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viernes, 10 de agosto de 2018

Justicia, el cuarto elemento

https://larepublica.pe/politica/1277296-justicia-cuarto-elemento
La República
La mitadmasuno
13 de julio 2018
Juan De la Puente
En los últimos 50 años, hubo cuatro movimientos de reforma de la justicia, dos autoritarias e intervencionistas, en los años setenta con Velasco y en los noventa con Fujimori, de duración temporal y desmontadas luego; y dos de orden democrático, los capítulos IX, X y XI del Título IV y el Título V de la Constitución de 1979 (en la parte dogmática reiterada en la Constitución de 1993), y el CERIAJUS (Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia) entre el 2003 y 2004.
En otro corte podríamos añadir que los tres primeros fueron de origen externo y el último un esfuerzo mixto de dentro y fuera del sistema. De los cuatro procesos, el único exitoso fue el de dimensión constitucional (1979) que instaló un sistema de justicia que rodeó al Poder Judicial (PJ) de organismos constitucionales autónomos y desarrolló por primera vez un régimen de garantías de la función jurisdiccional, un proceso completado luego por la creación de la Defensoría del Pueblo. El último intento, acaso el más ambicioso y plural, el CERIAJUS, fue desarmado por una alianza entre la Corte Suprema y algunas bancadas parlamentarias.
En una apretada síntesis se podría concluir que la justicia es quizás el área más manoseada del último medio siglo y con sonados fracasos, con un pequeño saldo favorable que habría que reconocer: la creación de una vigorosa jurisdicción constitucional (TC, procesos constitucionales y Código Procesal Constitucional) y el desarrollo de una línea jurisprudencial desde el TC y la Corte Suprema.
El país se enfrenta ahora a un nuevo movimiento de reforma, en otras condiciones, donde el primer eje de la discusión ya no es el financiamiento o la autonomía de las instituciones, sino la corrupción. El CNM es una pústula sangrante cuya reforma es una condición de cualquier otra acción de mínimo cambio y es probable que su reforma tenga más consensos.
No obstante, el escenario reformista es débil. El Congreso se resistió desde el inicio a una discusión de cambios de naturaleza constitucional, y ahora que ha estallado el escándalo, desde un argumento falso, Fuerza Popular se resiste a la reforma aduciendo que favorecería a la izquierda. En tanto, los primeros acuerdos en el Ministerio Público y el Poder Judicial apuntan a que parecen dispuestos a acompañar y participar activamente en el debate de los cambios, aunque no se sabe hasta qué límite y en qué plazos.
Debatiremos en caliente. De la corrupción judicial se tenían certezas y ahora se tienen pruebas, y la crisis a la que hemos ingresado violentamente durará varias semanas. El proceso tiene tres elementos que se superpondrán y alimentarán al calor de las apariciones anunciadas: 1) los audios que desnudan corrupción en el sistema de justicia; 2) los audios que descubren la relación entre magistrados y hombre públicos; y 3) la resistencia institucional al cambio, con correlaciones internas que permiten un pasito adelante y otro atrás, la vieja dinámica donde lo que tiene que morir se resiste en agonía y lo que debe nacer se demora, una complejidad dibujada por Luis Pásara en su texto valioso Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo (PUCP 2014).
El cuarto elemento está en debate, y se refiere a la capacidad de influencia de la sociedad para respaldar e imponer los cambios y desarmar las poderosas resistencias. Este elemento es el más decisivo, considerando que, desde la caída de Fujimori, nuestra democracia ha sido estéril para las grandes reformas salvo dos, la descentralización iniciada el 2002, y la reforma educativa iniciada el 2007.

En este momento, si a la propuesta del Ejecutivo se suma la propuesta del PJ, tendremos por fin una discusión nacional que debe salir de los salones del poder. En ese sentido, sería ideal que la movilización democrática iniciada haga suya con contenidos propios la propuesta de un referéndum que ha dejado el Gobierno en condicional, si el Congreso se negara a los cambios. Como la misma Constitución de 1979 lo demostró, la dinámica entre la participación y las instituciones, produce éxitos y conjura la posibilidad de fracasos.

jueves, 29 de diciembre de 2016

Mordiendo la manzana

http://larepublica.pe/impresa/opinion/824828-mordiendo-la-manzana
La República
La mitadmasuno
25 de noviembre de 2016
Juan De la Puente
La reforma judicial ha sido los últimos 15 años la manzana prohibida del Estado peruano. Toda propuesta legislativa relativa a ella era rápidamente anatemizada como un intento de intervención y el intento más serio, entre 2003-2004, fue la de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS) que partió de una ley aprobada por el Congreso y que ordenaba elaborar el Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia, la cual fue congelada por presión de los reformados.
Desde entonces, y hace más de una década no se habla en serio de la reforma de la justicia. Y de paso, la administración de justicia no ha experimentado ningún cambio significativo. En ese lapso se agravó la crisis del Ministerio Público –al punto que el Fiscal de la Nación debió ser destituido– y del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). En el Poder Judicial las cosas no han pasado a mayores solo porque ha tocado fondo y porque no es posible lo peor. Bajo este cuadro se constata un impulso inicial de cambio en el Ministerio Público y un débil impacto de los códigos Procesal Constitucional (2005) y Procesal Penal (2004).
Por esa razón es importante la convocatoria al Acuerdo Nacional por la Justicia, suscrito hace poco por el Ejecutivo, el CNM, la Fiscalía y el Poder Judicial a instancias de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello. Surgido modestamente solo como un espacio de coordinación y colaboración para mejorar la calidad de estos servicios al ciudadano y enfrentar con éxito a la corrupción, contiene cinco acuerdos base, seis compromisos urgentes y acciones inmediatas, que son la semilla de cambios mayores.
La riqueza de este acuerdo reside en la ruptura de los límites institucionales que desde hace 15 años impiden cambios en la justicia. Esta voluntad de los poderes y organismos de compartir la crisis es positiva y puede ser el primer paso de una reforma profunda.
Por ahora sus objetivos podrían parecer de poco calado, y por eso la falta de interés de los medios y de la academia, pero no lo son. Entre sus iniciativas se cuentan acciones para disminuir la carga procesal, fortalecer la formación de operadores jurídicos, presentar medidas legislativas para mejorar los procesos de justicia y una política de transparencia y buenas prácticas de acceso al ciudadano. Es destacable también que cada institución firmante se comprometa a adoptar prioridades en tres áreas: sistema anticorrupción, servicios de justicia y sistema penitenciario y que el MINJUS opere como una secretaría técnica del acuerdo.
El modelo escogido para gestionar los cambios es prometedor especialmente porque se ubica a medio camino entre dos dinámicas, por un lado la autorreforma de las instituciones, una utopía desarmada por las lógicas internas en cada caso y por la demostrada falta de consenso interno (especialmente en la Corte Suprema), y por el otro la reforma desde fuera, siempre cuestionada como violatoria de la independencia de la función jurisdiccional. La presencia del Ejecutivo y el seguimiento atento de la Defensoría del Pueblo y el Acuerdo Nacional permitirán una mejor gestión del cambio.
Por ahora no hay otra salida a la vista que morder la manzana de ese modo. Este acuerdo naciente establece un escenario desafiante con dos grandes actores: una batería de decenas de proyectos de ley presentados al Congreso que persiguen desde cambios precisos en varios códigos normativos hasta reforma constitucionales, y una coalición de instituciones que pugnan por cambios hacia adentro, que no descartan salidas legislativas.
La idea básica es que estos dos impulsos se relacionen para evitar tanto que el acuerdo se localice en el corto plazo y huya de las reformas de fondo como para evitar un tratamiento legislativo desordenado de la administración de justicia, lo que ha sido la nota dominante desde el año 2001. Acuerdo más acuerdo es un imperativo para que esta vez no fracasen los cambios en la justicia.

viernes, 19 de abril de 2013

No hay quinto malo. Sobre las reformas judiciales

http://www.larepublica.pe/columnistas/la-mitadmasuno/no-hay-quinto-malo-18-04-2013
La República
La mitadmasuno
19 de abril de 2013
Juan De la Puente
El primer punto del Pacto por la Seguridad Ciudadana propuesto por el premier Juan Jiménez es la reforma judicial, un cambio hasta ahora esquivo que tiene en su debe/haber cuatro intentos/fracasos recientes, todos ellos multisectoriales. Uno de los primeros esfuerzos fue la experiencia del GTAN (Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Modernización del Sistema de Administración de Justicia), creado el 2001 por acuerdo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de la Magistratura, Academia de la Magistratura y el Tribunal Constitucional, que produjo un Plan Estratégico y un documento de lineamientos para su implementación.
Otro intento fue la Comisión de Reestructuración del 2003, formada por 13 jueces y vocales de las instancias judiciales luego de que la Sala Plena de la Corte Suprema declarase en reestructuración al PJ. En 90 días, esta comisión elaboró un informe con medidas urgentes de reforma en cinco materias: justicia civil, justicia penal, despacho judicial, órganos de gobierno y política anticorrupción.
El más significativo antecedente se inició el 2003, cuando la Ley Nº 28083 creó la Comisión Especial de Reforma Integral de la Administración  de Justicia (CERIAJUS), integrada por 16 miembros, representantes de las instituciones del sistema de justicia y de la sociedad civil con el mandato de que en 180 días propusiera un Plan Nacional de Reforma Integral de la Administración de Justicia (PNRIAJ). Este contenía ocho áreas para la reforma e incluyó una propuesta de reforma parcial de la Constitución. El cuarto intento se registró el 2006 cuando se constituyó el grupo impulsor del Programa de Inversión Pública para la Modernización de la Administración de Justicia para asegurar que el PNRIAJ se ejecute de manera coordinada.
A los cuatro fracasos concurren diversas explicaciones aunque la falta de información, de financiamiento y de voluntad política son las más significativas. Entre estas razones se teje además un enmarañado conjunto de argumentos entre los que sobresale casi siempre como coartada la autonomía de las instituciones, la valla final que detiene el cambio. De ese modo, los intentos de reforma han sido procesos críticos bloqueados con rapidez por alguna de las instituciones del sistema de administración de justicia o relacionada con este.
La falta de información es crucial en la reforma. Ya el 2003, el CERIAJUS señalaba que la ausencia de sistemas confiables y disciplinados para el registro de los datos sobre las actividades de cada institución restringe el margen de confiabilidad respecto de los mismos. Desde ese momento, algunas instituciones han creado instrumentos específicos como el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, en tanto que el PJ ha definido un grupo de indicadores de calidad de la gestión y modernizado su unidad estadística, y el TC, INPE y el Ministerio del Interior han avanzado en la construcción de indicadores.
La ausencia de información confiable y la falta de análisis racional en la administración de justicia se debe a una cultura organizacional que privilegia la oferta, donde lo más relevante es la capacidad de atención de denuncias y casos presentados y el recurso humano disponible para tal efecto y no la demanda de acceso a los servicios de justicia. Se entiende, por lo mismo, que la información que produce el sistema se reduce en la mayoría de casos a los indicadores de primer nivel como número de expedientes, número de casos resueltos, número de funcionarios titulares, número de funcionarios suplentes, entre otros. Esta dinámica impide investigar la demanda en su conjunto,  la relación entre demanda y oferta, las expectativas del usuario y en general las dificultades de acceso.
En ese sentido, son sugerentes la creación del Comité Interinstitucional Estadístico de la Criminalidad y el Diagnóstico Nacional del Delito, que se encuentra en elaboración, porque permitirán que el Estado elimine la dispersión de datos y supere la ausencia de información confiable.