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jueves, 3 de enero de 2019

2018, la rebelión inconclusa

https://larepublica.pe/politica/1383754-2018-rebelion-inconclusa
La República
La mitadmasuno
28 de diciembre de 2018
Juan De la Puente
Hay más certezas de que el 2018 empezó mucho antes, quizás en julio del año 2016, con un gobierno dividido, entre una presidencia precaria y autolimitada y un Congreso autosuficiente, y que acabará muchos meses más adelante, adentrados en el 2019, con un gobierno sin mayoría, con una presidencia más fuerte frente a un Congreso fragmentado y quizás autolimitado.
El largo 2018 no se parece a ninguna de las etapas que vivimos en las últimas décadas. Liberados de la palabra crisis, que ya nos dice muy poco, el término rebelión –como rechazo al poder, revuelta y resistencia– podría resumir lo vivido como un conjunto turbulento e inconexo de varios movimientos cuyos rasgos más definidos son la crítica y la radicalidad más que el cambio mismo, un escenario donde caben la áspera denuncia popular contra las élites, el empoderamiento solitario del presidente, la popularidad de algunos jueces y fiscales, el extremismo de la derecha y el auge de lo que se denomina ética pública. La ética privada, ya sabemos, normal nomás.
La rebelión se topó con un sistema fuerte y a ello se debe que sus desenlaces sean limitados si se compara con la fuerza de los remezones. Esta etapa termina con el liderazgo político nacional descabezado y el Congreso vencido, como elementos que condicionan la apertura de una evolución insospechada por sus actores.
No nos engañemos. Ha terminado la disyuntiva y se inicia la transición, aunque la cuota de incertidumbre sigue siendo alta porque la llave de la gobernabilidad no está en poder de las instituciones sino de la sociedad. Esta no es una frase de cliché; el referéndum les ha expropiado a los políticos su capacidad decisoria. El plebiscito –de las urnas, encuestas, redes sociales y medios– será permanente en adelante.
Una parte de las principales instituciones, el Congreso, el Poder Judicial y la fiscalía, están heridas de muerte, pero no muertas. La extrema derecha cree que el Gobierno las quiere tomar, aunque en realidad este aplica una presión imprecisa para el cambio por dentro. Los verdaderos problemas son otros, sus liderazgos sangrantes y precarios, y su absoluta imposibilidad para reconstruirse. En eso consiste el carácter inconcluso de esta rebelión que el presidente Vizcarra intentó relanzar en su mensaje del 12 de diciembre, incorporando la reforma política, diálogo nacional y presión en corto al Congreso para avanzar en los cambios judiciales.
Vizcarra camina hacia un pacto con una parte del Congreso. El presidente debe ser el más interesado en no disolver constitucionalmente el Parlamento porque los plazos de la reforma –las siete leyes, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia– presionan más su agenda que la de la oposición.
La reforma judicial tiene una ruta “externa” más o menos cierta, aunque ilusiona demasiado con que las leyes curarán la corrupción. En cambio, la reforma política es un libro abierto que debe ser escrito cada semana con el riesgo de dejar hojas en blanco. En este punto, lo inconcluso de la rebelión consiste en reemplazar el “que se vayan todos” por el “que vengan los nuevos”, dos lógicas más contrapuestas de lo que suponemos.
Muy a menudo, es decir, casi todos los días, la rebelión es jalonada por las batallas judiciales que más allá de su importancia procesal, y de conjurar el riesgo de la impunidad, no pueden brindar más resultados políticos que los entregados entre octubre y noviembre. En este punto, los tribunales impactan menos a la espera de las revelaciones que promete el acuerdo de la justicia peruana con Odebrecht. Si estas informaciones son graves forzarán nuevos desenlaces, de modo que el sistema depende otra vez de testimonios procesales.

A esta rebelión le falta promesa; por eso no es revolución. La sucesión constitucional PPK/Vizcarra fue una experiencia tan escandinava que nos ha preparado para casi todo. En pocos meses hicimos con éxito travesuras constitucionales que para nosotros estaba solo en los libros. El país está preparado para más, pero el sistema resiste. Por eso también, esta rebelión es inconclusa. Alguien tiene que abrir la puerta a los grandes cambios.

sábado, 29 de septiembre de 2018

Nuestro momento plebiscitario

https://larepublica.pe/politica/1322491-momento-plebiscitario
La República
La mitadmasuno
21 de setiembre de 2018
Por Juan De la Puente
El país vive un momento plebiscitario; los ciudadanos desean intensamente participar directamente en los cambios. La reciente encuesta de Ipsos reporta que 8 de cada 10 peruanos cree que se deben de recoger firmas para forzar las reformas, y aunque un porcentaje menor se declara dispuesto a firmar los planillones que exijan la consulta ciudadana, no hay nada más popular estos días que votar para cambiar.
La lógica plebiscitaria está en ascenso; dos tercios de peruanos cree que el referéndum debe realizarse este año, aunque poco más de la mitad piense que efectivamente se llevará a cabo. Estas cifras contrastan con el 60% que no iría a votar en las elecciones del 7 de octubre si el voto no fuese obligatorio, o el 50% que declara que ninguna opción política le convence.
Se podría pensar que el ánimo plebiscitario estaba dormido y que solo faltaba despertarlo, y que en la sociedad anida un potente impulso por la democracia directa. Esta presunción no se condice con los escasos resultados de otras formas de participación como la revocatoria, la demanda de rendición de cuentas, la iniciativa legislativa, los pedidos de cabildos abiertos o los consejos de participación regional y local.
Nuestro momento plebiscitario es hijo de la larga e irresuelta crisis y de la desafección a la política. El hartazgo se ha transformado en referéndum como expresión de rechazo a la política más que una opción y una forma de recuperar el poder. Los peruanos quieren votar porque creen que ahora es la única vía del cambio, la última posibilidad de ajustar cuentas con la corrupción, la ineficiencia, la desigualdad y la injusticia.
Sería injusto condenar ese deseo o cerrar ese camino, o desperdiciar su condición de ángulo prometedor y crucial para incentivar el retorno de los ciudadanos a la política. Por la misma razón, debería ser utilizada con escrúpulo democrático y rechazar la tentación de contraponer el referéndum a los partidos, las instituciones, la representación y la sociedad organizada.
Nuestro momento plebiscitario es atípico. En otras experiencias, las consultas populares son la culminación de un debate, el resumen de una controversia que ha recorrido un camino cotejando argumentos y polémicas, y por eso se impone la disyuntiva de escoger. En nuestro caso, las reformas institucionales que serían votadas en diciembre fueron muy relativamente debatidas en la élite, pero expresamente fueron excluidas de los grandes debates de las últimas dos décadas, inclusive por la izquierda y los movimientos sociales. Si en otros casos, el referéndum es un punto de llegada, en nuestro caso es de partida.
Lo ideal sería que nuestro momento plebiscitario sea acompañado de un momento constituyente. En una etapa exclusivamente plebiscitaria, las consultas populares con poco debate son excepcionales oportunidades para que las masas ataquen el poder, pero no para transformarlo. Las experiencias recientes indican que al poder no la va bien en la consulta de los grandes temas de Estado (ahí están los catastróficos resultados de los referéndum en Colombia, Italia y Gran Bretaña), en tanto que les va mejor cuando se trata de recortar los poderes de los políticos o de sancionar. En Ecuador, en el referéndum de febrero de este año, el presidente Lenin Moreno ganó con más del 60% en las 7 preguntas, y la que obtuvo mayor respaldo fue la que proponía sancionar a toda persona condenada por actos de corrupción con la inhabilitación para participar en la vida política y la pérdida de sus bienes.
Es por supuesto muy estimulante la evolución de la opinión pública al punto en que el periodo actual significa una primera arremetida reformista contra el régimen de la antipolítica en 25 años, un proceso en el que resaltan la adhesión a la bicameralidad por primera vez mayoritaria y el enfoque de género en la representación.

Aun así, se aprecian dos corrientes de cambio que no se han encontrado todavía, la primera, la del Gobierno y la academia, limitada y plebiscitaria y la segunda, que aspira a un cambio constitucional más profundo.

viernes, 10 de agosto de 2018

El Estado mafioso (I, II, III y IV)

Esta es una serie de cuatro artículos publicados en La República desde el 27 de julio al 17 de agosto de 2018, a propósito de los audios difundidos por la prensa, que revelan la corrupción judicial y politica.
La República
La mitadmasuno

27 de julio 2018
El Estado mafioso (I)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1286366-mafioso-i
Según el académico venezolano Moisés Naím, el Estado mafioso es un híbrido moderno de cuya existencia no hemos reparado del todo, caracterizado por una dinámica nueva, donde no es el crimen el que toma al Estado, sino el Estado coopta a las redes criminales, no para erradicarlas sino para ponerlas a su servicio.
El actual escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Ya no se puede argüir que se trata del contagio brasileño a un sistema supuestamente honrado, o la evolución lineal de nuestra larga historia de corrupción reseñada en el texto de Alfonso Quiroz (Historia de la corrupción en el Perú. Lima. 2003. IEP). Tampoco sería apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, aunque sostengo que los audios de julio nos colocan en otro nivel. Para allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional en sus dos recientes grandes ciclos, 1990-2000 y 2001-2016, el primero en un contexto autoritario y el segundo en una etapa democrática.
En un análisis inicial, el colega César Romero (La República) identifica en el caso de los audios, dos redes delictivas. La primera –la Red Nº 1- encabezada por un vocal de la Corte Suprema, que se habría infiltrado en la Corte Superior de Justicia del Callao y en el distrito fiscal del Callao. La otra –la Red Nº 2- la encabezaría un antiguo operador montesinista, cuyo grupo, al que pertenece el dueño de una universidad de reciente data, habría tomado el CNM y la ONPE. Lo difundido hasta ahora demuestra que las altas instancias de la fiscalía y el Poder Judicial (PJ) han sido por lo menos tocadas por ambas redes, de modo que su descubrimiento ha impedido un daño mayor.
La cuantía del daño está pendiente y por una razón añadida. Se precisa de un estudio en profundidad de la existencia de una tercera red, es decir, el concurso de políticos que desde otras posiciones en el Estado se sirvieron de las redes 1 y 2 para sus fines especiales en lugar de identificarlas para suprimirlas. Siguiendo la lógica de Naím, estaríamos ante un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, una toma del poder no tradicional pero que implica el matrimonio entre la política y el crimen.
En eso reside la gravedad que reportan los audios, y por esa razón fue correcto apagar la luz del CNM e iniciar un proceso de reforma que debería terminar en un cambio constitucional que disminuya el alto nivel de discrecionalidad que le otorga la Constitución vigente, y modifique su composición y la forma de elección de sus miembros. Por lo mismo, es urgente atender la virtual acefalía de la ONPE y recuperar su estándar de transparencia.
Los casos de Áncash y el Callao sirven como antecedentes de la falta de diligencia del poder para suprimir las redes corruptas. Son los botones de muestra del Estado mafioso que nos espera. En estas regiones, las redes sobrevivieron y se adaptaron y por lo menos en un caso, el Callao, su fortaleza se debe a la relación intensa entre el crimen, la justicia, el poder político y en algún momento la policía.
En Áncash, luego del estallido de la corrupción, el sistema judicial no culminó la limpieza. Ese año, 2014, la OCMA y su ente de control de la corte superior sancionaron a 52 servidores judiciales, entre magistrados y auxiliares, menos que el año anterior, y en los tres siguientes años, a 84 servidores. Al momento de redactar esta nota, no tenía los datos del Ministerio Público.

A nivel nacional, una revisión de las sanciones del órgano de control del PJ arroja el incremento brusco de sanciones (a 2.074 servidores el año 2015; 3.949 el año 2016; 5.361 el año pasado; y 2.483 en lo que va del año). La cifra de más de 13.800 sanciones en tres años y medio es alta y meritoria. No obstante, quizás porque el número de auxiliares es mayor a la de magistrados, o porque la pita se rompe por el lado más débil, las sanciones a los jueces y vocales no supera el tercio del total. Asimismo, la mayoría de las sanciones son amonestaciones y multas. Desde el 2015 a la fecha solo han sido suspendidos 169 magistrados, y sobre 132 pesa la propuesta de destitución.
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3 de agosto 2018
El Estado mafioso (II)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1290643-mafioso-ii
El escándalo de los audios resume el desborde de la corrupción en las altas esferas. Es cierto que no es apropiado afirmar que nos hemos graduado de Estado mafioso, pero allá vamos, dejando atrás la corrupción tradicional. El entramado delictivo que acaba de ser descubierto presente dos redes operativas, pero la sorpresa reside –catarata de audios mediante– en una red en ciernes, la de los políticos que se sirven de las redes “tradicionales” corruptas para sus fines especiales, un proceso de cooptación de grupos delictivos con propósitos de largo plazo, especialmente advertidos en los diálogos que envuelven a varios miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Hasta ahora, la manera como se ha enfrentado la corrupción de los políticos o de las altas esferas tuvo tres constantes no concurrentes: la acción de la justicia, las investigaciones parlamentarias y la expedición de nuevas normas convencionales, especialmente las que definen nuevos tipos penales, aumentan las sanciones, evitan la prescripción de los delitos y estrechan los beneficios penitenciarios.
Los últimos 18 años han sido plenos de una legislación anticorrupción desordenada que, sin embargo, no logró impedir los actos ilícitos que se denuncian desde los Petroaudios, y el caso Ecoteva y Alejandro Toledo para adelante (años 2008 y 2013, respectivamente). La relación entre la batería de medidas legales y judiciales y las repuestas políticas contra la corrupción ha sido estudiada en otros países, en Italia, por ejemplo. El profesor Guiseppe Carlo Marino (Historia de la mafia; un poder en las sombras. 2002, ediciones B, España) sostiene que la lucha contra este fenómeno fue claramente concebida, planteada y llevada a cabo no como un capítulo de la represión de la criminalidad, sino como una empresa de liberación civil de un complejo sistema de poder, del que la criminalidad constituye solo un aspecto. En el caso específico de Sicilia –encuéntrese la referencia comparada con nuestro caso–, el Grupo Antimafia de la Fiscalía de Palermo fue el eje de un movimiento renovador de la magistratura, con jueces y fiscales empoderados y en actividad constante, al que complementaron medidas legislativas, políticas y administrativas. A esta renovación, el profesor Carlo Marino llama una revuelta legalista.
Esa revuelta está en ciernes en nuestra judicatura. Debe recordarse en el actual caso de los audios el rol desempeñado por la fiscal Rocío Sánchez y el juez Cerapio Roque, entre otros, y la batalla casi solitaria que libra el fiscal Juan Carrasco, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lambayeque, contra Edwin Oviedo, respaldado este por la increíble casación de la Corte Suprema.
Si existe un imperativo político en esta hora en que se produce una dura batalla por la depuración de la Fiscalía y el Poder Judicial, es el respaldo a las decenas de fiscales y jueces probos que precisan de un mensaje claro de apoyo y protección. El peor escenario para estos propósitos es la guerra interna desatada en el Ministerio Público, un conflicto que no puede saldarse con la victoria de los denunciados. Si eso sucede, la revuelta contra la corrupción en las altas esferas habría muerto en la cuna.
Finalmente, la ofensiva contra la corrupción política que el presidente Martín Vizcarra iniciara con su Mensaje a la Nación del pasado 28 de julio es prometedora por donde se le mire. Hasta ahora, el eje de la discusión han sido las posibilidades de un referéndum para la adopción de tres medidas de reforma política y una de reforma de la justicia.
No obstante, siendo esa posibilidad meritoria, especialmente si implica que los votantes decidirán sobre cambios de fondo bloqueados casi 20 años, son atractivas también otras posibilidades que fomentarían en el corto plazo la creación de los órganos de control del Poder Judicial y del Ministerio Público, originados fuera de estas instituciones y sometidos a concurso público nacional. Si a ello se agrega un nuevo CNM con las mismas características, tendríamos en poco tiempo mejores posibilidades de que las redes mafiosas no alcancen a nacer.
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10 de agosto 2018
El Estado mafioso (III)
Juan De la Puente
https://larepublica.pe/politica/1294923-mafioso-iii
Las bases constitutivas del Estado mafioso están en marcha, son la promesa de la vida peruana, una expresión inversa al afán nacional resumido por Jorge Basadre a inicios del siglo pasado. A la forma tradicional de infiltración del delito a la política –especialmente el narcotráfico, contrabando y minería ilegal- una parte importante del sistema ha respondido con una apuesta mayor: la cooptación del Estado de las redes criminales por la vía de una alianza expresa para beneficio mutuo.
Se han creado las condiciones para esta evolución. A la capitalización política del crimen concurren varios fenómenos: 1) la existencia de un negocio mafioso, muy lucrativo como nunca antes, resultado de un desarrollo desigual que desborda el Estado con brechas en el acceso al bienestar (tráfico de tierras, seguridad privada, contrabando, al auge de la construcción; 2) la concurrencia de los intereses económicos y políticos de los grupos criminales y de una parte de élite nacional; 3) el control territorial de las mafias locales y regionales, protegidas u objetos de indiferencia; y 4) la inoperatividad del aparato público frente al crimen manifiesto.
El negocio mafioso es no solo rentable sino masivo, brinda empleo y seguridad, y es sostenible. El número de distritos y provincias que conviven con el crimen organizado se incrementa al igual que el número de mafias que se estructuran familiarmente. Pasemos del clásico ejemplo del poder del narcotráfico (17 mil presos en cárceles, de un total de 87 mil, y miles participando del negocio) a las redes que establecen las autoridades con grupos dedicados al tráfico de tierras, extorsionadores, tratantes de personas, madereros y mineros ilegales y contrabandistas. A la mexicana, el Perú ya no tiene mafias “puras”; en ellas se encuentran crecientemente policías, militares, alcaldes, regidores, jueces fiscales, gobernadores, etc.
Por otro lado, ya no se puede negar que determinadas redes ilegales gozan de protección política y en no pocos casos político-partidaria. En ese contexto, la noticia más desalentadora es que los dos magistrados, estrellas de los audios que se difunden estos días, beneficiaron a la organización criminal “Los Reyes de Puerto Shejo”, del Callao, con reducciones de pena o liberaciones a cambio de dinero, de acuerdo a un colaborador eficaz, cuyo testimonio ha aceptado la justicia, con lo que tendríamos un esquema estructurado de protección judicial, además de la política.
Sumando espacios donde se mueven los grupos delictivos protegidos por autoridades que deberían combatirlos, o que operan gracias a la falta de efectividad de los órganos del Estado, tenemos que en un porcentaje del país funcionan grupos criminales con cierta capacidad de movimiento e impunidad. Las redes delictivas peruanas ocupan ahora más territorio de lo que en su momento de auge tuvo el terrorismo.
El caso del distrito de La Victoria (Lima) es paradigmático: no se trata de los burgomaestres de Chilca, Santa Rosa o Punta Hermosa; a solo 20 cuadras del centro del poder del país, un alcalde organizó un grupo criminal desde el primer día de su gestión, una apuesta delictiva a plena luz del día –cobros ilegales, desvío de cobranzas, extorsión de comerciantes y alquiler de la vía pública- denunciada varias veces, sobre la que se difundieron informes periodísticos, inclusive.
En este caso, con esfuerzo, los valientes vecinos se enfrentaron al grupo criminal y junto a la organización Iniciativa Ciudadana formaron un comité de vacancia. Lamentablemente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no retiró al alcalde mafioso de su cargo en marzo de este año, luego de una votación rocambolesca: solo un miembro del JNE respaldó la vacancia; otro votó porque se declare infundada la tacha interpuesta por el alcalde contra las pruebas presentadas, pero no votó en favor de la vacancia; un tercero pidió tres días de plazo para que el alcalde responda los cargos, y tampoco votó por la vacancia; y los otros dos votaron porque se convoque una nueva sesión del municipio de La Victoria para tratar la vacancia. Y así se hizo; el Perú es el país donde 2 votos son mayoría de 5.
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17 de agosto 2018
El Estado mafioso (IV)
Juan De la Puente
El desafío más importante de un país que se resiste a caer al precipicio del Estado mafioso es el funcionamiento del sistema y su entramado de leyes, hallazgos, procedimientos y sanciones, acompañados con insistencia de una política de prevención. Lamentablemente, salvo muy contadas excepciones, las partes de ese sistema han dejado de funcionar.
Empecemos por el reclutamiento de agentes estatales que lucha contra el delito. Los audios recientes reportan que gran parte del nombramiento de magistrados por el CNM fue en los últimos años una operación irregular que ha dejado un agujero grande, agregado al sistema “colaborativo” que implica la designación de magistrados provisionales, supernumerarios y funcionarios administrativos.
Sin embargo, el fracaso más sonado se evidencia por el creciente número de policías sancionados con el retiro de la institución debido a la corrupción. Según la Inspectoría General de la PNP, entre los años 2011 y 2015 se incrementaron estos retiros, pasando de 300 a 905. En ese período de tiempo abandonaron la PNP por corrupción 2.081 efectivos. El fracaso del reclutamiento policial es tan categórico que en mayo de este año se anunció que se cerrarán 14 de las 27 escuelas de policías, luego de documentarse que por lo menos 11 bandas desbaratadas entre el 2016 y 2017 contaban con miembros de la PNP.
Tampoco ha funcionado la prevención. El ejemplo más caracterizado quizás lo brinde la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN) creada hace 8 años como una coalición de instituciones públicas y privadas con el propósito de articular esfuerzos y políticas de mediano y largo plazo para prevenir y combatir la corrupción. La CAN, operativamente a cargo de personas de innegable probidad, tanto el año 2014, cuando el caso del Fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, y ahora mismo, luego de 40 días de estallido de los audios, no ha podido formar un consenso en favor de un proceso movilizador contra la corrupción.
La CAN ha propiciado con acierto la elaboración de los planes sectoriales de lucha contra la corrupción. Sin embargo, de acuerdo al Informe Defensorial Nº 176, de la Defensoría del Pueblo, de marzo del año 2017, la revisión de los planes sectoriales anticorrupción concluyó que su cumplimiento era escaso, en un porcentaje del 45% y que otro 5% de actividades se cumplían fuera de la fecha programada. Más preocupante aún, se reportó que la mayoría de planes se elaboraban por rutina, sin consulta y sin participación; y que los indicadores de los planes no permitían evaluar el resultado de las acciones porque no medían aspectos relevantes de la corrupción.
Asimismo, desde hace tiempo se constata marcados fenómenos de impunidad frente a redes corruptas que toman el espacio del Estado, y que solo pueden ser desarmadas luego de un hito violento o espectacular, una constante que indica que sin un asesinato sonado (como el de Ezequiel Nolasco, en Áncash) o una revelación de envergadura (como los audios actuales), el sistema se inhibe porque las instancias decisorias están tomadas por el delito –el caso de la fiscalía respecto de la red criminal de Áncash– o porque la organización criminal tiene un pacto de silencio que incluye a medios de comunicación, que es el caso del grupo Orellana, que buscó aislar a los periodistas que lo combatían.

La mayoría de redes corruptas nacionales continúan operando, al igual que las redes locales. Solo habría que imaginarse la alianza entre crimen y justicia que han tejido las redes en los 14 distritos judiciales infiltrados por las mafias, revelado por el nuevo presidente del Poder Judicial.