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sábado, 27 de febrero de 2016

El shock de seguridad

http://larepublica.pe/impresa/opinion/744156-el-shock-de-seguridad
La República
La mitadmasuno
26 de febrero de 2016
Juan De la Puente
Los tres temas sobre los que giran los pocos contenidos  en la actual campaña electoral son transparencia pública, crecimiento económico y seguridad ciudadana. Los dos primeros no registran propuestas detalladas y reconocibles, por lo que es muy probable que en referencia a ellos elijamos un gobierno sin mayores compromisos.
Sobre la seguridad se han vertido varias iniciativas y en este rubro se han esmerado los partidos y candidatos echando mano a la capacidad instalada que representa un grupo de especialistas con conocimientos y experiencia en la materia. Esta avocación ha llevado a que el Instituto de Defensa Legal (IDL) diseñe interesantes parámetros de evaluación, aprobando algunos planes de gobierno y desaprobando otros.
A pesar de sus diferencias, estos planes tienen la racionalidad propia de los especialistas a cargo, y por esa razón hasta los que ofrecen una política de mano dura contra el crimen no llegan al extremo de proponer la pena de muerte para los delitos más graves (salvo un partido que lo propone para los casos de corrupción), una salida que sin embargo tiene el 65% de aprobación de acuerdo a la reciente encuesta de Ipsos.
Es probable que estos especialistas cumplan con los candidatos el mismo papel alfabetizador y moderador que en materia económica cumplen los economistas. La crisis de la seguridad ha especializado a un grupo de profesionales, cuya principal función es convencer a los candidatos presidenciales de la centralidad de este problema.
Allí reside el principal riesgo del debate de un asunto crucial que sin embargo carece de la suficiente significación para los hombres y mujeres que aspiran a gobernar el país. Este retraso en la apropiación de planes de seguridad puede costarle caro el Perú.
En el reciente foro temático sobre seguridad, el cuarto de la serie de debates que organizan La República, Latina, PNUD, Idea Internacional, PUCP, Telefónica y el JNE, con la veeduría de Transparencia, se ha constado dos diferencias de fondo en las propuestas. Por un lado, la mayoría de partidos insisten en una perspectiva policialista frente a una minoría que propone integrar en el problema también los asuntos de justicia y educación. Otra brecha separa a los partidarios de las penas más severas y la intervención de las FFAA en la lucha contra el delito, que también son mayoría, de quienes proponen medidas que equilibren la prevención, la inteligencia y la interdicción.
En este tema básico para la convivencia no será posible alcanzar un gran acuerdo de políticas y medidas, de modo que lo más probable es que el gobierno que se instale en julio de este año, sin un referente político transversal, se sienta presionado por la opinión pública mayoritariamente dispuesta a salidas rápidas y aparentemente firmes y se anime a descargar un shock de seguridad cuyas líneas efectistas están definidas, es decir, declaratoria de más estados de emergencia –a pesar del fracaso de esta medida en el Callao–, el patrullaje militar, reorganizaciones policiales por arriba y grandes anuncios para las comisarías.
Ese será el shock de la derrota y el preludio de que volveremos a perder otros cinco años en experimentos fracasados en otros países y en recetas aprobadas para las tribunas. Aunque en esta oportunidad cinco años más serán muy perjudiciales si a ellos se agregan medidas que aumenten la violencia cotidiana, como ha experimentado México durante el gobierno de Felipe Calderón.
Por si a alguno le interesa, este es el típico tema de Estado cuyo tratamiento es ahogado por la debilidad de partidos que deben “importar” técnicos en seguridad por su falta de cuadros, en un esquema donde los jefes se preocupan por mostrar que existe un plan elaborado, una propuesta que no obstante no sienten suya y que más allá del papel están dispuestos a hacer lo que les plazca si llegan al gobierno. En este punto más que en ninguno se requieren pactos nacionales pero dramáticamente lo viejo y lo nuevo se parecen tanto, ni lo quieren ni lo entienden.

viernes, 19 de abril de 2013

No hay quinto malo. Sobre las reformas judiciales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-quinto-malo-18-04-2013
La República
La mitadmasuno
19 de abril de 2013
Juan De la Puente
El primer punto del Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez es la reforma judicial, un cambio hasta ahora esquivo que tiene en su debe/haber cuatro intentos/fracasos recientes, todos ellos multisectoriales. Uno de los primeros esfuerzos fue la experiencia del GTAN (Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia), creado el 2001 por acuerdo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que produjo un Plan Estratégico y un documento de lineamientos para su implementación.
Otro intento fue la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales de las instancias judiciales luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema declarase en reestructuración al PJ. En 90 días, esta comisión elaboró un informe con medidas urgentes de reforma en cinco materias: justicia civil, justicia penal, despacho judicial, órganos de gobierno y política anticorrupción.
El más significativo antecedente se inició el 2003, cuando la Ley Nº 28083 creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS), integrada por 16 miembros, representantes de las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil con el mandato de que en 180 días propusiera un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (PNRIAJ). Este contenía ocho áreas para la reforma e incluyó una propuesta de reforma parcial de la Constitución. El cuarto intento se registró el 2006 cuando se constituyó el grupo impulsor del Programa de Inversión Pública para la Modernización de la Administración de Justicia para asegurar que el PNRIAJ se ejecute de manera coordinada.
A los cuatro fracasos concurren diversas explicaciones aunque la falta de información, de financiamiento y de voluntad política son las más significativas. Entre estas razones se teje además un enmarañado conjunto de argumentos entre los que sobresale casi siempre como coartada la autonomía de las instituciones, la valla final que detiene el cambio. De ese modo, los intentos de reforma han sido procesos críticos bloqueados con rapidez por alguna de las instituciones del sistema de administración de justicia o relacionada con este.
La falta de información es crucial en la reforma. Ya el 2003, el CERIAJUS señalaba que la ausencia de sistemas confiables y disciplinados para el registro de los datos sobre las actividades de cada institución restringe el margen de confiabilidad respecto de los mismos. Desde ese momento, algunas instituciones han creado instrumentos específicos como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en tanto que el PJ ha definido un grupo de indicadores de calidad de la gestión y modernizado su unidad estadística, y el TC, INPE y el Ministerio del Interior han avanzado en la construcción de indicadores.
La ausencia de información confiable y la falta de análisis racional en la administración de justicia se debe a una cultura organizacional que privilegia la oferta, donde lo más relevante es la capacidad de atención de denuncias y casos presentados y el recurso humano disponible para tal efecto y no la demanda de acceso a los servicios de justicia. Se entiende, por lo mismo, que la información que produce el sistema se reduce en la mayoría de casos a los indicadores de primer nivel como número de expedientes, número de casos resueltos, número de funcionarios titulares, número de funcionarios suplentes, entre otros. Esta dinámica impide investigar la demanda en su conjunto,  la relación entre demanda y oferta, las expectativas del usuario y en general las dificultades de acceso.
En ese sentido, son sugerentes la creación del Comité Interinstitucional Estadístico de la Criminalidad y el Diagnóstico Nacional del Delito, que se encuentra en elaboración, porque permitirán que el Estado elimine la dispersión de datos y supere la ausencia de información confiable.