Código electoral y condiciones previas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/874820-codigo-electoral-y-condiciones-previas

La República

La mitadmasuno

12 de mayo de 2017

Por Juan De la Puente

Ha concluido el trabajo de la subcomisión presidida por la congresista Patricia Donayre que elaboró el proyecto de Código Electoral. El desempeño ha sido auspicioso, de modo que podría decirse que este es el empeño más responsable de los últimos años para encarar la parte electoral de la reforma política.

Sabemos cómo empieza este proceso pero nadie puede predecir con exactitud cómo concluirá, teniendo como antecedente los 13 años de bloqueo a los cambios (2001-2013) y dos años desastrosos (2014-2016) que culminaron con la contrarreforma que implicó la nefasta Ley N° 30414. Aun así, el mejor argumento para empezar el debate nacional es la posibilidad de contar por primera vez con un Código Electoral.

La codificación de las normas es un desafío complejo para nuestra precariedad institucional. La última vez que el Congreso aprobó un código fue hace 13 años, el Código Procesal Constitucional del año 2004, a lo que habría que añadir que la mayoría de nuestros 15 códigos vigentes fueron expedidos por el Ejecutivo merced a facultades delegadas por el Congreso, y que desde hace más de una década el Parlamento no puede producir una reforma exitosa de los códigos Civil y Penal.

Un Código Electoral tendría la virtud de agrupar normas con rango de ley dispersas, incorporar decenas de reglamentos de los tres organismos electorales e integrar al derecho positivo la frondosa y desmedida jurisprudencia que ha producido el Jurado Nacional de Elecciones en materia de legalidad de los actos partidarios. Si deberían producirse dos consensos alrededor de este nuevo código es que debe detenerse firmemente la producción dispersa e ilimitada de normas electorales que hacen más caótico el sistema político, y que se elimine el financiamiento ilegal y mafioso de la política. Asimismo, si hay un desafío estratégico alrededor de esta incipiente reforma es que necesitamos principios políticos-electorales que rijan los procesos de elección popular.

Por lo señalado, es conveniente considerar algunas condiciones del debate que se abre nuevamente. La primera de ellas es la necesidad de que los cambios garanticen un enfoque de representación y de derechos, en respuesta a la deformación que ya se advierte en algunas opiniones en una dirección “partidocentrista”. Por ejemplo, es positivo que los primeros consensos se refieran a la paridad de género en las listas, la ubicación alternada de mujeres y varones en ellas, y la sanción al acoso político a las políticas, candidatas o representantes mujeres. A propósito, no está de más recordar algo que se olvida en los debates sobre la mejora de la representación: que la crisis se origina en la formación de la representación, y que los elegidos que pierden rápidamente legitimidad vienen “marcados” por un proceso de designación informal y campañas electorales violentas.

La segunda condición es el pacto. Las reformas exitosas en América Latina recientes han tenido un componente de pluralidad y acuerdo que los hace más legítimas que aquellas impuestas o cocinadas en cuatro paredes. Esta perspectiva contrasta con la tendencia de estrechar el debate actual peruano, criticando las iniciativas que no provengan del Congreso. Extraño además que en los últimos 15 años se criticara a los gobiernos por no interesarse en la reforma política y que se le cuestione al actual precisamente por hacerlo.

La última de las condiciones es la convicción del no retorno al pasado. Aun se advierten en algunas opiniones la nostalgia por el viejo sistema de partidos que de modo precario se reorganizó entre 1977 y 1992 y la pugna por reconstruirlo. Las discusiones sobre comités, firmas de adherentes, rigidez de las alianzas y el desborde del espíritu sancionador indican que en un sector de la política –e incluso de la academia– no se ha tomado en cuenta el carácter irreversible del colapso de los partidos y la necesidad de abrir paso a otras prácticas institucionales que renueven la democracia en lugar de recrear el fracaso.

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo

Contrarreforma electoral cínica. Con caramelo

Por Juan De la Puente

Luego de tres años de gestación se ha concretado la contrarreforma electoral peruana, la más cínica de América Latina que contrariamente realiza esfuerzos para renovar su sistema político y sus liderazgos. Esta ley cierra el sistema político, aumenta el poder de las cúpulas, le quita el poco poder que tenían los militantes de los partidos y ensancha el poder  de los políticos invitados, y con dinero.

La insistencia

Esta contrarreforma es multipartidaria y es un legado de este Parlamento. La Ley N° 30414 publicada el domingo, modifica la Ley de Partidos, que pasa a ser ahora Ley de Organizaciones Políticas (¡que gran cambio!). El Congreso lo ha convertido en ley por insistencia luego de que el Ejecutivo lo observara. Ha insistido el Congreso a pesar de la opinión en contra de los organismos electorales, Proética, la Asociación Civil Transparencia, la Defensoría y una buena parte de la opinión pública.

La insistencia fue aprobada el 15 de diciembre cuando ya habían sido convocadas las elecciones.  Promulgada a pocos días del cierre de las listas parlamentarias es un ingrediente innecesario de inestabilidad. El JNE, en una decisión que lo honraría, debería inaplicarla para este proceso electoral.

Pequeña historia

Esa ley tiene su origen en un oscuro y casi secreto dictamen aprobado por la Comisión de Constitución durante la presidencia del Congresista Gastañadui el 6 de junio 2013. Ese dictamen (Dictamen Gastañadui) fue suscrito por Gana Perú, Fuerza Popular, PPC, Perú Posible, Solidaridad Nacional, Acción Popular-Frente Amplio y uno de los congresistas que luego formaría parte de Unión Regional.

El siguiente Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Chehade, respaldó ese dictamen pero por acuerdo unánime de su Comisión pidió “desacumular” los proyectos de ley N° 1779 y N° 173 que versan sobre la  triada (lista alternada de género, eliminación del voto preferencial y elecciones internas a cargo de los organismo electorales) y el transfuguismo. En este caso, “desacumular” significa tocar esos temas aparte. El debate del Dictamen Gastañadui se inició en el pleno del Congreso el 3 de abril 2014.

El 11 de setiembre de 2014, el nuevo Presidente de la Comisión de Constitución, el Congresista Llatas Altamirano, presentó un dictamen de cambios a la Ley de Partidos que no tenía mayores modificaciones respecto del Dictamen Gastañadui, salvo en fijar la valla en 7.5% para la alianzas como tope aun así tenga más de dos partidos. El debate continuó en base a este segundo dictamen -el Dictamen Llatas- hasta que el 6 de noviembre de 2014, se pasó a un cuarto intermedio. En la misma sesión, Llatas informó que dicho grupo de trabajo acordó “desacumular” los proyectos de ley N° 428, N° 433, N° 481 y N° 1546 referidos a la hoja de vida, que fue aprobado posteriormente.

Ofensiva contrarreformista

El 18 de agosto del 2015, con el Congresista Otárola en la Presidencia de la Comisión de Constitución, la Junta de Portavoces acordó debatir el Dictamen Llatas.  No obstante, en la sesión del 20 de agosto de 2015, Otárola, al parecer presionado por las bancadas, retiró el Dictamen Llatas y pidió que el debate se realice en torno al Dictamen Gastañadui, el anterior.

El 27 de agosto de 2015 se pasó a un cuarto intermedio. Días después la Comisión de Constitución aprobó dos dictámenes más, uno el 3 de setiembre del 2015 (Otárola I) y otro el 9 de setiembre del 2015 (Otárola II).

Los cuatro dictámenes se parecían mucho entre sí. Resumen 21 proyectos de ley presentados desde el año 2011 pero ignoran oficialmente el Proyecto de Ley N° 3060 presentado por los organismos electorales en diciembre del año 2013.

Estamos frente a una ley que solo modifica 9 artículos de la Ley N° 28094, Ley de Partidos Políticos. Se ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y e) el financiamiento. Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político.

Seis perlas y un caramelo

Estas son:

1.- El cierre del sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 4% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas. Se debe recordar que el requisito actual aprobad el año 2009, del 3% del padrón electoral, obliga a presentar 450 mil firmas. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso ha congelado el sistema político. Aún más los que quieren hacer un partido nuevo, ahora solo tendrán un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para la recolección de firmas de adherentes.

2.- Los partidos pueden dejar de participar en una elección sin perder su inscripción. ¿Dónde quedan los militantes con expectativas de participar  en la competencia por el poder?

3.- Inicialmente se establecía una valla electoral para las alianzas políticas de 2,5% de votos por cada partido que se agregue a la alianza, de modo que una alianza de dos partidos políticos estaba obligada a obtener 7,5% de votos para mantener vigente su inscripción electoral. Eso se ha rebajado a 1% por cada partido aliado.

4.- Se anula el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; con el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.

5.- Incremento de la cuota de independientes invitados del 20% al 25% una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.

6.- Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, los congresistas pactaron para que sea efectiva el 2017 y en cambio han congelado una ley ya votada en el Congreso el 5 de noviembre del año pasado denominada “Ley que Modifica la Ley 28094, Ley de Partidos Políticos sobre el Financiamiento Público y Privado de las Organizaciones Políticas”.

Esa ley fue exonerada de la segunda votación pero ha sido retenida con argucias legales y no se ha convertido en autógrafa. Esta norma fortalecía el papel supervisor de la ONPE, establecía la Ventanilla Única de Aportantes y obligaba a bancarizar los aportes a los candidatos, poniendo un límite de 30 UIT para los aportes destinados a candidaturas personales.

7.- El caramelo es la supuesta prohibición de la entrega de dádivas. El artículo es muy genérico y dice: “Las organizaciones políticas, en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica, de manera directa o a través de terceros, salvo aquéllos que constituyan propaganda electoral, en cuyo caso no deberán exceder del 0.5% de la UIT por cada bien entregado como propaganda electoral. Esta conducta se entiende como grave y será sancionada con una multa de 100 UIT que será impuesta por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un plazo no mayor de 30 días. Dicha prohibición se extiende a los candidatos a cualquier cargo público de origen popular, y será sancionado por el Jurado Nacional de Elecciones con la exclusión del proceso electoral correspondiente”

Como se aprecia, es una prohibición lanzada al desgaire. Imagínense que los organismos ni pueden ahora controlar el financiamiento y gasto personal de los candidatos y ahora tendrán que vigilar las dádivas, más extendida aún, sin recursos para ello. La pregunta cae sola: ¿Controlas dádivas sin eliminar el voto preferencial? Una locura.

Partidos made in antipolítica

http://larepublica.pe/impresa/opinion/704237-cinco-batallas-y-una-guerra

La República

23 de setiembre de 2015

Juan De la Puente

(Análisis de las propuestas de reforma electoral en el Congreso, publicado en La República)

La mayoría de bancadas parlamentarias ha optado por no presentar una propuesta integral de cambio de la Ley de Partidos Políticos, y las modificaciones se centran en: a) requisitos de inscripción; b) la legalidad de los partidos; c) la formación de alianzas; d) la valla electoral: e) el padrón de afiliados; y f) el financiamiento.

Es la expresión de la falta de voluntad política para encarar una reforma básica de nuestro régimen político. La lógica parlamentaria es cerrar el sistema, al elevar el requisito de firmas para la inscripción de partidos al 5% del total de ciudadanos que votaron en la última elección nacional, lo que obliga a quienes quieren registrar a una nueva organización política a recoger por lo menos 800 mil firmas.

Se debe recordar que con el requisito actual aprobado el año 2009, del 3% del padrón electoral, que obliga a presentar 450 mil firmas, no se ha inscrito ningún partido político. Es cierto que es recomendable colocar ciertas barreras de entrada que impida la proliferación de partidos pero el Congreso está a punto de congelar el sistema político.

Es un grave error anular el requisito de presentar el padrón de afiliados una vez cada año; de prosperar el cambio, dicho padrón se presentará una vez cada 5 años, lo que hace mucho más frágil la democracia interna y el control opaco de los procesos internos.

Los partidos en el Congreso están apostando a la antipolítica en lugar de resolver los problemas que este fenómeno ha dejado, al incrementar de la cuota de independientes invitados del 20% al 25%, una medida que no se entiende en el contexto de las demandas de fortalecer el papel de los militantes y reducir la entrega de cupos electorales por dinero, generalmente opaco.

En cambio, es positivo establecer una valla electoral propia para las alianzas políticas, de 1% de votos por cada partido que se agregue, de modo que una alianza de dos partidos políticos está obligada a obtener 6% de votos para mantener vigente su inscripción electoral.

Es un acierto quitar las barreras legales para que se implemente el financiamiento público directo. Sin embargo, es un error que se programe su inicio luego de las elecciones del año 2016 y que a cambio de ello se deje sin un carácter vinculante la rendición de cuentas del financiamiento privado.

Orfandad electoral

La mitadmasuno
La República
Sábado 21 de agosto 2010
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/21/08/2010/orfandad-electoral

El RENIEC acaba de publicar un Boletín Estadístico Electoral que revela información muy valiosa para avanzar en el debate de la reforma política, en este caso de la representación. La primera pregunta que surge de las cifras gruesas, sin tocar la discusión sobre la bicameralidad, es si un país de 19 millones de electores y que pregona su emergencia económica y política debería continuar teniendo un Parlamento de 120 miembros, a razón de casi 160 mil electores por cada congresista, proporción imposible ya de comparar con algún país de América Latina y muy parecida a los países más pequeños del planeta. Fernando Tuesta anotó hace poco que el tamaño de nuestro Parlamento es comparable al de 1857.
También llaman la atención los cambios ocurridos en los distritos electorales sin respuesta del sistema político, que no se da por aludido que el déficit de la representación que denotan los estudios también se relaciona con la falta de una distribución equitativa de escaños. En el caso de la Amazonía peruana, Loreto tiene más electores que Ica pero elige tres congresistas, uno menos que ese departamento; de igual modo, Ucayali tiene más electores que Huancavelica pero elige solo dos parlamentarios, uno menos que ese distrito electoral. Asimismo, Arequipa y Cajamarca tienen casi 150 mil electores más que Áncash pero eligen, como este, 5 congresistas.
Más clamoroso es el desarraigo representativo de los peruanos en el exterior que suman 716 mil. Si nos atenemos a la media de los distritos electorales peruanos actuales y al estándar democrático, la migración debería elegir por lo menos 5 parlamentarios, superando la grotesca norma que los obliga a votar por los congresistas de Lima en un plano centralista y de ciudadanía recortada entendible en el personal policial y militar pero no en la diáspora impulsada por la crisis y la violencia.
Subyace en lo anotado un problema de fondo, el tamaño de los distritos electorales. En el caso de Lima, es potencialmente destructivo de la democracia que los 580 mil electores de San Juan de Lurigancho; los 412 mil de San Martín de Porres; los 353 mil de Comas; o los 312 mil de Ate, no puedan elegir directamente a un representante, derecho que les asiste a ciudadanos de distritos electorales con menos de 70 mil sufragantes. En tanto, más de la mitad de parlamentarios limeños se concentran en tres o cuatro distritos mesocráticos que, juntos, no superan el medio millón de electores.