miércoles, 13 de septiembre de 2017

De la obstrucción al auto bloqueo. Lo jurídico y lo político.

Por Juan De la Puente
La cuestión de confianza planteada por el premier Fernando Zavala al Congreso presenta una parte jurídica y otra política que no corren por cuerdas separadas. La evolución del caso hace presumir que lo jurídico, a razón del manejo de los tiempos por parte del Congreso, será lo que determine lo político. Aquí algunas opiniones provisionales ante un caso en proceso
:
1.- Pedido procedente. El Congreso permitió que hace meses que el entonces ministro Alfredo Thorne presentase una cuestión de confianza luego del debate de la interpelación, haciendo una interpretación forzada del artículo 86º del Reglamento del Congreso que señala que la cuestión de confianza se plantea en la sesión del Pleno. En ese momento, el Congreso fijó el precedente, de modo que ahora el pedido de Zavala es viable.
3.- Materia procedente. Al aparecer juntos en la conferencia de prensa, se presume que los miembros del gabinete han aprobado el pedido y que este se refiere a la defensa de una política pública y a un ministro. Eso se conoce como pedido de confianza solidaria. La práctica parlamentaria en el mundo está llena de pedidos de confianza en defensa de ministros, políticas, leyes, presupuestos, entre otros, y depende de cada gobierno cómo usar su bala de plata. De hecho, la discusión sobre que lo pedido por Zavala es “renovación” y no “cuestión”, es intrascendente. En el lenguaje constitucional es la misma figura: se pide renovar una confianza entregada previamente.
4.- Obligación constitucional. El Congreso tiene la obligación de derivar el pedido al pleno y convocar al premier para sustentarlo. Trasladar el pedido a la Comisión de Constitución implica una dilación con el riesgo de infracción constitucional. Es más, de acuerdo al artículo 129º de la Constitución, el premier puede ir al pleno sin ser invitado y bien podría plantear una cuestión de confianza luego de pedir un cuarto intermedio.
El artículo 129º dice: El Consejo de Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates con las mismas prerrogativas que los parlamentarios, salvo la de votar si no son congresistas. Concurren también cuando son invitados para informar. El Presidente del Consejo o uno, por lo menos, de los ministros concurre periódicamente a las sesiones plenarias del Congreso para la estación de preguntas.
Esta disposición se lee como que hay tres tipos de concurrencia ordinaria: i) por iniciativa propia; ii) cuando son invitados y; iii) cuando van a la Estación de Preguntas.
Como se aprecian las posiciones, el pedido no aceptado por el Congreso podría ser materia de una larga acción de cumplimiento, de acuerdo al artículo 200º de la Constitución y regulado en el Código Procesal Constitucional.
5.- De la obstrucción al auto bloqueo. Dicho esto, en lo político, el pedido de la confianza tiene un mal tiempo y no creo que logre que el gobierno recupere iniciativa política y aprobación ciudadana. Es un error. No veo qué resultado se espera para considerar una victoria, porque incluso en la hipótesis más promisoria –que se aprueba la confianza y se quede la ministra Martens- los factores de deterioro no desaparecerán, agudizando el bloqueo del Gobierno y tensionando la convivencia forzada que los ciudadanos impusieron en las elecciones del año pasado.
Un gabinete que aún tiene un margen de maniobra no puede ser puesto en riesgo por un integrante que ha demostrado falta de habilidades. Todo esto a pocos días del viaje de PPK al exterior, cuando la bancada oficialista está dividida y el gobierno tiene una mayoritaria desaprobación. Recordemos que la cuestión de confianza es un intento del Gobierno de recuperar iniciativa política y de buscar alianzas para gobernar. Bueno, no veo una táctica de acumulación en curso; a Saavedra lo apoyaba la izquierda y parte de la calle, lo que no sucede ahora.
6.- Los ciclos de tensión política en el Perú tienes sus leyes. Parece que actuamos prescindiendo de ellas: i) todos los ministros en los últimos 16 años incluso de gobiernos con mayoría parlamentaria, objeto de duro cuestionamiento del Congreso, han terminado fuera del cargo por desgaste pronunciado; y ii) todo ciclo de tensión prolongada entre los poderes afecta severamente al Ejecutivo en su capacidad operativa y ante la sociedad. No encuentro razones para pensar que ahora será distinto.
7.- El cementerio de la política está lleno de valientes. El argumento más escuchado en estas horas es que PPK ha sido valiente y que ya es hora de “parar” al fujimorismo. Sería ideal que la política fuese solo un asunto de valentía. Prefiero pensar en un proceso más que en un acto, y considero que incluso como gesto épico y valiente, este carece de utilidad porque el fujimorismo parece que eludirá la confrontación y es probable que finalmente vote a favor de la confianza, pero censurando a Martens antes o después.
En nuestro modelo de distribución de poderes, el Parlamento tiene la potestad de aprobar la confianza del gabinete y al mismo tiempo continuar con la interpelación/censura de cualquiera de sus miembros, por una razón legal: censura y confianza son dos instituciones distintas que nacen de modo distinto y a cargo de poderes distintos
Como en diciembre, cuando se debatió por primera vez el asunto de la cuestión de confianza a raíz de la interpelación y censura del ministro Saavedra, se debe tener en cuenta que la sola presentación de la confianza no garantiza que se inicie el procedimiento para la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones parlamentarias. En el Derecho Constitucional nada es automático.

8.-  Creo que el principal factor de deterioro del gobierno está más abajo. Arriba se confronta, y abajo qué. No estoy seguro de que los ciudadanos simpaticen con un ciclo de confrontación extrema de los poderes, que parece más un afán de gran parte de la élite que ha olvidado a la sociedad. Por esa razón, un juego complejo que termine en que PPK se priva de un gabinete para designar luego otro instrumental para provocar la disolución del Congreso y nuevas elecciones, no creo que sea respaldado por los ciudadanos. Esas elecciones, estoy seguro, no las ganará el Gobierno y es una opción extremadamente incierta. Sigo pensando que el problema de fondo no es cómo el gobierno se entiende con el Parlamento sino de cómo se entiende con la gente y que el principal desafío del Gobierno no es la confianza del Congreso sino la confianza y legitimidad social.

miércoles, 6 de septiembre de 2017

Baja baja PPK (I)

La mitadmasuno
1 de setiembre de 2017
Juan De la Puente

La historia se repite. Ese es uno
de los errores de la historia.
Charles Darwin 
Prefiero analizar la política peruana actual como una sucesión de microciclos de tensión seguida por otra de cooperación, y no como una línea ascendente y ardiente de cara al abismo. El error de la agregación simple de hechos, frecuente en los análisis planos, conduce a predicciones rupturistas que fracasaron respecto de los tres últimos gobiernos. 
El deporte nacional de pronosticar caídas tiene sus reglas; las más importantes dicen: 1) que todo gobierno que se debilita, cae irremediablemente; 2) que los gobiernos se debilitan por errores del manejo cotidiano; 3) que la receta para que aumente la aprobación presidencial es cambiar de ministros; y 4) que para enfrentar las crisis, los gobiernos deben “hacer política”, una pócima que con solo tomarla, arregla las cosas.
Nada de esto funcionó en los casos de Toledo, García y Humala, pero la receta se repite a propósito de la caída de 13 puntos de la aprobación de PPK en la reciente encuesta de GfK. La popularidad descendente de los gobernantes es un problema estructural de nuestra democracia post Fujimori. Nuestro sistema opera con presidencias precarias frente a la sociedad, más que ante los otros poderes.
Específicamente, esta debilidad no está condicionada por la posición del Ejecutivo frente al Parlamento. Por esa razón, las mayorías parlamentarias que se fabricaron los gobiernos en 13 años del período 2001-2016, no mejoraron la percepción de los ciudadanos. La crisis de PPK es también la de nuestro presidencialismo sin reformas.
La desaprobación presidencial a la peruana está cocinada con varios insumos y entre ellos se incluyen los errores del día a día, qué duda cabe. Pero olvidamos con frecuencia que los ciudadanos no abordan la política como los medios, es decir, con intensidad y tenacidad (basta apreciar el bajo porcentaje de encuestados que declaran estar informados de hechos que los medios abordan todos los días), sino a través de expectativas, claramente jerarquizadas en función de sus intereses. De hecho, las angustias coyunturales de los medios y políticos, que viven febrilmente el corto plazo, son mediatizadas por la sociedad que mantiene convicciones más estables y generalizadas. Cinco puntos menos en la aprobación de un político les angustia menos, obviamente porque las masas no juegan necesariamente y todo el tiempo en el corto plazo político.
La secuencia lógica de la elite opinante que asegura que a menos aprobación presidencial es más cercana la caída del gobierno, carece de evidencia en los últimos 15 años. Aún más, las caídas de cuatro gobiernos entre 1962 y 1992 fueron por golpes de Estado (y un autogolpe) que no tuvieron relación directa con las aprobaciones presidenciales Y, al revés, tuvimos dos presidentes que recientemente gobernaron con el agua al cuello (Toledo y Humala) sin que el sistema se descosiese, ya no que se rompiese.
Siempre puede haber una primera vez; en tanto, una mirada regional indica que en la última década el abandono de presidentes del poder se debió a otras razones, como golpe de Estado tradicional (Honduras, 2009), renuncia por presión de la calle (Guatemala, 2015), o golpes “constitucionales” avezados contra gobiernos que no eran débiles en aprobación ciudadana (Paraguay, 2012; y Brasil, 2016).
Los porcentajes de PPK no desmienten su debilidad, pero resulta que no es el único dato de la realidad; al costado de las cifras presidenciales se encuentran siempre otros hallazgos sobre la debilidad del Congreso y las convicciones democráticas de los peruanos que también forman parte de nuestra gobernabilidad, estable pero conocida, y que expone un fenómeno: el sistema más fuerte de lo que pensamos y queremos. 

Lo dicho no significa que PPK tenga una presidencia 100% asegurada y que no necesite procesar cambios y desarrollar alianzas y acuerdos. Pero creo que el problema del país no es el cambio de presidente sino es el cambio; cierto que son los hombres, pero no solo sus errores personales, sino sus orientaciones.

La izquierda de todos los derechos


http://larepublica.pe/politica/1078292-la-izquierda-de-todos-los-derechos
La República
La mitadmasuno
25 de agosto de 2017
Juan De la Puente
La izquierda se ha empezado a diferenciar en relación a la huelga magisterial, del mismo modo que ocurre en relación a Venezuela. El centro de esta divergencia no reside en las demandas salariales, legítimas en los maestros, sino esencialmente sobre la evaluación magisterial.
Un importante sector de la izquierda se hace eco de la demanda de la dirigencia de la huelga que intenta relativizar la evaluación con la consigna conocida de que el profesor que no pasa las evaluaciones y no responde a las capacitaciones no debe ser retirado del magisterio. Desde una visión que no trasciende de la defensa de los derechos laborales, este sector privilegia el salario y la estabilidad.
He leído, sin embargo, el comunicado del Comité Impulsor de Nuevo Perú y que incluye a su bancada parlamentaria, y he encontrado el germen de una propuesta más racional y equilibrada que defiende al mismo tiempo el salario, la evaluación, la capacitación y el financiamiento eficaz de la educación pública.
Encuentro que esa visión intenta dar respuesta al temperamento ciudadano que se ha mostrado más coherente que la mayoría de especialistas, políticos y medios, especialmente aquellos que han desarrollado una repentina y sorprendente afinidad con el sindicalismo. En los ciudadanos, según la encuesta reciente de Ipsos, es muy patente el equilibrio salario/calidad, por lo que no sorprende que el 56% se muestre de acuerdo con la huelga y que el 94% se pronuncie en favor de la evaluación, es decir, uno de los ejes de la meritocracia.
La apuesta populista que presenta dos caras –salario sí, evaluación no; o calidad sí con bajos salarios– no se advierte en los ciudadanos. Al contrario, premunidos de un amplio conocimiento del tema (más del 90% está informado sobre la huelga y sus demandas) se aprecian sólidos porcentajes que indican que los peruanos creen que los maestros reclaman por convicción (69%); que están de acuerdo con que las huelgas incluyan marchas (67%); que están en contra de que las huelgas incluyan ataques a los locales públicos y privados (93%); que no se les impida trabajar a los que quieran hacerlo (76%); y que a los huelguistas se les debe descontar los días que no trabajan (70%).
No podría decirse que esta opinión pública ha sido formada a propósito de esta huelga y que estas percepciones expresan el triunfo de alguno de los bandos que se radicalizan en uno y otro sentido. Se trata de una percepción premunida de un entendimiento más inclusivo de los derechos y más responsable que las vanguardias sindicales, políticas y mediáticas.
La piedra de toque de esta brecha entre el populismo de buena parte de las elites y la coherencia de los ciudadanos –la teoría dice que debería ser al revés– es el enfoque de derechos. Siendo más directos, un sector social y político persiste en asumir la lucha por la vigencia de una parte de derechos, recusando e ignorando los otros. Así, se demanda derechos sociales pero se relativizan los derechos políticos; se reclama el derecho a la propiedad violentando los derechos ambientales; se exige la protección de la libertad de empresa pero se ataca el derecho de propiedad de los pueblos originarios; o se reclama el derecho a producir y transformar bienes para la venta, pero se desconocen los derechos de los consumidores.
En estas semanas hemos visto una versión mayoritaria de la izquierda que insiste en la reconocida legitimidad del salario pero que subestima, más allá del discurso, el derecho de los escolares a una educación de calidad. Este desfase tiene su origen en una deficiente asimilación del enfoque de derechos que presume que en la hipótesis de un conflicto entre derechos –que existe y al que no habría que temerle– se precisa de una adecuada ponderación, un estándar que tiene décadas de existencia como formas de asignación de bienestar en base al interés público, la ponderación de las necesidades insatisfechas, la proporcionalidad de las capacidades del Estado y el pacto social entre los trabajadores y el Estado.

La agenda social irrumpe, contra todos

http://larepublica.pe/politica/1075340-la-agenda-social-irrumpe-contra-todos
La República
La mitadmasuno
18 de agosto de 2017
Juan De la Puente
Si el primer año del gobierno de PPK estuvo marcado por la oposición política, un escenario donde la tensión entre los poderes fue el principal elemento de la gobernabilidad, el segundo se inicia con una atmósfera modificada y desafiante: la oposición social y su capacidad de ser la piedra angular de esa gobernabilidad.
Este tránsito de lo estrictamente institucional a lo social no es del todo convencional. Contiene elementos que hacen presumir una mayor autonomía de los movimientos sociales respecto de los grupos tradicionales y la escasa capacidad de estos y de los poderes públicos para abordar y asimilar este nuevo momento de la relación entre los ciudadanos y el sistema político.
Desde el año 2000 tuvimos contextos combinados o mixtos, donde la oposición política desde el Parlamento o fuera de él se trasladaba a las calles. En un sentido inverso, la movilización social generalmente autónoma se articulaba con la oposición política encontrando en su camino aliados y respaldos. Esto sucedió en los gobiernos de Toledo, García y Humala en conflictos como el “Arequipazo” (2002), Cerro Quillish (2004), Combayo (2006) “Moqueguazo” (2008), “Baguazo” (2009), Conga (2012) y Tía María (2015), entre otros.
Salvo la huelga de Salud del año 2014 –que duró 150 días y abrió el debate de la reforma en el sector– estos conflictos eran territoriales, con direcciones localistas y programas específicos. Lo nuevo de la huelga magisterial es que iniciándose como un movimiento macrorregional se ha convertido en un asunto nacional, con dirección nacional y un programa que al paso de los días se transforma en general. ¡Vaya que sí hay cambios!
Existe espacio y motivo para discutir la actitud del gobierno y la tardanza en resolverlo, aunque esta demora no es exclusiva de PPK. No entiendo, sin embargo, la resistencia de ciertos grupos políticos y especialistas a mirar dentro del movimiento, incurriendo en errores de apreciación y el abuso de la agregación y simplificación. No hay análisis más de chato de una gran huelga que reducirla a solo una huelga.
La movilización magisterial presenta un contexto que debería ser parte del análisis, y estar en la base de la solución: 1) es una huelga que forma parte de la recuperación de los movimientos sociales; 2) es un acto de confrontación con un gobierno minoritario y débil; 3) es un movimiento cuya dirección está ubicada en el extremo izquierdo del escenario; 4) se lleva a cabo en el contexto de la disputa con la representación tradicional de los sindicatos; y 5) prioriza la demanda económica, rechazando expresamente la reforma para mejorar la calidad de la educación.
La huelga tiene una base inicial salarial legítima, pero es más que eso. Ampliado el movimiento gracias a los errores del gobierno, no puede negarse que es “contra Lima”, contra los poderes que ignoraron las demandas salariales las últimas décadas, y contra la reforma de la carrera magisterial, el único esfuerzo serio realizado desde el Estado en favor de la educación pública luego del fracaso reformista de los años 70.
Si seguimos la lógica de los grandes conflictos desde el año 2002, la huelga se dirige a una capitulación del Estado, quedando pendientes los costos económicos y políticos de ese desenlace. Lo que no puede determinarse aún es si la autonomía del movimiento persistirá, o será derrotado por otra ecuación vigente los últimos años: demandas fragmentadas más demandantes igualmente fragmentados. La otra pregunta es si la irrupción de un nuevo radicalismo sindical y político –más allá del Sutep– desbordará a quienes hoy los aplauden o los miran desde el balcón.

Desde que el Apra fue desalojado de los sindicatos y gremios estudiantiles entre los años 60 y 70, el tránsito desde lo social a lo político partidario ha sido una operación realizada por la izquierda y casi de memoria. No sabemos si en este nuevo momento, un nuevo radicalismo social tomará su lugar en las instituciones.