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viernes, 3 de noviembre de 2017

Cataluña, España y la izquierda

http://larepublica.pe/politica/1140023-cataluna-espana-y-la-izquierda
La República
La mitadmasuno
3 de noviembre de 2017
Juan De la Puente
El proceso independentista catalán, en caída luego de la intervención del gobierno autonómico (la Generalidad y sus órganos, el gobierno, el parlamento y la presidencia) por el gobierno español, en aplicación del artículo 155º de la Constitución, le pasa la factura a Podemos, la nueva formación de la izquierda española que junto con sus aliados obtuvo el 21% de votos en las elecciones del año pasado, y que –también juntos– ocupan 67 de 350 escaños en el parlamento.
Presionado por expectativas regionales, especialmente de sus bases y sus aliados en Cataluña, Podemos exhibió un extraño discurso neutral pero inclinado hacia el proceso separatista catalán impulsado por una coalición de grupos conservadores, liberales y de izquierda. Mientras el proceso estaba en curso, antes de la declaración unilateral de independencia y de la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy, ese discurso pudo servir para administrar la falta de una opinión resuelta y organizadora sobre la cuestión catalana, pero no fue suficiente.
El grupo que revolucionó y modernizó la movilización en España y Europa, legítimo heredero del movimiento de los indignados del 15-M del 2011, se vio atenazado por una estrategia sin táctica. Por primera vez desde su fundación fueron “otros” los que ganaron la iniciativa de la calle. Los separatistas los llevaron de las narices, estableciéndose entre ellos y Podemos una distribución de roles perjudicial para el partido nacional: Los primeros aceleraban la separación de España vía el ilegal referéndum del 1º de octubre, y los segundos atajaban al gobierno de Rajoy, defendiendo el derecho a decidir del 48% de los ciudadanos sobre el 52% restante.
Ese fue el primer error del profesor Pablo Iglesias, líder de esa formación, que se sabe de memoria las lecciones de estrategia, pero al que le faltó la primera lección de táctica: tener una línea propia en el terreno de los hechos, y llevarla adelante. A Podemos de estos meses le sobró Gramsci, pero le faltó Lenin, De Gaulle y Churchill.
En principio, es seductor el modelo de organización más plural para España, es decir, un desarrollo mayor del modelo de autonomías instalado por la Constitución de 1978. La idea de esta alternativa fue plasmada en la propuesta de un nuevo pacto territorial y democrático por la vía del federalismo. No obstante, esta alternativa no puede enarbolarse relativizando la unidad nacional, un error frecuente de las formaciones nacionales radicales de derecha o izquierda. Razón tuvo hace días la profesora Carolina Bescansa, una de los tres fundadores de Podemos, al lamentar que su partido no tenga un proyecto político para España y en pedir que se le hablase más a España y a los españoles y no solo a los independentistas, recordando que Podemos es un partido español y estatal.
Ese segundo error no fue leve. La idea de llamar fascista a todo aquel que defienda la unidad de España –o si queremos aplicarlo a cualquier país, la unidad nacional– no se justifica siquiera en las disputas en las redes sociales; más aún si se tolera, como ha sucedido en Cataluña por parte de grupos de la izquierda regional, que se llame traidor (botifler en el argot catalán) al que se muestra contrario a la secesión. Al contrario, no enfrentarse al nacionalismo secesionista creyendo que tenía la marca de izquierda, y que eso era suficiente, implicó sentar las bases del actual conflicto entre la dirección nacional de Podemos y sus bases catalanas que solo tiene una ruta de solución: la salida de los que pierden.

El tercer error fue priorizar su oposición al gobierno, y subestimar el valor moral de la Constitución, inclusive si en el gobierno se encuentra un grupo cuestionado como el Partido Popular (PP) protagonista de sonados escándalos de corrupción. Allí hubo un equívoco más que político, que es no tomar en cuenta que la Constitución es más que un gobierno. Eso sucede cuando desde la Ciencia Política se subestima el Derecho Constitucional. Ahora, tendrán que hacer otra incoherencia: participar en un proceso electoral que consideran ilegitimo.

viernes, 27 de octubre de 2017

La izquierda y la linea propia

http://larepublica.pe/politica/1101410-la-izquierda-y-la-linea-propia
La República
La mitadmasuno
22 de setiembre de 2017
Juan De la Puente
Un problema de la izquierda desde la segunda vuelta electoral fue que gran parte de sus activistas creían que el gobierno de PPK era suyo, y que el mismo PPK también lo era. No eran los únicos; sucedía lo mismo con los liberales y la amplia facción antifujimorista de la sociedad.
Esta identidad llegó al punto de criticar la actuación de la misma izquierda en otros sectores, como Salud y Educación, que cuestionaban la falta de eficiencia de esos ministerios, o de negarse a discrepar de la actuación censora del ministro de Cultura de exposición Resistencia visual 1992 en el Lugar de la Memoria (LUM), solo porque lo pidió un congresista de Fuerza Popular. Pequeño o grande, el pueblo izquierdista fue un actor decisivo de las dos lunas de miel de las que gozó el Gobierno.
Parece que esto se acabó. La decisión del Frente Amplio y de Nuevo Perú de rehusarse a otorgar el voto de confianza al gabinete Zavala abre una etapa nueva, de afirmación de una línea propia de la izquierda.
Desde su fundación, la izquierda persistió en un curso propio, incluso cuando en los años treinta y cincuenta fue objeto de exclusión del sistema político por las dictaduras de Sánchez Cerro, Benavides y Odría. Sus pocos pactos externos, con el Apra (1945) y Fujimori (1990), fueron efímeros, y de esa tradición solo cabe una excepción, la colaboración abierta y poco crítica del PC con el gobierno de Velasco (1968-75).
Aunque todavía se registran cuestionamientos a la votación del Frente Amplio y de Nuevo Perú sobre la cuestión de confianza, ya es evidente que la izquierda se opondrá al mismo tiempo al Gobierno y al fujimorismo. Con ello acaba el escenario hegemonizado por estas dos fuerzas y se abre la posibilidad de recuperar una plataforma plural y con más opciones en liza, y superar el bipartidismo imperfecto que amenaza nuestro sistema, de por sí ya carente de partidos que reflejen el arco de intereses y posiciones.
La clave del juego propio reside en los intereses. Pretender que los grupos que levantaron programas distintos a PPK y Fuerza Popular en la campaña electoral los abandonen para alinearse en una polarización que exhibe brechas visibles en lo económico, político e institucional, equivale a obligarlos a dejar esos programas y los intereses que representan, una renuncia a los compromisos asumidos, igual que los gobiernos que dejan en el camino sus promesas.
Estas brechas son significativas; han sido construidas por el gobierno y Fuerza Popular con el siguiente esquema: 1) el centro de la oposición de Fuerza Popular se encuentra en lo político, con marcado acento en el debilitamiento del Gobierno; 2) al costado y en paralelo, Fuerza Popular colabora en lo económico; y 3) en lo institucional, se cruzan pocas líneas de confrontación y de cooperación, y más de abstención de ambos, patente esencialmente en la omisión de las grandes reformas.
La línea propia es, primero, un desafío interno para la izquierda. Es viable a condición de que se levanten estrategias propias de acumulación y recuperación de la representación social. Implica poner un pie en la sociedad. Allí el agua está fría, la calle está dura, dura de dureza y de severidad. La reciente encuesta de Ipsos indica que el 58% de peruanos no estaba enterado de la presentación de la cuestión de confianza, que el 53% desaprobaba que el pedido fuese presentado, y que la relación entre el voto a favor o en contra de la confianza estaba muy parejo, 50% por el sí y 46% por el no.

Una línea propia no le impedirá a la izquierda participar en las iniciativas de diálogo político convocado por el Gobierno o respaldar elementos cruciales de la política social actualmente en curso. Tampoco necesitará jubilar su antifujimorismo, sino hacerlo también desde abajo, y pactar en el Congreso la aprobación de leyes e iniciativas de control político, bajo el criterio que el voto ciudadano le ha conferido a Fuerza Popular la condición de opositor al Gobierno, en tanto que a los otros grupos que participaron en las elecciones una doble condición opositora, al Gobierno y al Congreso.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

La izquierda de todos los derechos


http://larepublica.pe/politica/1078292-la-izquierda-de-todos-los-derechos
La República
La mitadmasuno
25 de agosto de 2017
Juan De la Puente
La izquierda se ha empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la evaluación magisterial.
Un importante sector de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.
He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.
Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí, evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas (67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no trabajan (70%).
No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.
La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios; o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se desconocen los derechos de los consumidores.
En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y el pacto social entre los trabajadores y el Estado.

martes, 15 de agosto de 2017

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente
Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.
He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.
Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.
El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.
Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.
La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.
Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.
Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.
Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).