Sarhua, memoria y reconciliación

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La República

La mitadmasuno

26 de enero de 2018

Juan De la Puente

Una de las objeciones del reciente informe de la Defensoría del Pueblo al indulto otorgado a Alberto Fujimori es su falta de consulta a las víctimas, un presupuesto básico de toda medida que aspire a la reconciliación. Este aspecto, el dolor de las víctimas ha vuelto a irrumpir a propósito del caso de las 34 tablas de Sarhua donadas al Museo de Arte de Lima (MALI) por la Asociación Con/Vida Popular Arts for the Americas, con sede en EEUU.

Las tablas, pintadas al estilo Sarhua (relatos pictográficos con materiales naturales, coloreados horizontalmente sobre madera de arriba hacia abajo) fueron enterrados en el período más duro de la violencia, cuando el distrito de Sarhua (Provincia de Víctor Fajardo, Ayacucho) fue objeto de incursiones violatorias por el terrorismo de Sendero Luminoso, y por las FFAA. Luego salieron a EEUU y donadas el año pasado al MALI para la realización de una muestra. A su retorno al Perú, la policía y la fiscalía inmovilizaron el lote de arte para entregarlo finalmente al MALI el pasado 15 de enero.

Una nota periodística, exagerada en la presentación y cargada de inexactitudes dio cuenta del caso obviando algo crucial, que el MALI ha aclarado luego, que las tablas “no constituyen apología al terrorismo y más bien están en línea con la política del museo de puesta en valor artístico de las tradiciones regionales”; que “reflejan acontecimientos reales que vivieron las comunidades ayacuchanas”; y que “registran claramente el rechazo a la ideología senderista y condenan el terrorismo”.

Lejos de una mínima discusión sobre el arte, la batalla política desatada por los críticos de las tablas es agresiva y desaforada al punto de trucar fotos para presentar a Natalia Majluf del MALI como terrorista, en tanto que ciudadanos de a pie y algunas autoridades llaman a prohibir la exposición, quemar las tablas o volver a enterrarlas, o denunciar penalmente a los artistas y a los promotores de arte por apología del terrorismo.

En todo esto lo que menos importan son las víctimas, los vecinos de Sarhua y de otros distritos cercanos que murieron a causa de la violencia, sus deudos, los desplazados forzados, los niños arrancado de su entorno y el enorme sufrimiento de peruanos de esa parte de nuestro país. Al insistir en la criminalización de la expresión artística de un pueblo atacado por la violencia se insiste también en un modelo que niega la memoria, y ya no solo la restitución de los derechos para quienes la justicia y la verdad son ajenas e inalcanzables.

Todo este debería servir para reflexionar que, a pesar de la actual crisis de gobernabilidad larga y profunda, existe un espacio pequeño para encarar la agenda casi intacta del posconflicto en el Perú. El Estado ha hecho poco para cumplir con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hasta eso poco se está quedando en el camino.

En los últimos años se han expedido leyes referidas a esta agenda (la Ley Nº 28223 del año 2004 sobre el desplazamiento forzado, y la Ley Nº 28592, del año 2005, que crea el Plan Integral de Reparaciones y la Ley Nº 30470 de búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo), pero los avances son resistidos desde el mismo Estado, como lo demuestran las observaciones al reciente Examen Periódico Universal (EPU) rendido por el Perú ante las NNUU en Ginebra.

Una reconciliación planteada con decisión debería promover la atención en cinco grandes áreas: la ejecución de reparaciones, la judicialización de las violaciones a los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas, la memorialización del período de violencia, y el desplazamiento forzado. Esta agenda puede ser recuperada, a veces en forma paralela o convergente, en el proceso del diálogo que anuncia el gobierno.

No deja de ser extraño, incoherente y paradójico que en un corto período de tiempo las personas que, alabando el indulto a Fujimori reclamen la reconciliación y, al mismo tiempo, se dediquen con rencor severo a impedir que en este proceso las víctimas existan y tengan siquiera un espacio para expresar su dolor.

La calle y el ocaso parlamentario

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La República
La mitadmasuno
19 de enero de 2018
Juan De la Puente

PPK es un presidente débil. Pero a esta hora del día el Congreso es aún más débil todavía. Insospechadamente, el primer gran efecto de la ecuación vacancia+indulto es la pérdida de la centralidad del Parlamento en el juego de poderes, y salvo un nuevo embiste del fujimorismo en favor de la vacancia presidencial, lo que tendremos será un Congreso minimalista de palabra y obra.

La revisión de las filas parlamentarias luego de las batallas de diciembre arroja un cuadro calamitoso. Demasiados muertos y heridos, con generales curándose las heridas en conveniente silencio, en un posconflicto que muestra algunas bancadas devastadas, y a una institución que se había preparado pacientemente para derribar al Gobierno, desarmada. Como sucede luego de toda guerra, algunos soldados desquiciados aún se pasean en los sets de TV afirmando que la batalla no ha terminado. Claro que ha concluido, y las noticias no son buenas para este poder del Estado.

Las tensas relaciones Congreso/Gobierno han pasado en los últimos meses por las siguientes etapas: 1) más cooperación general que confrontación, desde el 28 de julio del año 2016 hasta la censura del ministro Jaime Saavedra, en diciembre de ese año; 2) más confrontación política que cooperación económica, desde la caída de Saavedra hasta el voto de desconfianza del gabinete Zavala, en setiembre del año 2017; 3) confrontación directa con PPK, una oposición que obvió al gabinete Aráoz, y que acabó en el pedido de vacancia, que PPK derrotó con ayuda de la facción albertista de Fuerza Popular, en diciembre pasado; y 4) la etapa actual, de cooperación de baja intensidad o vergonzante, que implica por ahora una defensa tibia de la presidencia matizada con alusiones a la corrupción.

Por ahora, el Congreso no tiene otro camino que asimilar la vuelta de tuerca de cara al Gobierno. Durante el debate de la vacancia, las opciones en liza eran la vacancia o renuncia de PPK impulsada por Fuerza Popular, el Apra y el Frente Amplio, seguida de cerca por el humor de la calle que demandaba que se vayan todos y elecciones generales, y aún más lejos del pedido de retorno a la convivencia forzada. Luego de diciembre, los dos elementos nuevos en escena son el pacto tácito de fuerzas parlamentarias contra la vacancia (FP, Apra, APP y AP), y la demanda de renuncia de PPK, una opción que opera en la calle y que no se esfuerza ahora por contar el número de votos en el Congreso.

Estos son solo algunos cambios que relativizan al Congreso. En términos tácticos, los sucesos de diciembre han realineado las fuerzas, debilitando a la más poderosa (el fujimorismo) y fortaleciendo a otras débiles (Nuevo Perú y la izquierda extraparlamentaria). Este reparto presenta un panorama más fragmentado de la crisis, con opciones más plurales y, al mismo tiempo, una crisis más larga, con actores menos capaces de imponerse y legitimarse.

En este nuevo momento, la calle, es decir, la sociedad, es un elemento vital para la acumulación de fuerzas, aunque allí no se resolverá la crisis. De las batallas de diciembre es lo único que queda en pie, e hizo bien Nuevo Perú al pugnar por la dirección de las movilizaciones contra el indulto (aunque Gregorio Santos es un pasivo y no un activo en la lucha contra la corrupción), sacando un pie de la fortaleza averiada del Congreso. El otro grupo con potencialidades para recurrir a la sociedad es Fuerza Popular, el único que puede protagonizar una campaña electoral regional y municipal de alcance nacional y con más probabilidades de ganar el pulso interno del fujimorismo. En este esquema, las dinámicas fujimorismo/antifujimorismo y PPK/antiPPK harán que la crisis se empantane aún más, un escenario ideal para el Gobierno interesado en ganar tiempo.

La larga crisis nos seguirá suministrando actores débiles, pero a diferencia del año pasado, hay un país en movimiento en clave política, aunque no se sabe hasta cuándo. No nos confundamos, solo una parte de los actores protagonizan una lucha agónica y lenta, aburrida con el paso de los días; el culebrón de la familia Fujimori, que una parte de la prensa recrea por morbo, ya no reporta mucho rating.

El indulto ya no es intocable

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La mitadmasuno
La República
12 de enero 2018
Juan De la Puente

El indulto y derecho de gracia otorgados a Alberto Fujimori ha dado lugar a una batalla política en curso, y a otra legal, que recién empieza. Las vías legales habilitadas se pueden dividir entre las que están en proceso y las menos probables por ahora.

Entre las vías en uso, se tienen: 1) la supranacional, a través de la Corte IDH, que verá el caso el 2 de febrero; 2) la penal, a través del control difuso en el caso Pativilca, que podría ejercer la Sala Penal Nacional. La audiencia será en enero; y 3) la administrativa, a través de la nulidad de los actos administrativos, impugnando el procedimiento en curso, ya planteado el 23 de diciembre por los familiares.

Entre las menos probables por ahora se tienen 4) la constitucional, un proceso de amparo, que se iniciaría en el Poder Judicial y eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional, o un proceso de acción popular contra la resolución que otorga las gracias; 5) la administrativa de revocatoria, con la expedición de una resolución suprema que deroga el indulto, la “ruta Crousillat” en su parte administrativa; y 6) la legislativa, una ley que derogue la resolución de indulto.

Contra la idea del indulto como punto final ha quedado establecido que este caso ya no puede ser abordado solo, desde, y con la Constitución. La tesis de que el indulto es una prerrogativa presidencial a secas, un reduccionismo de sabor monárquico y al mismo tiempo inconstitucional, ha sido superada largamente en el Perú por decisiones administrativas, constitucionales y penales, y por una resolución supranacional que nos concierne directamente. Nuestro indulto no está –o ya no está- cubierto con el manto inexpugnable de la cosa juzgada, sino que ha sido “tocado” por la jurisprudencia constitucional.

La posición del TC respecto del indulto es firme y clara. A propósito del caso Crousillat dice: que el indulto es una facultad presidencial revestida del máximo grado de discrecionalidad; pero eso no significa que se trate de una potestad que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y con la más absoluta arbitrariedad ,y que las resoluciones que ponen fin a un proceso judicial y tienen la virtualidad de producir efectos de cosa juzgada –en este caso el decreto del indulto a AF-, pueden ser cuestionadas a través de procesos constitucionales de amparo o hábeas corpus (STC N° 03660-2010-PHC/TC).

Las dos fechas más cercanas atañen a la Corte IDH y a la Sala Penal Nacional. En el primer caso, la audiencia incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Corte y a las partes. El artículo 69º del reglamento de la Corte establece que el Estado en cuestión presente un informe, observado por las otras partes. La Corte emite sentencia y otorga al Estado un plazo hasta de un año para remitir un informe sobre el cumplimiento o avances. El IDL considera que la decisión de la Corte será en breve.

La defensa del Estado peruano es todavía una incógnita. Entre sus ejes probables se encuentran: 1) la irrevisabilidad del indulto humanitario por su naturaleza, precisamente, humanitaria; 2) la insistencia de que Fujimori no fue condenado por delitos de lesa humanidad, a pesar de que la sentencia hace alusión a que ellos sí constituyen delitos contra la humanidad en el derecho internacional de los DDHH; y 3) que la competencia de la Corte se reduce a supervisar el procedimiento seguido y que solo puede conocer el cumplimiento de las observaciones anteriores referidas al caso, argumento que se prestaría de la defensa de Fujimori.

Será muy difícil que la Corte se aleje de los parámetros señalados por la CIDH en su pronunciamiento del 28 de diciembre pasado, inclusive si no razonara con su misma intensidad, especialmente en lo siguiente: 1) el indulto debe estar regido por principios constitucionales y normas internacionales de DDHH; 2) este indulto no cumple con los requisitos legales fundamentales, el debido proceso, independencia y transparencia de la junta de médica y técnica; y 3) la medida desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad.