La República
La mitadmasuno
23 de febrero de 2018
Juan De la Puente
Nos aprestamos a
iniciar la campaña electoral regional y municipal más pobre desde que se
eligieron los primeros alcaldes, en 1963. El auge de la corrupción
regional/local ha hecho que el único aspecto decisivo de las elecciones de
octubre próximo sea evitar que se elijan autoridades comprobadamente corruptas
o sospechosas de serlo.
Este empobrecimiento
de la democracia confirma del extravío de la agenda subnacional; denuncia un
espantoso minimalismo y un abandono de lo público en un contexto en el que,
paradójicamente, se les pide a los políticos nacionales que “hagan política”.
Las demandas de transparencia electoral, inclusive, han abandonado aspectos
cruciales del proceso como la democracia interna de partidos y movimientos, y
los sospechosos gastos de la pre campaña electoral.
Debería ser otro
momento. El proceso de descentralización tiene 15 años de vigencia, gran parte
de los cuales está suspendido en el aire. No está claro qué le ha hecho más
daño al proceso, si la liquidación de las elites regionalistas que pugnaron por
iniciar esta etapa, el colapso de los partidos nacionales en las regiones o la
reconversión mafiosa de las nuevas élites mercantilizadas. Sea cual fuese la
respuesta –podrían ser todas ellas, una tras de otra- tendremos este año las elecciones
más centralistas que hayamos imaginado en un contexto de regiones y municipios
desnudos, descarnados y abandonados por dentro y por fuera.
Sin proyecto regional
más allá del diseño de carreteras, hospitales y mercados, un grupo de regiones
(Apurímac, Ayacucho, Cusco, Junín, Madre de Dios, entre otras) crecieron en la
última década varios años por encima del promedio nacional sin que esta
evolución significase el fortalecimiento de sus instituciones y el mejoramiento
de la relación entre el poder y los ciudadanos. En este punto, el mal
centralista de buena economía combinada con mala política contagió a la mayoría
de regiones. Probablemente en ellas exista actualmente más fragmentación, más
políticas de fuerza, de exclusión y liquidación del adversario que en la
política nacional.
Las regiones y
municipios se han debilitado como un conjunto capaz de equilibrar la dinámica
de las relaciones políticas nacionales al extremo que la mayoría de grandes
conflictos sociales se gestionaron sin las regiones o contra ellas. Las
políticas de identidad son el último refugio de este descentralismo que se bate
en retirada; ellas pueden ser una respuesta a las crisis internas (Tacna vs
Moquegua es el caso más caracterizado) pero ya no sirven para fijar la atención
en el futuro.
Parece que el ideal
descentralista sobra. Su horizonte originario se ha diluido. Fue primero
reemplazado por el paradigma constructor. El eje de las dos últimas campañas
electorales (2010 y 2014) fueron las obras de infraestructura que reemplazaron
los problemas de fondo que llevaron a la recusación histórica del centralismo,
el poder y el progreso social. Ahora, en la campaña que se inicia, no existe
paradigma; el reino del taper, el polo y el helado ya es absoluto y abierto.
Me pregunto por las
estrategias y rutas para revertir esta situación y aprecio más de lo mismo; un
fuerte interés por evitar que los indeseables accedan o retornen al poder,
acompañados de una oferta electoral tradicional que reproduce el centralismo
nacional en el centralismo regional. Es probable que esta tendencia no sea
revertida por los partidos nacionales que han empezado a fraccionarse gracia a
la ley que permite las candidaturas de quienes no viven en la circunscripción
electoral, la del domicilio múltiple.
Puede sonar raro pero
la única salida es la recuperación de la unidad regional, la búsqueda de un
horizonte común por quienes participarán en las elecciones de octubre, el cese
de las políticas de exclusión adelantadas que son el antecedente del fracaso de
quienes ganarán los municipios y regiones. La idea de un nuevo horizonte
regional reclama una agenda pública renovada. Honradez sí, claro, pero también
calidad y proyecto común. La crisis de la gran política nacional es una
oportunidad para las regiones y municipios.
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