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sábado, 9 de marzo de 2019

La Victoria y los generales

https://larepublica.pe/politica/1404815-victoria-generales
La República
La mitadmasuno
1 de febrero de 2019
Juan De la Puente
Se libra en el distrito de La Victoria (Lima) una batalla compleja que presenta por lo menos dos tensiones, una contra las mafias y otra contra la Policía, ambas protagonizadas por su alcalde George Forsyth, que con su valiente desafío al crimen y a la inseguridad ciudadana ha cambiado radicalmente la agenda municipal de la capital, urgiendo por soluciones inmediatas a problemas que se encuentran más allá del alcance municipal, pero que forman parte de sus intereses.
La batalla del alcalde contra las mafias debe ser leída como el cambio de la posición del municipio contra el crimen organizado en un distrito que silenciosamente fue tomado, por lo menos, por 25 bandas, la mayor de las cuales se alojó en la misma municipalidad, llamada “Los Intocables Ediles”, dirigida por el alcalde y desarticulada en parte en agosto pasado con la detención de 32 personas.
El modelo de negocio de esta banda era perfecto. Operaba en dos zonas, Gamarra y el Mercado de Frutas; para ello establecieron cuadrantes en los que realizaban ordenadamente cobros ilícitos del parqueo de vehículos (solo en Gamarra hay 2.500 espacios disponibles) y a más de 8 mil vendedores ambulantes, que hacían un primer pago para empadronarse y luego realizaban pagos diarios.
Un modelo de esa magnitud se basó en dos pilares, el municipio y la Policía. La investigación ha detectado que por lo menos 5 generales de la PNP eran parte del grupo criminal, dos de los cuales fueron pasados a retiro, en tanto que los otros tres seguirían en actividad, además de decenas de otros oficiales y suboficiales. No habría que olvidar que el operativo de agosto incluyó el allanamiento de 11 locales policiales, entre ellos las comisarías de La Victoria, Apolo, Yerbateros, San Cosme, Juan Ingunza Valdivia, Jesús María y Sagitario, y el Departamento de Investigación Criminal de La Victoria.
En La Victoria existen otras redes, que van desde la extorsión a la “protección” de negocios, las rutas del tránsito, hasta las licencias ilegales, entre otras actividades que reportan dividendos a una actividad delictiva que “garantiza” el empleo de centenares de personas. Se entiende ello considerando que el distrito es al mismo tiempo un espacio de informalidad y formalidad económica: una de cada 10 empresas de Lima funciona en La Victoria, que además tiene, luego de San Isidro y Miraflores, la mayor densidad empresarial.
La primera batalla del alcalde Forsyht ha sido pública y ha consistido en plantar cara a las mafias e iniciar un proceso de ordenamiento del comercio, la ocupación de los espacios públicos y recuperar el papel dirigente del municipio. Esa es ya una tarea titánica para un municipio que, tomando en cuenta el volumen de la economía a la que está integrada –y que debería convertirlo en uno de los más ricos-, ha sido depredado por la corrupción, tiene un déficit de 580 millones de soles y recibe escasos ingresos propios, precisamente porque estos se van a las redes ilegales.
La segunda tensión, contra la corrupción e ineficiencia policial, es todavía silenciosa, aunque debe quedar claro que sin un compromiso nuevo y firme en ese punto, no se tendrán avances tangibles. La realización del reciente operativo con 2 mil policías, es insuficiente como respuesta de la Policía Nacional a un problema estructural, aun se hiciese un operativo cada semana.

No es la mejor salida a este fenómeno plantearse el concurso del Ejército sino insistir que cumplan su función las instituciones llamadas al control del territorio. El municipio ha empezado haciendo lo que corresponde, y ahora es el turno de otras partes del problema. La Policía debería desarticular las redes corruptas internas que operan en ese distrito, retirar de ahí a los mandos denunciados y procesarlos, implementar el trabajo de inteligencia o darle curso fiscal y judicial a los hallazgos que tiene, y presentar ante los vecinos un programa de acción que signifique el inicio de un giro creíble respecto de décadas de abandono. Cuando el alcalde señala que La Victoria “está destrozada” reporta en realidad que, además, está desprotegida.

sábado, 22 de noviembre de 2014

Impacto profundo y fecundo

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/impacto-profundo-y-fecundo-14-11-2014
La República
La mitadmasuno
14 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Para la sociedad peruana, el crimen y la corrupción ya no tienen largo plazo. Todo se juega ahora. Por ello, es significativo que tres de los ocho temas de CADE 2014 que se realiza esta semana sean precisamente crimen, corrupción y administración de justicia. La irrupción de esta triada en la agenda de un evento generalmente enfocado a los desafíos inmediatos del mercado, revela el impacto social del actual estallido del delito violento y de la corrupción o, realistamente, envía el mensaje de que estos temas ya son desafíos urgentes de la empresa y los negocios, y que el largo plazo está aquí.
Sobre el crimen, el interés va más allá del incremento del costo de seguridad, un efecto que las grandes corporaciones pueden asumir. En cambio, los ejecutivos son víctimas de extorsión y secuestro, y forman parte de los altos índices de percepción de inseguridad. En tanto, el delito impacta sobre realidades más allá del mercado, como el empleo y el consumo, y en actividades económicas como el turismo. De hecho, la seguridad ya es una contingencia tributaria deducible de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Impuesto a la Renta.
No existe un estudio riguroso de lo que le cuesta la inseguridad al país –CONASEC lo situó el 2010 en 20% del PBI, 10 puntos más que Honduras– aunque en A. Latina se sitúa entre 3% y 5% promedio. En cambio, ya está claro que la receta anticrimen desde la empresa con el modelo “amigos de la policía” que aportan vehículos y logística ha llegado a su fin. También parece haber arribado a un punto crítico la privatización de la seguridad, que ha empezado a chocar con el Estado y de qué manera. Gino Costa apuntaba hace poco (EC 20/10/2014) que en el Perú no es aguda la falta de policías sino que estos han dejado el servicio público y se dedican la mayor parte del tiempo a servir a particulares.
Sobre la corrupción, estamos ante el inicio de un cambio, aunque ya se registran algunas buenas noticias. A iniciativa de la Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), en abril del año pasado, 77 empresas del sector farmacéutico (ahora son más de 96), suscribieron el Compromiso por la Integridad entre el sector Salud y la industria farmacéutica, obligándose a no concertar precios para ganar contrataciones públicas, no presentar información falsa, denunciar a los empleados que cometan actos ilícitos y no entregar obsequios a los servidores del Estado. Luego, en octubre del mismo año, 17 grandes empresas se comprometieron con la erradicación del trabajo infantil.
El interés empresarial por la corrupción conduce tanto hacia los servidores públicos corruptos como a los privados corruptores, una realidad que en el estallido de estos meses presenta incompleta, ocultando a los segundos. En ese afán, el lobby y el soborno son pendientes que exigen de decisiones sobre las que es preciso recordar antecedentes: el 2007, la Sociedad de Minería y Petróleo expulsó de sus filas a la minera Casapalca por malas prácticas e incumplimiento de compromisos ambientales, laborales y de seguridad; y el 2010 hizo lo propio con Doe Run de La Oroya por faltar a sus compromisos ambientales y a sus obligaciones con sus trabajadores y acreedores.
Ahora, cuando se exige a los partidos echar a los corruptos de sus filas, es legítimo pedir a los gremios empresariales hacer lo propio con sus miembros que usan del lobby ilegal o el soborno a los servidores públicos o suspender la membresía de las empresas objeto de investigación por estas prácticas. Para los efectos, la responsabilidad social es la misma.
Los gremios empresariales deberían respaldar la iniciativa de ley (Proyecto N° 03914) de Solidaridad Nacional para sancionar penalmente a quien realiza actos de gestión de intereses privados ante el Estado sin estar inscrito como gestor. Por lo mismo, no se entiende la oposición empresarial al proyecto de Yehude Simon (Proyecto N° 0385) que pretende sancionar penalmente a las empresas comprometidas con la corrupción con la clausura temporal o definitiva de sus locales, la suspensión de actividades, la prohibición de realizar ciertos actos, la disolución o la multa.

La epidemia de la violencia

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-epidemia-de-la-violencia-07-11-2014
La República
La mitadmasuno
7 de noviembre de 2014
Juan De la Puente
Las elecciones del año 2016 las podrá ganar quien sea más provocador y sugestivo en sus propuestas para encarar el principal problema del país, la inseguridad. Las cosas han llegado a un punto en el que el país parece preparado para una oferta de mano dura contra y lo que esto acarrea: penas más elevadas, la pena de muerte inclusive; juicios sumarios; patrullaje militar; más cárceles y menos beneficios penitenciarios; y menos miramientos contra los delincuentes y con los que parecen serlo, aunque al final no lo sean.
La mano dura y el gatillo fácil ya están aquí a pesar de su fracaso en varios países de la región; la Ley N° 30151, que modifica el Código Penal eximiendo de toda responsabilidad a los policías y militares que den muerte a terceros en acción de servicio, es la prueba de hiel; por ello, la reacción nacional ante el asesinato de Fidel Flores en Cajamarca indica que hay esperanzas de una salida distinta, la de un pacto nacional para encarar esta crisis de seguridad y evitar deslizarnos en el delito sobre el delito y la muerte sobre la muerte.
Luego de la crisis económica y del terrorismo, es la tercera crisis de envergadura que afecta al país en los últimos 50 años. Lamentablemente, no es tratada como tal sino como un hito delicado o un desajuste legal. Un dato puede ilustrar el frenesí legalista ante el delito: el Código Penal ha sido modificado 577 veces desde que se promulgara el año 1991, según un informe de Gaceta Jurídica publicado en febrero de este año.
Esta crisis tampoco ha sido suficientemente estudiada, salvo los trabajos de las ONG Ciudad Nuestra e IDL y de la Defensoría del Pueblo; los especialistas son escasos, en su mayoría oficiales retirados de la policía y pocos académicos agrupados en el colectivo Gobernabilidad Democrática y Seguridad Ciudadana. Del mismo modo, hasta hace poco la información con la que se contaba era dispersa y contradictoria, de modo que la creación del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) es un paso importante.
Un pacto por la seguridad se justifica en el hecho de que esta crisis no es del gobierno sino del Estado, y es cada vez menor el papel de la policía en su eficaz control, por el traslado de responsabilidades hacia el Poder Judicial, la fiscalía, las autoridades penitenciarias, los municipios y las regiones. Esta parte del problema sufre una reducción conceptual que debería ser resuelta para adoptar una política integral. Discuto que para el efecto sea útil atrincherarse en el concepto de “seguridad ciudadana” y creo que sería más útil empezar a tratar con un universo distinto: seguridad, violencia común y política criminal.
El recorte conceptual opera en varios ángulos de esta crisis. Por ejemplo, mientras más pretendamos negar que el auge del delito en el Perú se relaciona con el crecimiento económico, la persistencia de la desigualdad y el desarraigo social, y lo situamos estrictamente en el cumplimiento de la ley, estaremos cerca del problema pero no centrados en sus raíces. La data regional podría servir para ilustrarnos: en A. Latina, uno de cada tres internos en cárceles abandonó el hogar familiar antes de los 15 años, en Chile uno de cada dos, y entre un 13% (Argentina) y un 27% (El Salvador), nunca conocieron a su padre o madre.
Durante este gobierno una vez se tocó el problema de modo integral, ocurrió en el premierato de Juan Jiménez Mayor y cuando en Interior estaba Wilfredo Pedraza y en Justicia Eda Rivas. En ese momento se propuso al Congreso un paquete de normas sobre crimen organizado, se inició el equipamiento de la PNP y se crearon algunas superintendencias y el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
No es malo que la opinión pública asuma que la epidemia de la violencia viene acompañada de la corrupción política y que en gran medida depende de ella, una tendencia en la que el incremento de los delitos y la disminución de los juzgamientos y del castigo generan una forma de crimen aspiracional trasladado a la cosa pública. Una razón más para la reforma de las instituciones y de la representación.

sábado, 26 de julio de 2014

Crimen y castigo, nueva crónica

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/crimen-y-castigo-nueva-cronica-04-07-2014
La República
La mitadmasuno
4 de julio de 2014
Juan De la Puente
La caída en desgracia de los cabecillas de dos grupos que la justicia investiga como parte del crimen organizado nos coloca en más de un sentido en ligas mayores. Por un lado, confirma que esta modalidad de delito ha dejado de ser una particularidad criminal y convertido en una forma violenta de emergencia social a la que se vinculan directa e indirectamente miles de peruanos, una versión nada surrealista del delito de masas que paga bien, un movimiento social en el que los personajes que copan las noticias de las últimas semanas solo son sus emblemas y velámenes.
Por otro lado, coloca sobre la mesa un movimiento anticorrupción, débil para la dimensión del problema, que por ahora tiene dos elementos constitutivos, el asombro e indignación pública que la prensa agita y refleja, y la acción coordinada del Estado impulsada por el reclamo ciudadano y por los reflejos propios del sistema. En este punto, se sabe que los desenlaces de los casos de César Álvarez y Rodolfo Orellana tienen origen en reuniones calientes de los llamados “Consejos de Estado”, en los que respetando la autonomía constitucional de cada órgano constitucional se trazan estrategias y se exigen cuentas claras.
Tres leyes aprobadas en los últimos años son determinantes para enfrentar este nuevo momento signado por las figuras aparentemente fuertes y extraordinarias de mafiosos novelescos. Se trata de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), la Ley de Lucha contra el Lavado de Activos (D. Leg. N° 1106) y la Ley de Pérdida de Dominio (D. Leg. 1104). Ellas obedecieron al impulso del equipo que lideró Juan Jiménez Mayor desde el sector Justicia y la PCM, y quien paradójicamente debió dejar el cargo debido a su apreciación de las percepciones sobre la seguridad ciudadana. Sin embargo, estas y otras normas han sido cruciales para producir un salto normativo para enfrentar el nuevo momento.
Ahora es posible iniciar una investigación por lavado de activos sin demostrar el delito precedente, una restricción que en la década pasada derribó el primer megaproceso por tráfico de drogas contra un grupo empresarial del norte del país dedicado a la actividad minera. También se ha hecho obligatoria la bancarización de las operaciones de dinero en el exterior, y la extensión de la incautación de bienes a todos los delitos en agravio del Estado. Asimismo, el país cuenta con una procuraduría más eficaz y legítima y con los primeros grupos policiales especializados en lavado de activos y crimen organizado.
No estamos ante un empate técnico entre crimen y castigo. Las fuerzas del primero son mayores, en el promedio quizás mejores, y su acción es vasta. El delito en movimiento se desarrolla con más velocidad que las fuerzas del Estado; forzando las figuras podría decirse que el primero crece geométricamente y el segundo aritméticamente. Esta brecha debería por lo menos reducirse.
Las medidas legales y las actividades de equipamiento son importantes pero no son suficientes. La batalla contra el crimen organizado en expansión exige un movimiento anticorrupción desde el Estado y la sociedad. En el primero de los casos obliga a acometer cambios de política criminal para cerrar los vacíos de la legalidad usados por la ilegalidad, reformar radicalmente algunas instituciones, reducir las posibilidades de creación de grupos criminales y su expansión, y financiar la prevención y punición. De lo contrario caeremos en la lógica lamentosa de la Contraloría General de la República que pese a aceptar que su control fue desbordado por las bandas, se empeña en afirmar que la descentralización ha fracasado.
Los buenos no solo deben ser más que los malos, sino parecer que son más. El crimen organizado también nos interroga como sociedad; el delito a secas es un hecho antijurídico culpable que toda sociedad está obligada a prevenir y sancionar; no obstante, la convicción de que habita entre nosotros una cosa nostra extendida, impune y floreciente, nos desnuda como una comunidad carente de algunos valores esenciales que parecen haberse perdido en un momento especial de la peruanidad.

viernes, 2 de noviembre de 2012

La rebelión del hampa. Imágenes

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-rebelion-del-hampa-imagenes-02-11-2012
La República
La Mitadmasuno
2 de noviembre de 2012
Juan De la Puente
Los sucesos del 25 y 27 de octubre pasado iluminaron cual relámpagos varios fenómenos que corrían ocultos en la sociedad. Uno de ellos es la convivencia pacífica entre comerciantes y delincuentes en una zona que moviliza ingentes recursos, coexistencia que solo es posible por las serias restricciones del Estado para ocupar los espacios públicos y brindar allí con mínima eficacia los servicios de seguridad e interdicción del delito. El estallido de violencia de esos días es la explosión sangrienta de un territorio emancipado de la ciudad que el Estado punzó casi inadvertidamente para hacer cumplir la ley.
Las imágenes de la extrema violencia expresan para la mayoría el extraordinario desprecio del hampa por la vida. En ese territorio, sin embargo, y para una minoría creciente, es más cotidiana y ordinaria, y reveladora de la altísima cuota de violencia que la sociedad peruana recibe. Es el resultado de la impunidad en un país donde los barrabravas son tolerados por el Estado al punto que desfilan a los estadios custodiados por la policía ante el miedo de los ciudadanos y mantenidos por los líderes de los clubes de fútbol que les suministran alcohol y dinero. Estas imágenes exponen los excelentes resultados de la pedagogía de la violencia luego de los intensivos cursos de delito y sangre.
Los sucesos de La Parada, no obstante, son más contundentes; el 25 y 27 de octubre asistimos a la primera gran batalla urbana entre la policía y un ejército formado por centenares de delincuentes a cara descubierta. En la primera ronda, el 25, ganó el delito con los resultados conocidos: la toma del territorio, el saqueo y el ataque a los símbolos del orden público. En la segunda ronda, el 27, ganó felizmente la policía gracias a un despliegue masivo, inteligente y decidido y a que el ejército del delito había sido diezmado por las detenciones.
Imposible comparar lo sucedido con los conflictos sociales que atraviesan el país a pesar de que en buena parte de estos se advierten episodios de preocupante y creciente violencia y el desafío al orden público; las partes que confrontan en los conflictos sociales sostienen una lógica argumentativa, ciertamente debatible para los otros actores, pero en el marco de una interacción de las partes. Lo de La Parada fue una asonada, la rebelión del lumpen, un hito significativo en el espiral de delito cuya intensidad probablemente subestimamos.
El mensaje ha sido lanzado. La brutal agresión a la policía ha generado la adhesión ciudadana a ella pero, al mismo tiempo, envía señales sobre el éxito que puede tener el desafío del orden público desde el delito. La imagen de la fuerza pública atacada por el hampa es un poderoso estímulo para el delito y coloca en el debate en busca de respuestas la extrema precariedad de la autoridad policial. Ha evidenciado también la fuerza y grado de articulación de las bandas y su disposición temeraria de enfrentarse en las calles a la autoridad haciendo más patente que nunca la crisis de la seguridad en el Perú.
Los territorios liberados al delito o a punto de estarlo son un laboratorio para futuras rebeliones y espacios de la sociedad en busca de la organización de un orden mafioso que parece haberse cristalizado en varios casos. La alianza de los comerciantes mayoristas y las bandas que defendieron La Parada es la superficie de un fenómeno mayor al que concurren la escasa censura social de ciertos delitos, las complicidades entre los buenos que toleran y los malos que actúan y la emergencia de la legitimidad de las formas de vida al margen y contra la ley.
En ese contexto son muy positivas las iniciativas legales para hacer más efectiva la lucha contra el delito organizado y otras anteriores para recuperar los territorios cedidos al hampa. No obstante, hace falta mucho más que eso, sobre todo una auténtica política criminal para enfrentar un problema que no se reduce a policías y ladrones. Aunque tarde, estamos a tiempo.

jueves, 17 de mayo de 2012

La crisis de seguridad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/la-crisis-de-la-seguridad-17-05-2012
La República
La mitadmasuno
17 de mayo 2012
Juan De la Puente
En 11 de 18 países de A. Latina, incluido el Perú, los ciudadanos sienten que la delincuencia y seguridad pública son sus principales problemas, a tenor del reciente estudio de la Corporación Latinobarómetro presentado este mes en Lima. El estudio previene sobre que, en el tema, se ha instalado un clima de opinión donde las percepciones catalizan los problemas y pueden ser más que las realidades. Sea como fuere, afirma que la región ha sido capturada por la idea de que el crimen hace la agenda pública.
El estudio avanza y arriesga una relación entre delito y violencia en la región, una asociación que la mayoría de estrategias anticrimen pretenden olvidar, y obtiene hallazgos interesantes. Descubre, por ejemplo, que en los países con más incidencia de delitos, como Guatemala, Honduras o Venezuela, no se relaciona esa violencia con la que se produce en el espacio familiar, una constante también atribuible al Perú. El estudio también repara en que en el Perú y Bolivia, países con alta producción de cocaína, la tasa de homicidios es baja y parece estar vinculada a la violencia doméstica y a los delitos comunes más que al crimen organizado. Difícil saberlo si, como refiere el Anuario de la PNP 2010, el 32% de denuncias de delitos de violencia familiar no se investigan. Aun así, no es un consuelo, sobre todo si esta tasa nacional se ha elevado considerablemente en el último lustro.
Es sugerente la presentación que hace Latinobarómetro de tres dilemas del delito en la región, y que nos atañen: la incongruencia aparente entre lo objetivo y subjetivo, el aparente divorcio entre la victimización y el temor, y la expectativa sobre el Estado. En relación a ello, analiza a países, como el Perú, con mayor nivel de victimización que de homicidios, donde la clave de las políticas de seguridad ciudadana se relaciona con el combate a delitos más masivos como el hurto, robo y lesiones. Para confirmar que la clave de nuestra victimización no está en los homicidios sino en los delitos con violencia, el estudio destaca que el Perú es el tercer país en la región donde la víctima declara haber sufrido violencia durante el hecho delictivo.
Finalmente, el estudio investiga el pesimismo regional sobre el delito, dividiendo a los países en tres tipos: los que reconocen lo realizado en seguridad ciudadana, los críticos, y los que tienen poca fe en el Estado. Allí se tiene a países como Guatemala y México donde un bajo porcentaje de ciudadanos cree que el Estado puede resolver el problema de la delincuencia, que contrastan con países como Uruguay, Argentina y Paraguay, cuyos ciudadanos consideran que el Estado si puede derrotar al delito. En el Perú, a pesar de que solo un 8% dice que la seguridad ciudadana es buena, el 60% cree que el Estado puede resolver este problema. Allí se ubica una alta cuota de esperanza que debe ser saldada con un liderazgo institucional al más alto nivel y resultados rápidos.

viernes, 5 de agosto de 2011

La cumbre antidrogas

La Mitadmasuno
La República
4 de agosto 2011

Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/04-08-2011/la-cumbre-antidrogas


El presidente Humala ha propuesto una cumbre presidencial antidrogas, reintroduciendo la posibilidad de una diplomacia al más alto nivel. Para el análisis deberían recordarse algunos hitos: a) la cumbre realizada en 1989 en San Diego, Texas, con la participación de George Bush padre, Virgilio Barco (Colombia), Jaime Paz (Bolivia) y Alan García (Perú), un esfuerzo pionero que, sin embargo, quedó en el papel; b) la cumbre de Cartagena, Colombia, en 1990, que abrió paso al proceso que culminó en 1996 con la adopción por parte de la OEA de la Estrategia Antidrogas del Hemisferio, en la que se incorpora el concepto de responsabilidad compartida; c) la cumbre convocada por el Presidente Álvaro Uribe el 2008 en Cartagena, Colombia, a la que asistieron solo seis presidentes de la región, un sonado fracaso; y d) la cumbre no realizada, aquella ofrecida en agosto del 2006 por Alan García, y que iba a sentar en una mesa nuevamente al Perú, Bolivia y Colombia junto a EEUU.
La promesa de Humala se realiza en un contexto regional de inéditos fenómenos como: 1) la notable reducción del consumo de cocaína en EEUU en el último decenio y la duplicación del mismo en Europa durante ese periodo; 2) el relativo éxito colombiano en la erradicación del cultivo de coca, en el marco del Plan Colombia; 3) la violencia narcótica que azota México y la concentración del comercio por el crimen organizado que regentan sus bandas; y 4) el incremento del consumo de cocaína en los países de América Latina.
En ese panorama inédito, el Perú ha colocado su “cuota”. En 10 años se ha posicionado como un país gran productor de cocaína, caminando a ser el primero, incrementando sus cultivos ilícitos, y se ha convertido en un consumidor nato de drogas. No obstante, también ha puesto en vigencia un modelo propio de desarrollo alternativo de efecto sostenible.
En ese marco, una cumbre presidencial está llamada, sobre todo, a ser regional y a evitar el sentido bilateral que reduce la relación a los intereses propios de los países productores y consumidores. La agenda actual es más abierta: financiamiento de políticas, crimen organizado, cultivos, consumo, medio ambiente y desarrollo alternativo. Si hay presidentes que no pueden faltar a una cita antidrogas promovida por el Perú son los de los países limítrofes, especialmente Brasil, que podría ser para el Perú lo que EEUU es ahora para México.

jueves, 13 de mayo de 2010

Perú: pacto político contra el narcotráfico


El 19 de abril en Lima, en la Casona de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, los representantes de 19 partidos y movimientos políticos nacionales suscribieron el Compromiso Ético denominado Contra la Infiltración del Narcotráfico en los Partidos y Movimientos Políticos del Perú.

Más allá de las palabras es el primer compromiso abierto que suscriben en América Latina los partidos políticos contra el narcotráfico, la forma más brutal de crimen organizado que azota a la región.Es un inédito compromiso ciudadano para impedir la infiltración del poder corruptor de esa actividad en los grupos políticos. El acto se realizó en el contexto de una creciente preocupación regional sobre los efectos del incremento del tráfico de drogas proveniente de los países andinos y la escalada de violencia causada por los carteles internacionales, fenómeno del que el Perú empieza a ser víctima.
El Compromiso Ético contra el Narcotráfico (CEN) fue promovido por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), el ente rector peruano encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. En él jugó un papel decisivo Rómulo Pizarro, jefe de DEVIDA que supo articular a 19 grupos del arco político peruano, desde el fujimorismo al humalismo. Tuve la satisfacción de acompañarlo en ese propósito, tanto en la formulación como en el proceso de negociación con los grupos políticos.
DEVIDA convocó en octubre del 2009 a los partidos y movimientos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y coordinó con sus dirigentes la redacción del contenido del CEN. En el esfuerzo también colaboraron instituciones públicas como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); de la sociedad civil, como la Asociación Civil Transparencia, el Instituto Internacional Republicano (IRI), el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI), y Consultandes; e instituciones intergubernamentales como IDEA Internacional.

El CEN no es un pacto electoral aun cuando algunos de sus compromisos se relacionen con los mecanismos de designación de candidatos de partidos y movimientos políticos a cargos de elección popular. Ante todo, es una toma de posición colectiva de los actores políticos peruanos contra el poder ilegal, violento, corruptor y antidemocrático del narcotráfico en tanto actividad ilícita y forma de crimen organizado que conspira contra la gobernabilidad y el desarrollo humano.
Se tiene a la mano un instrumento que ayudará a los partidos y movimientos a desarrollar una cultura política contra las drogas ilegales, en sus actividades de producción, tráfico y consumo, y protegerá tanto a las generaciones jóvenes como a la democracia de los intentos de obtener impunidad y poder para su negocio ilegal.El CEN incluye 19 compromisos específicos entre los cuales se encuentran:
· Establecer rigurosos procedimientos de selección de candidatos, promoviendo la veracidad y la transparencia de la información sobre los antecedentes de los aspirantes a cargos de elección popular.
· Establecer procedimientos que busquen evitar incluir como candidatos a los aspirantes que hayan sido sentenciados por delitos de tráfico ilícito de drogas y/o en tanto se encuentren investigados.
· Incorporar al proceso de selección de candidatos el requisito de la presentación de una declaración jurada de antecedentes penales y judiciales, así como de ingresos y bienes, que deberán efectuar los precandidatos ante las dirigencias de sus organizaciones políticas.
· No considerar como candidato a cargo de elección popular al aspirante que no pueda justificar razonablemente sus bienes e ingresos y los orígenes de los mismos.
· No aceptar donaciones o alguna otra forma de colaboración y financiamiento de personas naturales o jurídicas que, al momento de realizar la donación, no declaren expresamente que no han sido notificadas formalmente de encontrarse comprendidas en un proceso de investigación policial, del Ministerio Público o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
· Respaldar en el Congreso de la República la aprobación de una norma que faculte a las autoridades competentes a declarar la vacancia del cargo de quienes elegidos por votación popular hayan faltado a la verdad en los datos consignados en la declaración jurada.
· Elaborar en colaboración con otras entidades públicas o privadas, un “mapa de riesgo del narcotráfico” que permita a los grupos políticos y a la sociedad poner especial atención en aquellas zonas más afectadas por el accionar del tráfico ilícito de droga
s.

El texto del Compromiso Etico puede leerse en:
http://www.devida.gob.pe/Documentacion/documentosdisponibles/Compromiso_Etico.pdf
El video de la suscripción puede ser visto en:
http://www.youtube.com/watch?v=rN2Pw4I4He8
Un spot que difundieron gratuitamente la TV dias antes de la suscripción del CEN se puede ver en:
http://www.youtube.com/watch?v=jHu6_ku9Xt0

Sobre el tema se tiene:
El artículo de Raúl Ferrero Costa en El Comercio, el 15 de abril
http://elcomercio.pe/impresa/notas/pacto-contra-narcotrafico/20100415/461539
El artículo de Augusto Álvarez Rodrich en La República, el 17 de abril
http://www.larepublica.pe/claro-y-directo/17/04/2010/partido-peruano-narcotraficante
El artículo que publiqué en La República el 3 de abril
http://www.larepublica.pe/la-mitadmasuno/03/04/2010/munecos-de-la-mafia

Algunos editoriales merecen ser tenidos en cuenta:
El de La República, el 17 de abril:
http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20100417/10/1634/todos/1634
De El Comercio, el 21 de abril:
http://elcomercio.pe/noticia/465060/editorial-narcotrafico-politica-son-incompatibles
Y el de El Peruano, el 30 de marzo:
http://www.elperuano.com.pe/edc/2010/03/30/edi.asp