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sábado, 20 de enero de 2018

El indulto ya no es intocable

http://larepublica.pe/politica/1169828-el-indulto-ya-no-es-intocable
La mitadmasuno
La República
12 de enero 2018
Juan De la Puente
El indulto y derecho de gracia otorgados a Alberto Fujimori ha dado lugar a una batalla política en curso, y a otra legal, que recién empieza. Las vías legales habilitadas se pueden dividir entre las que están en proceso y las menos probables por ahora.
Entre las vías en uso, se tienen: 1) la supranacional, a través de la Corte IDH, que verá el caso el 2 de febrero; 2) la penal, a través del control difuso en el caso Pativilca, que podría ejercer la Sala Penal Nacional. La audiencia será en enero; y 3) la administrativa, a través de la nulidad de los actos administrativos, impugnando el procedimiento en curso, ya planteado el 23 de diciembre por los familiares.
Entre las menos probables por ahora se tienen 4) la constitucional, un proceso de amparo, que se iniciaría en el Poder Judicial y eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional, o un proceso de acción popular contra la resolución que otorga las gracias; 5) la administrativa de revocatoria, con la expedición de una resolución suprema que deroga el indulto, la “ruta Crousillat” en su parte administrativa; y 6) la legislativa, una ley que derogue la resolución de indulto.
Contra la idea del indulto como punto final ha quedado establecido que este caso ya no puede ser abordado solo, desde, y con la Constitución. La tesis de que el indulto es una prerrogativa presidencial a secas, un reduccionismo de sabor monárquico y al mismo tiempo inconstitucional, ha sido superada largamente en el Perú por decisiones administrativas, constitucionales y penales, y por una resolución supranacional que nos concierne directamente. Nuestro indulto no está –o ya no está- cubierto con el manto inexpugnable de la cosa juzgada, sino que ha sido “tocado” por la jurisprudencia constitucional.
La posición del TC respecto del indulto es firme y clara. A propósito del caso Crousillat dice: que el indulto es una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; pero eso no significa que se trate de una potestad que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad ,y que las resoluciones que ponen fin a un proceso judicial y tienen la virtualidad de producir efectos de cosa juzgada –en este caso el decreto del indulto a AF-, pueden ser cuestionadas a través de procesos constitucionales de amparo o hábeas corpus (STC N° 03660-2010-PHC/TC).
Las dos fechas más cercanas atañen a la Corte IDH y a la Sala Penal Nacional. En el primer caso, la audiencia incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte y a las partes. El artículo 69º del reglamento de la Corte establece que el Estado en cuestión presente un informe, observado por las otras partes. La Corte emite sentencia y otorga al Estado un plazo hasta de un año para remitir un informe sobre el cumplimiento o avances. El IDL considera que la decisión de la Corte será en breve.
La defensa del Estado peruano es todavía una incógnita. Entre sus ejes probables se encuentran: 1) la irrevisabilidad del indulto humanitario por su naturaleza, precisamente, humanitaria; 2) la insistencia de que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que la sentencia hace alusión a que ellos sí constituyen delitos contra la humanidad en el derecho internacional de los DDHH; y 3) que la competencia de la Corte se reduce a supervisar el procedimiento seguido y que solo puede conocer el cumplimiento de las observaciones anteriores referidas al caso, argumento que se prestaría de la defensa de Fujimori.

Será muy difícil que la Corte se aleje de los parámetros señalados por la CIDH en su pronunciamiento del 28 de diciembre pasado, inclusive si no razonara con su misma intensidad, especialmente en lo siguiente: 1) el indulto debe estar regido por principios constitucionales y normas internacionales de DDHH; 2) este indulto no cumple con los requisitos legales fundamentales, el debido proceso, independencia y transparencia de la junta de médica y técnica; y 3) la medida desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad.

sábado, 16 de diciembre de 2017

Lava Jato después de PPK

La República
La mitadmasuno
15 de diciembre de 2017
Juan De la Puente
El país ha atravesado otras crisis de las que ha sobrevivido. Para un análisis objetivo de la actual, conviene la objetividad, no parecernos a la mayoría de políticos que sobreactúan, y procurar una reflexión desagregada de los elementos que componen este momento. Aquí algunas reflexiones:
La crisis. Esta no es una crisis de gobierno, exclusivamente, ni una crisis terminal del régimen político (todavía). La crisis afecta a dos poderes del Estado –a uno más que a otro– cuyos líderes formales y reales cargan acusaciones de corrupción, y a la elite política derrotada previamente en las elecciones pasadas. Para que la crisis se haga terminal, sería necesaria una grave dificultad de funcionamiento del Estado, una presencia ciudadana activa que muestre una ruta alternativa, y un bloqueo institucional visible a primera vista. El país no ha tocado fondo.
Las otras crisis. Lo que sucede con el presidente de la República es lo más grave, delicado y urgente a resolver, pero no es el único registro de la realidad. El sistema es impactado por otras constantes de modo que “resuelto” el caso Kuczynski, quedan procesos cuya evolución no pueden ser controlados por las fuerzas políticas y poderes: actuales investigaciones de corrupción, delaciones en camino, y nuevas investigaciones y revelaciones, ahora que Odebrecht se ha convertido en el primer poder del Estado. Esta segunda explosión del Lava Jato (la primera fue hace un año) augura otras cuyo volumen es inestimable, de modo que las opciones para encarar el “caso PPK” son provisionales, limitadas y parciales. Es probable que los hechos sucedan en dos tiempos.
Los escenarios. Las revelaciones de Odebrecht cambian radicalmente las tendencias que presentaban las crisis. En el momento previo se apreciaban cuatro escenarios: 1) Una escalada simétrica entre el fujimorismo y el gobierno que elevaba las tensiones y cuyo punto de relación es Odebrecht, y que el sistema estaba tolerando; 2) la posibilidad de un pacto entre el Gobierno y el Congreso que rebajara tensiones, que PPK insinuó cuando a inicios de semana se refirió a un nuevo diálogo; 3) una sucesión constitucional en la presidencia, sea por vacancia o por renuncia, y que deje el Gobierno en manos del primer vicepresidente; y 4) una sucesión constitucional completa que lleve al presidente del Congreso a dirigir un Gobierno de Transición con elecciones adelantadas para los dos poderes.
En este esquema, el escenario Nº 1 estaba en plena vigencia con posibilidades de pendular con el escenario Nº 2 (el juego tensión/cooperación). Las revelaciones sobre los pagos a PPK altera este cuadro y hacen viable el escenario Nº 3 (renuncia o vacancia) e impulsa por ahora levemente las posibilidades del escenario Nº 4 (elecciones adelantadas). Colabora con este cuadro el hecho de que la opinión pública ha procesado ya una vacancia simbólica de los poderes, según las encuestas.
Los poderes. Partidos y otros sectores sociales se han empezado a ubicar en torno a los escenarios Nº 3 (vacancia o renuncia de PPK) y 4º (elecciones adelantadas, los grupos extraparlamentarios). Se entiende que el grueso del sistema se oponga a las elecciones adelantadas especialmente porque no están dispuestos a correr los riesgos en un nuevo ordenamiento de fuerzas. En esa dirección, se asoma un pacto tácito para encumbrar al vicepresidente Martín Vizcarra, pero nadie parece dispuesto a ir más allá y sostenerlo formalmente. Esto obligaría al nuevo mandatario a profundizar el carácter casi parlamentario del Ejecutivo.

Lo positivo en medio del pesimismo es que cualquiera de los escenarios anotados se ubican dentro el marco del régimen democrático, de manera que si la crisis no se alarga demasiado no se producirán salidas rupturistas o violentas, salvo revelaciones explosivas. La escasa movilización ciudadana en los meses previos indica cierta comodidad de los actores para sortear –otra vez, por ahora– el que “se vayan todos”. Esta tendencia abriga, no obstante, una clave oscura y negativa: la fortaleza de un sistema que se resiste a los cambios de fondo.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Cataluña, España y la izquierda

http://larepublica.pe/politica/1140023-cataluna-espana-y-la-izquierda
La República
La mitadmasuno
3 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
El proceso independentista catalán, en caída luego de la intervención del gobierno autonómico (la Generalidad y sus órganos, el gobierno, el parlamento y la presidencia) por el gobierno español, en aplicación del artículo 155º de la Constitución, le pasa la factura a Podemos, la nueva formación de la izquierda española que junto con sus aliados obtuvo el 21% de votos en las elecciones del año pasado, y que –también juntos– ocupan 67 de 350 escaños en el parlamento.
Presionado por expectativas regionales, especialmente de sus bases y sus aliados en Cataluña, Podemos exhibió un extraño discurso neutral pero inclinado hacia el proceso separatista catalán impulsado por una coalición de grupos conservadores, liberales y de izquierda. Mientras el proceso estaba en curso, antes de la declaración unilateral de independencia y de la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, ese discurso pudo servir para administrar la falta de una opinión resuelta y organizadora sobre la cuestión catalana, pero no fue suficiente.
El grupo que revolucionó y modernizó la movilización en España y Europa, legítimo heredero del movimiento de los indignados del 15-M del 2011, se vio atenazado por una estrategia sin táctica. Por primera vez desde su fundación fueron “otros” los que ganaron la iniciativa de la calle. Los separatistas los llevaron de las narices, estableciéndose entre ellos y Podemos una distribución de roles perjudicial para el partido nacional: Los primeros aceleraban la separación de España vía el ilegal referéndum del 1º de octubre, y los segundos atajaban al gobierno de Rajoy, defendiendo el derecho a decidir del 48% de los ciudadanos sobre el 52% restante.
Ese fue el primer error del profesor Pablo Iglesias, líder de esa formación, que se sabe de memoria las lecciones de estrategia, pero al que le faltó la primera lección de táctica: tener una línea propia en el terreno de los hechos, y llevarla adelante. A Podemos de estos meses le sobró Gramsci, pero le faltó Lenin, De Gaulle y Churchill.
En principio, es seductor el modelo de organización más plural para España, es decir, un desarrollo mayor del modelo de autonomías instalado por la Constitución de 1978. La idea de esta alternativa fue plasmada en la propuesta de un nuevo pacto territorial y democrático por la vía del federalismo. No obstante, esta alternativa no puede enarbolarse relativizando la unidad nacional, un error frecuente de las formaciones nacionales radicales de derecha o izquierda. Razón tuvo hace días la profesora Carolina Bescansa, una de los tres fundadores de Podemos, al lamentar que su partido no tenga un proyecto político para España y en pedir que se le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas, recordando que Podemos es un partido español y estatal.
Ese segundo error no fue leve. La idea de llamar fascista a todo aquel que defienda la unidad de España –o si queremos aplicarlo a cualquier país, la unidad nacional– no se justifica siquiera en las disputas en las redes sociales; más aún si se tolera, como ha sucedido en Cataluña por parte de grupos de la izquierda regional, que se llame traidor (botifler en el argot catalán) al que se muestra contrario a la secesión. Al contrario, no enfrentarse al nacionalismo secesionista creyendo que tenía la marca de izquierda, y que eso era suficiente, implicó sentar las bases del actual conflicto entre la dirección nacional de Podemos y sus bases catalanas que solo tiene una ruta de solución: la salida de los que pierden.

El tercer error fue priorizar su oposición al gobierno, y subestimar el valor moral de la Constitución, inclusive si en el gobierno se encuentra un grupo cuestionado como el Partido Popular (PP) protagonista de sonados escándalos de corrupción. Allí hubo un equívoco más que político, que es no tomar en cuenta que la Constitución es más que un gobierno. Eso sucede cuando desde la Ciencia Política se subestima el Derecho Constitucional. Ahora, tendrán que hacer otra incoherencia: participar en un proceso electoral que consideran ilegitimo.