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lunes, 31 de julio de 2017

La gobernabilidad primaria y populista

http://larepublica.pe/impresa/opinion/888652-la-gobernabilidad-primaria-y-populista
La República
La mitadmasuno
23 de junio de 2017
Juan De la Puente
La idea de gobernabilidad, predominante en estos días, donde los poderes no se atacan y los políticos no se agreden, o en la que se canjean intereses, es primaria, por básica, e incompleta. No es democrática y, en cambio, es un ejercicio populista.
Desde 1980, cada vez que las tensiones en la cúpula del poder llegan a mayores, el grito más escuchado es diálogo. Así, hemos tenido 37 años de diálogos que surgieron de las patadas, porque solo fueron eso, diálogos, no entendimientos.
Sentar a la mesa a los adversarios rebaja las tensiones y frena las pasiones, pero no resuelve los problemas de la agenda pública dispersa y antagónica. En cambio, fueron más prometedores los diálogos/pacto o diálogos/acuerdo, aun en los casos en que al final no se alcanzaron consensos.
No es extraño que en el Perú se demande diálogo solo después de cada borrasca y no en otros momentos, una tradición que es más expresión de la resaca del pleito o un “dejen de pelear, chicos” que un movimiento de Estado. Esto se debe probablemente a la fobia nacional a los pactos. De hecho, somos una república sin pactos y sin consensos expresos, y por eso acumulamos 12 textos constitucionales y solo dos pactos generales: la Convención de Partidos de 1915 y el Acuerdo Nacional del 2002. Ramiro Prialé, histórico líder del Apra, fue víctima de esa cultura; para esconder el entendimiento tuvo que acuñar una frase incompleta, “conversar no es pactar”, cuando debió proclamar “conversar para pactar”.
Esa forma de diálogo ha vuelto estos días con varias opciones: 1) la ilusión del cogobierno (el ministro Olaechea y varios columnistas); 2) el gabinete multipartidario (el dirigente máximo del partido de gobierno, Gilbert Violeta); 3) el simple cara a cara entre PPK y Keiko Fujimori, una reedición del encuentro de diciembre que tuvo al cardenal Cipriani en medio; y 4) el diálogo como negocio, es decir, el indulto a Alberto Fujimori (por el mismo PPK en una entrevista al semanario The Economist).
Tres de esas formas de diálogo no son ni útiles, ni ahora posibles. Fuerza Popular jamás entrará a un gobierno de PPK ni patrocinará un gabinete parlamentario aun así indulten a Fujimori, porque entre otras razones lo democrático es su derecho a ser oposición. Por otro lado, un gabinete de ancha base o de cercanos a partidos, lo tuvimos en 1990 (el primero de Fujimori) y el 2000 (el de Paniagua y Pérez de Cuéllar), siendo ahora poco rentable para todos. Los partidos pequeños suman poco y el gobierno de los chiquitos no es una receta contra el fujimorismo.
Es extraño en cambio la insistencia de un diálogo en las alturas apartando a los otros actores. Dos poderes precarios criticados por el pueblo han hegemonizado el escenario de confrontación y ahora, cuando parecen desbordarse las aguas, creen que solo en ellos, en los dos, está la solución.
Muy rápido para desentenderse de la otra mitad de ese original modelo con tres mitades –sorry, Euclides– la tercera de las cuales, dispersa y contradictoria, es la clave de la gobernabilidad desde el 2001, al punto que su actividad derribó a por los menos 8 de los 17 gabinetes en tres períodos constitucionales.
La tercera mitad importa porque la agenda también importa, y porque en un diálogo de los poderes con los empresarios, trabajadores, regiones, colegios profesionales, comunidades nativas, padres de familia y otras formas de la sociedad civil, quienes tuvieron un activo rol en el proceso electoral, se puede volver a los contenidos de la reforma institucional y la transparencia prometida en la campaña electoral.
Finalmente, en las últimas horas, se pretende convencer al país de que la gobernabilidad depende de una paz entre los políticos lograda a cualquier precio, incluido el negocio, es decir, el toma y daca sin principios, sin programa y sin respeto por las ofertas electorales. Eso puede pasar como diálogo al inicio, pero luego de concretarse no lo será, y en cambio generará el voto de desconfianza en la sociedad.

Cinco crisis abiertas, cinco

La República
La mitadmasuno
16 de junio de 2017
Por Juan De la Puente
La actual tensión entre el gobierno y el Congreso es la más larga desde el inicio de funciones de ambos poderes. La atmósfera envenenada que se respira incluye por lo menos cinco crisis, todas ella abiertas: 1) Chinchero; 2) El Contralor; 3) Thorne; 4) Basombrio; y 5) El indulto a Alberto Fujimori.
Chinchero es ahora la menos compleja, y es un ejemplo de desactivación de explosivos. La rescisión del contrato deriva el caso a las demandas del Cusco por el rápido inicio de obras y a la compensación a Kuntur Wasi, en un contexto de menor presión en las alturas. Asimismo, el caso del Contralor Edgar Alarcón camina a resolverse; es probable que la comisión designada en el Congreso arribe a un acuerdo que implique su salida del cargo, sea de modo directo o a través de alguna fórmula legal o legalizable. Hasta ahí se supone que cada uno de los poderes hace su trabajo a tono con la presión política del otro poder y de la opinión pública.
Amarrados a decisiones bilaterales están los casos de los ministros Alfredo Thorne y Carlos Basombrio. La diferencia entre ambos es de tiempo político y de sistema de protección. La interpelación del segundo tiene varias semanas y el despliegue defensivo de su gestión fuera del gobierno es amplio y mayoritario, ayudado por un pliego interpelatorio primarioso, rocambolesco y muy malo; malo de pésimo y de abuso.
En cambio, Thorne tiene un audio que lo persigue todos los días, y que no pasa un test básico de transparencia pública. Contra él no solo está emplazado el fujimorismo sino la izquierda y otras bancadas. Los medios han expresado cierta comprensión de su diálogo elíptico con el Contralor pero no al punto de jugarse entero por su permanencia. El caso Thorne tiene menos calendario, pero más definiciones.
El indulto es el asunto más complejo y sus posibilidades de alterar el escenario es clara. Los recientes cambios en el gabinete fortalecen la tendencia a la concesión de esta gracia presidencial, pero no al punto de que no importe la jurisprudencia del sistema interamericano de DDHH y el rechazo del gobierno en los foros internacionales, considerando el buen desempeño de nuestra política internacional.
Si las crisis siguen abiertas se corre el riesgo de que condicionen el 28 de julio y el mismo mensaje presidencial, por lo que el Gobierno debería ser el principal interesado en reducir los conflictos en número o intensidad. Será también el modo de blindar al gabinete Zavala que sigue teniendo una capacidad de maniobra sustantiva y que cuenta con una virtud que no se encontrará en cualquier otro equipo que venga: es un gabinete del presidente, hecho por el presidente y que tiene la confianza del presidente.
Resolver estas crisis no tiene la misma urgencia para Fuerza Popular. Es cierto que las dos últimas encuestas –de Ipsos y GFK- reportan que los ciudadanos perciben que el conflicto entre los poderes ha aumentado, pero no expresan censura a la tensión.  En lo más cercano a una reprobación, critican la desconfianza en esas relaciones y prefieren que estas sean constructivas, es decir, la palabra obstrucción aún en germen. En cambio, la aprobación de Keiko Fujimori y Verónika Mendoza ha aumentado en medio de la tensión, a pesar incluso de la caída de la aprobación del Congreso.

Cerrada la posibilidad de un diálogo político para el mediano plazo -porque el iniciado en enero ha naufragado- queda el lenguaje ancestral de las señas. Salvo lo del indulto (por sus implicancias estratégicas), y la censura de Basombrio (por su potencial demoledor de lo avanzado en seguridad ciudadana), las opciones para estas señas están abiertas, en el caso del Gobierno para defender su arquitectura principal diseñada en julio pasado y relanzar al Gobierno mismo y, en el caso del Congreso y de su fuerza mayoritaria, el fujimorismo, para no darle contenido expreso a la palabra obstrucción. Ambos actores que han hegemonizado el escenario hace semanas deberían tener en cuenta que deben hacer juego y que no se puede siempre vivir de la crisis.

Lava Jato, como perder la batalla

La República
La mitadmasuno
9 de junio de 2017
Juan De la Puente

Solo hay una cosa más terrible que una
batalla ganada, y es una batalla perdida.
Chales de Gaulle.

El Perú ha empezado a perder la batalla de Lava Jato y de otros casos que colocan en entredicho la transparencia pública. A seis meses de la primera explosión del caso, los avances en varias direcciones están cortados. Las tropas no parecen agotadas, pero si entretenidas; una rara batalla donde los ejércitos hablan más de lo que combaten, con más fuego amigo que contra el enemigo. Una batalla sin muertos y heridos, en la que son liberados los jefes prisioneros.
Un balance de estos seis meses no puede ignorar algunas comprobaciones: 1) la falta de colaboración entre las instituciones llamadas a combatir la corrupción – dejando a salvo, claro está, su autonomía- aunque en esta oportunidad la mayoría de las veces se usa la autonomía como argumento contrario a la cooperación; 2) el auto-bloqueo de las instituciones que retarda la eficacia de procedimientos como la extradición, la delación premiada brasileña o la colaboración eficaz interna; 3) la normalización social de las denuncias que parecen haber sido asimiladas por la sociedad y el sistema; y 4) la ausencia total de una movilización ciudadana activa e influyente que alerte e impida retrocesos y dilaciones.
Los casos avanzaron cuando se conocieron detalles de los acuerdos entre Odebrecht y la justicia de EEUU y Suiza, y luego de que la fiscalía peruana suscribiera un inédito acuerdo con la filial de Odebrechet en el Perú. Desde entonces, la mayoría de hallazgos y de progresos se deben a la información ya procesada en Brasil y a las colaboraciones eficaces. Por esa razón, es increíble que el Ministerio Público se encuentre atrapado entre dos opciones: la de la fiscalía anticorrupción favorable a tramitar colaboraciones eficaces y la fiscalía de lavado de activos, reacia a ello.
La sentencia que ordena la libertad del Gobernador del Callao, Félix Moreno, es un cambio de enfoque de la prisión preventiva en los casos de altos funcionarios del Estado, practicado hasta ahora. A este giro podrían acogerse otros detenidos y prófugos de cuello y corbata porque anula el efecto de la colaboración eficaz y relativiza los llamados “elementos de convicción”, es decir, los hallazgos de la fase inicial de la investigación que indican la probabilidad de la comisión de un delito. La libertad de Moreno es un golpe demoledor al Decreto Legislativo Nº 1301 expedido hace muy poco, y que pretendía fortalecer la lucha contra la corrupción de funcionarios, lavado de activos y crimen organizado.
Las documentadas denuncias han sido asimiladas especialmente por la elite. Con creciente menor disimulo se muestran simpatías públicas hacia investigados cuyos casos eran inicialmente objeto de indignación, y se ensayan las primeras críticas contra testigos, pruebas y hallazgos. Si bien la prensa sigue siendo el principal dinamizador de la lucha anticorrupción, en su seno se abren algunas falsas disyuntivas que pretenden cuestionar solo un paquete de ilicitudes, ignorando el otro. El sistema se está haciendo cargo de los casos más sonados, pero para “normalizarlos”.
Por el contrario, en estos seis meses no ha sido posible la formación de un movimiento anticorrupción como el que salió a las calles a la caída de gobierno de Alberto Fujimori. Aquel movimiento tenía una raíz ciudadana y partidaria y estaba dotada de una narrativa fuertemente renovadora de la democracia. Ahora, se ha diluido el elemento político como resultado del cuestionamiento de los partidos en relación a los casos denunciados, y se ha minimizado la actividad social debido a la despolitización de la sociedad (mi amigo Beto Adrianzén dice que es otra politización).
En cualquier caso, existe una brecha significativa entre la gravedad de los casos y la ausencia de gente en las calles demandando se juzgue las denuncias. Sin una narrativa renovadora y reformadora de la democracia, y sin masas en la calle, aparece claro el destino final de este proceso peruano contra la corrupción: la impunidad.

domingo, 23 de julio de 2017

Dos coyunturas críticas. La reciente encuesta de GFK

Por Juan De la Puente
Con cargo a un balance más detallado a partir de todos los datos, la reciente encuesta de GFK publicada por La República (23/7/2017) permite una apreciación de las coyunturas más largas de este año, la del gobierno vs oposición, y la interna del fujimorismo.
El saldo de la coyuntura crítica entre el gobierno y la oposición, de abril a julio, luego del envión motivado por la respuesta a Niño Costero, es zanjada con una pérdida de aprobación de PPK de 10 puntos porcentuales que cae a 32% (secuencia 42, 36, 38, 32), y un aumento de la desaprobación de 11 puntos (de 47% a 58%). La otra parte de esta ecuación, Keiko Fujimori, se ha mantenido y exhibe ahora un 39% de aprobación (secuencia 38, 42, 39, 39), con una desaprobación menor a la de PPK (53%).
En este momento, el resultado principal de esta coyuntura general es que la líder de la oposición tiene 7 puntos más de aprobación que el presidente, un dato que interviene en el debate sobre la naturaleza de las crisis, es decir: 1) a quién beneficia y perjudica la tensión gobierno/oposición; y 2) si es conveniente para el gobierno tener una crisis abierta por varias semanas.
Los datos sobre las coyunturas específicas son detallados. Cuando Kenji empieza su diferenciación de la bancada, en febrero de este año, tenía 21% de aprobación, alcanzando en julio, en seis meses, 12 puntos más de aprobación (secuencia 21, 26, 28, 33, 31, 33). Al mismo tiempo, el 60% respalda su punto de vista sobre la “teoría de los puentes”. Keiko también ha descendido entre marzo y julio en la percepción de algunos atributos, como “tiene capacidad para tomar decisiones” (de 59% a 41%) y “más liderazgo” (57% a 51%). La brecha de liderazgo entre ella y su padre era en marzo de 36 puntos porcentuales a favor de Keiko, respondiendo a a pregunta "Quien cree que en la actualidad tiene más liderazgo dentro de fujimorismo" (60% Keiko vs 24% Alberto), reducida en julio a solo 14 puntos (49% vs 35%).
Una primera lectura de esta coyuntura crítica del fujimorismo, señala que las tensiones internas han debilitado a Keiko ante el pueblo fujimorista, aunque el dato sólido final sigue siendo que el 73% cree que tiene más liderazgo que Kenji en el fujimorismo, señal que la tensión de fondo es con Alberto.

Estas dos coyunturas, una general y otra específica, indican que Fuerza Popular ha podido acumular en su tensión con el gobierno, desgastándolo significativamente, en tanto el fujimorismo oficial, el de Keiko, se ha desgastado hacia adentro, una lógica poco convencional que revela una práctica opositora con claras vulnerabilidades, en el contexto de un sistema de grupos débiles con una representación en crisis. Siendo que el problema “está adentro” ha sido un acierto el giro de Fuerza Popular en favor del diálogo, se supone a condición de que tenga frutos. Es que es muy difícil pelear en dos frentes a la vez.

lunes, 5 de junio de 2017

Los invitados de piedra

http://larepublica.pe/impresa/opinion/879535-los-invitados-de-piedra
La República
La mitadmasuno
26 se mayo de 2017
Por Juan De la Puente
El premier Fernando Zavala ha emitido una declaración personal firme cuestionando las interpelaciones a los ministros que califica de obstrucción a la labor del Gobierno, responsabilizando a Fuerza Popular por esta ofensiva. El fujimorismo le ha contestado y entre ambos se llevará a cabo en los próximos días un intercambio de fuego que tendrá alguna promesa de paz, como ya sucedió en el pasado. Con esto concluirá otro microciclo de la política nacional y se iniciará otro.
Este episodio es distinto a los registrados en los últimos meses por lo menos por una razón: entre Fuerza Popular y el Gobierno han terminado de construir una relación compleja, a veces tirante y otras colaborativa, que hegemoniza el escenario echando de él al resto de grupos. Y lo han logrado con la colaboración de estos.
A diferencia de las otras tensiones –el caso del asesor Moreno y la censura de Jaime Saavedra– el fujimorismo ha mediatizado a Acción Popular y al Apra, y el oficialismo al Frente Amplio y a Alianza para el Progreso, incluso a pesar de que la interpelación a Martín Vizcarra fue trabajosamente labrada por AP. No se trata de alianzas formales o de sujeciones sino de la pérdida de personalidad y perfil propio.
La actual dinámica parlamentaria no depende del impulso de estas cuatro bancadas que –y eso es lo paradójico– concentran un elevado número de parlamentarios experimentados y destacados, sino de la ecuación establecida por los espacios que ocupan el antifujimorismo y el conservadurismo. Ellos subsumen todo.
¿Por qué estas bancadas no pueden exhibir un perfil propio? Este resultado no se debe a un déficit de fuerza, es decir, a los problemas internos de la mayoría de estos grupos, sino a un problema de agenda o, mejor dicho, a la falta de voluntad política para levantar estrategias y prácticas diferenciadas.
El parlamento carece de minorías heroicas o personalidades especiales capaces de construir desde un escaño una oferta política nacional porque el programa principal considera que la actividad fundamental en esta hora de la política es la contención, tanto de la ofensiva fujimorista como de la izquierda y sus aliados, rotulados como lo “caviar” por los sectores conservadores. El negocio de la contención es la inminencia, tanto del derribo del Gobierno por el fujimorismo como la imposición de la agenda izquierdista, de género, y contraria a la inversión.
La política de la inminencia ha empoderado al gobierno y al fujimorismo, y ha convertido al resto en invitados de piedra. Sostengo que esa política de la inminencia la mayoría de veces es exagerada y sobreactuada, y tiene un efecto paralizante en un sistema que necesita debatir y aprobar cambios de fondo para renovar la democracia. Curiosamente, esta parálisis es más visible en quienes le piden al Ejecutivo “hacer política”, lo que ellos tampoco hacen.
La principal víctima de la inminencia es el cambio. A diez meses del inicio de la legislatura nos hemos olvidado de la renegociación de los contratos del gas, del relanzamiento de la descentralización y de la reforma política, y nos movemos en el reino de la pequeña política, al punto que el grueso de los contenidos producidos en los últimos meses se deben a decretos legislativos por facultades delegadas. El último episodio de este contexto es la indiferencia de los dos partidos históricos del Congreso y del Frente Amplio ante la negativa de Fuerza Popular de dar paso a la reforma electoral.

Creo que hay vida más allá de la contención. Y esto pasa por desempolvar los programas electorales, transformarlos en iniciativas legislativas y en acción ciudadana fuera de la micropolítica. Por ejemplo, una cosa es el pequeño debate sobre la reelección de los alcaldes y gobernadores regionales y otra la rendición de cuentas y el relanzamiento de la descentralización; o una cosa son las acusaciones a Ollanta Humala sobre Madre Mía y otra la reapertura de las indagaciones sobre las violaciones de los DDHH en el Alto Huallaga en las décadas de los ochenta y noventa.