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lunes, 5 de junio de 2017

Las agendas perdidas

http://larepublica.pe/impresa/opinion/877206-las-agendas-perdidas
La República
La mitadmasuno
19 de mayo de 2017
Por Juan De la Puente
Si se sistematizan las relaciones entre el Gobierno y el Congreso habría que anotar que a pesar de las apariencias, estas han experimentado más episodios de cooperación que de gran tensión. Entre las primeras se cuentan 1) el voto de investidura; 2) la ley de límite del déficit fiscal; 3) la delegación de facultades; 4) la aprobación del presupuesto del MEF casi sin cambios; 5) el control constitucional de los decretos legislativos con escasas derogaciones; y 6) la aprobación relámpago de la Ley de Reconstrucción.
Las fricciones vividas hasta ahora son propias de una convivencia forzada que pueden agruparse en dos tipos en función de su contenido e intensidad: la tirantez depredadora cotidiana y cortoplacista, la que más erosiona a los actores, a los dos; y las grandes tensiones, importantes por los hechos institucionales que generan y por la toma de posición a la que obligan, que fueron dos: 1) el caso Moreno (octubre) que motivó la creación de la Comisión Presidencial de Integridad; y la censura de Jaime Saavedra (diciembre) que reactivó el dialogo por un corto tiempo. Las interpelaciones a los ministros Vizcarra y Basombrío, incluso si no terminaran en censuras, será el tercer episodio de gran tensión en 10 meses de gobierno.
Las reglas que han seguido las grandes tensiones y en alguna medida aplicables también a la tirantez cotidiana, son: 1) un episodio detonante, de gran cobertura en los medios; 2) el anuncio de fuertes medidas de control por parte del Congreso, aderezado con un alto nivel de sobreactuación, a gusto de los incautos; 3) la toma de posición de los medios por alguna opción, en el contexto de una aguda guerra política; y 4) el desenlace, etapa en la que ninguno acumula fuerzas o gana políticamente a costa del otro.
Esta dinámica satisface tanto el Gobierno como al Congreso al punto que lo practican de memoria, un proceso que sin embargo muestra debilidades que pasan desapercibidas en medio de los análisis planos de la política. La primera de ellas es la falta de control por el oficialismo y el fujimorismo de sus propias fuerzas, una dificultad que alcanza a la construcción de los mensajes, patente en los debates sobre la libertad de Fujimori, el carácter de la reconstrucción y la respuesta a la corrupción, por citar algunos casos. En ninguno de estos episodios hemos asistido a un discurso claramente diferenciador.
La segunda debilidad es la falta de coherencia interna en ambos lados del escenario, incluso si no hay en marcha alguna estrategia para erosionar al adversario. Pareciera que ambos poderes han renunciado a participar en la formación de la agenda pública y que tienen dificultades para definir prioridades. Más que disensos internos, el signo dominante –y lo que está en discusión– es la falta de fuerza de los dos más altos liderazgos públicos en el Gobierno y en la oposición.
La tercera es la depredación como sustituto de la cooperación, que además suele presentarse como una fortaleza y no como una debilidad. Es extraño que los episodios de acuerdo desde julio del año pasado se refieran al mediano y largo plazo, y, en cambio, el corto plazo sea dominado por la micropolítica, tirante y caótica, esa que se hace gratis o con poco esfuerzo. Así, nosotros, que somos capaces de tener un sistema de democracia sin partidos, vivimos ahora una política sin política, es decir, privados de los grandes temas que deberían ser definitorios en el primer año de un quinquenio constitucional.

Esta dinámica de poca cooperación, escasa tensión, y hegemonía de la depredación puede gustarle a una parte de la élite peruana pero es seguro que no a los peruanos. El único beneficio de esta situación ha sido hasta ahora el bloqueo de otras formas de oposición, más programáticas y ciudadanas, y ajenas a las alturas. A cambio, se ha instalado en nuestro sistema, que ya necesitaba una profunda renovación, una democracia express, de coyuntura, de choque y fuga, y de agendas perdidas. Sin proyecto.

domingo, 26 de marzo de 2017

Las imágenes al mando. A propósito de la encuesta de GFK

Por Juan De la Puente
Los datos del reciente sondeo de GFK son como los de toda encuesta una foto, pero en movimiento constante y fuerte. Las percepciones de la opinión pública expresan esencialmente la relación de los peruanos frente a los potentes símbolos que los desastres todavía llamados naturales han impuesto.
Estas percepciones son muy provisionales al punto que ni siquiera expresan tendencias. No es un espejismo aunque si un destello y lo peor que deberíamos decir frente a ellas es que tenemos un escenario.
El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 18 y 22 de marzo, cuando el país se había volcado en favor de la solidaridad con los pueblos del norte y de la costa central que sufren las lluvias y desbordes. En esa medida, la opinión pública ha premiado la respuesta del Estado a la emergencia, a pesar de los defectos de esta, y eso se traduce en los ligeros incrementos de la aprobación del Gobierno (23% a 27%), el Congreso (21% a 23%), el Presidente de la República (29% a 31%) y la Presidenta del Congreso (23% a 27%).
Es muy probable que con esta percepción provisional los peruanos rechacen las tensiones políticas en las alturas en este momento, lo que no significa que se guarden sus críticas. De cualquier modo, llama la atención que los ciudadanos no se plegaran a las estrategias de confrontación dispuestas por la mayoría de actores políticos y que sepulten a los ejércitos en batalla. Quedará para la cátedra profundizar  porqué un gobierno débil no se hundió con los huaycos y con la batalla política que la emergencia trajo.
Anoto una primera explicación. La otra batalla ha sido más intensa, la batalla de las imágenes simbólicas, en donde han ganado los más fuertes, los que grafican el sufrimiento de los peruanos que a su pobreza se le agrega ahora su condición de damnificado. Nunca como ahora hubo una gigantesca creación y recreación del drama, usando por primera vez en una crisis climática los instrumentos de comunicación en toda su potencia: Facebook, Twitter, TV, Radio, webs, Youtube, Instagram y plataformas integradas de los medios.
Estas imágenes simbólicas fueron construidas por primera vez por decenas de miles de personas al punto de que por primera vez los medios tradicionales debieron de organizar una cobertura periodística dependiente en gran medida de ciudadanos  armados de sus celulares. Esta influencia alteró esa cobertura que empezó siendo tradicional, con los códigos del pasado –su majestad el huayco- y terminó mostrando a la gente y su sufrimiento, y la reacción solidaria. Es tan cierto ello que la imagen más potente hasta ahora, es la de Evangelina Chamorro emergiendo precisamente de un huayco, captada por un anónimo ciudadano.
No hay como oponerse a las imágenes sin otras imágenes. Luis Castañeda es hasta ahora el único político nacional dañado por la emergencia (47% a 34% de aprobación) porque la caída del Puente Talavera es una imagen formidable, transmitida en vivo y retransmitida hasta la saciedad. Es la segunda imagen potente de esta crisis a pesar de que se han caído decenas de puentes. Pero ninguno era amarillo, nuevo, provocador y estaba en Lima. En cambio, el país vio como las pantallas se llenaron de políticos en acción y eso ha tenido un saldo positivo relativo, insistiendo en lo relativo, reflejado en aprobaciones ascendentes del Premier Fernando Zavala (de 3’% a 34%), por ejemplo.
Las  imágenes simbólicas no son eternas. Los desastres pasarán y nos volveremos a encontrar con nuevos símbolos o los viejos. De los políticos y los medios, y por supuesto de los ciudadanos, depende cómo se vaciarán estos números en los nuevos crisoles de la inestable coyuntura peruana.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Disolver, disolver o la guerra política

http://larepublica.pe/impresa/opinion/828982-disolver-disolver-o-la-guerra-política
La República
La mitadmasuno
9 de diciembre de 2016
Juan De la Puente
 
“La primera víctima de la guerra es la verdad”.
Esquilo
 
Cinco apreciaciones a la vena y sin filtros sobre la agenda política.
Nueva etapa. La interpelación e inminente censura del ministro Jaime Saavedra cancela el consenso a palos entre el gobierno y la oposición. Se abre, al parecer, otro período, el de palos sin consenso, cuyo efecto será el bloqueo de los poderes y su desconexión total con la sociedad. Este resultado traerá una gobernabilidad de muy baja intensidad que acelerará la descomposición de ese extraño “desequilibrio racional” instalado post colapso de los partidos. Este palos sin consenso no tiene salida y será más rechazado por la sociedad que la victoria de una de las partes. Si los poderes no vuelven a la convivencia forzada, la crisis que se abre no será nueva sino la conversión de la vieja crisis en colapso.
El gobierno debe gobernar. El principal problema del gobierno es la guerra política, parecida a otra guerra, la que destruyó al humalismo (2013-2016) y a casi todos sus contrincantes. La diferencia con la actual guerra es que el fujimorismo –mayoría clara en el Congreso– tiene ahora mucho que perder porque ya no puede colocarse tras la voluminosa personalidad política de Alan García, que se desgastó en la primera guerra con los efectos conocidos. Aun así, los gobiernos son elegidos para resolver problemas y si quieren, para pelearse, pero no para hacer lo segundo a costa de lo primero. Por esa razón, PPK no puede darse el lujo de quedarse sin gabinete a menos de cinco meses de su debut. Es extraño en ese escenario la despolitización de la defensa de Saavedra que se centra en #SaavedraNoSeVa en lugar de #ZavalaNoSeVa, si el argumento es que el fujimorismo quiere liquidar a PPK.
Mucho Juego de Tronos. En una crisis tan dinámica, las conspiraciones son limitadas, aunque en nuestro caso las partes explican la confrontación desde una narrativa conspirativa exagerada e infinita, para las que solo hay elites, poderes, medios y operadores, una política ruda y violenta, pero muy “netflix”, empaquetada al gusto y en la que se extraña sobre todo al pueblo. No tengo duda de que la interpelación ha afectado al fujimorismo –aunque no solo a él–, pero presumo que las encuestas venideras constatarán la demanda ciudadana contra el encono en las alturas y relativizarán los discursos complotistas. Como a la primera guerra, a esta le falta pueblo, al punto de que el Gobierno nunca recurrió a este a pesar de tener la mesa servida para la defensa de una reforma educativa de virtudes innegables.
Bien el Frente Amplio. El Frente Amplio (FA) hace bien en no mezclarse con la guerra en las alturas y elaborar una narrativa propia educativa y universitaria. No se puede pedir menos a una izquierda con casi un siglo de relación con los movimientos estudiantiles y docentes de base. No encuentro razón para que el FA ligue su destino a una causa que en el Congreso ni siquiera es defendida por la bancada oficialista y en cambio sí por Alianza Para el Progreso, una bancada auténticamente universitaria. Quizás lo que le falte allí al FA es más conexión social respecto de la etapa que se inicia.
Realismo político. Molesta la forma y el tono de la interpelación al ministro Saavedra y los argumentos usados contra él. No obstante, la discusión más importante no se refiere a los adjetivos y al tono. Saavedra no es todo el gobierno y con él no empieza o termina la necesidad de una mejor gobernabilidad. En los tres gobiernos anteriores, la tensión extrema entre los dos poderes por razón de un ministro ha terminado con el ministro fuera del cargo. Los casos más emblemáticos: de Rospigliosi y Diez Canseco en el gobierno de Toledo; de Pastor en el gobierno de García y de Figallo, Lozada, Adrianzén y Jara en el gobierno de Humala se saldaron con la salida del funcionario en un compás de tiempo en el que la demora del cambio debilitaba al gobierno. No encuentro razones para que ahora las cosas no evolucionen de ese modo y es la vía para que el gobierno salga de las cuerdas.

Incendio en la torre

http://larepublica.pe/impresa/opinion/822690-incendio-en-la-torre
La República
La mitadmasuno
18 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
El reciente incendio en el Centro Comercial Larcomar nos introduce al problema de la regulación y supervisión en la prestación de los servicios públicos y la actividad social. Una nube de acusaciones cruzadas confirman por lo menos dos elementos de un drama que provoca desde hace tiempo catástrofes que pueden ser evitadas: 1) la dinámica surrealista establecida entre la sobrerregulación y desregulación de los servicios públicos, una feroz guerra que se libra entre la burocracia y los privados; y 2) las enmarañadas funciones que amarran al Estado y cuyo principal efecto es que todos huyan de sus responsabilidades.
Larcomar, como antes Mesa Redonda (2001), Utopía (2002), o el Centro de Rehabilitación Cristo es Amor (2012), revela que nos encontramos en el foso de la crisis de la regulación de los servicios públicos y que el incendio se origina en la torre, en una disfunción que noes nueva.
Es cierto que nuestros servicios públicos y la actividad social, prestados por el Estado y por empresas privadas, no se asientan en las teorías extremas que consideran toda regulación como una obstrucción del mercado, y que a ello se debe la vigencia de instituciones reguladoras en varios sectores, aunque desplegados en una tipología rocambolesca donde conviven organismos reguladores, superintendencias, entes rectores y tribunales administrativos.
Esta vigencia es limitada y carece de eficacia fiscalizadora esencialmente a causa de la enorme presión de los regulados y el desorden estatal. Los dramas que atraviesan, por citar casos, dos organismos creados como respuesta a las demandas sociales relativamente “recientes” –el OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y SUSALUD (Superintendencia Nacional de Salud)– son reveladores de esa institucionalidad incompleta y atrapada entre la falta de voluntad y la práctica cotidiana que revela que es suficiente la relación bilateral entre el que ofrece y el que compra.
OEFA, creada el 2008, tiene entre sus funciones el monitoreo de la calidad del ambiente y sus componentes (agua, aire, suelo, flora y fauna); y SUSALUD, creada el 2013, tiene el encargo de proteger el derecho a la salud de los peruanos ante las instituciones prestadoras de este servicio. Ambas se encuentran atenazadas, la primera más por fuera y la segunda más por dentro, en tanto se acrecientan y agregan reclamos sociales explosivos que terminan siendo abordados y negociados por el gobierno central.
Es más, la revisión de las normas sobre las funciones de fiscalización de ambas instituciones y la normativa que ellas producen indican que a pesar de esa debilidad, o quizás a causa de ella, la sobrerregulación dirigida a los fiscalizados es ciertamente asfixiante.
En Larcomar, el primer centro comercial de la Lima moderna, estamos descubriendo que casi todo falló aunque entre ese “todo” se filtra un hecho grave: la conversión de las licencias de Defensa Civil en indefinidas bajo ciertas condiciones, como una respuesta del mercado a otro hecho igualmente cierto, el procedimiento burocrático y en algunos casos mafioso de renovación de dichas licencias.
Esa urgente recuperar el valor de la regulación y de la supervisión pública. En esa línea, el pasado 26 de octubre, la Defensoría del Pueblo dio inicio a una política de supervisión permanente de los servicios públicos, empezando por el sector Salud. Ese día intervino 14 hospitales del Ministerio de Salud (MINSA), con un resultado que refleja el abandono del Estado que se transforma en una grave carencia del derecho humano a la salud.
El hecho no tendría más que la trascendencia del inicio de una saludable política de la Defensoría si no se hiciera contra la opinión de varias instituciones y medios que saben que esta supervisión llegará en algún momento a las clínicas privadas, y que para evitarlo ensayan el argumento de que la protección de la salud de los peruanos no debe extenderse a los proveedores privados y reducirse solo a los estatales.

sábado, 15 de octubre de 2016

La crisis del estilo PPK

http://larepublica.pe/impresa/opinion/811782-la-crisis-del-estilo-ppk
La República
La mitadmasuno
14 de octubre de 2016
Juan De la Puente
El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha logrado imponer un estilo de Gobierno criticado por la oposición pero premiado por los ciudadanos. Esta manera de ejercer el poder está nuevamente en cuestión a raíz del caso del ex asesor Carlos Moreno, cuya renuncia PPK minimizó diferenciándose de la actitud del premier Fernando Zavala.
El estilo PPK posee atributos, es decir, una parte externa y otra interna. La parte externa son sus modos coloquiales y sueltos, y la interna su modelo de ejercicio de poder, dejando hacer sin restricciones. Ambas partes hasta hace poco iban acompasadas, proyectando la imagen de un presidente tolerante, sencillo, centrista, bonachón y transversal.
La parte interna de ese estilo parece haber entrado en crisis; la dialéctica pepekausa, en la que forma y contenido se correspondían, se ha rajado. Que el presidente aparezca descolgado de su gobierno no es una buena señal. Al contrario, proyecta una debilidad que es difícil matizar con el temperamento jocoso del Jefe del Estado.
Si se definiera desde la teoría el estilo PPK en sus contenidos, sería el de un presidencialismo atenuado y autolimitado, ubicado al extremo de los presidentes decisionistas y plebiscitarios que hemos tenido en las tres últimas décadas. Ese estilo se mueve entre el de Fernando Belaunde y Alejandro Toledo, con la diferencia de que frente al primero, PPK no tuvo un estado mayor previo a la toma del poder, y tampoco un ideario básico, y que a diferencia de Toledo no ha podido formar una mayoría parlamentaria a inicios de su mandato. Así, PPK sería un Belaunde sin partido y sin doctrina, o un Toledo sin mayoría.
Este estilo tiene sus virtudes, entre ellas su escasa ambición de poder, a la que se agrega la edad, una realidad que dificulta roces ásperos con los críticos. PPK es un abuelo presidente, como lo fue en su momento Lagos (Chile), Mujica (Uruguay), Balaguer (R. Dominicana) o Roosevelt (EEUU). Uno se puede pelear con sus padres pero es difícil pelearse con los abuelos.
Pero una presidencia autolimitada es riesgosa. PPK parece estar delegando demasiado y eso genera efectos que ya se advierten, como la sobrecarga del gabinete. La excesiva delegación terminada dañando a los dos, al que concede y al que recibe.
PPK ha escogido con acierto algunos temas macro como la revolución del agua y la relación con las regiones, y ha efectuado tres viajes exitosos que fortalecen nuestra política exterior. Sin embargo, existe un día a día del Gobierno que precisa atender.
La revisión de las potestades presidenciales establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (/LOPE) da forma a su condición de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Jefe de la Administración Pública a pesar de traslados de competencias a otros ámbitos. Como señala con acierto el profesor Enrique Bernales, nuestro presidencialismo es inorgánico y desequilibrado, pero no deja de ser presidencialismo.
En este afán cotidiano algunas tareas presidenciales son insustituibles, como la relación con los otros poderes y órganos autónomos, el seguimiento de las carteras ministeriales aparte del que realiza el premier, y las relaciones con los actores políticos, la sociedad civil y los medios. Del mismo modo, la tarea básica de un jefe de Estado que no posee mayoría en el Congreso y que se encuentra presionado por demandas macro transversales es la búsqueda de consensos nacionales. PPK tiene dos enfrente: la reforma política y la lucha contra la corrupción.
Los llamados a PPK a que no haga bromas y que sea más solemne tienen poco sentido en un país donde la distancia emocional de los políticos con los ciudadanos es grande. No creo que los peruanos reclamen ahora un presidente instructor (Humala), aleccionador (García), o autorreferente (Toledo). El problema del actual Gobierno no es el humor inglés del presidente sino la percepción de control y mando que debe proyectar, es decir, el humor de la sociedad que debe ser atendido de modo inmediato.

No toquen mi curul

http://larepublica.pe/impresa/opinion/801310-no-toquen-mi-curul
La República
La mitadmasuno
9 de setiembre 2016
Juan De la Puente
Algunos análisis centran nuestro equilibrio de poderes en la distancia entre el Congreso y el Gobierno fijando un código que indica que a más distancia entre ambos habrá más inestabilidad. Esta semana, sin embargo, irrumpió una variable que influirá decisivamente en el juego de fuerzas: la distancia entre los congresistas y sus bancadas y partidos, y la de los congresistas entre sí.
Repitiendo lo que sucede desde el 2001, el Congreso no se emplazará exclusivamente desde su relación con el Ejecutivo sino también desde su drama íntimo. Por ahora, dos bancadas que pertenecen a grupos políticos nuevos, Frente Amplio y Peruanos por el Kambio, estrenan divergencias donde la sangre ha llegado al río; otra bancada, el APRA, no exhibe sus diferencias pero ha sido impactada por la extensión de choques externos; y una cuarta, Acción Popular, está unida en el Parlamento pero atraviesa fuera del Congreso una dura discusión sobre la legalidad de sus dirigentes partidarios.
Este fenómeno no obedece a razones exclusivamente parlamentarias. Los casos del Frente Amplio y el Apra tienen relación directa con la construcción del futuro, en tanto que lo que ocurre con la bancada del gobierno y AP son problemas propios de la comprensión del presente. Aun así, la primera expresión de estos problemas es la tensión entre el parlamentario y el partido.
En las nuevas bancadas se advierte la falta de dos de los incentivos para la unidad, la identidad política –muy poderosa en el fujimorismo y el Apra– y la reelección. En cambio asoman otros argumentos que en teoría no deberían colisionar con la lógica partidaria: la defensa del carácter individual de la representación y el voto preferencial.
Si no se acometen reformas electorales y de funcionamiento interno, el sino de este Congreso será la fragmentación. Lo que debilitó a los tres parlamentos elegidos desde el 2001 fue más su dispersión interna que su relación con los gobiernos (aunque en este último punto habría que anotar la crítica social a su seguidismo en materia económica).
En el Parlamento elegido el 2001 renunciaron a sus bancadas 36 de los 120 elegidos, y las 5 bancadas originales terminaron en 8; en el Congreso del 2006 se fueron 27 de los 120 elegidos aumentando las bancadas de 5 a 8; y en el Parlamento elegido el 2011 se fueron 39 de los 130 elegidos, incrementándose las bancadas de 5 a 9, aunque en este caso hubo dos disidencias en bloque, en los años 2012 y 2014 (Frente Amplio y Dignidad y Democracia, respectivamente).
En el actual Congreso, la tendencia al juego individualista se condiciona con una mayor debilidad de las bancadas y es hasta cierto punto entendible en un Parlamento en el que por lo menos 80 de sus 130 miembros no pertenecían un año antes de las elecciones a los partidos por los que fueron elegidos.
Se equivocan quienes creen que esta tendencia no daña al Congreso. De los 200 proyectos de ley presentados a la fecha (en 28 días de trabajo efectivo parlamentario, a razón de 7 proyectos por día), pocos pueden ser considerados “de bancada”. Llevan la certificación de los voceros por una formalidad reglamentaria pero reflejan una visión personal de la actividad legislativa y acaso local, pero carecen de visión general. Estas iniciativas están dominadas por los títulos “declárase de necesidad pública”, el nombramiento de personal del Estado y los parches en los códigos o leyes generales.
Los efectos del juego individual están a la vista; varias comisiones ya fueron atoradas por proyectos cazados al desgaire y que no figuraban en los planes de gobierno. La Comisión de Economía tiene en agenda 39 proyectos, Descentralización 27, Constitución 24, Justicia 24 y Presupuesto 20. Con este desorden en marcha, olvidémonos de las reformas institucionales y el juego virtuoso de las agendas país en debate de cara a los ciudadanos. Contra los anuncios de reubicar al Congreso como un poder controlador y eficiente tendremos un Legislativo individualista. Quizás bullicioso pero minimalista.

martes, 6 de septiembre de 2016

La crisis mortal del Frente Amplio

Por Juan De la Puente
Comparto siete tips muy cortos sobre la crisis mortal del Frente Amplio, en un tono menos dramático de lo que leído en las últimas horas.
Foto Gestión.
1.- El Frente Amplio que hemos conocido hasta ahora, ha muerto para el tiempo de la política. Tardará algún tiempo en ser enterrado pero es obvio que ha dejado de existir. Y ha muerto por suicidio más o menos convenido. Ahora, el dilema de la izquierda es nuevo y reside en lo siguiente: si lo que fue el Frente Amplio será reemplazado por un nuevo frente y pacto –llámese como se  llame- que siga reuniendo al partido que lidera Marco Arana y a los grupos que lidera Verónika Mendoza en otras condiciones, o si por el contrario cada una de estas tendencias seguirá un camino propio.
2.- Ninguna de las dos salidas sería terrible. La crítica a esta crisis mortal del FA no puede ser plana. Algunas de las reacciones que he leído desde la misma izquierda son poco respetuosas de un proceso que desde hace meses tenía vida propia porque está alimentada de proyectos divergentes. Cuando leo frases “otra vez la izquierda dividiéndose” o “dos soles no pueden brillar en un mismo cielo” pienso que quizás el problema sea el pueblo izquierdista –incluida la izquierda social- preso del trauma de la unidad desde su niñez política y poco preocupado en lo que creo ahora importa mucho más, la identidad.
3.- Me parece hasta cierto punto natural el modo en que se han emplazado las dos tendencias. Arana y Tierra y Libertad (TyL), persisten en una construcción orgánica que refleje una izquierda pos-socialista llevando el programa ambiental a su más alto nivel político. Ese proyecto no es ahora un proyecto de poder en el sentido de gobierno, sino el esfuerzo por construir un sujeto social consciente, organizado, colectivo, fuertemente local/rural y comunitario.
4.- Verónika Mendoza, el Movimiento Sembrar y otros grupos y personalidades muy cercanos a la ex candidata no recusan ni el programa ni la identidad de TyL pero ponen más acento en un programa de gobierno, el desarrollo de los derechos viejos y “nuevos”, la identidad de género -.por eso ella, Indira Huilla y Marisa Glave son objeto de una atroz campaña de acoso político de la derecha- en un código de mayor urgencia política, activismo de corto y mediano plazo, más urbano y regional y más dispuesto a conquistar a las clases medias.
5.- Entre ambos discursos existen fuertes vasos comunicantes, qué duda cabe, y esto explica de alguna manera –no es la única explicación- el resultado de la irrupción del FA y de Verónika en la primera vuelta electoral por el pequeño ojo de una aguja. Sería ideal que ambas discursos siguiesen coexistiendo en un nuevo frente que suceda al FA que conocimos y en el que sea explícita la diferencia y el consenso. Para eso hace falta que el proyecto de Verónika se haga más tangible, sea propio e incluso con el registro legal de partido político.
6.- Por ahora prima la diferencia, pero insisto en que no creo que se deba esencialmente a celos, resentimientos o caudillismos sino a un imposible político: mientras un grupo quiere cerrarse o abrirse muy poco para construir su proyecto al que tienen legítimo derecho, el otro pugna por abrirse mucho más precisamente para concretar su proyecto, al que tiene igual derecho. Ese es el sentido del debate FA cerrado o abierto.
7.- Creo que Verónika se encuentra ahora más libre para desplegar su liderazgo en la izquierda. He leído su comunicado donde tira hacia adelante, a que se realice el Congreso del FA en setiembre como estaba previsto y para dar a los militantes la soberanía del proceso constituyente de un nuevo frente de la izquierda peruana. Es un paso audaz y maduro. Ella plantea otra disyuntiva, unidad arriba o unidad abajo, haciendo lo que Alfonso Barrantes no hizo en 1983, es decir, organizar al pueblo izquierdista, aceptando en cambio ser el prisionero de los partidos.

domingo, 4 de septiembre de 2016

Sobre el Apra y su congreso

Una nota sobre el congreso del Apra, que genera más fisuras personales que de opciones, escritas con aprecio y respeto.
1.- Creo que más allá de la derrota de este año, el problema del Apra reside en que desde hace más de dos décadas no ha podido generar un consenso interno mínimo sobre todo político que requieren los grandes y viejos partidos. Incluso luego del retorno de AGP al país, esta imposibilidad fue crucial para resolver el problema de una dirección coherente, activa, eficaz y compartida. Creo, a diferencia de lo que discuten ahora los apristas –que lo orgánico bloquea su perspectiva política- que es lo político lo que condiciona sus asuntos internos. El Apra no tuvo candidato presidencial el 2011 y antes en Lima el 2010 por razones esencialmente políticas, y perdió las elecciones por los mismas motivos.
2.- El Apra ha dejado de tener un gran motivo; luego de ganar las elecciones del 2006, que fueron su gran reivindicación histórica luego del fracaso 1985-1990 y el ostracismo 1990-2000, ha perdido valores ideológicos y políticos, expresión simbólica de lo cual es el artículo El Perro del Hortelano, de Alan García, la puerta hacia un gran vacío más que un cambio de postura.
Frente a este vacío, hasta hace algunos años, la izquierda y la derecha aprista aun debatían entre dos explicaciones de la crisis. La izquierda sostenía que todo se debía a un abandono consciente y sucesivo por parte del liderazgo partidario de las raíces apristas, particularmente del pensamiento político de Haya. La derecha aprista aducía que el Apra es víctima de la gradual extinción de los valores que cimentaban su fuerza y le daban sentido a su representación, una especie de envejecimiento político que necesita conjurarse con una modernización menos hayista.
3.- Eso ya no se debate o se discute muy poco. De lo que he podido apreciar, existe una discusión esencialmente institucionalista y generacional. Se debate como debería funcionar el Apra, la edad de sus líderes y la relación con el simbolismo.
Más Haya o menos Haya creo que es un error de partida si solo se refiere a una discusión del pasado; igual si el debate es más o menos Alan. Creo que el desafío del Apra pasa por recuperar el compromiso y activismo social que alimentaba al partido y lo legitimaba socialmente. El Apra debe volver a tener un gran motivo, una gran causa, una gran razón, que ahora no lo tiene, más que un nuevo gran líder.
4.- No me queda duda que el Apra necesita una representación política de cara a la sociedad pero no creo que el eje de ese desafío sea encontrar un nuevo Alan o alguien parecido a él. Creo que, al revés de lo que piensan algunos, la clave del futuro no es cómo suprimir a Alan sino como convivir con él a pesar de un divorcio orgánico. Creo que eso pasa también por tener una teoría de partido, la renovación interna, una cruzada contra la corrupción interna y las redes clientelares y de una posición frente a la reforma política, el antiaprismo, pero sobre todo de un gran motivo respecto del Perú.

sábado, 30 de julio de 2016

Después de Humala, lecciones personales

http://larepublica.pe/impresa/opinion/789471-despues-de-humala-lecciones-personales
La República
La mitadmasuno
29 de julio 2016
Juan De la Puente
El gobierno de Ollanta Humala y especialmente el modo en que ha concluido ofrece tendencias que deberían ser aquilatadas por los actores políticos del quinquenio que se inicia. No expresan una receta plana de lo que no debe hacerse pero resumen lecciones sobre el ejercicio personal del poder o el desempeño de la cuota que le corresponde a cada figura en este sistema político informal y precario.
Las guerras personales. Humala fue uno de los perjudicados con la guerra política en la que se trabó los últimos años de su mandato, y que tuvo al otro lado a Alan García y al Apra. El gobierno se empeñó en organizar frente a García una poderosa ofensiva a la que este respondió con una movilización personal y social de igual envergadura. La intensa lucha desgastó a ambos limitando al gobierno posibilidades de acción y proyección y resucitando frente a García el viejo encono político añadido al nuevo anti.
El antialanismo y el antihumalismo fueron la personalización de una disputa que pudo trascurrir en un contexto más institucional y sin que por ello pierda su esencia de denuncia y competencia. Su resultado fue la anulación de los dos grandes contradictores. El país no ha premiado la animadversión excesiva y la ojeriza y, al contrario, ha gratificado con sus votos a los líderes que ubicándose en la oposición no han llevado esta condición al extremo. De cara al futuro, quienes aspiren a liderar la oposición al actual gobierno deberán reparar en que no es sutil la diferencia entre oponerse al gobierno y oponerse personalmente a quien lo encarna.
El valor del liderazgo. En cambio, si la opinión pública cuestiona el encono personal extraordinario, valora la entrega personal del líder en un código positivo y audaz. Los sondeos realizados los primeros meses del gobierno de Humala, a la mitad de su mandato y en su última etapa están cruzados por un reclamo recurrente que no se apreció en sus antecesores: liderazgo. Especialmente frente a dos reclamos, la crisis de la seguridad y la perdida de velocidad del crecimiento, Humala evidenció falta de temple, iniciática y palabra oportuna, y a este punto se asocia también el desempeño de la ex Primera Dama Nadine Heredia, protagonista inhibidora del liderazgo de su esposo.
Es probable que esta percepción no se refiera finalmente solo a su comportamiento individual sino también al talante de sus ministros y al silencio público de la mayoría de ellos. Sin embargo, como en todo régimen presidencialista, es la jefatura del Estado el crisol donde se queman las legitimidades incluso si el equipo falla más que el Presidente. En adelante, Humala lo enseña, el liderazgo exige una actitud personal decidida e inconfundible que no podrá barnizarse recurriendo a la tesis de la delegación, especialmente en los dos mismos ámbitos, seguridad y economía.
Lealtad personal. Humala termina su mandato en casi completa soledad, sin parlamentarios en ejercicio que defiendan su legado en los próximos años, sin un partido activo que luche contra la adversidad y sin un entorno propio. Las causas de esta soledad no pueden atribuirse solo a la labor de los opositores; en gran medida es el resultado de una pésima gestión partidaria, el maltrato de sus más fieles seguidores y la poca pericia para combinar el ejercicio del poder con la vigencia de un grupo humano cohesionado por lealtades principistas y por supuesto personales.
El cuadro de un presidente denostado por sus vicepresidentes y obligado a asumir su defensa es una reincidencia republicana y la evidencia de que hasta el ejercicio más personalista del poder exige una conducta colectiva y el respeto de las militancias. En el futuro, los líderes deberán saber que el abuso de poder partidario o la subestimación del papel que juega en la política nacional la vigencia activa de un estado mayor, es letal. Los políticos que entran al poder con partidos aun así sea pequeños no pueden salir solo de él. Conservar un partido es más fácil que construirlo otra vez.

miércoles, 6 de julio de 2016

Secreto, Defensa Nacional e interés público. El caso Panorama.

Por Juan De la Puente
Secreto no es lo que tú quieres, lo que yo quiero o lo que quiere el Estado o alguna autoridad. Los secretos son materia de regulación en un orden democrático. Son colectivos (nacionales) y privados. La ley establece procedimientos para resguardarlos y esta labor se hace más compleja en el caso de los secretos nacionales o mal llamados “de Estado”. Felizmente, a diferencia de hace 100 años, lo que es un secreto nacional ya no corresponde a la discrecionalidad de las autoridades y en eso el país ha avanzado de la mano del artículo 5° de la Constitución sobre la transparencia de la información del Estado y su ley de desarrollo constitucional.
El debate sobre la acusación de los periodistas de Panorama, de Panamericana TV, nos devuelve al debate sobre el “secreto de Estado”. El último reducto de ese secretismo son las FFAA que pretenden ensanchar el natural secreto que rodea a la Defensa Nacional a casi todos los actos castrenses.
Tengo un respeto patriótico por las FFAA y por eso creo que las perjudicadas con esa tendencia a absolutizar el secreto son ellas mismas. Si queremos ayudarlas librémoslas de las práctica corruptas que se esconden tras el secreto.
1.- Sostengo, en relación a la denuncia del Ministerio de Defensa (MINDEF) contra los periodistas Rosana Cueva, Karina Novoa y Jorge Ipanaqué por la supuesta infracción del artículo 330° del Código Penal, un artículo del Código Penal que pertenece a un capítulo denominado Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria, que es un claro abuso de poder y reitero que un estudiante del primer curso de Derecho Penal sabe que ese artículo no se aplica a la labor periodística.
2.- El mencionado artículo 330° señala en su tipo básico: “El que revela o hace accesible a un Estado extranjero o a sus agentes o al público, secretos que el interés de la República exige guardarlos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de quince años”.
3.- El tipo objetivo de este delito, es decir, sus características reclama varias condiciones: 1) que exista un secreto definido de acuerdo a las leyes vigentes; 2) que este secreto sea “nacional”; y 3) que exista un interés de la República porque permanezca como tal. Estos elementos no son caprichosos. El Comercio publica hoy (6.7.2016) información relevante proporcionada por especialistas que abundan en el concepto de “secreto”, siendo el requisito esencial de su existencia que una resolución lo considere como tal y se inscriba de ese modo en un registro correspondiente.
4.- Queda claro que la condición de secreto no lo decide ni siquiera discrecionalmente una autoridad sino que adquiere esa condición en base a un procedimiento pre establecido. Preciso ahí que desde el artículo 5° de la Constitución, el secreto es una excepción y que la información pública es la regla general.
5.- Hay más sobre la relación entre el secreto y la defensa. No todo secreto militar es secreto nacional, no todo secreto está relacionado con la Defensa Nacional, no es lo mismo Defensa Nacional que orden interno, y finalmente no todos tenemos las mismas restricciones ante los tópicos reservados. El Tribunal Constitucional, cuando el año 2006 analizó una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el  Colegio de Abogados de Lima contra el Decreto Legislativo N.° 961, Código de Justicia Militar Policial (STC N°0012/2006/AI) dejó sentada jurisprudencia sobre varios aspectos de este norma y del Código Penal.
6.- En la disputa planteada en este caso entre el CAL y el MINDEF, este interpreta el artículo 330° del Código Penal así: “Secretos de Estado, revelación: aquella conducta mediante la cual el agente obra por lucro o cuando hace accesible a un Estado extranjero secretos que el interés de la República exige guardarlos. El TC no contradice esta definición y en cambio precisa que el orden interno es concurrente, complementario y subsidiario tanto del orden público como de la Defensa Nacional, que consiste en aquella situación de normalidad ciudadana que se acredita y mantiene dentro de un Estado, y que el orden interno es sinónimo de orden policial. Como se ve, aquí no hay una visión de sinónimo automático entre el secreto y Defensa Nacional y que el artículo 330° está hecho para las FFAA.
7.- Hay más, en la contienda de competencia sobre el caso del traidor suboficial de la FAP Víctor Ariza (Resolución N° 37/2009 Sala Penal Permanente), la Corte Suprema define como secreto militar el ámbito referidos a los medios de defensa del país. No todo secreto es sobre la defensa.
8.- ¿A quienes se aplicaría el artículo 330° según esta jurisprudencia? De hecho no a los militares y policías que ya tienen su fuero para los delitos de función como lo ha demostrado el caso Ariza, sino a civiles que revelen un secreto que la República –no un sello- crea que lo es con arreglo a ley. ¿Quiénes son la República? Supongo que no se me dirá que es el MINDEF; la Republica son sus órganos constituidos (antes llamados poderes) que proceden de acuerdo al pacto republicano; gobierno elegido, gobierno alternado, gobierno previsible y gobierno responsable.
9.- Sería un retroceso para la legalidad que triunfe la idea de que en el Perú el secreto es automáticamente militar y su determinación solo depende de una orden no registrada legalmente.  Al contrario, ceo que los colegas de Panorama han procedido en función del interés público y más aún si es que como ya está acreditado no hubo ánimo de lucro y si desde el propio Ejército se ha levantado la reserva del caso cuando el oficial a cargo respondió a una entrevista.
10.- El interés público es un valor básico para la defensa de la legalidad y de la transparencia. El TC ha desarrollado el concepto de interés público (Exp. N° 1797/2002/HD) como una figura que fortalece el ejercicio de las libertades informativas. En relación al acceso a la información del Estado, señaló tempranamente que este tiene la obligación de probar que existe un apremiante interés público por mantener en reserva o secreto la información pública solicitada y, a su vez, que sólo manteniendo tal reserva se puede servir efectivamente al interés constitucional que la justifica. De manera que si el Estado no justifica la existencia del apremiante interés público para negar el acceso a la información, la presunción que recae sobre la norma o acto debe efectivizarse y confirmarse su inconstitucionalidad. También significa que la carga de la prueba acerca de la necesidad de mantener en reserva el acceso a la información ha de estar, exclusivamente, en manos del Estado.
11.- Cuando se debatía la Ley de la Mordaza, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) sistematizó el ámbito del interés público del siguiente modo: “Califican como materias de interés público: 1)Asuntos o materias que inciden en el funcionamiento irregular del Estado, 2) Materias que afectan derechos o intereses generales; 3) Aspectos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas; 4) Asuntos que incidan o afecten a funcionarios, servidores públicos o personas que bajo cualquier modalidad laboran o prestan servicios para el Estado, a propósito de sus funciones, 5)  Asuntos que incidan o afecten a personas que sin ser funcionarios o servidores públicos ni prestan servicios o laboren para el Estado, desempeñan cargos, profesiones o actividades de relevancia públicas, siempre que exista relación con tales cargos, profesiones o actividades; y 6) Asuntos sobre los que la sociedad en su conjunto tiene un legítimo interés en mantenerse informada, como por ejemplo, la comisión de delitos o conductas de manifiesta contrariedad ética.