstitucional. Arremete contra su propia Constitución amparándose en una lectura antojadiza de la Convención Americana sobre DDHH, el Pacto de San José, que es el documento hemisférico que origina el sistema interamericano de DDHH del que son parte la gran mayoría de estados de la región.
El inciso 1) del artículo 23º de este tratado señala que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas. El inciso 2) de este articulo limita la reglamentación de estos derechos “exclusivamente” por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.
El TCP ha señalado que esta redacción es preferente a su Constitución porque protege los derechos políticos de las personas y que debe ser el pueblo quien en definitivamente decida sobre la reelección. El tribunal ha hecho una lectura extremadamente sesgada de la Convención, entendiendo que la esencia de la elección es la misma que la reelección, y que el derecho a ser elegido –que debe ser en lo posible abierto y no restrictivo– se extiende a todas las veces que un presidente quiera ser elegido, creando un inaudito “derecho a la relección”.
Nunca se había usado la Convención Americana sobre DDHH para argumentar, precisamente, contra la violación de los derechos de elegir y ser elegidos que son, por esencia, derechos atribuibles a la persona para alcanzar un cargo y no para que una autoridad se perpetúe en él.
Lo que sucede en Bolivia reviste al mismo tiempo una embestida a la soberanía popular con el pretexto de defenderla. En ese país, la limitación del mandato presidencial ya fue votada en el referéndum de aprobación de la Constitución, en enero del año 2009, con lo que el veredicto de las urnas –de acuerdo al fallo del TCP- se ha cumplido.
Por si fuera poco, en otro referéndum, en febrero del año pasado, el pueblo rechazo una cuarta elección de Morales, un pronunciamiento específico que ha sido gravemente ignorado.

El fallo del TCP colisiona con la tradición constitucional de una América Latina presidencialista que debió reglamentar las relecciones continuadas para garantizar la vigencia de dos elementos del pacto republicano, el gobierno limitado en el tiempo y la alternancia en el poder. Esta tradición se fortaleció durante la ola democratizadora de los años 80 y, aunque fue ligeramente alterada desde la reforma constitucional argentina de 1994 (El Pacto de los Olivos), y por las constituyentes de Venezuela, Ecuador y Bolivia, no lo fue al extremo de permitir las reelecciones indefinidas. En el caso peruano, a la caída de Fujimori fue repuesta la prohibición de reelección inmediata y ahora mismo se debate en Ecuador prohibirla. El fallo del TCP boliviano nos recuerda que el autoritarismo en la región está vivo.

viernes, 2 de septiembre de 2016

La cuestion democrática en América Latina

http://larepublica.pe/impresa/opinion/799216-la-cuestion-democratica-en-latina
La República
La mitadmasuno
2 de setiembre de 2016
Juan De la Puente
Tres países –Colombia, Venezuela y Brasil– son sacudidos por distintas razones que sin embargo se relacionan con un hecho general, el fin del ciclo progresista o posneoliberal regional que coincide con otro final, el del auge de los precios de las materias primas. Política y economía se funden en una nueva transición como hace 30 años, aunque a diferencia de aquella no estamos ante un movimiento hacia la democracia desde un patrón único autoritario sino de una convulsión que parece no tener agenda evolutiva general.
La derecha no tiene mayor problema en poner todo en el saco contra la izquierda y le es fácil oponerse a una sola voz a la paz en Colombia, aplaudir la destitución de Rousseff y apoyar la salida de Maduro del poder. Ella bate palmas por lo que le sucede a la izquierda sin considerar que se inicia un proceso complejo en el que la sociedad asumirá formas de acción política contestatarias que afectarán a derechas e izquierdas.
Este reduccionismo es similar al de la izquierda más atrasada del continente que apoya la paz en Colombia pero respaldaría un golpe chavista en Venezuela, aunque califique de golpe de Estado lo sucedido con Roussef en Brasil, que efectivamente lo fue.
Algunos académicos señalan que una cosa es el agotamiento del potencial transformador del progresismo y otra el final de su ciclo político (Eduardo Gudynas, Uruguay). Eso parece ahora poco relevante frente al envilecimiento del proyecto chavista en Venezuela y a la caída de Dilma Rousseff en Brasil, procesos en cuya base se localizan tanto el fracaso económico como institucional. En Colombia, en tanto, lo que ha fracasado son las políticas de guerra de la derecha y de la izquierda, superadas por un audaz pacto democrático liberal, resistido por el ultra conservadurismo. Colombia es el único país del mundo en guerra donde se marcha contra la paz.
Es cierto que en la crisis regional juega un papel destacado la derecha, pero reducir todos los efectos a esta participación es un delito conceptual; equivale a negar la deriva autoritaria y corrupta en países como Venezuela o Nicaragua, o los graves errores de los modelos argentino y brasileño que no solo no combatieron la corrupción sino se asociaron a ella. Que Rousseff sea derrocada por un grupo de políticos corruptos que pugnan por librarse de la cárcel –y que ella sea personalmente inocente– no debería hacernos cerrar los ojos ante la descomunal ausencia de la ética pública que ha envuelto la política oficial de ese país. El vómito negro no esconde la infección.
Son lejanos los días en que la viabilidad de la izquierda se subordinaba a dos mutaciones genéticas, la inclusión en el régimen democrático y la rebaja de su programa máximo frente al mercado y la sociedad. En lo segundo, en la mayoría de países gobernados por el progresismo en los últimos 15 años se exhiben avances notables en materia de ingresos y equidad, pero en lo primero se confirma un resonante fracaso.
El progresismo dejó pasar la oportunidad de garantizar una democracia política que acompañe al programa de democracia económica y equidad. Las reformas institucionales realizadas en Bolivia, Venezuela y Ecuador sirvieron para ganar las reelecciones y en otros países, como en Argentina, el gobierno familiar cerró toda opción de futuro. En Brasil no hubo reforma reeleccionista, pero una gigantesca maquinaria estatal corrupta devoró al grupo portador del cambio, el Partido de los Trabajadores (PT), cuya actual impopularidad es una suerte de caída del Muro de Berlín del progresismo regional.
La izquierda está nuevamente enfrentada a sí misma. Ella, que ha llenado bibliotecas con recetas para la reforma del Estado tendrá una nueva oportunidad si asume un programa de cambios democráticos en la región –que no pasen obviamente por el reeleccionismo– y si al mismo tiempo profundiza su compromiso con la ética pública. En otras palabras, se encuentra frente a una nueva cuestión democrática.

viernes, 23 de mayo de 2014

Políticos, salgan del clóset

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/politicos-salgan-del-closet-23-05-2014
La República
La mitadmasuno
23 de mayo 2014
Juan De la Puente
De pronto, la corrupción regional y municipal se ha transformado en un asunto de jueces, fiscales y contralores, y a ellos se les ha empezado a encargar el futuro de la descentralización, el cambio más importante en el ejercicio del poder en los últimos 50 años. Las palabras más usadas: delito-control-sanción forman un trío mágico que políticos, periodistas y analistas manosean con descaro, como un remedio infalible contra la avalancha de denuncias y pruebas del uso ilícito de los recursos públicos.
Mienten y se mienten. Su receta es casi microscópica frente a un problema gigantesco; esa respuesta mínima es tan dañina como el problema mismo, un minimalismo que esconde una apreciación hipócrita y centralista trasnochada: así como nunca importó el atraso de las “provincias” hoy tampoco importa su corrupción. Total, no es la de Lima.
La descentralización ha empezado a podrirse y a oler mal, y el punto de partida de una alternativa eficaz es considerar la corrupción regional y municipal más como un problema de la democracia que de jueces y auditores, un asunto de organización y de actores más que de licitaciones, un problema de la política antes que de la ley penal; es decir, de proyecto antes que de comportamiento.
Asumirlo cuesta, especialmente en un país donde todo defecto de la descentralización es la coartada soñada para el manotazo centralista. No obstante, así como la disyuntiva centralismo honrado vs descentralización corrupta es falsa, no es válido responder a la realidad atrincherados en la idea de que el centralismo es también corrupto. El debate no es sobre el viejo modelo centralista sino sobre su alternativa, es decir, lo nuevo, y en ese afán la mejor defensa de la descentralización es una franca revisión del proceso y que esta venga, precisamente, del espacio social que propugna consolidarla.
Una segunda toma de posición consiste en aceptar que la descentralización está suspendida en el aire, una de las conclusiones a las que arribaron el año pasado un panel de especialistas convocados por el PNUD. Esta incertidumbre que interroga sobre la dinámica del proceso, es decir, si avanza o retrocede, o si se consolida o se debilita, es revelada con la verdad: no se mueve. No obstante, si seguimos negando la realidad blandiendo el incremento del porcentaje de soles que ahora gastan regiones y municipios, el crecimiento económico de algunas regiones y la reducción de sus índices de pobreza perderemos la valiosa posibilidad de un nuevo impulso.
La importancia de abrir un segundo y nuevo momento en la descentralización es una ineludible tercera toma de posición que nos remite a la política, ante la que palidece la letanía de “el problema es el control”. No obstante, no se aprecia una reacción del sistema en esa dirección. Esta debería ser la hora de la política en y para las regiones pero es la hora de la Policía; debería ser la hora de la Constitución pero es la hora del Código Penal. Lamentablemente es la hora de los políticos que hacen audiencias pero no hacen política, o que solo hacen “política nacional”, es decir, limeña.
No deja de ser exigible y justo el papel de contralores, policías y magistrados para combatir las mafias regionales y municipales que se reproducen con facilidad. Sin embargo, el régimen democrático no debería quedarse en el control de plagas. Por ejemplo, el Congreso no tiene visos de encarar el sistema de elección y el período de gobierno de presidentes regionales y alcaldes, los mecanismos de rendición de cuentas, las funciones de los consejos regionales o el reforzamiento de los consejos de coordinación regional y local.
De hecho, ningún partido “nacional” ha rectificado su decisión de minimizar su participación en las elecciones del 5 de octubre, en tanto que la sociedad civil organizada sigue fomentado pactos de desarrollo local y regional en los que no figura la corrupción. ¿Cuántos presidentes regionales más deberían ser imputados o encarcelados para que los políticos salgan del clóset y hagan lo que se supone deben hacer, es decir, política?