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jueves, 19 de abril de 2012

Las guerras del VRAE

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/las-guerras-del-vrae-19-04-2012
La República
La Mitadmasuno
19 de abril de 2012
Juan De la Puente
Los hechos del VRAE y el reciente informe de la Agencia contra las Drogas de Estados Unidos (DEA, en inglés) sobre el narcotráfico en el Perú se mezclan irremediablemente. La banda armada que secuestró a los trabajadores de Camisea es el principal operador del narcotráfico en el primer valle cocalero y primer territorio de refinamiento de cocaína del mundo. Asimismo, el informe de la DEA pone los reflectores sobre el incremento de la presencia mexicana en las operaciones del narcotráfico desde el Perú. El VRAE aparece así como un territorio donde se libra una dura batalla contra el narcotráfico, un hecho que el uso de los conceptos “terrorismo” y “narcoterrorismo” relativiza.
Lo sucedido en el VRAE desnuda, sobre todo, el agotamiento del discurso y práctica estatales contra el narcotráfico. La epopeya de soldados y policías y de los más altos funcionarios del Estado se dirigen hacia una organización subversiva derrotada como tal y que hace más de 10 años ha mutado en una banda al servicio de las drogas. Ellos han cambiado pero en el imaginario del Estado siguen siendo los maoístas de los años 80 que quieren tomar el poder por las armas y el terror. Por esa razón, la estrategia diseñada contra ellos no ha cambiado, sigue siendo antisubversiva en lugar de interdicción del poder narco.
Es obvio que un sector del país se siente más cómodo practicando el discurso ideológico como sustento de las operaciones contra “eso” que llaman SL y que asesina policías, soldados, fiscales y civiles, y que a veces llaman “narcosenderismo”, casi como una concesión. Ese sector se reduce a los patrullajes y operaciones militares, subestimando elementos claves que, de otro modo, reducirían el poder de esa banda: el desarrollo alternativo, el control de insumos químicos y el lavado de activos.
En el VRAE hay una guerra imprecisa. Cambiar ese discurso y práctica cuesta. Obligaría, por ejemplo, a preguntarse si fue correcto enviar a las FFAA al VRAE y construir allí un mando bicéfalo, con la PNP y las FFAA divorciadas casi en todo; o cómo fueron empleados los recursos entregados para el equipamiento militar; o por qué es más exitoso el papel de la PNP en el Alto Huallaga. Si el Estado decidiera que frente a la banda armada del VRAE se debe desarrollar una nueva estrategia antinarco, la primera decisión sería crucial: ¿Deben las FFAA participar en la lucha contra las drogas sobre todo luego de la experiencia mexicana?
No obstante lo dicho, estamos lejos del cambio. Nadie puede garantizar que, por ejemplo, se instalen dos garitas móviles en las vías hacia el VRAE como se espera desde hace casi 10 años, o que se generalicen las acciones de desarrollo alternativo en aquellas zonas donde las características del suelo lo permiten. Siendo minimalistas, ¿Es posible pensar en un Plan VRAE de verdad, que no sea la agregación de obras sectoriales? Quizás por ahora no.

jueves, 12 de abril de 2012

Para que coman todos

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/para-que-coman-todos-12-04-2012
La República
La mitadmasuno
12 de abril de 2012
Juan De la Puente
La presencia en Lima del Director General de la FAO, José Graziano da Silva, coincidió con la presentación de un proyecto de Ley del Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada. La coincidencia no es casual porque la iniciativa, presentada por el oficialismo, es seguida de cerca por la FAO.
Hay una segunda razón de la coincidencia: el ahora jefe mundial de esta organización que procura la seguridad alimentaria para todos, tiene una relación muy cercana con el Perú: cuando dirigía y asesoraba al presidente Lula en los exitosos programas sociales, Graziano da Silva participó en la gestación del programa Juntos en el Perú, entre el 2004 y 2005 y llevó a cabo aquí largas jornadas de campo que incluyeron visitas a Chuschi (Ayacucho) y Huaycán. Luego, como responsable de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, entre 2006 y 2011, incluyó al Perú en la ejecución y monitoreo de planes y programas de seguridad alimentaria, transferencias condicionadas, desarrollo rural y emergencias.
El Perú requiere un marco normativo para la seguridad alimentaria que ordene prioridades del Estado, mejore el impacto de los programas sociales y garantice el derecho a la alimentación. A pesar del crecimiento económico y la mejora de varios indicadores asociados a los Objetivos del Milenio de las NNUU, más de 600 mil niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica (ENDES, 2010). No es el único indicador resistente a la baja; por ejemplo, la anemia en los niños de 6 meses a 3 años se mantuvo entre el 2009 y 2010 prácticamente igual, sobre el 50%, un dato por sí solo indignante.
El auge económico ha permitido que el Perú disponga de más alimentos; ha pasado de 300 kg per cápita en 1991 a 500 el 2008. Este incremento, sin embargo, no refleja el subsistente problema del acceso a los alimentos en un país con tan amplias brechas de equidad y de territorio. Por ejemplo, el ritmo de importación de alimentos acentúan la dependencia calórica en varios productos como el azúcar, cereales, leguminosas y aceites. En esa dependencia existe un innegable componente cultural que el Estado debe atender con políticas de largo plazo. Solo un dato puede tributar a esta demanda: en 13 años, el Perú no ha podido incrementar su consumo de productos hidrobiológicos sino disminuir, de 22,7 kg per cápita por año en 1995 a 22,2 kg en 2009.
La iniciativa de ley es sugerente y prometedora. Dispone la promoción de alimentos sanos y nutritivos preferentemente de origen orgánico, prohíbe el uso de alimentos transgénicos y hace énfasis en la educación nutricional. Obliga al Estado a la atención alimentaria de emergencia, crea un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional con participación de las regiones, municipios y la sociedad civil y dispone la rendición de cuentas de los programas sociales.

jueves, 1 de septiembre de 2011

El Estado rural

La Mitadmasuno
La República
1 de setiembre 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/01-09-2011/el-estado-rural

Uno de los anuncios más llamativos de la exposición del premier Salomón Lerner al Congreso, es el reencuentro del Perú con el mundo rural y, en esa dirección, la instalación de redes para acercar el Estado a los peruanos que viven en las zonas rurales. Según el anuncio, basado en las 1.320 redes propuestas por el Consejo Nacional de Educación (CNE), el gobierno se propone enfrentar la baja densidad del Estado, advertida ya el 2009 por el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (“Por una densidad del Estado al servicio de la gente”, PNUD 2010, Lima) instalando, en coordinación con las regiones y municipios, un modelo de gestión estatal móvil. Al equipo de acompañamiento educativo rural diseñado por el CNE (“Programa de acompañamiento pedagógico”, Cuaderno 8, CNE, 2007) se sumarían equipos encargados de coordinar los servicios estatales móviles  de la salud, la justicia, la seguridad y la nutrición que se organizarán y operarán también a través de sus respectivas redes para llegar directamente a los ciudadanos.
El anuncio es esperanzador. La pobreza rural es muy resistente. Las programas sociales, salvo Sembrando, Electrificación Rural y en alguna medida Juntos, han colisionado con factores estructurales de un Estado que no puede superar los desafíos naturales de un país diverso, con poblaciones dispersas y mercados desestructurados. Para la mayoría de especialistas la clave es partir de un enfoque compartido de oferta y demanda que movilice a la sociedad para dinamizar sus expectativas y universalizar los derechos y su sostenibilidad; solo así se podrá acabar con colegios sin profesores y alumnos, postas médicas sin profesionales o equipo y relaciones contractuales sin seguridad jurídica.
La creación de un nuevo Ministerio de Inclusión Social debería consignar competencias y roles en relación al Perú rural. El desafío es la transversalidad de las políticas rurales, es decir, carreteras, promoción, agraria, educación, salud, identidad, energía y seguridad. El nuevo ministerio debería actuar como un dinamizador de inversión y entrega de derechos más que como ejecutor.
Con el Estado rural móvil se abre una etapa para la audacia sin fronteras. En Ghana, por ejemplo, las comadronas usan el celular para discutir los casos complejos con sus supervisores cercanos a ellas, en tanto que en Ruanda los centros de salud solicitan ambulancias rurales por esa vía.