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jueves, 20 de septiembre de 2018

Una confianza desconfiada. La paradoja


Por Juan De la Puente
Seguimos con las paradojas. Se ha aprobado una cuestión de confianza (CdC) que, no obstante, le da forma a una nueva relación desconfiada y tirante ente el Gobierno y el Congreso, y el surgimiento de los primeros recelos –léase desconfianza- entre la opinión pública y el presidente Vizcarra.
Hay pocas dudas que lo acordado es una opción realista que evita la disolución del Congreso y que dinamiza la aprobación de las reformas propuestas por el Gobierno, aunque las críticas se refieren al trámite de este consenso a palos y a la incertidumbre que este acuerdo no debió generar. Más que preguntarse sobre quién se ha debilitado (el premier Villanueva ha ganado aire) la interrogante es quien tiene más armas en la tensión potenciada que viene.
Si el primer forcejo de la reforma le ganó el Gobierno al Congreso, al imponer el debate de la CdC por las reformas –lo que primó en la discusión a pesar del esfuerzo por reducir todo a las políticas públicas- el segundo forcejeo ha terminado en un empate que los partidarios del cierre del Congreso consideran que tiene un sabor de derrota para el presidente Vizcarra. Si nos atenemos a las palabras previas del ministro de Justicia y del premier (confianza con aprobación in loco de las 4 reformas), es obvio que el Gobierno no ha conseguido su objetivo.
Las opciones que se tenían a la mano el debate eran cuatro: 1) aprobación de la CdC sin texto, con la fecha límite del 4 de octubre, aceptado por el Gobierno; 2) aprobación de la CdC sin texto, con la fecha límite del 4 de octubre, no aceptada por el Gobierno; 3) aprobación de la CdC sin texto, con fecha de 3 o 4 días, aceptada por el Gobierno; y 4) rechazo o no aprobación de la CdC.
Se ha impuesto la opción 1) en una versión desagregada, es decir, que mientras que la CdC es expresa, el plazo hasta el 4 de octubre para aprobar las cuatro reformas, es un compromiso asumido por los grupos políticos en la reunión con el presidente y en la Junta de Portavoces del Parlamento. Esta opción es abierta y, según las primeras declaraciones de los voceros parlamentarios, no necesariamente vinculante.
En esa dirección, la confianza desconfiada está a la espera de nuevos forcejeos, en los que el presidente ya no tendrá la bala de plata de la CdC que ha sido ya disparada. Si el Congreso no cumple el compromiso, el Gobierno tendrá que emplear otros medios de insistencia legales y políticas.
Me sigo preguntando si el Gobierno tiene un plan. Quedan por lo menos dos pugnas, una sobre el contenido de las reformas y la otra sobre el referéndum. Respecto a lo primero, es probable que se apruebe un modelo de senado distinto al propuesto por el Ejecutivo y que no se apruebe la supresión de la reelección parlamentaria. Respecto al referéndum ha quedado abierta la posibilidad, inclusive, que no se realice y que las reformas sigan la segunda opción que plantea el artículo 206º de la Constitución, es decir, una segunda votación calificada en la siguiente legislatura.

viernes, 10 de agosto de 2018

Pacto sin retorno

https://larepublica.pe/politica/1281731-pacto-retorno
La República
La mitadmasuno
20 de julio de 2018
Juan De la Puente
El presidente de la República, Martín Vizcarra, ha respaldado las marchas contra la corrupción del sistema de justicia, suscribiendo una alianza expresa con la opinión pública movilizada, apoyándose en ella, dándole voz a la calle esta crisis, y compensando un tanto su debilidad numérica frente al Congreso.
Vizcarra está tomando aire fresco, pero no solo es oxígeno. Este pacto implica un giro hacia la sociedad, de lo que precisamente carecieron sus primeros 100 días de gobierno. El preludio de este hecho ya presentaba logros; de hecho, las renuncias y procesos de las últimas dos semanas, luego de la primera entrega de lo audios por IDL Reporteros, se debieron a una coincidencia tácita entre la voluntad del gobierno y la indignación de los peruanos. Hasta ahí las cosas son de manual.
No obstante, el momento es inédito y ejemplar, como lo fueron los sucesos que vivimos desde las elecciones del año 2016. Es la primera vez en varias décadas que una severa crisis no tiene como centro al gobierno sino a otros poderes e instituciones, dejando a la presidencia del país con una amplia capacidad de movimiento y juego.
El Ejecutivo no es parte del problema. Todavía; Vizcarra y el premier Villanueva han desplegado algunas iniciativas audaces entre ellas la de exigir la renuncia de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) como elemento imprescindible de la reforma judicial. Luego, con la creación de la comisión presidida por Allan Wagner y la promesa de trazar el 28 de julio las líneas gruesas de los cambios en la administración de justicia, han inaugurado un curso de reforma que no podrá ser cerrado fácilmente sin medidas de algún calado.
El gobierno resuelve en parte el problema de la etapa post PPK que era de una estabilidad un tanto vacía, sin promesas y sin centro de gravedad. Es un camino sin retorno que podría permitirle al país encarar con éxito la reforma que las sucesivas explosiones de la corrupción brasileña plantearon sin éxito.
El parte de esta batalla de dos semanas es promisorio; en 14 días se ha logrado más que en 14 años. El cuadro, con el jefe de la ONPE suspendido, el CNM acéfalo, un vocal supremo a punto de entrar a la cárcel, y el Poder Judicial –sacudido– debatiendo cambios a los que se resistió varios años, para más de uno es el escenario de un desorden, pero visto en la perspectiva de la infertilidad de un sistema que se niega al cambio, más que desorden es movimiento.

El Congreso está en serios problemas. Una crisis que se abre paso de la mano de una opinión pública indignada indica que por ahora valen más las voces que los votos. Fuerza Popular está siguiendo la pauta marcada por la calle y el gobierno, sin más estrategia que la defensa y la concesión, impactado por la situación de Héctor Becerril, cuya permanencia cada día en el Congreso representa el desangrado del fujimorismo.

viernes, 11 de mayo de 2018

Un gobierno es disputa

https://larepublica.pe/politica/1222310-un-gobierno-en-disputa
La República
La mitadmasuno
6 de abril de 2018
Juan De la Puente
Entre la renuncia de PPK y la designación del primer gabinete del presidente Martin Vizcarra se registran algunos fenómenos que arrojan dos tendencias, la primera de ellas relativizar su condición de gobierno de transición, su principal atributo, lo que impregna a la nueva administración con elementos de continuidad.
La segunda tendencia es la disputa por la orientación del gobierno, con dos escenarios a la vista: se mantiene la perspectiva de un gobierno con una lógica de cambio, plural, amplio y abierto a la sociedad, o se impone una dinámica de sujeción del Ejecutivo al Congreso, un cierre del poder en las alturas, es decir, un pacto post PPK para la estabilidad de una parte del sistema político, sin reformas.
Nada está dicho. En eso reside el corto período que tendrá la pugna por la orientación del gobierno. Esta batalla tiene como vértices al presidente Vizcarra con un poder propio que debe ser cuidado, y al premier Villanueva como un gran operador, sobre todo hacia adentro y hacia el Congreso. En el resto del sistema y en la sociedad, lo que se llama “la calle” u opinión pública activa, operan cuatro grandes fuerzas que han empezado a chocar que presentan vasos comunicantes pero con propósitos diversos: 1) los grandes intereses empresariales que impulsan una alianza entre el Gobierno y el Parlamento en el ámbito económico (por lo que es entendible que algunos ministros resulten incómodos); 2) la coalición antifujimorista que pugna por limitar el peso de Fuerza Popular en el Ejecutivo y abrir el Gobierno hacia abajo; 3) el fujimorismo que pretende forzar una identidad ideológica del gobierno sin que ello implique un cogobierno abierto; y 4) la dinámica de la lucha contra la corrupción que tiene entre manos los grandes casos políticos y que demanda del Gobierno un activo apoyo.
Por esa razón, el pacto post PPK es aparentemente difuso y presenta una imagen extraña cuyo común denominador es que no termina de agradar o desagradar a la mayoría. Y es que el gobierno, hacia adentro, es también un espacio en disputa permeado –imposible que no lo sea- por los movimientos en curso. La mayoría de grupos, especialmente la izquierda, y salvo Fuerza Popular, no sabe si este Gobierno es suyo, amigo o adversario.
Esta pugna se extenderá pocas semanas y tendrá como hito el debate y voto de confianza en el Congreso. Esta batalla se posa sobre un hecho innegable, que el nuevo gobierno tiene una capacidad de maniobra mayor que el anterior y se encuentra en mejores condiciones para reordenar las expectativas –para eso sirven también los diálogos- y trazar una hoja de ruta que exprese los límites y posibilidades de una administración a la que se le ha empezado a pedir de todo.
Entre muchos, el Gobierno enfrenta cinco riesgos de política práctica que si se concretan indicarán que la disputa se ha resuelto en las alturas y en una perspectiva ajena al pluralismo y la reforma. Estos son: Uno, que el diálogo sea solo con los partidos y los políticos. Los 18 meses del gobierno de PPK significaron un déficit de diálogo social. Los pocos momentos se debieron a los conflictos. Es una suerte que en este punto Vizcarra y Villanueva sean portadores de éxitos en el diálogo social. 
Dos, que el Ejecutivo rebaje por iniciativa propia su alto grado de autonomía o que el Congreso lo fuerce a ello, sin considerar que el que se vayan todos está al ladito. Tres, que no se relance el proceso de descentralización y se desaproveche el inmenso activo que implica que el presidente y el premier sean militantes regionalistas.

Cuatro, que se guarde silencio frente a la gran corrupción. La lista de lo que puede hacer el Ejecutivo contra la gran corrupción es larga, empezando por la extradición de Toledo, el impulso de los procesos desde la procuraduría, la transparencia de los conflictos de interés y la negociación de la reparación civil de las empresas investigadas. Y cinco, que como se ha hecho desde el año 2011 se aparquen las reformas políticas, especialmente la reforma electoral, dando la impresión de que el Gobierno ha decidido convivir con la crisis en lugar de enfrentarla.