La Republica
La mitadmasuno
2 de diciembre 2016
Juan De la Puente
No me encuentro entre quienes sugieren que el Gobierno haga cuestión de confianza por la permanencia del ministro de Educación y que esta sea el inicio de la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones congresales.
Desde el ámbito constitucional, no creo que sea suficiente solicitar la cuestión de confianza para que se echen a andar los nuevos comicios parlamentarios. En nuestro modelo de distribución de poderes el Parlamento tiene la potestad de aprobar la confianza del gabinete y al mismo tiempo continuar con la interpelación/censura de cualquiera de sus miembros, por una razón legal: censura y confianza son dos instituciones distintas que nacen de modo distinto y a cargo de poderes distintos. Los objetivos son también diferentes; la censura es un golpe al gobierno desde la oposición en tanto que la cuestión de confianza es un intento de este recuperar iniciativa política y de buscar alianzas para gobernar.
Algunas cuestiones de procedimiento constitucional también deben ser abordadas. Salvo que el premier Zavala decidiese someter solo su cargo a la confianza, el pedido al Congreso debe ser aprobado por el gabinete. De negarse la confianza deberá resolverse si la renuncia del gabinete obligaría al Presidente de la República a cambiar a todo el Consejo de Ministros. Eso no sucedió luego de la censura de Ana Jara en marzo del 2015 porque solo ella fue objeto de interpelación.
En el ámbito político, un juego en las alturas de ese volumen implicaría un bloqueo que ahora, precisamente, es necesario evitar. Creo que los cuatro meses de gobernabilidad compartida –o convivencia forzada o consenso a palos– no es un regalo del gobierno o de la oposición a los peruanos sino esencialmente una demanda que desde el primer día vino desde la sociedad, y es ella la que ha impulsado tanto la investidura del gabinete en agosto como la concesión de facultades en setiembre.
Es cierto que la demanda social de cooperación entre los poderes ha caído en las encuestas pero no estoy seguro de que los ciudadanos reclamen la derrota de uno de ellos en manos del otro. La bala de plata de la cuestión de confianza no debería ser usada por un gobierno que no está en crisis, que tiene el 50% de aprobación y que conserva un alto grado de maniobra.
Por esa razón, que el Presidente de la República se prive ahora por su propia mano del gabinete Zavala para designar luego un gabinete instrumental o “de provocación” pensando que las nuevas elecciones las ganará el Gobierno y no el fujimorismo, es una opción extremadamente incierta. Presume la convicción de una crisis generalizada en los dos poderes y de una extrema debilidad del Gobierno, que no es cierta.
El problema central detectado en el primer tramo del gobierno –leer todas las encuestas desde setiembre– no es cómo se entiende con un Parlamento que hasta ahora la ha proveído de estabilidad general, sino de cómo se entiende con la gente. Creo que el principal desafío del Gobierno no es la confianza del Congreso sino la confianza y legitimidad social, una carencia común a todos los grupos parlamentarios y a la elite política del país.
Si no se coloca como el eje de la gobernabilidad la relación del poder con los ciudadanos caemos en el error estratégico de considerar que el principal desafío del Ejecutivo es derrotar al fujimorismo y viceversa. De allí deviene la idea a mi juicio extrema de considerar que Fuerza Popular está “copando” el Estado, palabra gruesa y muy generalizable, una agregación voluminosa e inentendible en el caso de un grupo político que ha demostrado que no quiere compartir el poder sino ganar las elecciones del 2021.
Finalmente, es riesgoso que el Gobierno se aventure a practicar un procedimiento alquimista que nos traiga de vuelta la guerra política del período 2013-2016. De esa guerra, a solo 4 meses de período gubernamental y parlamentario, solo podría venir un “que se vayan todos” para lo que no están preparados ni los que se pueden ir, ni los que pueden venir.
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