La mitadmasuno
La República
Sábado 3 de julio de 2010
Juan De la Puente
Ayer se suscribió el Pacto de Nación contra la Corrupción, por iniciativa del Acuerdo Nacional, el Gobierno y el PJ. Tomando en cuenta el reciente Pacto Ético contra el Narcotráfico (PEN), suscrito en abril pasado, este es el segundo intento de involucrar a los partidos políticos en un quehacer directo contra el delito. Se avanza así un paso en la idea de responsabilizar ahora a los actores públicos en elementos cruciales de la reforma política de cara al próximo período de gobierno.
Podría decirse que el Perú ya tiene demasiados pactos y compromisos. No son tantos como se piensa y, no obstante la apariencia, los dos últimos mencionados aluden a la lucha contra el delito, confiada hasta ahora exclusivamente a magistrados, policías, contralores y procuradores como un asunto de otros y no de todos. Esta visión tradicional propone combatir el delito como un acto ilegal y no como el resultado de una cultura ciudadana. Parecería que el corrupto importa solo desde que es designado o elegido en un cargo público y no como el fracaso nacional en la construcción de una ética pública.
En el Pacto contra la Corrupción se menciona el propósito de mejorar el acceso a la información del Estado y los mecanismos de rendición de cuentas. Sobre lo primero, la Ley de Acceso a la Información del Estado, complementada con otras normas como la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, ha cumplido una etapa. Se demanda ahora cambios para penalizar con más dureza la resistencia a la información, incrementar las obligaciones de oferta informativa del Estado y reducir las trabas burocráticas que desalientan la demanda. Es el caso de los TUPA, gravosas tasas que se pagan por obtener la información.
En relación a la rendición de cuentas, se requiere una reforma radical de la Ley 26300. Según esta norma, el ejercicio de este derecho está sujeto al recojo del 20% de firmas de electores de una circunscripción determinada, una valla que convierte a este derecho en inexistente, oneroso e inoportuno. En esta misma línea, el Estado necesita una legislación para la rendición de cuentas como acto propio y no solo por demanda. Este es otro elemento crucial de la reforma política, dirigido a prevenir los conflictos por la vía de la rendición de cuentas por oferta y como un mecanismo de relación permanente entra la administración y los administrados, más allá de la información pública del uso de recursos financieros.
Podría decirse que el Perú ya tiene demasiados pactos y compromisos. No son tantos como se piensa y, no obstante la apariencia, los dos últimos mencionados aluden a la lucha contra el delito, confiada hasta ahora exclusivamente a magistrados, policías, contralores y procuradores como un asunto de otros y no de todos. Esta visión tradicional propone combatir el delito como un acto ilegal y no como el resultado de una cultura ciudadana. Parecería que el corrupto importa solo desde que es designado o elegido en un cargo público y no como el fracaso nacional en la construcción de una ética pública.
En el Pacto contra la Corrupción se menciona el propósito de mejorar el acceso a la información del Estado y los mecanismos de rendición de cuentas. Sobre lo primero, la Ley de Acceso a la Información del Estado, complementada con otras normas como la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, ha cumplido una etapa. Se demanda ahora cambios para penalizar con más dureza la resistencia a la información, incrementar las obligaciones de oferta informativa del Estado y reducir las trabas burocráticas que desalientan la demanda. Es el caso de los TUPA, gravosas tasas que se pagan por obtener la información.
En relación a la rendición de cuentas, se requiere una reforma radical de la Ley 26300. Según esta norma, el ejercicio de este derecho está sujeto al recojo del 20% de firmas de electores de una circunscripción determinada, una valla que convierte a este derecho en inexistente, oneroso e inoportuno. En esta misma línea, el Estado necesita una legislación para la rendición de cuentas como acto propio y no solo por demanda. Este es otro elemento crucial de la reforma política, dirigido a prevenir los conflictos por la vía de la rendición de cuentas por oferta y como un mecanismo de relación permanente entra la administración y los administrados, más allá de la información pública del uso de recursos financieros.
El Compromiso Etico contra el Narcotráfico está en:
Las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional se encuentran en:
