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viernes, 9 de noviembre de 2012

DATUM y el gran empujón

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/datum-y-el-gran-empujon-09-11-2012
La República
La mitadmasuno
9 de noviembre 2012
Juan De la Puente
La encuestadora Datum nos acaba de entregar un sondeo que no peca de inocencia. Al contrario, es un eco de la vasta corriente conservadora que presiona sobre el gobierno hablando supuestamente a nombre de la sociedad para que aplique un giro autoritario.
El sondeo pregunta sobre la autoridad y obtiene que el 72% cree que el gobierno ha perdido autoridad. Esta genérica pregunta, en un contexto de creciente percepción de inseguridad en el Perú y el mundo, es absolutamente capciosa. Es un misterio si esta variable (pérdida de autoridad) ha sido contrastada con otras como “ha ganado autoridad” o “muestra poca autoridad”. Las dos conclusiones son obvias: 1) el gobierno necesita recuperar el principio de autoridad; y 2) que debe adoptar medidas excepcionales para revertir la pérdida de autoridad.
Frente al terrorismo, el sondeo persiste en la trampa evidente en los últimos días que consiste en mezclar las actividades proselitistas del Movadef con las acciones de la banda armada que opera en el VRAEM. Las preguntas introducen en la práctica al grupo terrorista o narcoterrorista del VRAEM en las universidades. Más allá de las interrogantes primariosas (“fuerte presencia”, “está entrado” y “aún no entra”) presenta a las universidades como un escenario de acciones terroristas. Si seguimos la lógica de las preguntas y respuestas de la encuesta, las FFAA deberían inmediatamente ingresar a las universidades, descabezar a sus gobiernos y militarizarlas.
En el mismo sentido se orientan las preguntas sobre la actitud del gobierno frente al terrorismo. Ellas no indagan sobre las acciones del Estado en el VRAEM sino que presumen que el terrorismo es una fuerza viva en todo el país y a punto de asaltar el poder. Así formulado el sondeo, la mayoría considera que el gobierno no ha tomado acciones (51%) o que estas no han tenido resultados (53%). El colofón de esta trampa es que el 53 % de peruanos considera que el terrorismo ha aumentado en el Perú.
Las acciones localizadas de la banda armada del VRAEM se han convertido por la magia de una encuesta en un problema nacional. Lo advertido no tiene el sentido de la prospectiva. Es una posición adelantada de la extrema derecha que está transformando el terrorismo en el principal problema de la Nación para empujar al gobierno a la preciada estrategia de la “mano dura”.
Es cierto que el Estado tiene dificultades serias en el VRAEM y requiere adoptar decisiones con resultados exitosos. Desde allí a sugerir el establecimiento de un Estado casi policiaco, como si todo el país fuese un territorio en guerra, hay un abismo.
Sería un error que el gobierno ceda a esta ofensiva y produzca cambios en la línea de endurecerse para contentar a la platea frenética en busca de medidas radicales. Si esto sucede estaríamos retornando a un modelo de gabinete Valdés II, con los resultados ya conocidos.
Lo sensato indica que sin descuidar los serios desafíos de la seguridad, la democracia peruana persista en la ruta de la apertura, el respeto de las instituciones y del juego constitucional entre ellas, el diálogo con la sociedad civil, la defensa del crecimiento económico y la solución oportuna de los conflictos sociales.
La ofensiva de la mano dura no tiene en este tema su única expresión. Cotidianamente se advierte un espíritu jacobino que convierte los hechos vinculados a la seguridad en una crisis terminal del Estado. Bajo esa lógica, partidos democráticos se dejan seducir por la extrema derecha y empiezan a compartir su discurso blandiendo denuncias, interpelaciones, censuras e insultos, es decir, extraviando su tradicional talante democrático.
Subidos casi todos para gritar desde el balcón radical, el centro político se está vaciando al mismo tiempo en que se tuguriza la extrema derecha.
Que sepan los grupos y políticos seguidistas que están sentando las bases de su debacle. El discurso radical puede tener efímero éxito pero no hay duda, como lo demuestra la experiencia de la última década, que la bulla ataranta pero no gobierna. Ni gana elecciones.

martes, 24 de julio de 2012

El modelo peruano de impunidad

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/el-modelo-peruano-de-impunidad-24-07-2012
La República
La mitadmasuno
24 de julio de 2012
Juan De la Puente
La sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema es más, mucho más, que la voluntad exculpatoria de violadores de DDHH de unos magistrado liderados por un vocal de conocidas posiciones conservadoras. Es un paso más en la construcción de un modelo peruano de impunidad al que también se han debido enfrentar en otros países víctimas de la violencia.
En otros países, este modelo se construyó basado en normas generales como las leyes de obediencia debida y de punto final, con amnistías para los violadores de DDHH y de libertad de los subversivos. En el Perú los intentos de amnistía fracasaron, y en la oportunidad en que se aprobaron ilegalmente la Corte Interamericana de DDHH demandó al Estado dejarlas sin efecto; es el caso de las leyes Nº 26479 y 26492.
No obstante, en la última década, el modelo de impunidad que se pretende imponer ha tenido avances. El más importante quizás sea el haber mediatizado la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR) tendiendo dudas sobre el número de víctimas y pretendiendo que su Informe Final no es suficientemente crítico del papel del Sendero Luminoso. A la fecha la judicialización de los casos derivados del Informe Final de la CVR van con pies de plomo y más de un caso esta parálisis se ha producido por interferencias directas del Ministerio de Defensa en las labores de los fiscales cuando no por la negativa abierta a entregar información.
En la construcción de este modelo juega también un rol la defensa de los “gallinazos” al servicio del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) que se infiltraron en el exitoso Operativo Chavín de Huántar y cuyo juzgamiento se pretender impedir bajo una estrategia que hasta ahora ha fracasado donde, otra vez el Ministerio de Defensa, saca de la manga peritajes e informes en favor de la impunidad. Aparejada a estos intentos se han dictado normas para reponer los roles excesivos e inconstitucionales del Fuero Militar Policial, convalidadas mediante la cuestionada sentencia del TC sobre la Ley Nº 29182, Ley de Organización y Funciones del Fuero Militar Policial.
La idea básica de este modelo es ocultar la memoria, mantener en lo que sea posible el armazón jurídico que impide la sanción a los violadores de DDHH y paralizar toda acción de reconocimiento y de reivindicación de las víctimas y de sus deudos, para lo cual no basta la acción interna sino la confrontación contra la justicia internacional. El reciente fallo, clamorosamente ilegal e inaplicable, se constituye como un instrumento básico de ese modelo; es su declaración de principios y el eje de su lucha contra la verdad, la justicia y la memoria. No debe pasar no solo por lo que ya implica para el Grupo Colina, sino porque en esa sentencia se juega la vida el modelo peruano de impunidad que afanosamente están tejiendo en las narices de la democracia y que debe ser derrotado.