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sábado, 9 de marzo de 2019

Un presidente sin bancada

https://larepublica.pe/politica/1409138-presidente-bancada
La República
La mitadmasuno
8 de febrero de 2019
Juan De la Puente
Es paradójico que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tenga 62% de aprobación, pero carezca de bancada parlamentaria. Más extraño todavía que una parte de legisladores de las cuatro bancadas que orbitan a su alrededor deje claro que no es gobiernista; y más insólito, que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, tampoco pertenezca a un grupo parlamentario.
La primera explicación es la pérdida de centralidad del Parlamento, es decir, su aislamiento y debilidad, sobrepasado por el torbellino que quebró el orden mayoritario del fujimorismo, coincidente con aumento del poder personal del presidente y de la importancia de la opinión pública y los medios para gestionar la agenda pública.
La segunda explicación es que el Congreso carece, incluso en el caso de las bancadas más numerosas, de grupos que operen como actores unitarios; al contrario, son actores individuales los que hegemonizan las relaciones internas y las relaciones con los otros poderes y medios. En el Congreso no existe multipartidismo sino “multibancadismo”, un escenario donde los grupos parlamentarios se han independizado de sus direcciones partidarias.
El Gobierno por ahora no sufre por la falta de adhesiones parlamentarias orgánicas. Su relación con el Congreso es tirante pero no borrascosa, mientras que los congresistas carecen de los dos incentivos clásicos para las coaliciones institucionales, la posibilidad de asumir puestos en el Ejecutivo, debido a que Vizcarra gobierna con un gabinete de técnicos de bajo perfil político; y de incidir en el programa de gobierno, porque carecen de un cuerpo sólido de propuestas de políticas públicas.
La actual posición de Vizcarra –alta aprobación más alta legitimidad- le permite no negociar con otros actores las principales líneas de su gobierno. Esto no significa que, en el futuro, el presidente no necesite de una coalición “arriba”. Es cierto que desde julio ha podido derrotar al Parlamento apoyado en la opinión pública y la mayoría de medios con los que coinciden en la lucha contra la corrupción y la reforma del sistema de justicia. En ese sentido, no es demagógico afirmar que la alianza de Vizcarra es con el pueblo, un inédito caso de un gobierno minoritario, pero fuerte. Hasta ahora.
Lo que sucede recientemente en el Congreso con el juego de las actuales minorías revela los límites de una política sin coaliciones, sobre todo si se propugna el cambio. La pérdida de la mayoría absoluta del fujimorismo no ha significado la formación de una mayoría esencialmente gobiernista, sino la creación de un núcleo dirimente y retrechero, una opción más propia de los sistemas donde el gobierno está obligado a ganar votos en el Parlamento para las cuestiones esenciales. A esto se suma la actividad de los legisladores topo, que podrían llegar al 10% del total y la posibilidad de que en julio Fuerza Popular recupere el control de la conducción del Legislativo.
En ese escenario, la gobernabilidad no dependerá del cambio sino de la ausencia del cambio. La experiencia de América Latina es rica respecto a la necesidad de la formación de vastas alianzas institucionales y sociales para impulsar las reformas, con un saldo conocido: todos los fracasos del cambio democrático han estado precedidos de la falta de coaliciones, un aspecto de las democracias precarias que estudia con tardanza la teoría política en América Latina, tanto en su versión norteamericana –derivada de la elección racional- o europea, basada en la competencia política.
Se ha escrito y especulado bastante sobre las tensiones entre el Gobierno y el Congreso desde una perspectiva constitucional, es decir, cómo debe gobernarse. En este punto existe un consenso básico respecto al éxito obtenido por el Gobierno para imponer la vacancia del viejo CNM y las cuatro preguntas del referéndum, ganar ampliamente la consulta del 9 de diciembre, y arrancar la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y la expedición de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia. La discusión pendiente es cómo hacer el cambio

miércoles, 2 de enero de 2019

Gobernar a dos manos

La República
La mitadmasuno
30 de noviembre de 2018
Juan De la Puente
La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que publicó este diario (LR) reporta datos sólidos respecto a la etapa julio-noviembre experimentada en nuestro país, un tiempo corto y turbulento, y cuyos desenlaces llegaron al final luego de, por lo menos, 25 grandes sucesos políticos y judiciales concentrados en octubre y noviembre.
La primera imagen que entrega este sondeo, compartida por la que brindó la encuesta de Ipsos días antes, es mixta: un liderazgo político descabezado que, sin embargo, no impide que el sistema se siga moviendo, en un cuadro donde emerge el solitario liderazgo del presidente de la República y la laboriosidad de una parte de la sociedad civil organizada. Solo de una parte.
La batalla iniciada en julio no ha terminado y hay espacio para más giros y sorpresas, especialmente por el dinamismo de los procesos a cargo de la fiscalía y el Poder Judicial y la debilidad de los actores políticos. Con todo, los primeros resultados -provisionales- no son superficiales. El presidente Martín Vizcarra ha consolidado una alta aprobación en los últimos meses (ahora en 57%) y el liderazgo alternativo, opositor o solo distante, ha consolidado una muy baja aprobación que alcanza el 20%, con la mayoría de líderes concentrando altas tasas de rechazo.
Esta imagen explica varios fenómenos más allá de la aceptación/rechazo. Segundas lecturas necesarias de las cifras invitan a pensar en dos variables decisivas: 1) la indiferencia (que puede también esconderse en el rechazo mismo o en el ítem “no conozco lo suficiente”) como un elemento del período que acaba el 9 de diciembre con el referéndum; y 2) el hartazgo de una opinión pública que, reconociendo positivamente la lucha contra la corrupción de los últimos meses, es consciente de que los políticos no le pueden entregar más resultados en otros aspectos.
Es probable que moleste leerlo, pero el primer dato de este período no es la demanda de cambio sino la resistencia al mismo (por favor no tirar piedras), la misma que se nutre de los intereses ubicados en las cúpulas de los partidos y de la mayoría de instituciones, y que también se alimenta de la falta de motivación de la sociedad. Sinceramente, a nueve días del referéndum, un hito histórico de la reforma, debo decir que esperaba más movimiento.
Estas variables anotadas –desconfianza y hartazgo- asoman en la encuesta del IEP tanto como empoderamiento de alguien ajeno a la política como el fiscal Domingo Pérez (¿recuerdan al juez Moro en Brasil y el fiscal Di Pietro en Italia?) y el aumento de la creencia social de que un outsider salvará al Perú. En la encuesta, el 48% cree que el líder que el país necesita es un personaje “opuesto a la política tradicional”, que “acabe” con los políticos existentes y comience “desde cero”.
Desde esas mismas variables incómodas, debe repararse en que el liderazgo presidencial de la agenda es sólido en números, pero el contenido de su aprobación resume una conexión precaria con la sociedad, sustentada por ahora exclusivamente en su papel en la lucha contra la corrupción. En tres áreas específicas de desempeño personal, proyecto de país, crecimiento económico y reconstrucción del norte, la presidencia no concentra respuestas aprobatorias. Luego, en la consulta sobre el desempeño del presidente en 15 sectores, es desaprobado ampliamente por lo menos en dos, seguridad ciudadana y salud, y aprobado ampliamente en educación.

Una interpretación de este cuadro indica que por ahora los peruanos le piden al presidente que se concentre en lo poco, pero urgente. Sin negar que este temperamento pueda ser posible, es necesario advertir que en la etapa que se inicia luego del referéndum, el presidente debería gobernar “a dos manos”, con una en la reforma y la otra en el gobierno cotidiano, sin ceder a la exigencia de enfocarse solo en lo segundo. En el mediano plazo, es igualmente riesgoso que se cancele el ciclo de reformas y que se desatienda el gobierno de todos los días. Son las exigencias de un momento crucial de nuestra gobernabilidad donde se confunde el volumen de lo que se puede perder con el volumen de lo que se puede dejar de ganar.

viernes, 29 de junio de 2018

La desaprobación "express"

https://larepublica.pe/politica/1261343-desaprobacion-express
La República
La mitadmasuno
15 de junio de 2018
Juan De la Puente
La súbita cada de 15 puntos en la aprobación del presidente Martín Vizcarra en un mes (de 52% a 37%) y el igualmente abrupto incremento de su desaprobación en 24 puntos (de 24 a 48%) según la encuesta de Ipsos Perú, debería ser analizada desagregando los factores. Considerando la profundidad del cambio y lo inédito en un nuevo presidente, debe evitarse las conclusiones centradas en las cifras totales.
La desaprobación de Vizcarra, con solo 70 días en el cargo, no parece obedecer a una razón estratégica; es una desaprobación compuesta con por lo menos tres factores: lo que el gobierno hizo mal, lo que se espera de él y no se hizo, y lo que se arrastra como herencia del gobierno de PPK y de los anteriores, inclusive. Este último factor, que quizás determine a los otros, condiciona nuestras débiles presidencias desde el año 2001.
Lo misma encuesta indaga sobre las razones de la desaprobación del presidente y exhibe el siguiente desagregado: en su gobierno hay corrupción o no se lucha contra ella (36%); no hay avances en la economía (30%); no está preparado para el cargo (28%); y no se preocupa por la seguridad ciudadana (23%), entre otros.
Estos datos parecen aludir a un primer error del gobierno, en su punto de partida. De un gobierno con una dura oposición y sobre exigido, se ha pasado a un otro sin oposición, bajo el entendido que ella, la oposición, era solo política, partidaria y estaba en el Congreso. Con esa convicción, la nueva administración canceló su principal atributo, ser un gobierno de transición, subestimando el diálogo social, soslayando las reformas y dejando las expectativas altas.
Por esa razón a pesar de una aprobación inicial significativa, Vizcarra exhibía un alto porcentaje de quienes no tenían una posición tomada frente a él (no precisa), la misma que ha nutrido buena parte de su desaprobación en un tránsito directo, sin pasar antes por la aprobación, que es la tradicional evolución del respaldo o crítica social a los gobernantes. A estas razones de debe, por ejemplo, que la caída del presidente sea más pronunciada en el norte y sur, las regiones que más ha visitado, o que su desaprobación en los sectores D y E sea del 50%.
No me encuentro entre quienes creen que la gente le pide a Vizcarra que se pelee con el Congreso y que por eso lo desaprueba. La de Vizcarra es “otra” debilidad, y es igualmente compuesta. El primer elemento de ella es que para la opinión pública el gobierno no es muy distinto al de PPK, una suerte de PPK 2.0 (factor de continuidad o ausencia de cambio); luego, está el discurso gubernamental con poca audacia y decisión (factor de liderazgo); y su relación de cercanía acrítica al Parlamento (factor de dependencia).
La suerte para Vizcarra reside en que puede acometer a la vez estos tres factores, es decir, encarar el cambio, asumir el liderazgo y ejercer el poder con toda la cuota de independencia que la permite la ley. Para el efecto, tiene todas las ventajas posibles de corto y mediano plazo: un mandato que recién se inicia, la voluntad de cambio que debe ser encausada, el reconocimiento de su honestidad y el descomunal descrédito del Congreso. Nadie mejor que el jefe de Estado para asumir con convicción –y especialmente con oportunidad- la narrativa democrática ante al fast track de Fuerza Popular contra los derechos y libertades.
La coyuntura critica en su etapa inicial reclama un relanzamiento del gobierno de cara al 28 de julio. Este desafío que demanda diálogo y agenda, debe encarar los datos de las encuestas y fijarse en que, en 70 días, el escenario se ha modificado; se ha iniciado una compleja ofensiva por el cambio que ha ganado rápidamente las calles (marchas, paros regionales y huelgas), un movimiento que carece de dirección política “oficial” y en el que conviven demandas justas con otras provocadoras e incluso antidemocráticas.

Quizás sea preciso recordar que en una transición –no enojarse por el concepto, estas existen y pueden ser largas- las demandas de cambio necesitan ser procesadas para evitar que se desborden o sea burladas, o que se embalsen y que luego den paso a gobiernos autoritarios.