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martes, 15 de agosto de 2017

La huelga y la opinión pública. Sobre la encuesta de Ipsos.

Por Juan De la Puente
Uno de los errores más comunes en el análisis político es el exceso de la agregación, que no permite apreciar los fenómenos que componen el escenario y por lo tanto impiden advertir las tendencias en curso y las brechas entre los hechos y actores. El otro extremo es el exceso de la desagregación, la apreciación aislada de los hechos, es decir, la pérdida de contexto.
He visto algo de lo último en algunos análisis de la huelga magisterial, un intento de observación que ignora varios elementos, especialmente los siguientes: 1) una huelga que dinamiza y forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) en confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) a cargo de una dirección ubicada en el extremo izquierdo de los movimientos sociales, maoísta y posmaoísta; 4) que se encuentra en disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) con una parte de su dirección marcadamente economicista, que subestima la reforma para mejorar la calidad de la educación.
Fuera del contexto, la huelga es una expresión de demandas legítimas que el gobierno está en la obligación de “resolver”, sin decir en qué sentido y cómo. Fuera de contexto, la huelga se dirige también contra el SUTEP oficial, y es bueno ello porque ya es hora que el SUTEP sea “liberado” de Patria Roja, no importa si luego viene la balcanización del sindicalismo magisterial como sucedió con Construcción Civil. Finalmente, fuera de contexto, el canal de solución de la huelga es el dialogo para el aumento; mañana o pasado discutiremos la evaluación y la meritocracia.
El exceso de desagregación lleva a que se extraiga solo un dato de la reciente encuesta de Ipsos: que el 56% está de acuerdo con la huelga, un número cierto y redondo que grafica la legitimidad de las demandas salariales de los maestros, el punto más vulnerable de las políticas públicas educativas desde hace décadas.
Otro dato concurre al escenario, como la caída de 10 puntos en la aprobación de la ministra de Educación (ahora en 24%), hasta hace poco una de las más valoradas del gabinete, una debilidad en el liderazgo del sector que será decisiva para el reimpulso de los cambios que se están perdiendo.
La actitud de la opinión pública está en proceso y es necesario tomar en cuenta esta condición de cara la sucesión de micro ciclos políticos que vienen.
Sorprende, por ejemplo, el alto nivel de información de los ciudadanos sobre la huelga misma (94%) y sobre sus demandas (91%), y ese conocimiento explica la opinión matizada respecto de la huelga porque junto a la legitimidad de los reclamos, y en un número superior de 94%, los peruanos se pronuncian en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
El aspecto político de la huelga es también objeto de una visión matizada de la opinión pública: 1) El 69% cree que los maestros reclaman por convicción; 2) solo el 28% cree que están “amenazados” por una dirigencia extremista (qué pregunta más tremendista, de paso); 3) el 67% está de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas; 4) el 93% se expresa contra los ataques a los locales públicos y privados; 5) el 76% se muestra contrario que se impida trabajar a los que quieran hacerlo; 6) el 70% cree que a los huelguistas se le debe descontar los días que no trabajan; y 7) el 71% cree que deben ser despedidos -entre lo inmediato o si persisten en la inasistencia al trabajo- y solo el 24% cree que nunca los huelguistas deben ser despedidos.
Salvo la última respuesta que expresa una visión autoritaria respecto de la huelga en tanto derecho fundamental, la opinión pública no se muestra radicalizada en favor de la huelga o contra ella. En el equilibrio de la desagregación y agregación de datos, se aprecia varias legitimidades sociales, entre las cuales las más resaltantes son los reclamos salariales y la meritocracia.
Esta información explica varios hechos recientes, entre ellos la ampliación de la huelga y el poco eco que tienen las alertas sobre que un sector de la dirección de este movimiento pertenece al MOVADEF, legitimado políticamente más por el Estado que por los huelguistas.

Finalmente, la huelga consagra un escenario que reclama una gobernabilidad plural y no un bipartidismo imperfecto. Las fuerzas sociales -y regionales, que están más allá de los gobernadores convenidos, varios de ellos corruptos- han resurgido y han tomado su pedazo de dialogo y de calle, sobre lo que me referí en otro artículo (http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno). Si insistimos en desagregar nos perdemos el proceso y la tendencia, la formación de una nueva representación sectorial y local (http://larepublica.pe/politica/1072491-el-luminoso-sendero-social).

viernes, 4 de agosto de 2017

Consenso a palos, año uno

http://larepublica.pe/politica/1066842-consenso-a-palos-ano-uno
La República
La mitadmasuno
28 de julio de 2017
Juan De la Puente
El año pasado el país votó por una inédita gobernabilidad: el grupo que perdió las elecciones se quedó con el 56% de escaños del Congreso, más allá de la mayoría absoluta, y el que ganó el gobierno, con el 13%. Había otra originalidad: el resultado fue estrecho y gracias a la épica antifujimorista impulsada esencialmente por los simpatizantes de la candidatura que obtuvo el tercer lugar en la primera vuelta.
Lo que tenemos al frente es un gobierno dividido que nuestra academia considera un mal resultado, quizás solo basada en la experiencia mexicana de finales de los años 90 o la ecuatoriana previa a Rafael Correa. Otras experiencias, como algunos de los recientes periodos norteamericanos, no han sido necesariamente negativas.
La gobernabilidad de los primeros meses fue un cuaderno en blanco escrito día a día y a varias manos, sobre todo de la prensa y la opinión pública, que presionaron por el consenso, la investidura del gabinete y la delegación de facultades.
El primer resultado de esta experiencia es que nuestro gobierno dividido es al mismo tiempo pobre y excluyente, débil frente a una sociedad crecientemente crítica, y por lo tanto un gobierno dividido y desgastado.
No debemos ilusionarnos con el vestuario de la escena. Es llamativa y sobreactuada, con tensiones, amenazas, dislates y escándalos, que hacen de esta etapa un consenso a palos. Lo que tenemos al frente es no obstante un modelo casi acabado de in/gobernabilidad ya conocida, cuya esencia podrá cambiar poco y que será el atributo de un sistema que no se rompe aunque se descosa un poco en cada coyuntura. Ya no podemos decir como en agosto pasado que sabemos lo que está muriendo pero no lo que está naciendo.
El segundo resultado es que fuera del vestuario, el año uno del consenso a palos tuvo más colaboración entre poderes que confrontación, un continuo del que podríamos exceptuar el último período abril-junio con varias crisis mucho tiempo abiertas, cerradas también a dos manos por el Gobierno y el Congreso, pero que le hizo perder a PPK entre 10 y 12 puntos de aprobación y nada a Keiko. Primera lección: las largas crisis en un gobierno dividido desgastan más a un Ejecutivo débil.
El tercer resultado, precisando que no me encuentro entre quienes creen que el propósito de Fuerza Popular es derrocar a PPK, es que los incentivos para no hacerlo son mayores, precisamente porque el gobierno dividido made in Perú tiene al fujimorismo por ahora con grandes opciones para hacerse del poder en las urnas el 2021. Ello no implica reconocer que, como le pasa a PPK en el Gobierno, el fujimorismo no sabe qué hacer con su mayoría.
El cuarto resultado de esta experiencia consiste en que si los actores se conocen más, es porque han disputado y concertado, tomado y entregado –y derrotados algunas veces– olvidando gran parte de sus promesas. Casi todo ha sido dejado en el camino, la reforma política, la mayoría de cambios institucionales para luchar contra la corrupción y la creación de ministerios, entre otros. No debe obviarse en el balance que la opinión pública respalda en cuotas altas el control político parlamentario (los tres últimos sondeos de GfK) y no comulga mucho con la tesis del obstruccionismo, pero no es menos cierto que el fujimorismo no ha cumplido su promesa de convertir su plan de gobierno en un programa parlamentario.

De cara al segundo año, el principal riesgo del consenso a palos es que se transforme en un bipartidismo imperfecto, que intente reducir la gobernabilidad a dos fuerzas, obviando a las otras y excluyendo a la sociedad. Si esto sucede, estas fuerzas resurgirán tarde o temprano. Por ahora reclaman su pedazo de diálogo, pero mañana podrán hacer uso de su pedazo de calle. Rotos los equilibrios del período 2001-2016, el país no parece polarizado sino fragmentado, con fuerzas que pugnan por “achicar” arriba el espacio público, un espacio enano que compite con una agenda pública frondosa. Sin cambios, el sistema político puede seguir suspendido en el aire por un buen tiempo.

lunes, 31 de julio de 2017

Oleada divisionista y divisoria

http://larepublica.pe/politica/1064138-oleada-divisionista-y-divisoria
La República
La mitadmasuno
21 de julio de 2017
Juan De la Puente
La presente es una coyuntura excepcional del sistema, que muestra nuevos y más consistentes límites del modelo de democracia sin partidos que el año pasado volvió a ilusionar a más de un académico, al punto de sostener que habíamos franqueado sin problemas las puertas de un nuevo quinquenio de gobierno, contra el sentido común que sostiene que nos encontramos ante el fin del ciclo antipolítico.
No ha sido así. En pocos meses, ha colapsado la representación emergida de las elecciones. De los seis grupos que pasaron la barrera electoral, dos están divididos en facciones orgánicas (Apra y AP); otro ha consumado un divorcio a palos (Frente Amplio); un cuarto grupo se agita por tendencias centrífugas (PPK); y el quinto vive una disputa familiar extraña. Solo se salva Alianza para el Progreso (APP) quizás solo porque es un emprendimiento electoral, con más socios que militantes.
Desde la década de los sesenta (Apra, AP, Democracia Cristiana y Partido Comunista) el sistema no había experimentado un frenesí de divisiones o de sonadas disidencias. Las razones esta vez son distintas. La actual ola divisionista presenta un carácter inédito: nada ideológica, nada programática, muy poco principista, y eso sí, esencialmente administrativa. En dos de estas divisiones (Fuerza Popular y Frente Amplio), lo central son los reglamentos parlamentarios y en otros dos casos (Apra y AP), los estatutos.
Los grupos partidarios nunca se habían peleado tanto por tan poco. Visto como un fenómeno agregado, no se encuentran en disputa los proyectos sino las inscripciones legales. Divisiones profundas las de antes, cuando las guerras internas consistían en arrebatarle al adversario pedazos de militancia para construir nuevas colectividades. En este contexto, la militancia tiene poco interés para la batalla; solo recordemos que los tres partidos que ocuparon los primeros lugares en la primera vuelta del año pasado, Fuerza Popular, PPK y Frente Amplio, no superaban juntos los 15 mil militantes, a pesar de lo cual les ganaron a partidos como el Apra, PPC y AP, que juntos superaban medio millón de militantes.
En las actuales peleas, las formas hacen el fondo. Eclipsados o liquidados los líderes vigentes durante las últimas tres décadas, la nueva representación que parecía haber tomado la posta confronta tempranos problemas. Les falta ya no historia, que sería injusto pedir ahora, sino lo más elemental, les falta política, eso que le piden a PPK cuando en realidad se trata de una carencia generalizada.
Todas las divisiones a las que asistimos no movilizan sino desmovilizan, no politizan sino despolitizan, no ensanchan el escenario sino lo vacían de razones superiores. En el Apra, ya ni se discute al retorno a Haya, el leitmotiv de sus debates en la década pasada, y en Fuerza Popular no está en discusión el fujimorismo sino la capacidad decisoria de su lideresa, al punto que ha nacido –paradoja de paradojas– una corriente antifujimorista dentro del fujimorismo.
La baja política está en su hora estelar acompañando la crisis al parecer final de la antipolítica. Sucede no obstante que los hechos de esta crisis no permiten albergar esperanzas de una renovación del sistema, especialmente luego de que con un entusiasmo más o menos compartido los nuevos líderes han matado la reforma electoral, la llave que les podría garantizar la reproducción legitimada de su liderazgo. Parafraseando a PPK, se han suicidado un poco.

En cambio, lo que asoma es la contrapolítica, que es divisoria de las opciones éticas de lo público, una completa recusación a toda práctica política y el rechazo a un mínimo estándar de representación pactada, es decir, un vaciamiento de los más elementales principios republicanos. Si no se produce un pacto por una reforma profunda, la contrapolítica barrerá a los nuevos liderazgos y a sus grupos. Varias regiones del país, por lo menos un tercio de ellas, ya viven en contextos de contrapolítica. Por esa razón no me entusiasma el cuadro de rivalidades actuales y guerras que parecen ser del fin del mundo. No lo son.