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sábado, 22 de noviembre de 2014

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República
La mitadmasuno
7 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

viernes, 17 de enero de 2014

Gatillo fácil quiere más sangre

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/gatillo-facil-quiere-mas-sangre-17-01-2014
La República
La mitadmasuno
17 de enero 2014
Juan De la Puente
Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.
El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.
En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.
Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.
El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.
Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.
Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.