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sábado, 3 de agosto de 2013

Narcopolítica, normal nomás

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/narcopolitica-normal-nomas-02-08-2013
La República
La mitadmasuno
2 de agosto de 2013
Juan De la Puente
La Policía especializada parece haber dado un golpe certero a una red de tráfico de drogas que incluye a una ex congresista que en el anterior período representó al actual partido de gobierno. El nivel de la implicada y sus actividades cuando ocupaba un escaño parlamentario revelan un grado significativo de penetración del narcotráfico en la política. Los datos sobre la relación de Nancy Obregón con el tráfico de drogas no son nuevos: un asesor suyo (2006/2007) fue capturado con 140 kilos de cocaína y ella misma fue vinculada por informes periodísticos y policiales a la propiedad de pozas de maceración de coca. Como varios otros líderes cocaleros, su defensa de los cultivos ilícitos escondía el delito.
Es el más importante caso de narcopolítica de los últimos años, pero no el único. El especialista Jaime Antezana señaló en mayo del 2011 que ese año fueron elegidos 10 congresistas relacionados con el narcotráfico, detallando los distritos electorales de los que venían. El mismo Antezana reveló en abril del año pasado que en Apurímac, Puno, Junín y Lima se tenía a varios alcaldes vinculados al narcotráfico.
En  la campaña electoral del 2011 La República reveló que dos candidatos de Fuerza 2011 por Huánuco eran investigados por lavado de activos procedentes del narcotráfico. Un año antes, el Apra retiró toda su lista de candidatos al Gobierno Regional de Ucayali porque la dirigencia de esa zona se negó a retirar la postulación de la esposa del procesado ex alcalde de Pucallpa,  Luis Valdez. Ese mismo año, el propio Valdez, desde la prisión, logró inscribir su candidatura a la alcaldía de esa provincia, luego tachada.
La historia es más vieja; el 2006, se detectó hasta seis candidatos en las elecciones municipales y regionales de ese año que tenían antecedentes por tráfico de drogas.  Uno de ellos era Humberto Chávez Peñaherrera, quien había cumplido una condena de 10 años por narcotráfico y postulaba a la alcaldía de Campanilla (San Martín); el otro, abogado de carteles de la droga, pretendía la alcaldía de un distrito de Lima.
Toda historia tiene prehistoria; en los años ochenta varios políticos de alto nivel, entre ellos congresistas, se relacionaron con firmas del narcotráfico en tanto que la caída de Reynaldo Rodríguez López “El Padrino” reveló los contactos de este con altos mandos policiales. Ni qué decir de la sociedad ilimitada de Vladimiro Montesinos con los capos de las drogas a la que arrastró a algunos uniformados de alto rango.
En un país que ocupa el primer lugar en la producción de cocaína, con valles cocaleros en expansión y con una fuerte asociación entre el narcotráfico y la banda armada del VRAEM, es inexplicable, por lo extraño y sospechoso, que la política no se haya preocupado por atajar sus contactos con ese tipo de delito.
El rechazo a la narcopolítica es episódico y despreocupado. El más serio esfuerzo lo impulsó en abril del 2010 el entonces jefe de DEVIDA, Rómulo Pizarro, a cuyo llamado 19 partidos y movimientos políticos suscribieron el Compromiso Ético Contra la Infiltración del Narcotráfico. Este compromiso incluía cláusulas novedosas, entre ellas no considerar como candidatos a quienes hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados; y no considerar como candidato a quien no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
Los firmantes también acordaron no aceptar donaciones o alguna otra forma de financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente no haber sido notificadas de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera. El final de este pacto es poco conocido; solo dos partidos firmantes aplicaron sus cláusulas a la elección de sus candidatos y el pacto desfalleció porque de los seis convenios necesarios para que se facilite la información sobre antecedentes de los candidatos, se concretaron solo dos.