JNE: después de la batalla

La mitadmasuno
La República
Jueves 17 de febrero de 2011
Juan De la Puente
http://www.larepublica.pe/17-02-2011/jne-despues-de-la-batalla

La debilidad del sistema político y la demanda de transparencia empujaron al Jurado Nacional de Elecciones a comportarse alternativamente como una Superintendencia o Policía electoral, desbordando los límites de su mandato constitucional. Actuando inicialmente a exigencia del respetable ha desarrollado un impulso controlista que, en nombre del ciudadano, le arrebata a este sus derechos y obligaciones políticas.
Desde las graderías impulsaron al JNE a registrar a las encuestadoras (y estas entraron por ese aro); a que exigiera a los candidatos una poco útil hoja de vida convertida, sin embargo, en título ejecutivo en lugar de referencia; y a que exigiera a los partidos presentar sus planes de gobierno en un formato inaparente cuyo primer resultado está a la vista: la profusión de metas y compromisos donde reina el qué y desaparece el cómo. En la última etapa el JNE dictó normas de exclusión de candidatos por razones éticas no legales y convocó debates. La derogada decisión que obligaba a registrar el nombre y el DNI del encuestado fue un acto crucial en el camino de modelar un organismo que tutele las elecciones, a los partidos y a los votantes.
La búsqueda de más poder para el JNE obedece, además, a la feroz rivalidad con la ONPE cuyas funciones, como la educación electoral, duplica por mandato de leyes que remiendan mal la estructura diseñada por la Constitución de 1993. Como resultado, el Jurado es hoy un organismo autorreferente, sobreexigido y cercano al prototipo de poder fáctico. En su beneficio puede afirmarse que no son los únicos responsables; para todo esto han tenido una hinchada, especialmente en los medios, ahora arrepentida.
Para el bien del mismo JNE habría que volver las cosas a su lugar y devolverle al ciudadano sus atribuciones; que él juzgue si un político es elegible o no; que sea él quien valore la veracidad de una encuesta y que nadie más que él se haga dueño de su voto o intención de voto. Quizás sea la oportunidad para arreglar otros extravíos: redefinir las funciones de los organismos electorales, reformar la Ley de Partidos para evitar la presión de normas de menor rango, y liberar los sondeos de opinión de toda regulación que no sea la que la ley establece para la violación de la libertad de información. La reforma electoral no debería ir por la vía del control del voto y de la opinión pública.