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sábado, 16 de mayo de 2015

Yo te mato tú me matas

http://www.larepublica.pe/politica/163-yo-te-mato-tu-me-matas
La República
La mitadmasuno
8 de mayo de 2015
Juan De la Puente
La mayoría de los grandes conflictos sociales de la última década, salvo los cocaleros, acabaron en episodios de capitulación del Estado, desde el “Arequipazo” (2002), hasta los recientes de Pichanaki, Andahuaylas y La Convención este año, pasando por Cerro Quillish (2004), Combayo (2006), el “Moqueguazo” (2008), el “Baguazo” (2009) y Conga (2012), entre otros.
Esto podría pasar debido a la insistencia por aplastar por la fuerza las protestas contra el proyecto #TíaMaría y ante el fracaso de reiteradas tentativas de diálogo. Va ganando fuerza en el establishment, sobre todo capitalino y urbano, la idea de imponer la viabilidad de un emprendimiento importante para el sur, al mismo tiempo polémico y cuestionado.
El yo te mato tú me matas tiene en los últimos 10 años más de 200 muertos y casi 3,000 heridos. Revela que no hemos aprendido casi nada, a pesar de que los estudios sobre los conflictos sociales llevan años con interesantes hallazgos. Tempranamente, la Defensoría del Pueblo sistematizó este fenómeno seguido de estudios sobre la naturaleza colectiva que entrañan los conflictos, y la fragmentación del Estado como actor múltiple, regulador, asignador de recursos y poco dispuesto a dirimir controversias desde una posición neutral (Takana, Martín y otros, 2011).
Subsiste una amplia agenda de estudio: 1) los procesos que debilitan la representación política aun sin la presencia de un conflicto; 2) las razones de la restricción de la cultura democrática y del diálogo en los conflictos; y 3) el agotamiento de los modelos de participación institucional abiertos en los últimos años para acercar al Estado y a la sociedad.
No obstante, uno de los problemas que enfrenta la comprensión de los conflictos sociales es la negación, cuyo núcleo básico es la resistencia a considerar el conflicto como una crisis que debe ser resuelta desde la política, que todo conflicto social es esencialmente político, ubicado en el sistema y en el territorio, y que resulta incoherente restarle valores políticos micro a cada conflicto pero atribuirle valores políticos macro, acusándolo de destructivo.
El juicio mediático de los conflictos, cargado de demandas de orden a costa de la paz social, es parte esencial de esta negación. Esta visión, por ejemplo, no reconoce que #TíaMaría expresa necesidades insatisfechas luego de un proceso de movilización de 5 años, reconocido de modo incompleto por el Estado, que ha transformado la naturaleza de la controversia.
La negación también se expresa de otras formas, entre ellas: 1) la convicción en el Estado y en otros actores sobre la falta de verdad del argumento de la demanda (es solo ideología); 2) la subestimación de la eficacia representativa de las alianzas demandantes (son unos cuantos); y 3) la simplificación de las disyuntivas: minero vs antiminero, desarrollo vs antidesarrollo, radicales vs demócratas o lo político vs lo técnico.
Tampoco hemos aprendido que en los conflictos hay más de un cuerpo que puede recibir el nombre de Estado, específicamente el nacional (gobierno central), regional y municipal, una temática estudiada desde los nudos que expresan estas pugnas como resumen del divorcio entre lo nacional y local, y la brecha entre lo social y lo político (Meléndez, Carlos, 2012).
A pesar de los fracasos del negacionismo asistimos a la exigencia de que el Estado sea fuerte en #TíaMaría. Cierto, no lo es, pero no se trata de una fuerza robada por el conflicto. Lo es desde que apura Estudios de Impacto Ambiental (EIA), deja que la policía sea alquilada por las empresas mineras, o cuando carece de vigor para sentar a las partes al diálogo. También es cierto que más que el Estado, la que carece de fuerza es la política, en un contexto en que parte de la sociedad se relaciona con el gobierno nacional sin intermediarios, con lógicas violentas que en el caso de #TíaMaría ha llevado a cuotas altas de abuso contra los que están a favor del proyecto. Así, la mesa está servida para una nueva capitulación.

martes, 10 de julio de 2012

Los muertos y los perros

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/los-muertos-y-los-perros-10-07-2012
La República
La mitadmasuno
10 de julio de 2012
Juan De la Puente
No entiendo por qué en el parlamento no se ha presentado una moción amplia y multipartidaria para investigar la muerte de siete peruanos, dos en Espinar y cinco Cajamarca y, a partir de ello, dilucidar el papel del Estado en los conflictos sociales. Es paradójico que en ambos casos se encuentren judicializados otros temas, como el uso de los recursos públicos, pero que no existan indagaciones específicas sobre estas muertes. Si existen, deben estar caminando con pies de plomo.
Podría decirse que el Congreso está en receso y esta decisión le corresponde al Pleno, aunque las comisiones funcionan y el control político no tiene recesos. Algunas comisiones, especialmente las de Justicia y Derechos Humanos, Pueblos Andinos, Defensa Nacional y Orden Interno, operan en un ámbito directamente relacionado con estos hechos.
Hay mucho por saber; una lista de preguntas y respuestas revelaría las responsabilidades institucionales y personales en estos sucesos y nos permitiría claridad sobre la relación entre el Estado y las poblaciones demandantes, un tema donde hay luces solo sobre una parte pequeña del escenario.
Algunas de estas preguntas son ¿Hubo error policial, falta de prevención o diagnóstico equivocado de las posibilidades de evolución de estos conflictos? ¿Quién dio la orden de disparar, en qué momento y si todos los sucesos justificaban el uso de armas? ¿Cuál es el Estado actual del protocolo policial para el uso de armas? ¿Es cierto que los manifestantes poseían armas de fuego? ¿Cuál es el papel de la inteligencia en la detección y gestión de conflictos? ¿Por qué se decidió centralizar la gestión de conflictos en la PCM? ¿Qué recursos técnicos y humanos se tienen para la atención de los conflictos sociales?
Al señalar el premier Óscar Valdés que el “modelo político-técnico” no ha funcionado está revelando más que un eufemismo sugestivo: confirma la existencia de un vacío en la estrategia del gobierno en un área clave. La Unidad de Gestión de Conflictos de la PCM, el esfuerzo más serio, menos entendido y más sobrecargado, es la evidencia del deseo del resto del gobierno de desentenderse de este asunto crucial.
Una investigación juiciosa de lo sucedido podría profundizar y explicar lo que algunos análisis iniciales ya nos indican: que el Estado peruano rechaza irreflexivamente el conflicto social en su nueva dimensión, es decir, el que florece en los años de auge económico propio y de la expansión mundial de los derechos ciudadanos. La respuesta de un anónimo policía ¡Porque son perros! a la mujer cajamarquina que reclama dignidad es un libro abierto lleno de interrogantes, más allá de la indignación. Es una confesión pública de la enorme distancia existente entre el descontento y el poder. La visión que oculta el malestar y reduce todo al extremismo solo le sirve al conflicto mismo pero no a la solución.

jueves, 14 de junio de 2012

Polarización y conflictos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/polarizacion-y-conflictos-14-06-2012
La República
La mitadmasuno
14 de junio de 2012
Juan De la Puente
Un interesante debate se abre paso sobre cómo derrotar la creciente polarización peruana. Para M. Tanaka (LR 10/6) hay un malentendido que debe ser resuelto con la reflexión, la reubicación de los actores y respirando hondo; para S. Levitsky (LR 10/6) el problema es el creciente autoritarismo y lo que urge es la tolerancia frente al descontento y diálogo; y para C. Meléndez (EC 12/6) hay que neutralizar a los extremos con mucha iniciativa política.
No encuentro razones para oponerme a esas sensatas recetas; la polarización peruana requiere de reflexión, diálogo, tolerancia y mucha voluntad política. No obstante, me parece que representan una parte de la solución, la referida a la cultura política, es decir, al temperamento para enfrentar este desafío.
No creo que el problema determinante del proceso político sea la polarización sino los conflictos sociales; el encono social es solo una expresión de su existencia y de su condición de demandas persistentes por irresueltas. La relación entre el conflicto y polarización es directa y determinante: de los 245 conflictos registrados por la Defensoría, 173 explotaron de distinta forma haciéndose “activos”; antes fueron “latentes”, rubro ahora minoritario, solo 72. Luego, el país no deja de tener diálogo, porque 76 conflictos tienen instaladas “mesas de diálogo”, solo que el diálogo es nada fecundo: la capacidad estatal de resolver los reclamos es muy limitada: en los primeros 5 meses del año se resolvieron 10 conflictos (1 en mayo, 2 en abril, 1 en marzo, 4 en febrero y 2 en enero). De este resultado es un exceso echarle la culpa a la Unidad de Conflictos del gobierno.
El malestar peruano tiene un componente ideológico y político, donde actúan los inductores de la polarización. Sin embargo, también es estructural, de lo que dan cuenta los estudios que detectan brechas y déficit en la capacidad arbitral y reguladora del Estado, taponeada por el establishment. Así, el desafío de esta hora, sin caer en el juego de los poderes fácticos de si se gobierna para el tercio reclamón o para la mayoría satisfecha, es enfrentar al mismo tiempo la polarización y el conflicto y no solo lo primero.
No veo que el Estado se disponga a asumir este desafío, sea porque el gobierno ha empezado a privilegiar la fuerza, porque el Congreso carece de fuerza para hacer lo suyo o porque una voz potente desde la sociedad, con los medios en la primera línea de batalla, ejerce un veto contra el cambio. Por eso, el juego en corto aunque con buenas formas es peligroso: un acta por aquí y otra por allá; una mesa de diálogo acá y otra acullá; un Estado de Emergencia ahora y otro más tarde. Contrariamente a lo que se calla o niega, la única salida es asumir que, en la cuota necesaria, las promesas deben ser honradas y que es imprescindible que el Estado mejore su capacidad resolutiva de los conflictos, superando el veto social contra el cambio.