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viernes, 17 de enero de 2014

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014
La República
La mitadmasuno
17 de enero 2014
Juan De la Puente
Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.
El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.
En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.
Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.
El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.
Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.
Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.

jueves, 17 de mayo de 2012

La crisis de seguridad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-crisis-de-la-seguridad-17-05-2012
La República
La mitadmasuno
17 de mayo 2012
Juan De la Puente
En 11 de 18 países de A. Latina, incluido el Perú, los ciudadanos sienten que la delincuencia y seguridad pública son sus principales problemas, a tenor del reciente estudio de la Corporación Latinobarómetro presentado este mes en Lima. El estudio previene sobre que, en el tema, se ha instalado un clima de opinión donde las percepciones catalizan los problemas y pueden ser más que las realidades. Sea como fuere, afirma que la región ha sido capturada por la idea de que el crimen hace la agenda pública.
El estudio avanza y arriesga una relación entre delito y violencia en la región, una asociación que la mayoría de estrategias anticrimen pretenden olvidar, y obtiene hallazgos interesantes. Descubre, por ejemplo, que en los países con más incidencia de delitos, como Guatemala, Honduras o Venezuela, no se relaciona esa violencia con la que se produce en el espacio familiar, una constante también atribuible al Perú. El estudio también repara en que en el Perú y Bolivia, países con alta producción de cocaína, la tasa de homicidios es baja y parece estar vinculada a la violencia doméstica y a los delitos comunes más que al crimen organizado. Difícil saberlo si, como refiere el Anuario de la PNP 2010, el 32% de denuncias de delitos de violencia familiar no se investigan. Aun así, no es un consuelo, sobre todo si esta tasa nacional se ha elevado considerablemente en el último lustro.
Es sugerente la presentación que hace Latinobarómetro de tres dilemas del delito en la región, y que nos atañen: la incongruencia aparente entre lo objetivo y subjetivo, el aparente divorcio entre la victimización y el temor, y la expectativa sobre el Estado. En relación a ello, analiza a países, como el Perú, con mayor nivel de victimización que de homicidios, donde la clave de las políticas de seguridad ciudadana se relaciona con el combate a delitos más masivos como el hurto, robo y lesiones. Para confirmar que la clave de nuestra victimización no está en los homicidios sino en los delitos con violencia, el estudio destaca que el Perú es el tercer país en la región donde la víctima declara haber sufrido violencia durante el hecho delictivo.
Finalmente, el estudio investiga el pesimismo regional sobre el delito, dividiendo a los países en tres tipos: los que reconocen lo realizado en seguridad ciudadana, los críticos, y los que tienen poca fe en el Estado. Allí se tiene a países como Guatemala y México donde un bajo porcentaje de ciudadanos cree que el Estado puede resolver el problema de la delincuencia, que contrastan con países como Uruguay, Argentina y Paraguay, cuyos ciudadanos consideran que el Estado si puede derrotar al delito. En el Perú, a pesar de que solo un 8% dice que la seguridad ciudadana es buena, el 60% cree que el Estado puede resolver este problema. Allí se ubica una alta cuota de esperanza que debe ser saldada con un liderazgo institucional al más alto nivel y resultados rápidos.