PPK, el fujimorismo y la izquierda

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La República

La mitadmasuno

16 de diciembre de 2016

Juan De la Puente

Algunas notas cortas sobre los efectos de la censura a Jaime Saavedra.

La guerra temprana. El fujimorismo dejó caer la rama de olivo que le entregó PPK y confiado en su mayoría censuró a Saavedra adentrándose en un terreno pantanoso cuya travesía asoma: el aislamiento en la élite del país que tendrá más éxito al decirle a la sociedad que el fujimorismo no ha cambiado, una narrativa que deberá enfrentar abajo y muy abajo y para la que sospecho no está preparado.

En este punto, el Mensaje a la Nación de PPK ha rendido frutos de modo más inmediato que la guerrilla legal por la cuestión de confianza. La censura marca al fujimorismo como un grupo autoritario diluyendo lo que queda del “discurso de Harward”. El antifujimorismo tiene una nueva baza a pesar de que el discurso de Fuerza Popular y el de sus opinantes cercanos perseguían un fin distinto. Mucho gasto y poco rédito.

Factura alta. FP se ha puesto a la defensiva y ha complicado la dinámica Gobierno/Parlamento; el primer efecto es colocar ahora mismo al fujimorismo en la disyuntiva de abandonar en definitiva la convivencia forzada o abrir un nuevo ciclo de extrema tensión, con resultados distintos pero igualmente desventajosos, uno más que otro. Si no quiere pagar una factura tan alta, el retorno a una convivencia forzada sin diálogo implicará la formación de un polo que denunciará esa convivencia, aun así sea solo en economía, en tanto que una mayor polarización llevará a que arrecie la acusación de que desean derribar al gobierno. El corolario es el deterioro de la fuerza controladora del Congreso que había adquirido cierta legitimidad. Cuando un grupo sabe que debe girar pero no sabe dónde, está en problemas.

La etapa post Saavedra. El episodio que queda atrás muestra la riqueza que toda crisis encarna. De hecho, fue una crisis sin manual reflejo de la inédita y excepcional gobernabilidad que nos está tocando vivir. Uno de los resultados es la redefinición de la relación entre los principales actores, la llamada “correlación de fuerzas”.

Con la censura de Saavedra ha concluido la bilateralidad de la dinámica Ejecutivo-Legislativo vigente desde el inicio del Gobierno, para instalar un nuevo escenario, el de un juego más propio de los grupos políticos. El áspero binomio que funcionó cuatro meses se ha desplegado en varias relaciones, complejizando algunas y facilitando otras en el mediano plazo.

Dejar a PPK. El caso Saavedra le ha permitido a la izquierda sincerar su relación con el Ejecutivo cancelando definitivamente la etapa del respaldo electoral a PPK en la segunda vuelta, liberando su potencial opositor. El Frente Amplio (FA) empezó el proceso diferenciándose del resto de la oposición aunque asumiendo una parte de las críticas a Saavedra. En el camino desarrolló una línea propia que defendía los avances de la reforma de la educación, recuperando la renovación de esa política, resultado de lo cual es su propuesta de Acuerdo por la Educación y el duro cuestionamiento al abuso de poder.

El FA y la izquierda fueron convocantes y partícipes de la marcha del 12 de diciembre y sus principales catalizadores; este gesto es práctico y simbólico, refleja la voluntad de sacar la gobernabilidad de los salones del Congreso a la calle dando vida a la primera oposición política a PPK en ese espacio. “Dejar” a PPK ha sido duro para varios sectores de la izquierda, algunos de los cuales pretendían convertirlo en un ariete de la izquierda, o por lo menos en un Kerenski nacional. Creyeron que el amor de la campaña era para siempre.

La pelota del diálogo está ahora en varias canchas al mismo tiempo y es una gran oportunidad para todos: para PPK, que puede recuperar aliados; para el fujimorismo, que puede regresar a la casa con menos roche; y para la izquierda, que puede legitimar parte de su agenda en un consenso múltiple. En cualquier caso sigue vigente la idea de que no hay vida fuera del consenso a palos en que se ha convertido nuestra democracia, solo que los términos de la convivencia han cambiado.

Análisis de la encuesta de GFK. Se combate pueblo por pueblo

Por Juan De la Puente

La encuesta de GFK publicada el 01 de abril es densa: 1) indaga por intención de voto presidencial y parlamentaria; 2) realiza un simulacro para la elección presidencial y parlamentaria; 3) indaga por el voto seguro y por el antivoto; y 4) estudia el perfil de los votantes. Tanta información puede llevar a confusión, de modo que no me referiré a los simulacros y analizare principalmente la intención de voto, acudiendo muy puntualmente al perfil y al antivoto.

TENDENCIAS.

1.- La encuesta confirma que la campaña electoral se ha transformado en una disyuntiva de modelos políticos. La polarización que siguió a la exclusión de los candidatos Guzmán y Acuña, ahora es común a todos los sectores y territorios, y ya no solo a los sectores A/B y Lima.

2.-  Esta polarización, expresada sobre todo en el antifujimorismo vs antiizquierdismo ya no bloquea a sus partes como exhibían otros sondeos (Ipsos 27 de marzo). Hace efectos en todos los sentidos, reduce la intención de voto o la sube, baja el nivel de votos blancos y viciados, y ha empezado a concentrar compromisos políticos.

3.-  Conforme se acerca el 10 de abril, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza suman votos aunque de modo diferenciado. La anterior medición de GFK fue publicada el 20 de marzo. En 12 días, la intención de voto muestra tendencias firmes. Keiko (35%) sube 1.2% y Verónika (14%) sube 6.5%, en tanto que PPK (16.1%) se mantiene, Barnechea (9.7%) baja 2,1%, Alan estable (5.5%) y Santos apareciendo (2.7%).

MOVIMIENTOS

4.- Verónika Mendoza. Las de ella, todas son ganancias. En 12 días sube más de 8 puntos en el interior, 8 en el norte, 12 en el centro, 11 en el sur, 13 en el Perú rural, más de 10 puntos en el sector D/E, casi 14 puntos entre los jóvenes y más de 8 puntos entre las mujeres. Su más débil crecimiento es en Lima, solo 2 puntos.

5.- Keiko Fujimori. Ella crece menos pero lo hace en zonas estratégicas. Aumenta 6 puntos en Lima, más de 7 puntos en A/B, 4 en C, más de 6 entre las personas de 40 años-a más y otros 5 en el centro del país (40.5%).

Pero también tiene caídas, 5 puntos en D/E y otros 5 entre los jóvenes. Cae 4 puntos en el norte aunque sigue allí con 40%, 2 el sur, su territorio más bajo (21.5%) y 2 en el oriente (37.2%). Keiko ha caído 5 puntos en el Perú rural (36%).

6.- Pedro Pablo Kuczynski. PPK está en apuros. Sube poco en A/B y C, 2 puntos en promedio, pero baja en D/E otros 2; cae 4 puntos entre los jóvenes, resiste en Lima (baja un punto) pero cede espacio en el centro del país, 5 puntos (11.1%), no se sabe si en favor de Keiko o de Verónika. Resiste también en el sur (13.5%) y escala casi 8 puntos en el oriente (20.6%), aunque la brecha entre su voto urbano y rural se amplía. Allí ha caído a 4.8%.

7.- Alfredo Barnechea. Su situación es más clara, cae en plazas fuertes; en Lima 4 puntos (9.2%), en A/B más de 9 puntos (13.7%) se ha hundido en el centro donde pierde casi 7 puntos (3.6%) y otros 4 en el sur (11.7%). Los únicos territorios donde sube es en el oriente, más de 6 puntos (13.6%) y el Perú rural más de 6 (10.1%).

PERSPECTIVAS

8.- Los realineamientos son evidentes. A/B, que repartía sus preferencias en tres candidatos (KF, PPK y AB), empieza a cerrar filas con Keiko y PPK. Sucede algo parecido en C aunque allí todavía se tienen 13% de votos viciados. No pasa lo mismo en D/E que se convierte en zona de disputa y donde Verónika irrumpe con 17%, le lleva varios puntos de ventaja a PPK y donde Keiko cae 5 puntos.

9.- También hay realineamientos claros en zonas geográficas. En Lima donde Keiko estaba estancada y subían PPK, Barnechea y un poco menos Verónika, las cosas han cambiado: Keiko trepa 6 puntos, caen PPK y Barnechea y sube Verónika.

10.- Fuera de Lima se combate pueblo por pueblo. Los territorios se mueven en distinta intensidad y salvo el centro donde trepa 5 puntos, Keiko cae en todos. No es una caída libre aunque la arremetida de Verónika en el sur ya la superó. La ventaja de Keiko sobre los otros candidatos en el norte, centro y oriente es cómoda y allí aún no se podría hablar de una polarización extrema. Lo que se advierte son crecimientos significativos en pocos días –lo que se ha dado en llamar olas-, fuertes en el Perú rural y el sur en favor de Verónika y en el centro en  favor de Keiko.

11.- Todo indica que las plazas que tienden a polarizarse entre las dos candidatas son las siguientes; 1) el centro; 2) el norte; 3) los sectores D/E; y 4) los jóvenes. En los perfiles del elector sobre los que indaga GFK, ambas tienen más de 2/3 de sus votantes en D/E y en los jóvenes, aunque el electorado de Verónika es más regional que capitalino. Aun así no olvidar que Keiko lleva 20 puntos de ventaja y el que desea pasar con cierta fuerza a la 2a vuelta debe crecer por lo menos 5 puntos más.

12.- Verónika está en alza y viene con fuerza desde las regiones y jóvenes. No obstante, no habría que dar por perdida la posición de PPK en la campaña aunque queda claro que la extrema contracampaña que se desata contra Verónika, incluido portadas y subidas del dólar, que se hacen para impedir que la candidata de la izquierda pase a la 2ª vuelta, hacen invisible a PPK y tributan en favor de Keiko.

13.- El potencial enemigo de PPK es la concentración del voto, porque no está actuando como un audaz centrista en la polarización antifujimorismo vs antiizquierdismo, porque no quiere o porque no puede. Él y sus aliados políticos y mediáticos solo pelean contra la izquierda pero la cabeza de la movilización contra el Frente Amplio no es él; él es parte del cuerpo. Aun así, puede recuperar fuerzas en los sectores A/B y C, puede ganar el debate del domingo, y puede capitalizar votos de Barnechea y de la misma Keiko y Verónika si cometen errores garrafales. Tiene una tendencia menor a la que registra la candidata del Frente Amplio pero también tienen antivoto parecido al de aquella. Finalmente, no sabemos cómo terminarán las dos grandes movilizaciones de estos días, contra el fujimorismo y la izquierda porque parece que los candidatos se benefician o se perjudican de los antis pero no los manejan. Las contracampañas ya tienen vida propia y una de ellas, la del 5 de abril, si se desborda, puede perjudicar a Verónika, porque la otra, ya la favoreció.

 

La caída del emblema. 12/12/2014

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La República

La mitadmasuno

12 de diciembre de 2014

Juan De la Puente

Desde hace una semana, el Perú tiene seriamente debilitada su política anticorrupción; las procuradurías especializadas, su emblema más importante, han caído arrolladas, no por una embestida de los ejércitos del mal sino por una riña en la que menudean los golpes bajos y los botellazos. Mañana quizás no, pero algún día la democracia sabrá cobrar los destrozos a los parroquianos de hoy.

En tanto, habría que salir del juego fácil de héroes y villanos. Como sucede en las feroces batallas, la sangre puede hacernos olvidar los motivos del combate, una trama que revela dos problemas de fondo: 1) que el gobierno no tiene una posición firme sobre el caso de Martín Belaunde Lossio (MBL); y 2) que ha estallado una disputa entre la fiscalía y el sistema de procuradurías especializadas y entre estas y el gobierno, choques mal gestionados que por ahora han afectado a los procuradores.

El de MBL no era un gran caso, pero ya lo es; revela los afanes ilegales de un lobista inexperto en 5 regiones que habría usado sus anteriores contactos con la alta cúpula del gobierno para hacer negocios. Las investigaciones determinarán si fue tolerado o estimulado por el poder, pero una cosa es cierta: sea cual fuese el tratamiento del caso, proyectará su sombra los próximos 10 años de la política.

No todos piensan lo mismo y la falta de perspectiva sobre su significado origina errores. Es cierto que la oposición ha puesto reflectores y altavoces al escándalo como hizo lo propio la oposición de entonces al gobierno anterior en el caso “Petroaudios”. También es cierto que medios con agenda opositora se centran en este asunto para desgastar al gobierno. Aun así, no puede argüirse que este es un caso sembrado por la oposición, ni es prudente relativizarlo como una pieza más de la competencia entre el gobierno y sus enemigos.

Esta percepción hace que el oficialismo carezca de una estrategia en el caso. Ha sabido deslindar de MBL en relación a sus gestiones parlamentarias y se ha tomado el trago amargo de permitir la creación de una comisión investigadora en el Congreso. Sin embargo, no ha roto de modo inequívoco con el acusado prófugo, la primera regla que todo manual anticorrupción gubernamental aconseja, y ha permitido que se establezca con él un diálogo en claves en el que sobresalen dos actos: el “gratis no me voy a ir a la cárcel” de MBL y los afanes para que se pueda acoger a la colaboración eficaz.

Más grave es la implosión del sistema de procuradores, un drama de enredos del que derivan tensiones institucionales propias de un sistema que en el reciente estallido de la corrupción regional apareció como el único instrumento no contaminado. Ya no lo es, y la pésima gestión política del caso MBL ha detonado una crisis interinstitucional en la que sobresalen la incomodidad del Ministerio Público por la audacia de las procuradurías especializadas, el paso de algunos fiscales al otro lado del mostrador, y la indefensión de los procuradores respecto del humor del gobierno de turno.

Imposible negar que existiera por lo menos un interés oficialista en que MBL se acoja a la colaboración eficaz, y en este hecho reside la responsabilidad política del ministro de Justicia que debe saldarse con su salida. Sin embargo, el terrible manejo de este caso solo pudo escenificarse con ayuda interna, diligentemente prestada por el ex procurador Christian Salas –impreciso, dubitativo y tardío– y la ex procuradora Yeni Vilcatoma, desbordada, calculadora y poco prudente en el uso de los medios en relación a los fines. 

Este es un típico caso en el que se juega en el borde de la cancha y es común que se pretenda justificar conductas con las coartadas “no es ilegal” o “no está demostrado”. Pero este no es un lío legal y por eso una primera conclusión es que un eficaz sistema anticorrupción no puede edificarse sobre el chuponeo de procuradores a ministros, de viceministros a ministros y de ministros al presidente de la República; o de ministros que no asumen el costo de la destrucción de un sistema en el que habíamos puesto tantas esperanzas.

Gatillo fácil quiere más sangre

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La República

La mitadmasuno

17 de enero 2014

Juan De la Puente

Dispare primero, pregunte después. La Ley N° 30151 que exime de toda responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o la muerte a terceros en acción de servicio, aun cuando el uso de sus armas no se realice en forma reglamentaria, es una nueva evidencia de la ruta que ha tomado la lucha contra el delito en el Perú, asumida abiertamente como una respuesta violentista a la violencia del crimen, una receta ya conocida en la región y en el país, sin resultados exitosos.

El gatillo fácil tiene en el Perú casi 20 años. En los años noventa se abrió la ruta del populismo penal a través de normas teóricamente orientadas a enfrentar el incremento de los delitos violentos, especialmente los secuestros. Estas leyes, varias de ellas dictadas al amparo de la delegación de facultades del Congreso, significaron el inicio de las restricciones al derecho de defensa, la limitación del amparo y del hábeas corpus, la imputación de los adolescentes y la posibilidad de que estos puedan ser procesados en tribunales militares. Fueron los años en que se crearon discutibles figuras jurídicas como la del terrorismo agravado o el pandillaje pernicioso.

En aquel momento, los especialistas tuvieron una respuesta unánime de rechazo al giro que se había operado. No obstante, el incremento de la inseguridad ha relajado la doctrina y relativizado las prevenciones de un sistema que necesita combatir la delincuencia desde la justicia y la razón. Los sucesivos cambios en la legislación penal desde el 2001 han configurado un movimiento estatal de mano dura contra el delito que se activa con facilidad. La Ley N° 30151 fue aprobada por una amplia mayoría, al igual que otras normas de incremento de penas, limitación de beneficios penitenciarios, facilidades a la policía para asegurar las pruebas en la escena del delito o levantar cadáveres sin la presencia de un fiscal o juez, y de disminución de la edad mínima de imputabilidad penal.

Para ser sinceros, el gatillo fácil estatal se alimenta mutuamente con la visión de mano dura predominante en la sociedad. Cuando un grupo de policías en Trujillo organizaron hace años un escuadrón de la muerte para ajusticiar a por lo menos 56 supuestos delincuentes, una encuesta de Ipsos Apoyo (diciembre de 2009) recogió que el 47% se mostraba de acuerdo con esta forma de enfrentar a la delincuencia. De hecho, otros sondeos indican que la población simpatiza ampliamente con la pena de muerte, la castración de los violadores, la eliminación de los beneficios penitenciarios, el trabajo forzoso y rapado del cabello de los internos y en general con toda medida radical contra los que violan la ley.

El gatillo fácil se alimenta de la sangre y pide más, sobre todo porque esa forma de abordar el delito es un perfecto fracaso aunque sus promotores, mecanizados y faltos de imaginación, se nieguen a reconocer que la crisis de la seguridad es el resultado de casi 20 años de esas políticas de mano dura. De hecho, el escuadrón de la muerte de Trujillo se formó el 2007 poco después de la promulgación del Decreto Legislativo N° 982 que exime de responsabilidad penal a los policías que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria causen lesiones o muerte.

Matar al delincuente más que al delito es un paradigma vigente en nuestro país, y es profundamente atrasado en relación con políticas criminales más modernas garantistas y sobre todo eficaces. La impunidad de los guardianes ha sido siempre el inicio del fin de la interdicción de la arbitrariedad de los actos del poder, un retroceso de la tendencia histórica que busca limitar el abuso de los encargados del orden.

Una sociedad que cree que los delincuentes no merecen vivir revela mucho más que el populismo penal. Desnuda por ejemplo la incapacidad de las autoridades para entender las razones del origen del delito y ello explica la serie de errores y fracasos en materia de seguridad ciudadana. De leyes restrictivas y violadoras de derechos que luego se vuelven contra los ciudadanos tenemos muchas. Sobran amenazas,  faltan resultados.

Seguridad, derecho de reunión y barras bravas.

Me siento obligado a este post por las reacciones y redacciones de algunos, incluyendo colegas, sobre la suspensión por el Ministerio del Interior de los partidos a jugarse hoy 17 de setiembre. Debo precisar que:

1.      La suspensión no obedece a la “falta de garantías” aunque así haya sido presentada por error. Las garantías son un procedimiento distinto que opera cuando una persona las solicita a la autoridad. En este caso, nadie ha solicitado nada. En uso de su facultad constitucional (artículo 2 inciso 12, sobre derecho de reunión) la autoridad ha suspendido un acto público por “probadas razones” de seguridad pública. En este caso no es que no hayan garantías; estas no han sido pedidas, sino una medida de oficio de la autoridad perfectamente legal. Queda mal la autoridad cuando da a entender que no puede “garantizar” un acto pacífico en vez de referirse a la prevención.

2.      El TC ha desarrollado el concepto de “razón probada de seguridad” para evitar abusos (Exp 4677/2004). No deben tratarse, de simples sospechas, peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas. La prohibición debe ser la última ratio, es decir, como última medida, la que puede apelar la autoridad administrativa para limitar el derecho, debiendo optar, de ser posible, por medidas simplemente restrictivas, tales como proponer la modificación del lugar, fecha, hora, duración o itinerario previsto. Eso ha hecho la PNP.

3.      Aunque no lo parezca, la idea es que más que prohibir debe usarse el verbo postergar. El TC recomienda que el derecho de reunión, en este caso para un espectáculo deportivo, sólo se vea restringido por causas válidas, objetivas y razonables (principio de razonabilidad), y, en modo alguno, más allá de lo que resulte estrictamente necesario (principio de proporcionalidad). Creo que la previsión ante la posibilidad de que las tres barras más violentas y numerosas se relacionen en un territorio pequeño o la falta de efectivo policial suficiente, se encuadran en los dos principios señalados

4.      Se ha criticado que se haya comunicado hoy a las 5 am la postergación. Para las probadas razones de seguridad no hay plazo.

5.      Otros dos temas son: porque si la mayoría de los espectáculos privados pagan su seguridad, el Estado debe pagar la seguridad del futbol, distrayendo cientos o miles de efectivos policiales del patrullaje y de los barrios. Sostengo que es ilegal que la PMP “acompañe” a las barras bravas en sus desplazamientos, tolerando sus desmanes y agresiones mutuas o a terceros; alguna vez los han desplazado en buses pagados por el Estado. El mismo concepto de barra brava, con palos y cuchillos viola el derecho de reunión pacífica y sin armas. El Perú es uno de los pocos países que tolera a las barras bravas, nos las ha desarmado y protege su recorrido violento.