La República
La mitadmasuno
22 de noviembre 2013
Juan De la Puente
La revelación sobre el ilegal resguardo policial del domicilio de un ex operador montesinista ha generado una crisis política inédita por la audiencia que concita, por la naturaleza de los protagonistas y por las versiones que circulan. Es una crisis perfecta donde el pasado, resucitado o sobreviviente, se abraza con el presente, y donde sobran los datos, nuevos o almacenados, casi en la misma intensidad que los chismes. Es un momento en el que todas las hipótesis parecen ciertas pero los explicadores no son creíbles y donde todos son malos o están a punto de serlo.
Esta no es una situación de todos contra todos sino de todos contra uno; el proceso ha atrapado a un gobierno ya desguarnecido antes del escándalo. El caso ha disparado otros fenómenos de modo que estamos ante varias crisis, un menú de crisis con un plato de fondo que por ahora nadie se atreve a pedir, el adelanto de elecciones o la salida de quien fue elegido democráticamente. La palabra vacancia es rumiada en algunas tiendas de campaña pero aún no ha sido escupida.
El sistema ha soportado el escándalo, lo que desdice la presunta fragilidad de la democracia. Sobre la mesa, más allá de la crisis misma se encuentra lo que ella revela, la existencia de redes, o una red de redes, que recrea la ilegalidad, una suerte de Estado de baja intensidad o de segundo piso que vive del primero, el producto de lo que Carlos Meléndez llama una “antipolítica montesinista”, que no se queda en la escucha ilegal o la protección policial sino que trafica con todo.
El caso está cercado por una épica hipócrita o por lo menos equivocada, la de los caballeros armados que defienden a las FF.AA. de la Policía o a esta de los militares, que llaman a limpiar las instituciones pervertidas por el Estado de baja intensidad pero que guardan silencio ante la reforma. La corrupción ha llegado a su peor nivel: es un arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición.
La última encuesta anticorrupción elaborada por Ipsos por encargo de Proética (agosto, 2013) señala que el 53% cree que la PNP es la institución más corrupta del país, pero nos sorprendemos si el Presidente de la República lo insinúa. ¿Quién debe decirlo? ¿Los porcentajes solo tienen relevancia estadística? ¿Es válido poner el dedo acusador anticorrupción frente a políticos y jueces y no ante policías y militares?
La crisis sigue abierta aunque la ferocidad de los actores haya cedido; no existe un manual de cómo cerrar un período con esa complejidad. Las recetas de gerencia política que circulan como catecismos no consideran la magnitud, el peso de los actores o la correlación de fuerzas. Los tontos creen que nunca falla un golpe de efecto, los más tontos dicen que una noticia mata a otra y los retontos que las crisis se cierran solitas y que solo hay que guardar silencio.
La crisis tiene dos hechos intrínsecos que bloquean la salida; el primero es la inculpación del montesinismo que aparece como un cuerpo vivo e inmutable. Esta visión político/policial simplifica el caso al reducirlo a quién estuvo más ligado a Montesinos y en qué medida sus vástagos han infiltrado el sistema
Este escenario proyectará una larga disputa basada en “nosotros tuvimos/tenemos menos montesinistas”. El segundo hecho que bloquea la salida reside en que nadie hace lo suficiente para superar el momento.
La única respuesta institucional viable es la reforma. Sin embargo, la mayoría de actores se quedan en la investigación; denuncian, interpelan, revelan, atacan, se defienden y se limpian de montesinismo. Gran parte de las actuaciones estridentes son para las galerías.
El gobierno debe tomar un espacio estratégico, huir de la disputa sobre los detalles y abrir un escenario que le permita elaborar un discurso único y una práctica reformista frente a las redes ilegales, llamando a ello a la oposición. Forma parte de ese posicionamiento la salida del gobierno de los protagonistas del escándalo, por acción u omisión, y la rápida designación de una comisión investigadora expresamente nombrada.
Esta no es una situación de todos contra todos sino de todos contra uno; el proceso ha atrapado a un gobierno ya desguarnecido antes del escándalo. El caso ha disparado otros fenómenos de modo que estamos ante varias crisis, un menú de crisis con un plato de fondo que por ahora nadie se atreve a pedir, el adelanto de elecciones o la salida de quien fue elegido democráticamente. La palabra vacancia es rumiada en algunas tiendas de campaña pero aún no ha sido escupida.
El sistema ha soportado el escándalo, lo que desdice la presunta fragilidad de la democracia. Sobre la mesa, más allá de la crisis misma se encuentra lo que ella revela, la existencia de redes, o una red de redes, que recrea la ilegalidad, una suerte de Estado de baja intensidad o de segundo piso que vive del primero, el producto de lo que Carlos Meléndez llama una “antipolítica montesinista”, que no se queda en la escucha ilegal o la protección policial sino que trafica con todo.
El caso está cercado por una épica hipócrita o por lo menos equivocada, la de los caballeros armados que defienden a las FF.AA. de la Policía o a esta de los militares, que llaman a limpiar las instituciones pervertidas por el Estado de baja intensidad pero que guardan silencio ante la reforma. La corrupción ha llegado a su peor nivel: es un arma arrojadiza entre el gobierno y la oposición.
La última encuesta anticorrupción elaborada por Ipsos por encargo de Proética (agosto, 2013) señala que el 53% cree que la PNP es la institución más corrupta del país, pero nos sorprendemos si el Presidente de la República lo insinúa. ¿Quién debe decirlo? ¿Los porcentajes solo tienen relevancia estadística? ¿Es válido poner el dedo acusador anticorrupción frente a políticos y jueces y no ante policías y militares?
La crisis sigue abierta aunque la ferocidad de los actores haya cedido; no existe un manual de cómo cerrar un período con esa complejidad. Las recetas de gerencia política que circulan como catecismos no consideran la magnitud, el peso de los actores o la correlación de fuerzas. Los tontos creen que nunca falla un golpe de efecto, los más tontos dicen que una noticia mata a otra y los retontos que las crisis se cierran solitas y que solo hay que guardar silencio.
La crisis tiene dos hechos intrínsecos que bloquean la salida; el primero es la inculpación del montesinismo que aparece como un cuerpo vivo e inmutable. Esta visión político/policial simplifica el caso al reducirlo a quién estuvo más ligado a Montesinos y en qué medida sus vástagos han infiltrado el sistema
Este escenario proyectará una larga disputa basada en “nosotros tuvimos/tenemos menos montesinistas”. El segundo hecho que bloquea la salida reside en que nadie hace lo suficiente para superar el momento.
La única respuesta institucional viable es la reforma. Sin embargo, la mayoría de actores se quedan en la investigación; denuncian, interpelan, revelan, atacan, se defienden y se limpian de montesinismo. Gran parte de las actuaciones estridentes son para las galerías.
El gobierno debe tomar un espacio estratégico, huir de la disputa sobre los detalles y abrir un escenario que le permita elaborar un discurso único y una práctica reformista frente a las redes ilegales, llamando a ello a la oposición. Forma parte de ese posicionamiento la salida del gobierno de los protagonistas del escándalo, por acción u omisión, y la rápida designación de una comisión investigadora expresamente nombrada.
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