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martes, 15 de agosto de 2017

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente
Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.
He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.
Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.
El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.
Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.
La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.
Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.
Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.
Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).

viernes, 4 de agosto de 2017

Consenso a palos, año uno

http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno
La República
La mitadmasuno
28 de julio de 2017
Juan De la Puente
El año pasado el país votó por una inédita gobernabilidad: el grupo que perdió las elecciones se quedó con el 56% de escaños del Congreso, más allá de la mayoría absoluta, y el que ganó el gobierno, con el 13%. Había otra originalidad: el resultado fue estrecho y gracias a la épica antifujimorista impulsada esencialmente por los simpatizantes de la candidatura que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta.
Lo que tenemos al frente es un gobierno dividido que nuestra academia considera un mal resultado, quizás solo basada en la experiencia mexicana de finales de los años 90 o la ecuatoriana previa a Rafael Correa. Otras experiencias, como algunos de los recientes periodos norteamericanos, no han sido necesariamente negativas.
La gobernabilidad de los primeros meses fue un cuaderno en blanco escrito día a día y a varias manos, sobre todo de la prensa y la opinión pública, que presionaron por el consenso, la investidura del gabinete y la delegación de facultades.
El primer resultado de esta experiencia es que nuestro gobierno dividido es al mismo tiempo pobre y excluyente, débil frente a una sociedad crecientemente crítica, y por lo tanto un gobierno dividido y desgastado.
No debemos ilusionarnos con el vestuario de la escena. Es llamativa y sobreactuada, con tensiones, amenazas, dislates y escándalos, que hacen de esta etapa un consenso a palos. Lo que tenemos al frente es no obstante un modelo casi acabado de in/gobernabilidad ya conocida, cuya esencia podrá cambiar poco y que será el atributo de un sistema que no se rompe aunque se descosa un poco en cada coyuntura. Ya no podemos decir como en agosto pasado que sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo.
El segundo resultado es que fuera del vestuario, el año uno del consenso a palos tuvo más colaboración entre poderes que confrontación, un continuo del que podríamos exceptuar el último período abril-junio con varias crisis mucho tiempo abiertas, cerradas también a dos manos por el Gobierno y el Congreso, pero que le hizo perder a PPK entre 10 y 12 puntos de aprobación y nada a Keiko. Primera lección: las largas crisis en un gobierno dividido desgastan más a un Ejecutivo débil.
El tercer resultado, precisando que no me encuentro entre quienes creen que el propósito de Fuerza Popular es derrocar a PPK, es que los incentivos para no hacerlo son mayores, precisamente porque el gobierno dividido made in Perú tiene al fujimorismo por ahora con grandes opciones para hacerse del poder en las urnas el 2021. Ello no implica reconocer que, como le pasa a PPK en el Gobierno, el fujimorismo no sabe qué hacer con su mayoría.
El cuarto resultado de esta experiencia consiste en que si los actores se conocen más, es porque han disputado y concertado, tomado y entregado –y derrotados algunas veces– olvidando gran parte de sus promesas. Casi todo ha sido dejado en el camino, la reforma política, la mayoría de cambios institucionales para luchar contra la corrupción y la creación de ministerios, entre otros. No debe obviarse en el balance que la opinión pública respalda en cuotas altas el control político parlamentario (los tres últimos sondeos de GfK) y no comulga mucho con la tesis del obstruccionismo, pero no es menos cierto que el fujimorismo no ha cumplido su promesa de convertir su plan de gobierno en un programa parlamentario.

De cara al segundo año, el principal riesgo del consenso a palos es que se transforme en un bipartidismo imperfecto, que intente reducir la gobernabilidad a dos fuerzas, obviando a las otras y excluyendo a la sociedad. Si esto sucede, estas fuerzas resurgirán tarde o temprano. Por ahora reclaman su pedazo de diálogo, pero mañana podrán hacer uso de su pedazo de calle. Rotos los equilibrios del período 2001-2016, el país no parece polarizado sino fragmentado, con fuerzas que pugnan por “achicar” arriba el espacio público, un espacio enano que compite con una agenda pública frondosa. Sin cambios, el sistema político puede seguir suspendido en el aire por un buen tiempo.

lunes, 31 de julio de 2017

¿Un bipartidismo imperfecto y acosado?

http://larepublica.pe/impresa/opinion/893010-un-bipartidismo-imperfecto-y-acosado
La República
La mitadmasuno
7 de julio de 2017
Juan De la Puente
La decisión de Keiko Fujimori de solicitar el inicio de un diálogo al presidente Pedro Pablo Kuczynski cambia el escenario de tensión de varias semanas, e instala un momento inesperado de cooperación explícita. Este momento es vulnerable porque precisa de éxitos igualmente categóricos por parte de ambos que ya arrastran un diálogo frustrado, el de diciembre, instalado luego de la censura de Jaime Saavedra.
Este momento necesita ser fructífero y algo prolongado, al punto que obliga al cambio de las narrativas en cada lado, en las que aún se aprecia una lógica de guerra. La misma discusión sobre la presencia de Luis Bedoya Reyes en el diálogo evidencia que todavía falta que los actores se vistan de consenso en lugar de confrontación y dejen de escuchar a los señores de la guerra.
La pregunta de por qué la lideresa de Fuerza Popular realizó este giro es totalmente vigente de cara al futuro. La primera respuesta que remite a una maniobra conspiradora cede fácilmente ante explicaciones más racionales y convergentes: 1) el asomo de una crisis interna que se acelera con la posibilidad del indulto a Alberto Fujimori, que la dirección de Fuerza Popular cree que debe encontrar a Keiko controlando los resortes del fujimorismo; y 2) la escasa eficacia de la confrontación como método de acumulación de fuerzas de cara al 2021, de acuerdo a las últimas encuestas.
La guerra de varias semanas ha servido de poco. De acuerdo a la última encuesta de GfK, la opinión pública no se hace eco de la sensación de incertidumbre que agita a la elite gobernante, y no premia a ninguno de los actores de esta batalla que solo ellos creen que es épica y principista. La sociedad piensa que ambos son lo mismo y los datos duros indican que los poderes están desgastados y son socialmente rechazados: 1) solo el 39% cree que las relaciones entre el Gobierno y el Congreso son conflictivas, frente al 38% que cree que avanza a pesar de las tensiones, y un 11% que cree que son cordiales; 2) casi la mitad de los peruanos creen que ambos poderes están peor de lo que esperaban o no esperaban nada de ellos; 3) más de dos tercios creen que lo que viene del Gobierno y del fujimorismo será igual o peor de lo que hubo hasta ahora; 4) el 45% sostiene que ni PPK ni Keiko tienen un plan claro para el país; 5) la aprobación de Keiko ha subido a 48% en Lima, pero su desaprobación ha trepado a 64% en el sur; y 6) PPK tiene una aprobación de 47% en los sectores A/B, pero una desaprobación en Lima de 60%.
En ese contexto, un diálogo de a dos es un error garrafal y es inexplicable que quien se aferre a este modelo sea precisamente el fujimorismo, aspirante a gobernar supuestamente con amplitud dentro de 4 años. Un bipartidismo imperfecto (PPK y FP suman dos tercios de los votos válidos del 2016) es una amenaza a la democracia, especialmente si el diálogo que empezará en pocos días tiene por ahora pocas salidas. Incluso la posibilidad de que el diálogo no sea llevado al Acuerdo Nacional (donde murió el reciente intento, por responsabilidad del gobierno) obliga a tomar en cuenta a los otros actores políticos y sociales. ¿Les han comentado a los dos dialoguistas que es de manual que en épocas de crisis se incluya en el consenso a la mayor cantidad de actores?
Todos los diálogos son bienvenidos, incluso si las partes solo se sientan a la mesa, pero me temo que lo que hoy se necesita es algo más, es decir, un entendimiento nacional que no pasa ni por un pacto bajo la mesa para dar y recibir ventajas, o un cogobierno, un modelo de pacto que –entiendan, por favor, Confiep, economistas sin respuestas técnicas, y nostálgicos de los noventa– ahora no es viable.

Para efectos de acuerdos de mayor calado, más legítimo y profundo, cada parte de nuestro país reclama con justicia su pedazo de diálogo y mantiene expectativas que ya fueron explicitadas durante el proceso electoral hace un año. La política tiene varias virtudes pero no es mágica, no puede hacer desaparecer las demandas sociales y regionales ni las necesidades de reformas al sistema.